A partir de mañana empezarán a operar de manera experimental las paradas de integración para el trasbordo de pasajeros. De momento, son cuatro las empresas que confirmaron su adhesión al plan piloto.
El proyecto inicialmente será de manera experimental, permitirá a los pasajeros abordar otro bus de la misma empresa en paradas debidamente identificadas y sin importar el itinerario, todo con el mismo pasaje.
Las empresas que formarán parte de este plan experimental son: Lince S.A (líneas 18 - 26 - 52), Magno S.A. (línea 12 - 43), Aregüeña S.A. (línea 111) y Ximex S.A. (línea 44).
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Ubicación de las paradas de trasbordo:
Empresa Lince SRL:
*Avda. Eusebio Ayala Km 5 (integración de la línea 26 con la línea 52, ambos sentidos)
*Tte. Saturio Ríos y Saturio Ríos (integración de la línea 52 con la línea 26 y 18, sentido ida por Mariscal López)
*Saturio Ríos y Julia Miranda Cueto (integración de la línea 26 con la línea 52, sentido vuelta a los ramales)
Empresa la Aregüeña S.A.:
*Valle Pucu: integración de los ramales Costa Fleitas y Villa Amparo con ramal directo)
Empresa Ximex S.A:
*Zona Shopping Mariano (integración con el ramal Universo)
*Centro de Limpio (integración con el ramal Villa Jardín)
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Empresa Magno S.A:
*Ruta PY02 Km 21 (integración con los ramales Campo Verde y Poncho Pyta)
*Plaza Catedral de San Lorenzo (integración de retorno del ramal 12 Reducto)
*Parada Quartier Las Marías (integración con los ramales Laguna Grande CIE - San Miguel - IPVU)
*Villamorra (integración con el ramal Molino - Lillo)
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GPS y controles en las calles destapan irregularidades en 38 empresas de transporte
El monitoreo satelital y las inspecciones presenciales permitieron al Viceministerio de Transporte, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), detectar múltiples incumplimientos en el servicio de transporte público, lo que derivó en sanciones para 38 empresas permisionarias durante el primer semestre del año.
Las medidas forman parte del plan de fortalecimiento del control del sistema de transporte impulsado por el Gobierno, que desde el pasado 18 de mayo aplica la Resolución N.º 120/2025 para verificar, mediante tecnología GPS, que las empresas mantengan la cantidad mínima de buses exigida en circulación, especialmente durante los horarios de mayor demanda.
Control digital
El sistema de geolocalización permitió comprobar la frecuencia de los recorridos y la disponibilidad real de las unidades. Gracias a esta herramienta fueron detectadas 92 infracciones, que derivaron en multas por un total de 1.660 jornales, equivalentes a G. 185.093.320. La mayor parte de las faltas estuvo relacionada con la insuficiente cantidad de colectivos operando en las franjas horarias pico y pospico, precisamente cuando los usuarios requieren mayor cobertura del servicio.
A este resultado se suman las fiscalizaciones desarrolladas entre enero y junio en distintos puntos del país. Durante estos operativos, los inspectores constataron nuevas irregularidades que motivaron 46 sanciones aplicadas a 18 empresas, acumulando multas por 643 jornales, equivalentes a G. 71.695.786.
Deficiencias detectadas
Las verificaciones en las unidades también revelaron diversas deficiencias que afectan la calidad y la seguridad del servicio. Entre ellas figuran el deterioro del ploteado identificatorio de los buses, fallas en el funcionamiento del aire acondicionado y otras condiciones de confort para los pasajeros.
Asimismo, se detectaron conductores utilizando teléfonos celulares mientras manejaban, vehículos con problemas en el sistema de iluminación, ausencia de la póliza obligatoria de seguro y unidades circulando con las puertas abiertas.
Desde el MOPC señalaron que estos controles continuarán de manera permanente como parte de la estrategia para elevar los estándares del transporte público.
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Plantean descuento del 50 % en pasajes para pacientes con enfermedades catastróficas
En la Cámara de Diputados se impulsa la propuesta que apunta a establecer una reducción del 50 % en el costo del transporte público para personas diagnosticadas con enfermedades catastróficas con la finalidad de disminuir el impacto económico que representan los traslados frecuentes hacia centros asistenciales especializados.
La iniciativa, que fue girada a comisiones para su correspondiente dictamen y posterior estudio en plenaria, es impulsada por el colorado Edgar Olmedo, quien argumentó que numerosos pacientes, especialmente aquellos provenientes del interior del país, deben movilizarse de forma periódica hacia hospitales de referencia para acceder a consultas, estudios médicos, tratamientos y controles, entre ellos sesiones de quimioterapia, radioterapia y diálisis.
De acuerdo a la exposición de motivos, la situación afecta principalmente a personas que dependen del sistema público de salud y que deben asumir gastos constantes de traslado mientras enfrentan los tratamientos prolongados.
Agrega que el precio del pasaje puede convertirse en una dificultad adicional para la continuidad de la atención médica. El proyecto fija un descuento del 50 % y no plantea la gratuidad completa del servicio, bajo el análisis de que esta modalidad permitiría distribuir la responsabilidad entre el Estado, las empresas transportistas y los beneficiarios, manteniendo la viabilidad del sistema.
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La propuesta toma como base los principios constitucionales relacionados con la igualdad y el derecho a la salud, argumentando que corresponde al Estado implementar medidas que reduzcan las barreras económicas que limitan el acceso a servicios sanitarios.
A la vez, establece un mecanismo de acreditación a cargo del Ministerio de Salud Pública, a través del cual los pacientes deberán demostrar su condición para acceder al beneficio. Las empresas de transporte urbano, interurbano y de corta, media y larga distancia estarían obligadas a aplicar la reducción tarifaria a quienes cuenten con la documentación correspondiente.
En el documento se menciona además que, de sancionarse y promulgarse el proyecto, no quedarán afectados los beneficios vigentes para las personas con discapacidad establecidos en la Ley n.º 6556/2020, quienes mantienen el derecho a la gratuidad total del pasaje.
Detalla también que el Ejecutivo deberá reglamentar la aplicación de la ley en un plazo de hasta 90 días, definiendo los procedimientos de acreditación, control y fiscalización.
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Reforma del transporte busca atraer financiamiento bancario para renovar la flota de buses
La reforma del transporte público avanza hacia la etapa de estructuración financiera con la presentación de un modelo de negocio diseñado para facilitar la participación de la banca local en el financiamiento de la renovación y ampliación de la flota de buses.
El esquema fue presentado por el Viceministerio de Transporte (VMT), dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), junto con la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), a la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) y representantes de entidades financieras.
Durante el encuentro, el viceministro de Transporte, Emiliano R. Fernández, junto con su equipo técnico, expuso los componentes del modelo que busca generar condiciones de previsibilidad para las inversiones necesarias en la incorporación de nuevas unidades.
La propuesta contempla mecanismos vinculados al esquema de pagos, garantías, administración mediante fideicomiso, alternativas de leasing, distribución de riesgos y criterios de bancabilidad, con el objetivo de brindar mayor confianza al sector financiero.
Fideicomiso administrado por la AFD
La presidenta de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), Stella Guillén, acompañó la presentación del esquema financiero que será administrado por la institución a través de un fideicomiso.
Durante la jornada, representantes de entidades como Banco Familiar, Atlas, Itaú, Sudameris, GNB, Bancop, Interfisa, Citibank y Banco do Brasil realizaron consultas y aportes sobre los distintos componentes del modelo.
Renovación de flota como eje de la reforma
Desde el Gobierno señalaron que la reforma busca avanzar hacia un sistema de transporte que responda a las necesidades de los usuarios mediante una renovación progresiva de la flota y una mejora sostenida en la calidad del servicio.
El modelo financiero presentado apunta a generar las condiciones para que los operadores puedan acceder a nuevas unidades, con participación del sector privado y respaldo de instrumentos que reduzcan los riesgos asociados a la inversión.
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Alliana destacó inicio de plan piloto en Ñeembucú para regularizar tierras históricas
El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, destacó el inicio de ejecución del plan “Nueva Ruralidad” que impulsa el gobierno de Santiago Peña, a través del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) que comenzará a aplicarse como plan piloto en el departamento de Ñeembucú.
El segundo del Ejecutivo cuestionó a través de sus redes sociales, por qué algo tan básico, como la entrega de títulos de propiedad, tardó más de un siglo en hacerse realidad en decenas de colonias rurales, cuando desde hace años está vigente leyes sobre Reforma Rural.
“Durante demasiado tiempo, miles de familias campesinas esperaron el título de propiedad de la tierra donde viven y trabajan. Hoy esa historia empezó a cambiar. El Gobierno del presidente Santiago Peña impulsa el programa Nueva Ruralidad, que tendrá a Ñeembucú como región piloto para avanzar en la regularización de tierras", anunció el vicepresidente Alliana.
De acuerdo a la investigación técnica que llevó adelante el Indert, en el departamento de Ñeembucú fueron identificadas 35 colonias con problemas de titulación. Al respecto, Alliana señaló que algunas llevan más de 100 años esperando y, en el caso de la colonia Sebastián Gaboto, la espera alcanzó 145 años.
“Tener un título de propiedad es la tranquilidad de saber que esa tierra es de tu familia, que nadie te puede quitar y que el esfuerzo de toda una vida queda protegido para las próximas generaciones. Ese Paraguay es el que queremos seguir construyendo", expresó.
Nula titulación
El titular del Indert, Francisco Ruíz Díaz, había señalado que caso más emblemático en Ñeembucú, es la Colonia Sebastián Gaboto, que es la más antigua del Paraguay, que fue habilitada en el año 1881. Ubicada en el distrito de Villa Franca, cuenta con 6.913 hectáreas habilitadas originalmente para el asentamiento a favor de 163 familias asentadas. La misma fue creada con la primera Ley de Colonización del periodo de posguerra contra la Triple Alianza.
Otra comunidad en igual situación es la colonia Alberdi del distrito de Alberdi tendría ya 99 años de habilitación con casi nula titulación, siendo la segunda comunidad rural más antigua y dispondría un total de 12.823 hectáreas que sirvió para el asentamiento inicial de 514 familias rurales.
El resto de las 35 colonias, específicamente unas 15 colonias, dispondrían más de 80 años de habilitación sin regularización, mientras que el otro Grupo (18 colonias) tendrían aproximadamente 70 años de habilitación.
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