El empresario Klaus Kotschy, a través de la empresa Microcultura SRL en proceso de constitución, apuesta al desarrollo sostenible en el sector forestal, ofreciendo producción de plantines de calidad y acompañamiento técnico para la reforestación y restauración de suelos degradados en la región.

En línea con el creciente interés que genera Paraguay como destino de inversiones comprometidas con la sostenibilidad, Villarrica será sede de una nueva apuesta internacional con alto impacto ambiental y productivo. Se trata del proyecto Microcultura SRL, una iniciativa liderada por el inversionista austriaco Klaus Kotschy, para integrarse al ecosistema forestal del país.

La inversión inicial anunciada es de USD 72.639, aunque se estima que la cifra será considerablemente mayor a medida que se consolide la estructura operativa y se amplíen los servicios en el territorio nacional.

Esta nueva firma busca ofrecer soluciones innovadoras en la producción de plantines de alta calidad genética, junto con servicios técnicos especializados para el manejo sostenible de tierras.

Ernesto Rojas, director de Inversiones y Regímenes Especiales en SUACE, señaló que la decisión del empresario surge tras un estudio de mercado que evidenció una alta demanda de servicios forestales, particularmente vinculados a la restauración de suelos degradados, cumplimiento de normativas ambientales y programas de compensación de carbono.

“El proyecto de Microcultura SRL apunta a cerrar esta brecha, combinando la provisión de plantines de calidad con asistencia técnica y seguimiento sostenible en regiones con altos índices de deforestación y escasa cobertura institucional”, detalló Rojas.

Asimismo, Rojas explicó que el proyecto se desarrolla en alianza con la empresa paraguaya La Rivera, propiedad de Andreas Jelinek, que ya opera en el rubro de forestación, reforestación y ganadería en la región de Villarrica.

Con esta iniciativa, Paraguay suma un nuevo emprendimiento de capital extranjero con impacto ambiental positivo, en una región estratégica para el desarrollo forestal sostenible, reafirmando su atractivo como destino para inversiones comprometidas con la sostenibilidad y el desarrollo territorial.

Desde la Corte Suprema de Justicia informaron que este viernes Jueces de Ejecución Penal y de Garantías del departamento de Guairá, junto con funcionarios de la Coordinación de Supervisión Penitenciaria de la Corte, realizaron una jornada de control y verificación en la Penitenciaría Regional de Villarrica.

Indicaron que el presidente del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Guairá, magistrado Juan Carlos Bordón, recibió a los funcionarios judiciales a fin de coordinar las labores previstas.

“En la oportunidad se desarrollaron entrevistas programadas con personas privadas de libertad (PPL), con el objetivo de recabar información sobre la situación procesal de sus respectivas causas”, expusieron.

Según indicaron, de la catividad participaron los jueces penales de Ejecución y de Garantías:

• Marlene Romero, Derlis Johnny Duarte (1.er Turno)
• Marcela Mallorquín (2.º Turno)
• Dionicia Alfonso (3.er Turno)
• Juan Ruiz Díaz (4.º Turno)
• Marcelo Ramírez (5.º Turno)
• Porfirio Martínez (juez penal de Garantías de Colonia Independencia)
• Omar Baeza (juez de Ejecución Penal de Caaguazú).

También estuvieron presentes representantes del Ministerio de la Defensa Pública, abogados:

• Rosa Bernal
• Abel Téllez
• Cristian Fernández
• Edgar Vázquez

Estos trabajaron de forma conjunta con el equipo de la Coordinación desde tempranas horas. Asimismo, participaron representantes del Ministerio de Salud.

La doctora Lilian Luraschi, encargada de la Coordinación de Supervisión Penitenciaria de la CSJ, participó de la actividad junto con su equipo técnico.

La iniciativa tuvo como finalidad brindar asistencia jurídica y procesal a las personas privadas de libertad, mediante intervenciones articuladas entre los jueces penales de Garantías y de Ejecución, con la colaboración del director del establecimiento penitenciario, Darío Cristaldo, quien facilitó la provisión de datos para el seguimiento de los procesos.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió abrir una investigación preliminar previa contra los integrantes del tribunal de sentencia que absolvieron a un docente acusado de enviar 600 mensajes de contenido sexual a una niña de 11 años en Villarrica. El fiscal del caso también será investigado por el órgano extrapoder encargado de juzgar el desempeño de magistrados, fiscales y defensores públicos.

Es así que serán investigados los magistrados: Julio César Alfonzo Vera, Víctor Ortigoza Aguirre y Juan Ruiz Díaz Gamba, integrantes del tribunal, así como el agente fiscal Rodrigo Vázquez Díaz.

Te puede interesar: La Aneaes confirma que 35 especialidades médicas cuentan con acreditación

Los miembros del JEM analizaron en plenaria este jueves los antecedentes del caso que generó reacciones de indignación, tras haber tenido amplia difusión en los medios de comunicación.

La actuación de los jueces y del fiscal interviniente fue cuestionada por la madre de la víctima, quien aseguró que la menor recibió al menos 600 mensajes de contenido sexual de parte del acusado. La denuncia fue realizada en 2022 por la madre, y en abril de este año se dictó el polémico veredicto.

Según los magistrados, para condenar al maestro debían existir fotos de carácter sexual o alguna constancia de que se concretaron las citas que tenía prevista el docente con la niña, ignorando por completo las más de 300 capturas de pantalla con los mensajes del docente de 53 acosando a la alumna.

En conversación con el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, la madre de la víctima aseguró que se encontraba indignada por la decisión de las autoridades y la actuación de la Fiscalía ante la grave denuncia.

“La verdad es que no esperaba que el caso termine así, desde todo punto de vista no veo bien el trabajo de ellos. Mi hija continúa en el colegio donde se dio el hecho, pero emocionalmente tuvo muchos cambios”, remarcó la madre de la niña.

Leé también: Cardenal Cristóbal López asume rol clave como asesor de los institutos de vida consagrada

Propietarios de una vivienda ubicada a unos 150 metros aproximadamente de una estación de servicios denunciaron que ya no pueden consumir el agua del pozo porque aparentemente está contaminada. El hecho sucedió en el barrio Lomas Valentinas de Villarrica y los afectados piden la intervención de las autoridades, porque filtra combustible en el líquido que se extrae del pozo.

Juan Flores exteriorizó su preocupación por la situación que afronta su familia. “Gasoil puro es lo que sale y es impresionante el olor. En el pozo del vecino también filtra, pero ese no se usa. Acá nosotros lo que estamos pasando esto hace tres meses y ahora ya no se puede usar el agua”, relató al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Te puede interesar: Vecinos de Capiatá protestan frente al edificio de Registros Públicos

El denunciante contó que ya habló con los responsables del surtidor, pero la irregularidad persiste. “Me fui a hablar con ellos, dejaron mi número de teléfono y mi nombre, pero hasta ahora no me llamaron”, expresó.

El líquido que mostró ante cámaras es “pura grasa”. “Y lo peor es que mi mamá es enfermiza también y tenemos miedo porque ya tiene problemas en los pulmones. Y siempre a la mañana uno al levantarse ya viene el olor impresionante”, sostuvo.

Aparentemente las viviendas aledañas también están afectadas por la filtración de combustible en sus pozos de agua. Se confirmó que debido a este problema dos pozos ya fueron desechados por la contaminación. Los vecinos piden la intervención de la Municipalidad y del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

Leé también: Anuncian lluvias y días frescos en algunos puntos del país para este finde