En el marco del juicio oral y público que enfrenta el exsenador Hernán David Rivas, procesado por la presunta utilización de un título dudoso de abogado, declararon ante el tribunal el actual presidente de la ANEAES, José Duarte Penayo; Aurelio Marecos, excoordinador de la Universidad Sudamericana entre 2009 y 2014; Mario Antúnez, exdocente de la citada universidad; además de Heber Samaniego y Victorina Elizeche, exalumnos de la referida casa de estudios en Ciudad del Este.

El testigo Marecos, quien fuera coordinador entre alumnos y docentes en las sedes de Asunción y Luque de la Universidad Sudamericana, manifestó ante el Tribunal de Sentencia que conoce al exsenador Rivas de su época de estudiante de Derecho en la filial de Ciudad del Este.

Marecos relató que viajaba constantemente a dicha ciudad para tomar exámenes y señaló que, en ese entonces, Rivas no era una persona muy conocida. Explicó que pudo identificarlo porque tenía su número telefónico y que, en 2016, Rivas y otros estudiantes lo llamaron preocupados por el cierre de la facultad.

Asimismo, Marecos aclaró que nunca le tomó un examen personalmente a Rivas, pero que sí estaba presente durante las evaluaciones para registrar la asistencia de las personas. Posteriormente, las notas se cargaban en planillas.

El testigo también recordó a varios profesores y alumnos. Entre los docentes mencionó a Mario Reyes y Mario Antúnez; este último a cargo de materias como Derecho Constitucional, Penal y Procesal Penal. En relación a los alumnos, citó a Heber Samaniego —de Ciudad del Este—, a quien señaló como compañero de Rivas y con quien habría rendido exámenes. También recordó a Victorina Elizeche, Luis Gil, Ever Ortíz y a una persona de apellido Morínigo.

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Respecto a Rivas, manifestó que estuvo presente en la mayoría de sus exámenes en Ciudad del Este, mencionando las materias de Constitucional, Penal, Tributario y Administrativo, y agregó que las evaluaciones podían ser escritas u orales.

Marecos afirmó que sabía que los alumnos asistían a clases debido a las planillas que le entregaban. Aclaró, además, que en la sede de Pedro Juan Caballero no existía la carrera de Derecho.

Por su parte, el testigo Mario Antúnez, exprofesor de la Universidad Sudamericana, señaló que el exsenador Rivas fue su alumno e incluso llegó a evaluarlo. Recordó haberle tomado un examen de Derecho Constitucional, ocasión en la que individualizó a Rivas.

Antúnez indicó que lo veía en clases los días viernes, que Rivas solía sentarse en la parte trasera del aula y que era una persona callada. En la misma línea declaró Victorina Elizeche, quien afirmó conocer a Rivas porque fue su compañero y lo vio en varias clases y exámenes.

Por otro lado, el titular de la ANEAES, José Duarte Penayo, indicó que, según los informes de la intervención a la universidad en el año 2014, la carrera de Derecho en dicha institución “nunca existió” formalmente porque no fue catastrada ante el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES).

Al ser consultado sobre quién es el responsable de iniciar los trámites para el catastro o la habilitación, Duarte fue tajante al asegurar que es una responsabilidad exclusiva de cada universidad. Igualmente, ante la pregunta de si el alumno tiene alguna intervención en los pasos administrativos del trámite, respondió de forma negativa.

Finalmente, aclaró que su postura es meramente técnica, no se dirige a Hernán Rivas en particular y afecta a todos los egresados de la Universidad Sudamericana.

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La ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, aseguró que la meta es habilitar para diciembre el cruce desnivelado de Pedrozo, actualmente en construcción y afirmó que los trabajos avanzan con jornadas 24/7. Defendió las actuaciones de la cartera de Estado a su cargo y señaló que la solución fue seleccionada tras analizar nueve alternativas con expertos internacionales en seguridad vial.

La responsable de Obras Públicas acudió esta mañana a la reunión de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, encabezada por el senador Basilio Núñez, que junto a líderes y vice líderes de bancadas, analizaron la situación de seguridad vial en el tramo de la Ruta PY02, a la altura del km 45, zona conocida como Pedrozo, donde días atrás se registró un grave accidente de tránsito que dejó como saldo seis víctimas fatales y varios heridos.

Mencionó además, que el MOPC viene trabajando desde el 2019 y desde febrero de este año avanzó con los procesos de expropiación. De 220 expedientes de expropiación, 150 aceptaron la tasación y otros fueron judicializados. Según explicó, unos 42 expedientes habían impedido el ingreso a propiedades necesarias para avanzar con la obra.

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“Hoy estamos en plena ejecución de las obras. Hemos retirado de manera inmediata el semáforo. Tuvimos inconvenientes para poder acceder a los terrenos para la ejecución de estas obras. Hoy en día están todos entregados. Nosotros desde el mes de febrero entramos en procesos judiciales, pero no hemos parado de trabajar. El 3 de agosto se nos comenzó a liberar un terreno”, comentó.

Señaló que hoy se redujo la circulación de dos carriles a un carril, para garantizar no solamente la seguridad de los usuarios de la vía, también la seguridad de los pobladores de la zona y además la de los obreros que están trabajando incluso en horarios nocturnos.

“El objetivo es entregar en la brevedad las pistas de incorporación, la pista de aceleración y desaceleración que son fundamentales para el ingreso a la carretera y también el compromiso de Ruta del Este y la exigencia que les puse es que el cruce desnivelado pueda estar habilitado para fin de año”, remarcó.

Por otra parte, Centurión confirmó que el Estado tuvo que recurrir a tres expertos internacionales en seguridad vial, que se se encargaron de analizar nueve alternativas para intervenir el cruce de Pedrozo y recomendaron la solución que actualmente se encuentra en ejecución. Según explicó, la selección tuvo en cuenta criterios de seguridad, tiempo de ejecución e impacto social y ambiental.

“Todas las ejecuciones se realizaron bajo normas; aprovecho para mencionar que nuestra administración para la selección del cruce que hoy está en ejecución en Pedroso recurrió en el 2024 al informe, de tres expertos en seguridad vial internacionales. Ellos analizaron nueve alternativas, no una, no dos, nueve alternativas de ejecución de obras en la zona y ha recomendado llevar adelante la ejecución de la obra que hoy está siendo construida por distintos criterios”, explicó.

Agregó que dichos criterios tienen que ver en primer lugar y más importante, la seguridad vial, menor tiempo de ejecución de las obras, menores afectaciones, menores impactos ambientales y sociales, mejor convivencia de este sistema de obras con la comunidad.

Asimismo, Centurión remarcó que se tiene que trabajar de forma coordinada con la Dinatran, los municipios, para el otorgamiento de los registros de conducir, las habilitaciones de los vehículos, teniendo en cuenta los años de los vehículos. Remarcó que la seguridad vial es un sistema complejo y completo.

“Tenemos obligaciones en lo que hace a la infraestructura, debe de ser segura, funcional; pero también el usuario tiene obligaciones, cumplir la normativa de tránsito, cumplir la velocidad máxima impuesta en el tramo donde está transitando. El vehículo debe estar habilitado con las revisiones al día. Es un sistema que tiene que funcionar en todas estas tres aristas para poder garantizar que la no ocurrencia de los siniestros viales”, acotó.

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Durante un debate en el programa “Fuego cruzado”, transmitido por el canal GEN/Nación Media, los representantes de las centrales obreras ratificaron su postura de cambiar el sistema de definición del reajuste del salario mínimo, que ya vienen planteando desde el año pasado. Mencionan que el propio Gobierno admitió que el sistema actual no favorece al trabajador.

Ramón Ávalos, de la Central Nacional de Trabajadores (CNT), explicó que la metodología utilizada desde hace varios años ya no favorece al trabajador y que es momento de plantear un cambio en el sistema de cálculo.

“Desde el punto de vista de los trabajadores siempre mantenemos la postura de que los reajustes que se están realizando desde hace un buen tiempo con esta nueva metodología de la inflación interanual, nos parece que cada año el trabajador está perdiendo”, expuso Ávalos.

Agregó que el trabajador resulta perjudicado debido a que “los indicadores que se toman para tener ese salario que pueda satisfacer las necesidades básicas del trabajador no compensan”. Cuestionó que hasta el momento no hay una respuesta a este pedido para renovar el mecanismo empleado para su cálculo anual.

“Esta discusión, nosotros como centrales sindicales que estamos dentro de una unidad de acción, lo estamos discutiendo desde hace mucho tiempo y lo estamos haciendo inclusive de manera ya formal con las propuestas que siempre le hemos dado al Ejecutivo, lastimosamente, hasta hoy día no tenemos eco sobre esas propuestas”, puntualizó.

Por su parte, José Pineda, referente de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A), señaló que la base de datos utilizada por el Banco Central del Paraguay (BCP) no permite que se tenga conocimiento del trabajo que se realiza en cuanto a la medición.

“La base de datos que hoy utiliza el Banco Central del Paraguay, que fue elaborada en el 2017, tiene distorsiones groseras, por ejemplo, establece que el trabajador gane hasta 26 % de sus ingresos en alimentación”, refirió.

Afirmó que, de no cambiar el sistema de referencia, “las discusiones van a ser infructuosas, creo que el año pasado, el propio presidente de la República reconoció eso, el anterior ministro de Economía también reconoció eso, y eso creo que con voluntad política se debe resolver, no es que se puede, se debe resolver”.

“No es posible el reconocimiento de una acción perjudicial al sector trabajador, que hoy gracias a eso el Paraguay está mejor, tiene un nivel de crecimiento del 6,6 %, pero a nosotros no nos basta el reconocimiento público, nosotros necesitamos con urgencia una decisión política de abordaje de urgencia”, manifestó.

Manifestó su preocupación por “la situación del trabajador con el costo de alimento, que subió en los últimos 10 años 90 %, con el actual sistema de reajuste que está teniendo el combustible más de 40 a 45 %, las subas que se están ya operando, necesitamos con urgencia una administración de esa problemática ahora”.

Tras un nutrido debate, el plenario de la Cámara de Senadores, decidió por mayoría de 27 votos la postergación por dos semanas, el tratamiento del proyecto de Ley de “Fondos de Jubilaciones y Prensiones para miembros del Poder Legislativo”, conocido como “Reforma de Caja Parlamentaria”.

Si bien la propuesta normativa que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, ha conseguido dictámenes a favor de la aprobación con modificaciones, las cuales fueron planteadas durante la sesión ordinaria de la Cámara Alta por los titulares de las Comisiones de Hacienda, como también de Cuentas y Control, fue finalmente a propuesta del senador Óscar Salomón, que la iniciativa quedó postergada por 15 días para un mejor estudio de las modificaciones.

Al respecto, el senador Dionisio Amarilla, titular de Cuentas y Control, ofició de vocero de ambas comisiones dictaminadoras, resaltando que son varios los artículos que plantean las modificaciones.

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En líneas generales señaló que el proyecto sancionado por Diputados dispone el aumento de los aportes de un 2 %, pasando de 22 al 24 por ciento, que pasa a constituirse en los fondos de jubilaciones y penciones. Los jubilados pasarán a aportar de 11 al 14 por ciento del monto que perciben como haberes de jubilacion, así como los pensionados. También señala que se dispone la eliminación del aporte del Estado, se prohíbe taxativamente, remarcando que fue uno de los aspectos más consultados.

Las propuestas de modificacion planteadas por las comisiones asesoras recomiendan suprimir del artículo 7 que la comisión administradora realice descuentos de cheques diferidos. Además, proponen que en caso de que un legislador desee retirar sus aportes al dejar el cargo, lo pueda hacer en un 95 % y no en un 85 % como plantea Diputados.

El senador Amarilla señaló que también proponen que para acceder a la jubilación ordinaria se contemplen 10 años de aportes (dos periodos legislativos) con 55 año de edad, según la versión de diputados; y lo que proponen es unificar que sea recién a los 60 años y con 15 años de aportes (tres periodos legislativos); con una taza de sustitución del 80 % nominal de gastos de representación más la dieta.

El legislador señaló que en la propuesta de la comisión se incluye un articulado que establece los certificados de deudas (préstamos) que son sujetos de préstamos los funcionarios del Poder Legislativos, los mismos en caso de desvinculación por la causa que sea, honre primeramente la deuda contraída con la caja, que era un aspecto no contemplado en el proyecto con media sanción.

También se suprime del proyecto de ley el párrafo del artículo 30, que establece que los gastos del personal administrativo de la Caja Jubilatoria serán cubiertos con el Prespuesto General de la Nación. Por lo que el Senado plantea que ningún gasto del personal de la caja sea financiado con erario público.

Otra propuesta que plantea modificación es respecto a la versión de Diputados, que otorga la posibilidad de seguir aportando, sin importar que sean reelectos de forma pausada o consecutiva, siempre que hayan aportado 2 periodos completos, y si no tuvieran la edad requerida para jubilación, seguir aportando para llegar al 80 % del monto estipulado como tasa de sustitución.

Explicó que la versión de Diputados habla de 2 periodos y que también solo le faltase un año. Desde las comisiones del Senado plantean que puedan seguir aportando por el tercer periodo hasta completar los 15 años de aporte. Indicó que esto permitirá fondear también a la Caja de Jubilaciones.

El senador Amarilla terminó remarcando que con todas estas modificaciones que se plantean, le permitirá contar la Caja Parlamentaria una previsibilidad hasta el 2040.

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