Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, fue acusada formalmente de corrupción tras una investigación penal de varios años, según una resolución judicial publicada el lunes.

El juez Juan Carlos Peinado imputó a Gómez por malversación, tráfico de influencias, corrupción y apropiación indebida de fondos, según un auto fechado el 11 de abril al que AFP tuvo acceso el lunes.

• Fuente: AFP

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La fiscal de Fernando de la Mora, Carmen Bogado, formuló imputación por la presunta comisión de los hechos punibles de homicidio culposo y exposición de personas a lugares de trabajo peligroso contra la presidenta de la empresa Novex S.A. (Ochsi), en el marco de la investigación por la explosión registrada en la planta industrial, que derivó en una fuga de amoniaco y provocó la muerte de cuatro trabajadores.

En la misma causa, el Ministerio Público también imputó al representante legal de la firma encargada de la carga del amoniaco, a quien se le atribuye presuntamente el hecho de homicidio doloso. De acuerdo con la investigación, el mismo habría intervenido en la carga del químico con un cilindro identificado con la nomenclatura “UC 2702”, el cual no contaba con un dispositivo de liberación de presión, como una válvula de alivio, y presentaba deficiencias estructurales.

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Los antecedentes del caso señalan que el hecho ocurrió el 7 de febrero de 2024, entre las 16:30 y las 17:00, en el establecimiento ubicado sobre las calles 14 de Mayo y General Caballero, en la ciudad de San Lorenzo. En ese contexto, la sobrepresión generada en el cilindro habría provocado su rotura, ocasionando la liberación de amoniaco en estado gaseoso.

Como consecuencia de la inhalación del gas tóxico, unos 30 empleados resultaron afectados, mientras que cuatro trabajadores perdieron la vida.

Según la hipótesis del Ministerio Público, se habría incurrido en una conducta negligente al autorizar la carga de amoniaco en un recipiente que no reunía las condiciones de seguridad exigidas, omitiendo medidas de control y prevención. Esta situación habría generado un riesgo previsible que finalmente derivó en el desenlace fatal.

La investigación continúa a fin de determinar las responsabilidades penales en torno a lo ocurrido.

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El “Guernica” de Pablo Picasso, un gigantesco lienzo convertido en símbolo contra la guerra y que se expone en el Museo Reina Sofía de Madrid, es objeto de un tira y afloja entre el País Vasco, que lo reclama, la Comunidad de Madrid y el Gobierno central.

• Por Marie Giffard
• Texto y fotos: AFP

Con sus 7,8 m de largo por 3,5 m de alto, pintado casi inme­diatamente después del bombardeo de la ciudad vasca por los nazis en 1937, este cuadro es muy codi­ciado por el gobierno regio­nal del País Vasco.

A finales de marzo, durante una reunión con el presidente del Gobierno, el líder regio­nal vasco Imanol Pradales reiteró una petición en este sentido, diciendo que quería exponerla en el Museo Gug­genheim de Bilbao.

Con motivo del 90.º aniversa­rio del bombardeo de Guer­nica, “estamos solicitando un traslado temporal” como “una reparación simbólica y polí­tica”, argumentó Pradales.

El Ministerio de Cultura encargó entonces un informe al Museo Reina Sofía de la capital española. En las con­clusiones de este documento, que se puede consultar en su web, “se desaconseja rotun­damente su traslado”.

Gracias a su estudio, argu­mentó el museo, “ha sido posible cuantificar y regis­trar de forma exhaustiva los aspectos relativos a las alteraciones que presenta la obra” tras “una larga vida de viajes y avatares”.

Pero la región de Madrid se unió al debate, con la inter­vención de su presidenta, la carismática líder conser­vadora (PP, derecha) Isabel Díaz Ayuso.

Defendiendo que el cuadro se quede en Madrid, donde atrae a numerosos visitantes, Díaz Ayuso calificó las pre­tensiones vascas de “catetas” –rústicas, pueblerinas–, pro­vocando el enfado de los diri­gentes vascos.

“Lo que no tiene sentido es ir al origen de las cosas según nos convenga, porque enton­ces llevamos toda la obra de Picasso a Málaga”, ahondó Díaz Ayuso, de donde era oriundo el pintor.

Al ser preguntado sobre el tema, el Gobierno central, que tendría la última palabra, reaccionó a través de su portavoz, Elma Saiz, que aseguró que su posición se basaría en “criterios técnicos y profesio­nales”, es decir, en los crite­rios del museo, pero criticó a Díaz Ayuso por recurrir a “insultos”.

El Gobierno del socialista Pedro Sánchez, al frente de un Gobierno de coali­ción minoritario que nece­sita el apoyo parlamenta­rio de varias formaciones de extrema izquierda y partidos nacionalistas vascos y catala­nes, tiene a menudo que nego­ciar concesiones para sacar adelante sus leyes.

Desde que Pablo Picasso lo pintó en 1937, el “Guernica” siempre tuvo una gran carga política.

En 1995, las autoridades españolas se negaron a prestarlo al Centro Geor­ges Pompidou de París ale­gando los daños irreversi­bles que podría sufrir la obra durante su traslado.

Al año siguiente, Bernard Picasso, nieto del pintor y uno de los administradores de la obra de su abuelo, se opuso a la solicitud de prés­tamo temporal al Guggen­heim de Bilbao.

Destinado al pabellón de la República Española en la Exposición Universal de 1937 en París, el lienzo fue enviado a Estados Unidos en 1939 al Museo de Arte Moderno de Nueva York (MOMA), donde permane­ció más de 40 años.

Picasso había pedido que permaneciera allí hasta el retorno de la democracia en España, y las reproduccio­nes del “Guernica” se con­virtieron, bajo la dictadura, en un símbolo de la oposición al franquismo.

En 1981, tras la muerte de Picasso (1973) y Franco (1975), y después de haber sido cedido para varias exposiciones, sobre todo en Japón, el “Guernica” pisó España por primera vez, volviendo a Madrid para ser expuesto en el Museo Nacio­nal del Prado.

En 1992 se trasladó a su ubicación definitiva hasta ahora, el Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía, situado a unos cientos de metros del Prado.

Luego de que el caso del universalmente famoso cantante Julio Iglesias fuera archivado en tribunales españoles por carecer de jurisdicción, la defensa del artista pasó al frente y ahora la Justicia cita nada menos que a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Los tribunales del país ibérico informaron que el caso no podía proseguir porque los hechos habían ocurrido fuera de España, sin embargo, este jueves informaron que Díaz deberá presentarse a declarar por llamar “agresor sexual” a Julio Iglesias, quien entabló demanda contra la autoridad por “injurias y calumnias”.

“Un juzgado de Madrid ha citado para el próximo 19 de mayo a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, con el objetivo de que comparezca en un acto de conciliación, tras la denuncia que el cantante Julio Iglesias interpuso en su contra por llamarle “agresor sexual”, informó el medio El Confidencial.

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Indicaron que se trata de un primer paso del artista para demandar a la política por injurias, después de que Díaz diera por probadas en diferentes manifestaciones públicas los señalamientos de dos exempleadas de Iglesias que le acusaron de acoso sexual y laboral.

Según el portal RT, que se hace eco de la información, en enero la ministra animó a las víctimas a que prosiguieran en contra del cantante ya que este “había llevado a cabo todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres y, además, estaban en una posición de debilidad extrema"

Según Antena 3, la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid admitió a trámite la solicitud hecha por la defensa del cantante para demandar a Díaz por supuestas “injurias y calumnias”. La cita para el acto de conciliación será el próximo 19 de abril, a las 9:30.

En febrero, Iglesias presentó una demanda contra la vicepresidenta que fue archivada por la Fiscalía. Su petición solicitaba que Díaz reconociera el daño causado, que hiciera una rectificación y que lo indemnizara. Este paso era previo a la querella judicial.

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