Los que viajen al exterior, sea cual fuere el destino, deberán traer a su regreso un PCR negativo como requisito indispensable para regresar a Paraguay tanto en avión, en bus como en vehículo particular.
La directora de Migraciones, Ángeles Arriola, confirmó que desde el 22 de diciembre está vigente la disposición que obliga a todos los que paraguayos o residentes extranjeros que ingresen al país, a presentar una prueba negativa del COVID-19.
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“A los que salen ahora se les está avisando que al regreso van a tener que presentar un test negativo de hasta 72 horas, si uno va a volver domingo, se hace jueves o viernes la prueba”, comentó Arriola en comunicación con la Unión.
Desde un principio se contemplaron excepciones para quienes no pudieran costear la prueba en el extranjero, otorgándoles un plazo de 24 horas para someterse al test en algún laboratorio privado de Paraguay, bajo el compromiso de guardar cuarentena domiciliaria hasta obtener el resultado negativo y aceptando aislarse por 10 días de resultar positivo.
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Sin embargo, el Ministerio de Salud pidió endurecer las exigencias y pedir a todos la prueba antes de ingresar, salvo raras excepciones que se evalúan en el momento -como el hecho que se trate de una familia muy numerosa- y para las cuales ni la Dirección de Migraciones tiene un criterio exacto.
El problema radica en la dificultad de controlar que los que llegan sin test, realmente cumplan en someterse a la prueba en 24 horas. Ante esta adversidad, el Ministerio evalúa la posibilidad de instalar puestos de toma en el Puente de la Amistad, para quienes arriben sin test.
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Covid: IPS vuelve obligatorio el uso de mascarilla y el lavado de manos
Ante el aumento de casos de covid, a través de un comunicado, el Instituto de Previsión Social (IPS) informó respecto a la obligatoriedad tanto para asegurados que asistan a los diferentes centros médicos como para todo el personal de blanco, la obligatoriedad de la utilización del tapabocas, el lavado constante de manos y la utilización de alcohol.
Las mismas medidas las recomienda el Ministerio de Salud para aquellas personas que asistan a los centros médicos a consultar, se encuentren con casos febriles o síntomas respiratorios, sospechosos de covid, para evitar la propagación del virus.
Si bien aún no es una obligación en todos los centros médicos el uso de mascarilla para el ingreso de los pacientes, existen centros médicos como el Hospital Regional de Encarnación, donde por la alta cantidad de pacientes y la circulación comunitaria del virus, las autoridades sanitarias de la región han hacho obligatorio el uso de mascarillas y el lavado de manos para los pacientes que ingresen al mencionado nosocomio.
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“El empleo de mascarilla y el lavado de manos, al igual que usar alcohol, fueron estrategias que nos ayudó mucho en la pandemia para frenar la ola de contagios de la enfermedad, motivo por el cual volveremos a emplear este método de forma preventiva para evitar que se den infecciones de casos de dengue con covid por ejemplo”, aplicó el doctor Jorge Ayala del hospital de Encarnación.
Una de las recomendaciones frecuentes por parte de la cartera sanitaria ante la ola de dengue y el aumento de casos de covid es que quienes cuenten con síntomas como fiebre persistente y dolores musculares acudan rápidamente a consultar evitando la automedicación, puesto que este es uno de los indicadores comunes para que los casos terminen siendo de gravedad y necesiten internación.
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Irán revisa ley del velo obligatorio
Teherán. AFP
Las autoridades iraníes revisan actualmente la ley que obliga desde hace décadas a las mujeres a llevar el velo, en un intento de aplacar la ola de protestas que sacude al país desde hace más de dos meses.
“El Parlamento y el Poder Judicial están trabajando en el asunto”, declaró el fiscal general Mohammad Jafar Montazeri a la agencia de noticias Isna, que lo divulgó el viernes. No especificó qué podría cambiarse en la ley.
Irán está sumido en una oleada de protestas desde la muerte de Mahsa Amini, una joven kurda iraní de 22 años que falleció el 16 de setiembre, tras ser detenida por la policía de la moral por violar el código de vestimenta de la República Islámica, que obliga a las mujeres a llevar el velo en público.
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En 3 a 4 años sería 100% obligatorio uso de facturas electrónicas, adelanta viceministro
El viceministro de Tributación, Óscar Orué, habló acerca de los avances que se tienen en cuanto a la facturación electrónica y señaló que en 3 a 4 años sería 100% obligatorio su uso. Indicó que el principal objetivo es la eliminación de las facturas falsas.
En comunicación con la 650 AM, el titular de Tributación manifestó que están en un proceso bastante importante en el cual a partir de julio ya establecieron obligatoriedad sobre ciertos contribuyentes para la implementación de las facturas electrónicas a fin de seguir encaminándose hacia el uso total de este sistema.
Indicó que aparte de los que ya están en la lista, a partir de enero y junio del año próximo van a estar añadiendo a más contribuyentes en la obligación de emitir este tipo de facturas a fin de sumar números en el uso. “Muy contento de este desarrollo que ya iniciamos en años anteriores de forma gradual, eso ayuda muchísimo en los costos que tienen las empresas para guardar archivos tributarios”, señaló.
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Explicó que semanas antes se habían registrado problemas tecnológicos que hacen que se sature un poco la conectividad, pero tras intervenciones lograron que se restablezca el servicio con total normalidad. Explicó que en 3 a 4 años ya va a ser obligatorio 100% en todas las empresas. No obstante, explicó que el principal problema es la conectividad en algunas zonas.
Orué precisó que el principal objetivo es la eliminación de las facturas falsas y las empresas ya no tendrán la necesidad de juntar papel debido a que el registro electrónico funcionará como historial del pasado. Añadió que lo principal es que se siga con el cronograma de actividades a fin de llegar a la implementación completa.
“Paraguay es uno de los últimos países a nivel latinoamericano que está implementando. Hay que recordar que no es solamente factura electrónica lo que se desarrolla, acá son todos los documentos tributarios, la nota de crédito, factura de exportación, nota de remisión”, aseveró. Por último, mencionó que están aplicando sanciones a empresas que tienen facturas falsas o evasión de impuestos.
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Bataglia se extralimitó en adjudicar limpieza sin documentos obligatorios
La empresa adjudicada en la licitación de G. 109.000 millones convocada por el IPS para servicios de limpieza no presentó las Declaraciones Juradas de sus miembros, requisito exigido por Ley, según reveló la Contraloría. También cuestiona que la previsional no planificó debidamente la contratación.
La administración del Instituto de Previsión Social (IPS), al mando del cuestionado presidente de la previsional, Vicente Bataglia, no debió de adjudicar la millonaria licitación de G. 109.000 millones, donde las empresas de Alberto “Pulpo” Palumbo, amigo de Hugo Velázquez, presentaron ofertas por G. 70.500 millones y aseguraban, al menos, G. 62.000 millones debido a que monopolizaron dos de los lotes más grandes. Tras revelaciones de irregularidades del equipo de Investigación de Nación Media, se terminó adjudicando un solo lote de G. 50.367 millones en favor de la firma Cevima SA.
El informe técnico de la Contraloría General de la República sostiene que, incluso el único lote adjudicado no se debió llevar adelante porque la firma no presentó las declaraciones juradas de bienes y rentas de personas físicas y/o jurídicas que la Ley 6355/2019 exige a los proveedores del Estado.
“El Comité de Evaluación debió requerir, nota mediante, a la empresa oferente la presentación de los citados documentos en un plazo oportuno y en caso de no presentar los mismos, la oferta no debió ser considerada”, resalta el informe técnico de la CGR.
Cevima SA presentó al IPS un formulario de declaración de miembros de la firma mencionando a cuatro personas: Claudio Alberto Escobar como presidente del directorio y accionista; Analía Virginia Caballero, vicepresidenta del directorio; Christian Catella Llano, accionista, y Lino César Oviedo Marín, accionista.
“No se ha observado constancia de presentación de DDJJ correspondiente a la Sra. Analía Caballero y al Sr. Lino César Oviedo Marín”, remarca el informe.
El director general de Control de Contrataciones Públicas de la CGR, abogado Paul Ojeda, explicó que las DDJJ se presentan ante la Contraloría y se expide una constancia. Cuando el oferente vaya a presentarse en una licitación en el Pliego de Bases y Condiciones se exige la presentación de la constancia del cumplimiento de esta norma establecida por ley.
“La presentación de declaraciones juradas está regulada por la ley, y por tanto todos los que quieren ser oferentes del Estado deben de presentar sus declaraciones juradas de bienes y rentas ante la Contraloría General de la República”, explicó Ojeda.
Seguidamente, el director Ojeda añadió que en esta licitación para la contratación de servicios de limpieza del IPS claramente “hay un incumplimiento por parte del oferente a lo que establece la ley y al requerimiento de las bases y condiciones”.
NO SE CUIDARON LOS RECURSOS
Otro de los elementos que también cuestiona la Contraloría General de la República en su informe técnico es que la administración del IPS no veló por el buen uso de los recursos públicos y del dinero de los asegurados y jubilados.
En el proceso de licitación se detectó además el incumplimiento por parte de la convocante en lo que refiere a la estimación del costo para los procedimientos de contrataciones públicas en el marco de la Ley 2051/13 de Contrataciones.
Además, se cuestiona la falta de remisión del certificado de disponibilidad presupuestaria por parte del IPS. Cabe destacar que dicha licitación fue iniciada en el ejercicio fiscal 2021, ad referéndum al presupuesto del ejercicio fiscal 2022; y el contrato con Cevima SA se rubricó el 11 de mayo del 2022.
“Atendiendo la suscripción del contrato con la firma Cevima SA, el IPS debió contar indefectiblemente con el certificado de disponibilidad presupuestaria para dicho efecto”, sostiene el informe técnico.
Y, como si fuera poco, la Contraloría sostiene que el IPS no realizó un estudio serio para determinar la cantidad de empleados de limpieza necesaria para dar cobertura a todos sus centros.
“Es un conjunto de situaciones que se presentan, y no hubo un relevamiento de necesidades adecuado para determinar la cantidad de operarios que requería los potenciales oferentes, porque es una licitación para cubrir todos los hospitales del IPS distribuidos en todo el territorio nacional”, refirió el director de Control de Contrataciones de la CGR.
Todas estas situaciones, señala Ojeda que tiene que ver directamente con la presentación de las ofertas económicas, y con la calidad del gasto.
Bataglia en esta licitación repartió G. 50.673 millones, en pleno proceso de campaña política.
Favoritismo primero deja daños en el MEC y ahora en IPS
Licitaciones adjudicadas a empresas del amigo del Vicepresidente frustraron construcción de aulas nuevas en varios lugares del país, mientras que en IPS lo sostienen sin papeles arriesgando a una demanda a la previsional.
El titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Pablo Seitz, indicó que otra empresa de Alberto Palumbo está expuesta a sanciones. Se trata de uno de los hombres favoritos para llevarse licitaciones del Estado por su cercana relación con el vicepresidente Hugo Velázquez, quien está en plena campaña política por la Presidencia.
La empresa Estructura Ingeniería SA (EISA), del “Pulpo” Palumbo, fue sancionada al principio de este año tras no concluir las obras requeridas bajo contrato por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y abandonar las remodelaciones de 79 escuelas ubicadas en el departamento de San Pedro, Alto Paraguay, Presidente Hayes, etc.
Ahora también la firma Potî que es del mismo Palumbo, podría ser sancionada tras la detección de irregularidades en el marco del contrato firmado con el IPS por servicios de limpieza.
“Declaramos la irregularidad de ciertas acciones e iniciamos el proceso sumarial a la empresa”, dijo Seitz a Universo 970 / Nación Media. Explicó que un sumario puede, eventualmente, concluir en la aplicación de una sanción como la inhabilitación para contratar con el Estado.
Mientras se desarrolla este proceso, Palumbo sigue gozando de la “extensión” de contrato que le cedió Bataglia, y por el cual el empresario ya reclamó en estos días unos G. 30.000 millones.