Una importadora paraguaya solicitó a Dinavisa el registro sanitario para poder traer la vacuna rusa contra el COVID-19. No obstante, la licencia aún no fue concedida porque la empresa no presentó todos los documentos requeridos.

La doctora María Antonieta Gamara, titular de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, confirmó al programa “Tempranísimo”, por radio Universo y canal GEN, que una importadora (no es una farmacéutica) solicitó ante su dirección el registro sanitario para importar la vacuna rusa. Mencionó que la misma está habilitada desde el 2018 para importar productos fármacos y dispositivos médicos. Dijo que no pertenece al clan Ferreira ni al laboratorio La Química Farmaceútica (Quimfa), la cual está en intensas negociaciones también para traer las dosis.

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Se trata de Survycon SA Survey & Control, cuyo represente es Gerardo Alvarenga Bonzi, según los datos que figuran en el portal de Contrataciones Públicas. El empresario es hermano del concejal colorado José Alvarenga Bonzi.

En la nota presentada se deja constancia sobre aspectos jurídicos y sanitarios, según explicó Gamarra sobre la solicitud hecha por la interesada en traer las dosis. Sin embargo, remarcó que tuvo que devolver el pedido porque la empresa interesada no cumple con todos los requisitos y necesariamente debe completar la documentación requerida para volver a solicitar el registro sanitario. Entre los puntos que faltan completar figuran la calidad del producto, variación del transporte, entre otros datos.

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“Se puede hacer un trámite acelerado, pero no abreviado. Por seguridad y eficacia además de la farmacovigilancia, no podemos hacer excepciones en las documentaciones exigidas. Nosotros vemos la parte técnica del producto, después la logística ya es con otra área del Ministerio de Salud. La primera empresa que presente todos los documentos tendrá el registro, porque dos empresas no pueden tener la misma licencia”, aclaró Gamarra.

Por último, la entrevistada comentó que posterior al otorgamiento del registro sanitario, Dinavisa fijará el precio máximo de venta al público en general.

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