La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP), dependiente del Viceministerio de Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), informó que en lo que va de junio el censo digital de jubilados de la Caja Fiscal alcanzó una cobertura del 98 %. Esto equivale a unos 74.971 beneficiarios registrados, de un total de 76.798.

Queda aún un 2 %, equivalente a 1.496 personas, por completar el trámite. Desde el Ministerio de Economía reiteran sobre la importancia de completar este censo, el cual puede realizarse a través del portal: https://censos.mef.gov.py.

Una vez finalizado el registro, el desbloqueo de las tarjetas se gestiona automáticamente en un plazo de 24 a 48 horas. Los jubilados que ya hayan completado el proceso pueden verificar su estado en: https://censos.mef.gov.py/censo-consulta-publica.

Leé también: Decreto del nuevo salario mínimo sería emitido en los próximos 10 días

Cabe recordar que todos los beneficiarios, incluidos aquellos que ingresaron recientemente al sistema, deben completar el Censo, ya que este permite actualizar contactos de confianza, requisito común a todos los jubilados y pensionados que perciben haberes a través de la Caja Fiscal.

El censo digital tiene como objetivos principales actualizar los datos personales, prevenir cobros indebidos y confirmar la vida de los beneficiarios, todo mediante un proceso ágil, completamente en línea y que solo requiere el ingreso de datos básicos. Esta modalidad evita desplazamientos, ahorra tiempo y garantiza la seguridad de la información.

Todos los interesados pueden visitar la web del MEF (www.mef.gov.py) o comunicarse con el servicio de atención al recurrente, llamando al (021) 729-0123, de lunes a sábado, de 07:30 a 15:00, para tener más información al respecto.

Aclaran que la información solicitada incluye datos como domicilio, número de contacto, correo electrónico, país y ciudad de residencia, y la fecha de vencimiento de la tarjeta de cobro. No se requiere el número de la tarjeta, ni contraseñas, ni información relacionada con operaciones bancarias.

“La información proporcionada en esta plataforma tendrá carácter de declaración jurada, por lo que se exhorta a los beneficiarios a ingresar datos verídicos”, dicen desde el MEF.

Te puede interesar: Mayo cerró con superávit fiscal y el déficit acumulado se ubica en 0,3 %

Con la aprobación del pedido de interven­ción a la Municipa­lidad de Asunción, el Poder Ejecutivo debe designar al interventor que llevará ade­lante el trabajo de fiscaliza­ción que durará 90 días. Para este trabajo, el presidente de la República, Santiago Peña, hizo la propuesta al exminis­tro y doctor en ciencias con­tables Carlos Alberto Pereira Olmedo, según reveló el actual consejero del Instituto de Previsión Social (IPS).

Pereira, que fue recibido por el mandatario y le entregó un ejemplar de su nuevo libro “El camino hacia la liber­tad financiera”; confirmó que solicitó tiempo hasta el próximo lunes para evaluar la situación y dar una res­puesta de si acepta. El expre­sidente del Banco Nacional de Fomento (BNF) y máster en administración de empre­sas indicó que será un trabajo muy delicado, por lo que ana­lizará previamente para dar una respuesta.

“Me ofreció el presidente ayer (miércoles), entonces yo que soy muy serio y muy responsable de mis decisio­nes me tomó muy de sor­presa. Siempre que sea téc­nico estrictamente, y no haya incidencia de ningún tipo, ni siquiera de insi­nuaciones políticas podría considerarlo, pero le pedí, con mucho respeto que me dé unos días, hasta el lunes para pensar”, dijo Pereira en entrevista a la 1020 AM.

Ciudad del Este. Agencia Regional.

Docentes fueron acusados por los hechos de estafa y producción de documentos no auténticos, por el fiscal Alberto Torres Flores, de Presidente Franco. Genaro Martínez Moreno (54) y Aurelio Santacruz Gaona (55), habrían cobrado dinero por una validación irregular de título profesional en el Ministerio de Educación y Ciencias.

Uno de los acusados es jubilado, exdecano y propietario de una universidad privada. El requerimiento conclusivo fue presentado ante el Juzgado Penal de Garantías a cargo de la magistrada Carina Frutos Recalde. De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos se inician en Otaño, Itapúa.

Norma Beatriz Quiñónez de González y Marta Lorenza Pérez Escobar culminaron en el año 2021 la carrera de profesorado en Educación Escolar Básica 1° y 2° Ciclos, en la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay (UPAP), sede de Mayor Otaño, obteniendo sus respectivos certificados académicos.

Sin embargo, al culminar sus estudios, ambas fueron notificadas por la institución sobre la falta de acreditación oficial de la carrera ante el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), motivo por el cual solo se les otorgó el título de “Licenciada en Educación Inicial”.

Los hoy acusados contactaron con las víctimas para ofrecerles gestiones ante el Instituto de Formación Docente Virgen de Fátima, de Lambaré, para que obtengan el título de “profesora en Educación Escolar Básica 1° y 2° Ciclos” y los certificados correspondientes.

Puede interesarle: Realizan exitoso lanzamiento de cohete paraguayo Yaguareté 2 en Estados Unidos

“Mediante declaraciones falsas, los sindicados convencieron a las víctimas de pagar presuntamente la suma de 25 millones de guaraníes para convalidar todas las materias cursadas en la UPAP”, refiere el escrito fiscal de Acusación.

Luego, tras recibir el pago en la ciudad de Los Cedrales, los hoy acusados “entregaron a las víctimas documentos apócrifos que presentaron como auténticos, consistentes en títulos y certificados expedidos presuntamente por el Instituto Virgen de Fátima en el año 2021”.

Posteriormente, el acusado Genaro Martínez Moreno, presumiblemente completó formularios oficiales del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), con datos falsificados y registró los documentos fraudulentos en el sistema SIGMEC, con firmas adulteradas de las víctimas.

Cuando las maestras presentaron estos documentos ante el MEC, fueron informadas que los títulos y certificados no fueron validados por contener información falsa, y recibieron apercibimientos por presentar documentos apócrifos.

Las afectadas presentaron la denuncia ante el Ministerio Público, los “gestores” imputados y tras completarse el plazo, el fiscal Alberto Torres presentó la acusación y solicitó la apertura de juicio oral contra Genaro Martínez Moreno y Aurelio Santacruz Gaona.

Puede interesarle: Cambian a jefes de Investigaciones tras denuncias por secuestro y extorsión

Cinco muertos, cuatro policías y un campesino, es el saldo de los enfrentamientos registrados el miércoles en Bolivia, en intentos por desbloquear las carreteras tomadas por los partidarios de Evo Morales, informó este jueves el gobierno.

Los manifestantes reclaman desde hace 11 días en las rutas la renuncia del presidente Luis Arce, a quien culpan de la crisis económica y de manipular las instituciones para excluir al líder cocalero de las próximas elecciones de agosto.

Los principales choques violentos ocurrieron en Llallagua, un poblado minero en Potosí (suroeste), y en vías de Cochabamba (centro) que conectan con La Paz.

La policía llegó el miércoles a Llallagua, un poblado minero, para intentar desbloquear la principal vía sin éxito.

Ese día se reportó la muerte de tres policías por disparos de armas de fuego. Y este jueves se encontró el cadáver de un cuarto agente identificado como Christian Calle.

El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, dijo en conferencia de prensa que el uniformado “fue secuestrado por una horda” que hizo explotar un artefacto adherido por los manifestantes a su cuerpo.

Roberto Ríos, ministro de Gobierno (Interior), informó horas después que además un campesino murió en Cochabamba cuando manipulaba “un artefacto explosivo”.

De acuerdo con la estatal Administradora Boliviana de Carreteras, este jueves hay 19 puntos de bloqueo de rutas, menos que en días atrás.

El aún bloqueo persiste en Llallagua. La policía intentó desactivarlo el miércoles luego de que la población local, afectada por el desabastecimiento de alimentos y agua, intentara por sí misma enfrentarse a los partidarios de Morales.

Un informe actualizado del Ministerio de Salud señala que los choques en Cochabamba y Llallagua dejaron 54 heridos.

Nelson Cox, abogado de Evo Morales, aseguró a la AFP que hay “tres muertos” entre los manifestantes, dos de ellos por arma de fuego.

Dijo que además hay al menos 15 manifestantes heridos y más de 30 detenidos.

Aguilera anunció que las fuerzas del orden van a actuar en la Llallagua para “garantizar un estado de quietud y de paz”.

“Se han alcanzado niveles de violencia inaceptables que han cruzado la línea de la protesta” hacia “el crimen”, dijo Ríos. “Personas armadas con fusiles largos han asesinado a nuestros servidores públicos policiales”, aseguró.

El gobierno cree que Morales busca postergar la primera vuelta de las presidenciales previstas en agosto con el fin de poder concurrir como candidato, pese a que está impedido de hacerlo.

Un fallo de la justicia no permite más de una reelección presidencial, y Morales ya se dirigió a Bolivia en tres ocasiones entre 2006 y 2019.

Lea más: EE. UU. destaca acuerdo con Pekín sobre tierras raras y educación

El líder cocalero de 65 años se encuentra desde octubre de 2024 en el Chapare, su bastión político. Allí está protegido por decenas de campesinos de una orden de detención por un caso de trata de una menor, acusación que él niega.

Bolivia está sumida en una profunda crisis económica que se manifiesta en una escasez de combustibles y dólares y una escalada inflacionaria que en mayo se situó en un 18,46% interanual.

• Fuente: AFP