El cuestionado contrato de fideicomiso firmado entre el Instituto de Previsión Social (IPS) y el banco Atlas (empresa perteneciente al Grupo Zuccolillo que conforman otras empresas en diversos ramos incluidos medios de comunicación) vuelve al centro del debate luego de que el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), doctor Isaías Fretes, confirmara que la deuda por los hospitales Hemato-Oncológico y Buongermini asciende a G. 126.000 millones, pese a que la previsional otorgó al banco Atlas SA G. 828.800 millones para terminar estos y otros dos hospitales.

El caso es investigado por parte del Ministerio Público, por presunto daño patrimonial con el citado contrato; teniendo en cuenta que el acuerdo, presentado originalmente como una herramienta para financiar infraestructura sanitaria, terminó generando fuertes cuestionamientos por el manejo de los fondos provenientes de los aportes de trabajadores y empleadores.

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Si bien el Banco Atlas realizó recientemente la devolución de un millonario monto a la previsional, en concepto de intereses no acreditados en el marco de un contrato de fideicomiso que data del año 2017. Son más de G. 800 millones devueltos a la previsional, que significan el reconocimiento de irregularidades por parte de la entidad bancaria de la familia Zuccolillo con el manejo de los fondos fiduciarios.

Este fideicomiso comprometió G. 828.800 millones del IPS para la construcción y terminación de establecimientos de salud. El objetivo principal del fideicomiso era mejorar la capacidad hospitalaria de la previsional mediante obras estratégicas como el Hospital Ingavi, la Policlínica, el Hospital Día/Buongermini y el Hospital Hemato-Oncológico.

A casi una década de la firma del contrato en el 2017, a la fecha, las obras no se concretaron e incluso permanecen obligaciones pendientes por aproximadamente G. 126.000 millones. De ese monto, unos G. 98.000 millones corresponden al Hospital Hemato-Oncológico y otros G. 28.000 millones al Hospital Buongermini, según manifestó el propio presidente del IPS, doctor Isaías Fretes, en una reciente entrevista.

Este caso es investigado por el fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económi­cos y Anticorrupción, Nés­tor Coronel, quien en su momento había señalado que están avanzando con la investigación sobre la eje­cución del contrato de fidei­comiso por valor de G. 828 mil millones entre el banco Atlas y el IPS, que debía ser utilizado para la cons­trucción de cuatro hospi­tales.

Confirmando que el contrato establecía que el banco Atlas actuara como fiduciario, administrando los recursos del IPS para ejecutar los pagos vinculados a las obras. La figura del fideicomiso buscaba, justamente, garantizar transparencia, control y una administración eficiente del dinero. Pero las auditorías y cuestionamientos posteriores apuntaron a presuntas irregularidades en la utilización de los fondos.

Uno de los puntos más controvertidos fue la incorporación del denominado “Punto 5: Otros centros de salud”, una modificación que, según informes mencionados públicamente, habría permitido desviar recursos hacia destinos distintos a los cuatro proyectos originalmente previstos. Las auditorías citadas en el caso señalan que una parte mayoritaria del dinero terminó vinculada a otros usos diferentes al objetivo inicial del fideicomiso.

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Resulta llamativo y contradictorio que ahora Benigno López Benítez, quien fue ministro de Hacienda durante el gobierno de su hermano, el expresidente Mario Abdo Benítez, salga a cuestionar el retraso en el pago a proveedores del Estado del actual gobierno. El exministro sostuvo que “las deudas y los intereses hay que soldarlas”, al referirse a las obligaciones monetarias vigentes con las empresas constructoras.

Sin embargo, López Benítez, quien ejerció el cargo de ministro de Hacienda entre agosto de 2018 y febrero de 2022, y que renunció en medio de cuestionamientos políticos y económicos, un año antes de que culminara el mandato de Mario Abdo Benítez, guardó silencio frente a las millonarias obligaciones financieras que dejó su hermano al finalizar su gestión en agosto de 2023.

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De acuerdo con lo señalado por el actual ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, al asumir el cargo se encontró con una obligación financiera cercana a los USD 600 millones, heredada del gobierno de Mario Abdo Benítez, principalmente en los sectores de la construcción y la salud, por la compra de insumos y medicamentos. Estos compromisos heredados, sin embargo, fueron omitidos por el exministro López Benítez.

Cabe resaltar que este monto solo contempló las obligaciones del Ministerio de Salud Pública, que rondaban los USD 300 millones, y no incluyó los pasivos acumulados durante años por el Instituto de Previsión Social, entidad que también estuvo bajo la conducción de Benigno López Benítez en administraciones anteriores.

La obligación del Ministerio de Salud con las empresas farmacéuticas supera los USD 253 millones, según el informe brindado en su momento por la ministra de Salud, María Teresa Barán.

Estos pasivos se generaron durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, lo que obligó al actual Poder Ejecutivo a implementar mecanismos financieros, como préstamos y emisión de bonos, para destinar USD 256 millones al pago a proveedores de insumos y medicamentos, con el fin de evitar el desabastecimiento de hospitales. El pago se concretó en febrero de 2024.

En los USD 600 millones mencionados no se incluyen las obligaciones de otras instituciones del Estado, detectadas tras los cortes administrativos realizados al término del gobierno de Mario Abdo Benítez, que en conjunto conformaron una deuda flotante superior a los USD 1.000 millones. En ninguno de estos casos, Benigno López Benítez realizó críticas ni cuestionamientos a la gestión de su hermano.

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Un tribunal de sentencia integrado por Hugo Segovia, Jorge Romero y Rodrigo Duré condenó a 3 años de cárcel y 3 años de prohibición de ejercer la medicina al doctor Hernán Daniel Domaniczky Vargas, encontrado culpable por homicidio culposo por el fallecimiento de la exmodelo y política Paola Gaete.

El colegiado sostuvo que se probó la responsabilidad del acusado en el grave hecho y además el Ministerio Público arrimó todos los elementos probatorios durante el desarrollo del juicio oral y púbico. El fiscal del caso fue Carlos Acuña, quien presentó todos los elementos de prueba para lograr la sentencia condenatoria.

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Por su parte Raquel Gaete hermana de la víctima indicó que “tras varios años se hizo justicia por la muerte de mi hermana”. Agregó que “mis padres se quedaron muy dolidos por el fallecimiento de mi hermana y por suerte se hizo justicia”.

El médico cirujano fue acusado por el hecho punible de homicidio culposo a raíz de la muerte de la exmodelo y política Paola Gaete, ocurrido en el 2022. En aquella oportunidad, Gaete ingresó al quirófano para una cirugía estética que estaba a cargo de Domaniczky, aunque unas horas después se produjo su fallecimiento.

Por su parte, la defensa del condenado médico anunció que apelarán la sentencia condenatoria. Durante los alegatos finales pidieron la absolución de culpa y pena, pero los jueces no tuvieron en cuenta eso y decidieron condenar a Domaniczky.

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El presidente de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), Óscar Stark, habló acerca de la sostenida y complicada situación de la institución, la cual viene arrastrando una millonaria deuda que aún no se puede solucionar. Se alega que la problemática actual es a causa de las malas decisiones que se tomaron anteriormente.

“Lo que sucede con Copaco es que los compromisos mensuales son mucho mayores que los ingresos o la venta de los servicios, y eso tiene que ver con las malas decisiones que se tomaron anteriormente e hicieron que la empresa esté en esta situación crítica”, expresó.

En este sentido, mencionó que dicho escenario data de hace varios años y que COPACO viene perdiendo año tras año más de G. 150 mil millones. Eso tiene un impacto directo sobre el patrimonio neto, que en los últimos 3 años perdió el 50 % de sus recursos propios.

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Con relación al monto de la deuda, Stark señaló que está en torno a los USD 110 millones, a lo que se suma que Copaco es propietaria del 100 % de VOX, la cual también tiene una situación similar y, de hecho, ya presenta un patrimonio neto negativo desde 2020, dijo.

En este punto, contextualizó que la deuda de VOX es de unos USD 50 millones, al tiempo que insistió en que la compañía de comunicaciones necesita una fuerte reestructuración que, si bien ya habían iniciado suprimiendo 130 cargos y disminuyendo el personal en 380 personas el año anterior, habrá que seguir con ella, remarcó.

“Nosotros tenemos dos instrucciones del consejo de empresas públicas: una es buscar un socio estratégico que haga las inversiones que necesita Copaco para recuperarse y que traiga recursos; pero, sobre todo, una nueva forma de trabajar”, subrayó el presidente de la estatal.

Por último, enfatizó que se seguirá disminuyendo el personal, lo cual se hará a través de un plan de retiro voluntario, así como con despidos con causa justificada, ya que se dan muchos casos de funcionarios que no cumplen con sus tareas, acotó.

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