El viceministro de Atención Integral a la Salud, Saúl Recalde, se refirió a las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República en una auditoría correspondiente a los ejercicios fiscales 2023 y parte del 2024, que detectó supuestas compras de medicamentos vencidos y destinados a pacientes fallecidos.

Según explicó Recalde, las irregularidades señaladas por la Contraloría corresponden a procesos administrativos y de compras iniciados en años anteriores, y en muchos casos involucran gestiones previas al actual equipo del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), cuya estructura fue renovada casi en su totalidad.

“Hoy puedo asegurar que los contratos vigentes ya contemplan el canje de medicamentos por vencer”, afirmó el viceministro, al tiempo de señalar que los registros deficientes en años anteriores incidieron directamente en el desorden de las compras.

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Respecto a la supuesta compra de medicamentos para pacientes fallecidos, Recalde sostuvo que en algunos casos se trató de adquisiciones realizadas bajo el objeto de gasto 915, que contempla recursos para cubrir situaciones judiciales como los amparos. “Estos informes van directamente a la asesoría jurídica y luego a la dirección financiera. Puede haber ocurrido que la notificación de compra ya haya llegado tarde”, explicó.

El viceministro también advirtió que actualmente el 25 % del presupuesto del Incan se destina a cumplir con recursos de amparo, y que diariamente se reciben alrededor de 40 de estas medidas judiciales. En ese sentido, consideró clave mejorar el ordenamiento del sistema de compras y establecer un trabajo coordinado con la Defensoría.

Finalmente, señaló ante la 1020 AM que la implementación del Registro Nacional de la Red Oncológica y la aprobación de protocolos específicos permitirán optimizar los procesos de adquisición de medicamentos y garantizar una mayor transparencia.

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La presidenta de Perú, Dina Boluarte, rechazó este jueves la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de suspender la ley de amnistía a militares y policías procesados por violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado de dos décadas que azotó al país.

La ley, aprobada el 9 de julio y que aún debe ser promulgada por Boluarte, beneficia a miembros de las fuerzas de seguridad acusados, investigados o juzgados por delitos derivados de su participación en la lucha del Estado contra la insurgencia izquierdista entre 1980 y 2000.

La Corte IDH, el máximo órgano judicial del continente, ordenó el 24 de julio al Estado peruano detener “inmediatamente” el trámite de la ley, y en caso de promulgarla, abstenerse de aplicarla mientras analiza sus efectos sobre los derechos de las víctimas.

Boluarte criticó este jueves esa exigencia durante una ceremonia de la Policía Nacional en Lima.

“No permitiremos la intervención de la Corte Interamericana que pretende suspender un proyecto de ley, que busca justicia para miembros de las fuerzas armadas, policía y los comités de autodefensa que lucharon arriesgando sus vidas contra la insanía del terrorismo”, dijo.

“No lo vamos a permitir. Somos defensores de los derechos humanos y esta posición del gobierno es soberana autónoma, libre y justa para un país que anhela paz”, enfatizó la mandataria conservadora.

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Expertos de la ONU ya habían pedido al gobierno de Boluarte que vetara la ley, alegando que las normas internacionales prohíben amnistías o indultos por crímenes graves.

Antes de la aprobación legislativa, la oenegé Amnistía Internacional había exhortado al Congreso a ponerse del lado de las víctimas y rechazar con firmeza la legislación.

Las organizaciones de derechos humanos estiman que esta ley de amnistía beneficiaría a unos 900 militares y policías, entre ellos varios generales.

Perú aprobó en agosto de 2024 una ley que declara prescritos los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002 en la lucha contra las guerrillas.

La iniciativa, que los defensores de los derechos humanos llaman “Ley de Impunidad”, benefició al hoy fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), condenado por ordenar dos matanzas de civiles llevadas a cabo por el ejército en 1991 y 1992, así como a 600 militares procesados.

El conflicto interno en Perú, en el que las fuerzas del Estado se enfrentaron a las guerrillas de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), dejó unos 70.000 muertos y más de 20.000 desaparecidos, según cifras oficiales.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación indicó que existen en Perú más de 4.000 fosas clandestinas producto de la violencia entre 1980 y 2000.

La Corte IDH tiene jurisdicción sobre una veintena de países de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que han reconocido su competencia contenciosa.

• Fuente: AFP

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México respira aliviado este jueves después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, aplazara 90 días la subida arancelaria a pocas horas de que expire el plazo para negociar acuerdos.

Varias economías importantes como Brasil e India no se han puesto de acuerdo con Washington para rebajar las tarifas aduaneras que Trump prevé aplicarles a partir de medianoche con el objetivo de imponer un nuevo orden comercial mundial.

“Los aranceles están haciendo que Estados Unidos sea grande y rico de nuevo”, escribió Trump en su red social Truth Social.

El presidente republicano de 79 años advirtió que el plazo del 1 de agosto es inaplazable, pero se ha mostrado más indulgente con México tras mantener, según él, una conversación telefónica “muy exitosa” con su homóloga mexicana Claudia Sheinbaum.

“Las complejidades de un acuerdo con México son algo diferentes”, reconoció Trump, que en los últimos meses ha agradecido a su vecino sus esfuerzos en la lucha contra la migración ilegal.

“Hemos acordado extender, por 90 días, exactamente el mismo acuerdo” con el objetivo “de firmar” un trato “dentro de ese plazo, o incluso más”, precisó.

Por lo tanto México seguirá pagando el arancel del 25 % que le impuso para incitarlo a combatir el tráfico de fentanilo, un 25 % a los automóviles y piezas sueltas que no proceden de Estados Unidos, un 50% al acero y el aluminio y a partir del viernes un 50 % al cobre.

Los productos incluidos en el Tratado de libre comercio de América del Norte (T-MEC), del que forman parte México, Estados Unidos y Canadá, estaban protegidos de los recargos, es decir su inmensa mayoría.

Se alcanzó “el mejor acuerdo posible” si se compara con otras naciones, afirmó Sheinbaum en rueda de prensa.

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México, que se exponía a tarifas aduaneras adicionales del 30 %, “acordó eliminar de inmediato sus numerosas barreras comerciales no arancelarias, que eran muchas”, añadió Trump en su mensaje sin precisarlas.

El 1 de agosto se ha convertido en la nueva fecha simbólica para una serie de tarifas aduaneras más allá del mínimo universal del 10 % impuesto en abril a la mayoría de los países y de las aplicadas a ciertos productos como el 50 % al aluminio y el acero o el 25 % a los automóviles.

El viernes también entrarán en vigor recargos del 50 % para los productos fabricados con cobre. Excluye las importaciones del metal bruto, una muy buena noticia para Chile.

Los aranceles sobre los productos de aproximadamente 80 países, incluidos los 27 de la Unión Europea (UE), aumentarán a partir de la medianoche, entre un 11 % y un 50 %, dependiendo del origen de los bienes.

Algunos países, como la UE, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido, Vietnam, Indonesia y Filipinas, han llegado a acuerdos con la Casa Blanca, lo que se traduce en recargos inferiores a los anunciados inicialmente.

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, dijo el jueves que se han alcanzado acuerdos con Camboya y Tailandia, sin dar detalles. Y Taiwán habla de “cierto consenso” con Washington.

• Fuente: AFP

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El Ministerio de Salud reportó 852 casos confirmados de hepatitis B y 14 casos activos de hepatitis C, que totalizan 866 pacientes con la enfermedad en todo el país. La información fue emitida por la Dirección de Vigilancia de la Salud, en el marco del Día Mundial contra la Hepatitis, establecida cada 28 de julio, desde 2011, por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que recordó que causa más de 1,3 millones de muertes cada año.

Datos epidemiológicos actualizados del Programa Nacional de Control del VIH/Sida e ITS (Pronasida) revelan que, durante el 2024, se realizaron 95.546 pruebas para hepatitis C en todo el país, de los cuales, 14 fueron casos confirmados de la infección activa. En el mismo periodo, se llevaron a cabo 198.142 pruebas de hepatitis B. De esto, 852 son casos confirmados de hepatitis B, el 51 % diagnosticados en hombres y 49 % en mujeres.

Las regiones con mayor incidencia de hepatitis B en el país son: Alto Paraguay, Capital y Canindeyú. Los grupos etarios mayormente afectados por hepatitis B son los de 30 a 34 años (18 %), los de 35 a 39 años (14,9 %) y los 25 a 29 años (14,4 %). El reporte reveló que el 74,7 % de los casos de hepatitis B se identificó en población general, y 18,6 % en hombres que tienen sexo con hombres. También se observan casos, pero en menor proporción en población en transgéneros, trabajadores sexuales e indígenas.

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Los síntomas más comunes de la hepatitis: fiebre, cansancio, pérdida de apetito, náuseas, vómitos, dolor abdominal, orina oscura y coloración amarillenta de piel y ojos (ictericia). En el caso de la hepatitis B se observan, además, heces claras y dolor en las articulaciones.

Las hepatitis B y C se transmiten por contacto con sangre infectada y otros líquidos orgánicos contaminados (semen, flujo menstrual, secreciones vaginales), a través de agujas, tatuajes, perforaciones, transfusiones sin control y por vía sexual, principalmente en personas con múltiples parejas. También se da la transmisión vertical (madre a hijo) durante el parto.

La hepatitis B se previene con vacunación. La primera dosis se aplica dentro de las primeras 24 horas de vida, seguida de 2 o 3 dosis adicionales. La vacunación es obligatoria para el personal de salud y grupos de riesgo. Para la hepatitis C no existe vacuna, pero el tratamiento con antivirales es altamente efectivo. La detección precoz y el inicio oportuno del tratamiento previenen complicaciones como cirrosis y cáncer hepático.

El Ministerio de Salud cuenta con pruebas de tamizaje, confirmación y medicamentos antivirales para el tratamiento efectivo de hepatitis B y C. Para protegerse de contraer el virus es importante usar preservativos (condones) para relaciones sexuales seguras, no compartir agujas o jeringas, en caso de tatuarse o perforarse hacerlo en sitios autorizados, garantizar la esterilización adecuada de equipos médicos y odontológicos, realizarse pruebas de tamizaje si pertenece a grupos de riesgo y seguir el tratamiento en caso de diagnóstico positivo.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) insta a los gobiernos y a sus socios a acelerar “urgentemente” los esfuerzos para eliminar la hepatitis viral como amenaza para la salud pública. “Cada 30 segundos, una persona muere a causa de una enfermedad hepática grave relacionada con la hepatitis o de un cáncer de hígado. Sin embargo, disponemos de las herramientas necesarias para detener la hepatitis”, ha afirmado afirmó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en el marco del Día Mundial contra la Hepatitis.

Según informa la OMS, las hepatitis virales (tipos A, B, C, D y E) son las principales causas de infección hepática aguda. De entre ellas, solo la hepatitis B, C y D pueden provocar infecciones crónicas que aumentan significativamente el riesgo de cirrosis, insuficiencia hepática o cáncer de hígado. Sin embargo, la mayoría de las personas con hepatitis no saben que están infectadas. Los tipos B, C y D afectan a más de 300 millones de personas en todo el mundo y causan más de 1,3 millones de muertes cada año, principalmente por cirrosis hepática y cáncer.

Recientemente, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) ha clasificado la hepatitis D como carcinógena para los seres humanos, al igual que la hepatitis B y C. La hepatitis D, que solo afecta a personas infectadas con la hepatitis B, se asocia con un riesgo entre dos y seis veces mayor de cáncer de hígado en comparación con la hepatitis B sola. Para la OMS, esta reclasificación supone un paso fundamental en los esfuerzos mundiales por concienciar, mejorar el cribado y ampliar el acceso a nuevos tratamientos para la hepatitis D.

“La OMS ha publicado directrices sobre las pruebas y el diagnóstico de la hepatitis B y D en 2024, y está siguiendo activamente los resultados clínicos de los tratamientos innovadores para la hepatitis D”, ha afirmado la nueva directora de Ciencia para la Salud de la OMS, Meg Doherty.

El tratamiento con medicamentos orales puede curar la hepatitis C en un plazo de dos a tres meses y suprimir eficazmente la hepatitis B con una terapia de por vida. Las opciones de tratamiento para la hepatitis D están evolucionando. Sin embargo, la OMS asegura que solo se podrá aprovechar plenamente el beneficio de reducir la cirrosis hepática y las muertes por cáncer si se toman medidas urgentes para ampliar e integrar los servicios relacionados con la hepatitis -incluidas la vacunación, las pruebas, la reducción de daños y el tratamiento- en los sistemas nacionales de salud.

La OMS subraya que es alentador que la mayoría de los países de ingresos bajos y medios (PIBM) cuenten con planes estratégicos contra la hepatitis y que los avances en las respuestas nacionales contra esta enfermedad estén aumentando.

Así, en 2025, el número de países que informaron sobre planes de acción nacionales contra la hepatitis aumentó de 59 a 123; en 2025, 129 países habían adoptado políticas para la realización de pruebas de hepatitis B entre las mujeres embarazadas, frente a los 106 que lo habían hecho en 2024, y 147 países habían introducido la vacuna contra la hepatitis B en el momento del nacimiento, lo que supone un aumento con respecto a los 138 de 2022.

Sin embargo, advierte de que siguen existiendo importantes deficiencias en la cobertura de los servicios y los resultados, tal y como se indica en el Informe mundial sobre la hepatitis 2024. De este modo, asegura que la cobertura de las pruebas y el tratamiento sigue siendo muy baja; solo el 13 por ciento de las personas con hepatitis B y el 36 por ciento con hepatitis C habían sido diagnosticadas en 2022.

Asimismo, las tasas de tratamiento eran aún más bajas: el 3 por ciento para la hepatitis B y el 20 por ciento para la hepatitis C, muy por debajo de los objetivos para 2025, que eran del 60 por ciento de personas diagnosticadas y del 50 por ciento de personas tratadas.

La OMS también avisa de que la integración de los servicios relacionados con la hepatitis sigue siendo desigual: 80 países han incorporado los servicios relacionados con la hepatitis en la atención primaria de salud; 128, en los programas sobre el VIH, y solo 27 han integrado los servicios relacionados con la hepatitis C en los centros de reducción de daños.

El próximo reto será ampliar la cobertura de la prevención, las pruebas y el tratamiento. Alcanzar los objetivos de la OMS para 2030 podría salvar 2,8 millones de vidas y prevenir 9,8 millones de nuevas infecciones. “Ante la disminución del apoyo de los donantes, los países deben dar prioridad a la inversión nacional, los servicios integrados, la mejora de los datos, los medicamentos asequibles y el fin del estigma”, finaliza la OMS.

Con información de Europa Press.