El Ministerio Público recibió el informe pericial de la constitución que se realizó en una propiedad de Mariscal Estigarribia, Chaco paraguayo, que fue vendida por los imputados a los colonos menonitas víctimas de estafa. El resultado revela que el inmueble que supuestamente adquirieron los menonitas no existe, lo cual compromete la situación procesal de los imputados.

El informe firmado por el profesional Gustavo Calle dice: “Observando los planos y coordenadas proveídas por la Fiscalía sobre las supuestas propiedades verificadas no se tiene información sobre los números de finca y padrón por lo tanto los planos y coordenadas, así como la propiedad que los colonos adquirieron no existe”.

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En el proceso penal están imputados por el delito de estafa José Francisco Ljubetic, William Bogarín e Ilsa Maricela Paredes. El 18 de noviembre el Ministerio Público debe presentar su requerimiento conclusivo y de acuerdo a los elementos que se van generando en la carpeta fiscal.

De acuerdo con el acta de imputación, el gestor José Francisco Ljubetic habría liderado un esquema que operó entre el 2017 y agosto del 2024, con el propósito de obtener dinero mediante la simulación de gestiones para adquirir tierras del Indert.

Igualmente, se describe que Ljubetic se presentó ante los hermanos Bernardo y Hernán Friesen Neufeld, a quienes ofreció la adquisición de dos lotes de 4.000 hectáreas cada uno, ubicados en Colonia Ñande Mba’e, distrito de Mariscal Estigarribia, Boquerón, por la suma de USD 1.600.000.

Para asegurar a sus víctimas, se dio participación a un supuesto equipo jurídico, conformado por los abogados Willian Bogarín Campuzano, exdirector general de Fortalecimiento Institucional y Cooperación Internacional de la Cámara Baja, e Ilsa Maricela Paredes. Los citados se encargarían de realizar algunos trámites en el Indert para beneficiar a los colonos de la zona de Río Verde, departamento de San Pedro.

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El abogado Óscar Tuma des­trozó el montaje mediático de “los sobres del poder”, ratificando que el propio clan Candado habría admi­tido un incidente de extra­vío que se ocultó por meses en la zona más privada y de trabajo del presidente de la República, Santiago Peña, confirmando que esto se sumó a una serie de situa­ciones graves que estaban comprometiendo la segu­ridad y la privacidad en Mburuvicha Róga. Antes de que el relato de la exem­pleada se contaminara por la intervención “televisiva”, su marido había acudido al abogado para una media­ción laboral, pero este solo revalidó que se dieron varios hechos que conduje­ron a una “traición a la con­fianza”.

Poco después de la destitu­ción de Luz Candado como coordinadora del servicio doméstico de la familia presidencial, el 25 de julio pasado, su marido Hugo Romero contactó con Tuma con la “intención de ver la posibilidad de una indem­nización en el ámbito labo­ral”, según relató el abo­gado en una entrevista para Abc Color, el pasado 16 de setiembre. Con el ánimo de mediación, el profesional de leyes dijo que se acercó a César Ibarrola, director de Finanzas de la Presidencia.

“Yo me constituí ahí en Mburuvicha Róga, me reuní con Ibarrola, le comenté tal cual me comentó Hugo, esposo de la señora Can­dado, sin agregar nada, sin sacar absolutamente nada”, dijo Tuma a Abc Color, el 9 de octubre, para soste­ner sus dichos de hace tres semanas, entrevistado por Enrique Vargas Peña.

La Comisión Bicameral de Investigación sobre antilavado mantuvo en la fecha una sesión abierta en la que participaron algunos periodistas dedicados a la investigación y analistas. En ese marco, fue invitada la periodista y directora de la Unidad de Investigación de Nación Media, Rossana Escobar, quien realizó una presentación de su trabajo basado en indagaciones que realizó sobre un grupo de organizaciones sin fines de lucro que se han convertido en grandes corporaciones por la enorme cantidad de dinero recibido, tanto del exterior así como también de recursos provenientes del Estado paraguayo.

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Escobar comenzó señalando que toda la información a la que accedió fue gracias a la Ley de Acceso a la Información Pública, así como la colaboración de personas que están entorno a estas organizaciones civiles que cansadas de la situación del gran festín que se hace con el dinero de afuera y del Estado comprometido.

Indicó que el estudio a las oenegés comenzó hace como 2 años, y que llegó a todo esto a raíz de una serie de otras investigaciones que tienen que guardan relación con otras oenegés, que parecieran ser otras organizaciones, pero que en realidad tienen otros nombres pero vinculados al mismo grupo de personas. Remarcó que ha encontrado que detrás de este grupo de ONG está siempre el mismo grupo de personas, llamativamente políticos de la oposición.

“Quiero aclarar que no están mal las oenegés, nadie quiere satanizar a las organizaciones porque también quiero decir que hay oenegés que trabajan muy bien. Pero están otras organizaciones no gubernamentales que son en realidad grandes corporaciones por el volumen de dinero que reciben y ejecutan. Podrán ver que las que están a la cabeza y que de alguna forma están direccionando la opinión pública, tergiversando y contaminando lo que es una lucha anticorrupción. Podrán notar que todas están lideradas por políticos”, precisó.

Rosana Escobar indicó que cuando se habla de financiamiento político en campañas electorales no se debería pensar solo en lo económico, ya que hay muchas formas de “sponsorear” en política: puede ser una entrevista en medios de prensa o promoción en redes sociales, pero señaló que se ha colocado a una buena parte de políticos de la oposición, a los que les cuestionó porqué no conformaron su partido político.

Mencionó además que detrás de los grupos políticos, también hay algunos periodistas “que se hacen llamar expertos y que también tienen la exclusividad de participar en estos debates. Además a agencias publicitarias que canalizan las campañas de comunicación”, acotó.

Señaló que esta es una forma de financiar a gente que tiene ideas y que cree está bien. “Creo que llegó el momento de sincerarnos, y saber quién es quién, cuánto cobran y sobre todo el impacto. Saber qué beneficios trae para la ciudadanía, para el Estado paraguayo, teniendo en cuenta que es el que firma los convenios con el organismo multilateral internacional a través de la Cancillería de la República”, mencionó.

En otro momento, la periodista Escobar confirmó ante el plenario que todo este esquema de operación de oenegés con políticos involucrados sigue vigente con los mismos actores. “Lo que cambia muchas veces, son los nombres de proyectos, pero sigue siendo el mismo grupo. Reitero, que estamos hablando de un grupo reducido, que parece mucho, pero en realidad no son muchos. Es un grupo cerrado de gente, que gana muy bien con las consultorías”, precisó.

Mencionó que esta situación ya está generando mucha decepción, porque tuvo oportunidad de hablar con los miembros de la coalición por la legalidad. Indicó que muchas organizaciones civiles que confiaron, pero que no supieron nunca que había tanto dinero de por medio, y que algunos líderes estaban cobrando.

Otro de los invitados de la CBI fue el presidente de Cañas Paraguayas Sociedad Anónima (Capasa), José Ocampos, quien expuso que su presentación no va contra aquellas oenegés que llevan una gestión loable y en beneficio de los sectores más vulnerables. Lo que sí señaló que está notando una grave infiltración e injerencia de ciertas oenegés que están buscando introducir ciertas ideologías en el país.

“Estamos ante una de las políticas de infiltración más grandes de la historia del Paraguay”, remarcó luego de presentar ante el pleno una serie de documentos, publicaciones y videos que evidencia su teoría.

“Se corrieron las cortinas y nos enteramos de los millones de dólares y millones de euros que entidades privadas envían al Paraguay para que algunos compatriotas trabajen por el dinero en la imposición legal de esas políticas de Estado de intereses privados de empresas en el país. Un verdadero ejército de legionarios 2.0 que por dinero entregan a su país para trabajar en temas de educación, salud, temas culturales, ni qué decir temas ambientales”, expresó.

Asimismo, la CBI invitó al periodista Enrique Vargas Peña, quien en constantes ocasiones ha denunciado la violación del artículo 126 de la Constitución Nacional por parte de algunas oenegés insertas en algunas instituciones del Estado; porque están buscando a través de sus medios, filtrar sus estrategias de gobernanzas que colisionen con la democracia que se tiene en el país, poniendo incluso en riesgo su estabilidad.

En conclusión, señaló que está muy de acuerdo con que se apruebe la ley de transparencia de las oenegés, y considera muy importante, que esta CBI pueda determinar si se están violando las normas de financiamiento político.

“Creo que es justo que todos sepamos quién es quién, y donde está parado, pero para eso, la gente no tiene que tener miedo. La lucha por la opinión publica depende de una cosa fundamental, de que nosotros los que estamos de lado del Paraguay, seamos los defensores de la democracia, de la libertad. Cuando logremos, eso, ellos quedarán como el proyecto autoritario. Uno de ellos, es el proyecto del Foro Económico Mundial, y lo reafirmo categóricamente”, sostuvo.

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El jefe de prensa del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), Iván Valdez se disculpó y presentó su renuncia luego del bochornoso episodio en donde amedrentó vía WhatsApp a la periodista de investigación que encabezó una serie de publicaciones que dejó al descubierto los millones de guaraníes que facturan al Estado a través de proyectos poscovid.

“El CIRD tiene una línea comunicacional seria y respetuosa con la opinión pública. Como institución pedimos disculpas a la opinión pública y a la periodista Rosana Escobar. Hemos recibido la nota de disculpas y renuncia de Iván Valdez y el presidente ejecutivo lo ha aceptado”, escribió a través de X esta organización sin fines de lucro (ONG), en la tarde del martes 7 de octubre.

En la nota presentada ante el CIRD, Valdez pese a pedir disculpas, trata de justificar el ataque contra la periodista alegando que “estaba muy nervioso” y exime de responsabilidad a la institución y asegura que fue una actuación personal.

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Agustín Carrizosa, presidente del CIRD, cuenta con un clan familiar que recibió dinero de los contribuyentes en concepto de “honorarios”. Mediante proyectos posteriores a la pandemia del covid-19, que supuestamente apuntaban a la “reactivación económica”, recibieron al menos G. 6.093 millones del Estado.

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La institución se muestra hermética ante la solicitud de documentos y datos respecto a los servicios prestados a instituciones como el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sina­focal), Ministe­rio del Trabajo, Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y el Sistema Nacional de Promo­ción Profesional (SNPP) y el último suceso fue el amedrentamiento del jefe de prensa tras la investigación que se hizo pública.