El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

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Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

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Los cuadros de alergia recrudecen y constituyen uno de los principales motivos de consulta en los hospitales. Los casos están asociados a la polución, contaminación ambiental e intolerancia a ciertos alimentos, según el doctor Juan Carlos Sisul. “La alergia ha aumentado. Hablamos de la contaminación, la alimentación. Vemos muchísimos casos de intolerancia o alergia al gluten, al trigo, a la leche, pero también incide mucho lo que es el medioambiente”, dijo a la 1020 AM.

El uso indiscriminado de antibióticos también favorece la aparición del asma en los niños. Así también el mal manejo de la enfermedad alérgica o la falta de diagnóstico oportuno, inciden en la salud. Los niños y las personas de la tercera edad son los más afectados por la enfermedad.

Preocupa además la contaminación por la circulación de vehículos en mal estado. Los motociclistas son quienes más aspiran el material particulado de la combustión del diésel, conforme explicó el médico.

“La alergia es una situación multidisciplinaria, la cual el alergólogo tiene que trabajar con el pediatra, con el clínico que es el médico de cabecera. Y con el otorrino, el dermatólogo, el gastroenterólogo. Entonces, tenemos que trabajar todo en equipo cuando los síntomas se van cronificando”, remarcó.

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El alergólogo indicó que se debe diferenciar la alergia de la intolerancia a los alimentos. “La intolerancia puede revertirse una vez que identifiquemos. Ahora tenemos unos métodos de diagnóstico bastante precisos, diagnósticos moleculares, es como la huella digital del paciente”, manifestó.

Aclaró que la manifestación de ambas afecciones son prácticamente iguales y alteran la calidad de vida del paciente y de todo su entorno familiar. “Cuando un niño es alérgico y no está manejado por el especialista, hay un mito que dice que al alergista hay que ir a los 5 y 7 años. Es mentira, nosotros podemos tratar hasta intraútero al paciente alérgico”, subrayó.

El doctor Sisul señaló que cuanto más precoz es la consulta con el especialista se podrá detener la marcha alérgica. “La marcha alérgica es la cronificación de los síntomas, la aparición de nuevos síntomas y la intensidad de esos síntomas”, puntualizó.

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Con la llegada del frente frío, el Ministerio de Salud pide a la población que tenga hijos en edad escolar a no enviarlos con síntomas respiratorios o fiebre para evitar contagios. La institución recuerda que es de suma importancia acudir a un centro asistencial para recibir tratamiento y mantener reposo para la rápida recuperación de los niños.

La cartera sanitaria indica que desde el inicio del otoño, que trajo consigo el cambio de clima, aumentaron significativamente los cuadros respiratorios, especialmente en pacientes pediátricos. Resalta que un niño enfermo puede contagiar a sus compañeros y estos a sus vez a sus hermanitos pequeños o lactantes como a adultos mayores con los que convive.

“Atendiendo el aumento de cuadros respiratorios y a efectos de reducir el impacto de estas enfermedades en la comunidad educativa, insta a estudiantes y docentes a no acudir a clases con fiebre, tos, dolor de garganta u otro síntoma respiratorio para evitar contagios”, manifestaron desde la Dirección General de Vigilancia de la Salud.

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Instan a aplicar filtro desde las casas y también en la entrada a la institución educativa como en el aula para una detección temprana de signos y síntomas de enfermedades. “En caso de detectar que un estudiante manifiesta algún síntoma debe contactarse con los padres para que puedan retirar al niño de la institución”, señalan.

• Lavado de manos con agua y jabón, esto se debe aplicar de forma correcta y frecuentemente. Antes de ingresar a las aulas, antes de consumir alimentos, después de utilizar el baño y al regresar a la casa.
• Mantener la ventilación de las aulas, abrir puertas y ventanas, para garantizar el intercambio de aire y de esta manera reducir las probabilidades de contagio de virus respiratorios.
• Se solicita a las instituciones educativas flexibilizar el uso del uniforme en los días de frío. No compartir mate, tereré, vasos, botellitas de agua ni cubiertos.

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El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, fijó para el 4 y 7 de abril la audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El magistrado deberá resolver si manda o no al dirigente opositor al banquillo de los acusados.

El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas. Según la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, se habla de un perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, pago concretado por mercaderías inexistentes.

En la causa se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19, con supuestos fines sociales.

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Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.

En la causa también se encuentran imputados Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.

La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.

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