Miguel Cuevas, quien se desempeñaba como un humilde zapatero en la localidad de Sapucai antes de incursionar en la política, fue condenado el 15 de septiembre de 2023.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) dejó firme la condena de 5 años por enriquecimiento ilícito para el exdiputado y dirigente del departamento de Paraguarí, Miguel Cue­vas, tras declarar inadmi­sible el recurso de casación presentado por su abogado Guillermo Duarte Cacavelos contra el fallo de segunda ins­tancia que había confirmado la sentencia condenatoria en diciembre del año 2023.

Cuevas, quien se desempe­ñaba como un humilde zapa­tero en la localidad de Sapu­cai antes de incursionar en la política, fue condenado el 15 de setiembre de 2023 por no poder justificar un incre­mento patrimonial de G. 1.934.584.283 entre los años 2009 y 2019, periodo en el que se desempeñó en la función pública.

En el caso judicial, Nación Media tuvo un aporte deci­sivo a través de sus inves­tigaciones periodísticas y publicaciones al exponer públicamente las irregulari­dades del vertiginoso e injustificado incremento patri­monial de Cuevas mientras ejercía cargos públicos, como gobernador de Paraguarí y posteriormente como presi­dente de la Cámara de Diputa­dos. La cobertura documentó las pericias contables de la Fiscalía y denunció las cons­tantes chicanas para frenar el juicio oral. Los jueces Elsa García, Jesús Riera y Yolanda Morel integraron el tribunal de sentencia que terminó por condenar a Miguel Cuevas el 15 de setiembre de 2023. La máxima instancia judicial sentó postura luego de casi tres años. A través de la deci­sión también quedó firme el comiso especial y comiso sus­titutivo de sus bienes, además del mantenimiento de embar­gos e inhibiciones de gravar y enajenar bienes inmuebles.

Cuevas además se encuentra inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. El voto de la mayoría estuvo confor­mado por el ministro preopi­nante Eugenio Jiménez Rolón y el ministro Gustavo Santan­der Dans, quienes concluye­ron que el recurso planteado por el exlegislador no cumplió con las exigencias normati­vas del Código Procesal Penal para la instancia extraordi­naria de casación.­

Durante un procedimiento realizado en las primeras horas de la tarde de hoy jueves, la fiscala Fabiola Sosa se constituyó en la sede de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios para la requisa de varios documentos, auditar registros y recabar pruebas tras la fuga de dos privados de libertad.

Entre los documentos, se incautaron además de celulares, notebooks que estaban en el centro penitenciario “Martín Mendoza”, de Emboscada.

Este allanamiento se realiza tras la fuga de dos personas privadas de libertad (PPL), ocurrida en la madrugada del domingo pasado, y lo que derivó en la detención del director de la cárcel de máxima seguridad, y del jefe y subjefe de seguridad del lugar.

Los fugados fueron: Ever Alejandro Ozuna López y Robert Arsenio Merlo Villalba. El primero, procesado por asociación criminal y narcotráfico, el segundo por robo agravado. Los mismos siguen con paradero desconocido.

Te puede interesar: Ministro aclara que centro penitenciario de Emboscada no cuenta con celdas VIP

Igualmente, luego de esta fuga, la fiscala Sosa imputó al exdirector de Inteligencia Penitenciaria, subcomisario Derlis Cáceres, por frustración de la persecución y ejecución penal, ya que el mismo presuntamente se encuentra implicado en la liberación de los presos.

La representante del Ministerio Público, de Emboscada, solicitó prisión preventiva para el exdirector de Inteligencia Penitenciaria. Ayer miércoles se entregó en la Fiscalía de Emboscada para ponerse a disposición de la Justicia.

Sosa mencionó que Cáceres se abstuvo de declarar hoy jueves.

Es de recordar que durante una conferencia de prensa, el ministro Rodrigo Nicora puso en el cargo de director general de Establecimientos Penitenciarios al comisario (R) Óscar Pereira en reemplazo de Rubén Darío Peña Weisensee.

En la ocasión, el viceministro de Política Criminal, dependiente del Ministerio de Justicia, Rubén Maciel Guerreño, presentó su renuncia hoy jueves, ya que su hermano es abogado defensor de uno de los reos “privilegiados” que estaba ocupando una celda diferenciada del penal de “máxima seguridad”, en Emboscada.

Poderosos capos narcos y criminales de alto perfil eran huéspedes de la celda del módulo 7 (planta alta) en el penal de “máxima seguridad”, de Emboscada

El grupo de reclusos estaba formado por: José Pastor Insfrán (caso A Ultranza), Alexandre Rodrigues Gomes (hijo de Eulalio “Lalo” Gomes), Alexis González (caso A Ultranza), entre otros más.

Lea más: Saltan nombres de capos narcos y criminales de alto perfil como huéspedes en celdas VIP

Un operativo masivo de minga ambiental logró recolectar un total de 21 toneladas de residuos en el barrio San Rafael de Ciudad del Este. Los desechos, acumulados en calles y viviendas tras la severa crecida del río Paraná, fueron trasladados, pesados y registrados oficialmente en el vertedero municipal.

Las tareas de limpieza se concentraron inicialmente en puntos críticos como la calle Francisco Martínez, el sector conocido como Lentero y las inmediaciones de la Subcomisaría de San Rafael. El despliegue de las cuadrillas continuará sobre el barrio San Agustín con el objetivo de sanear los sectores anegados.

La intervención interinstitucional fue ejecutada por dependencias de la Municipalidad de Ciudad del Este, con el respaldo de efectivos del Área Naval del Este, la Reserva Naval Activa, el Centro de Reserva N.º 10 y la 3.ª División de Infantería.

La acumulación de basura y el estancamiento de agua representan un severo peligro para la salud pública al favorecer la proliferación de vectores de dengue y leptospirosis. Los reportes oficiales confirman un impacto de 1.230 familias afectadas en diversos barrios de la capital de Alto Paraná, sumadas a unas 40 familias damnificadas en el barrio San Juan de Presidente Franco.

El escenario hídrico regional se vio fuertemente presionado por el río Yguazú, cuyo caudal en las Cataratas del Yguazú alcanzó un pico extraordinario de 16.500 metros cúbicos por segundo, cifra equivalente a 11 veces su promedio habitual.

Frente a esta coyuntura, Itaipú Binacional procedió al cierre de las compuertas de su vertedero tras 26 días de operación continua. La medida técnica busca frenar aportes hídricos adicionales y evitar un nuevo repunte en el nivel del río Paraná que agrave la situación de las comunidades ribereñas.

Dos personas privadas de libertad del Centro Penitenciario Martín Mendoza de Emboscada se fugaron en la madrugada de este domingo, aproximadamente a las 01:00. Los fugados fueron identificados como Éver Alejandro Ozuna López y Robert Arsenio Merlo Villalba, quienes se encontraban alojados en el Módulo 7 de la referida penitenciaría; cabe precisar que dicho módulo no corresponde al sector de máxima seguridad del establecimiento.

El Ministerio de Justicia informó que, ante esta situación, se activaron los protocolos correspondientes y se llevan adelante tareas de búsqueda, rastreo y localización en la zona, en coordinación con la Policía Nacional, con el objetivo de dar con el paradero de ambas personas. Las acciones se desarrollan de manera articulada entre las instituciones intervinientes.

Te puede interesar: Itapúa: trasladan a procesado por abuso que cumplía prisión domiciliaria cerca de su víctima

Asimismo, el Ministerio de Justicia dispondrá la apertura de una investigación administrativa para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el hecho, determinar las posibles causas y establecer las responsabilidades pertinentes.

La institución aseguró que actuará con firmeza ante cualquier irregularidad que pudiera comprobarse: en caso de confirmarse la complicidad de funcionarios penitenciarios, se aplicarán las máximas sanciones previstas en la normativa vigente, sin perjuicio de las responsabilidades penales correspondientes.

Podes leer: Recuerdan que este domingo se realizan cortes de electricidad en el Palacio de Justicia