Un Tribunal de Sentencia resolvió la condena a cuatro años de cárcel de una mujer de 32 años que no denunció el abuso sexual de su hija de seis años por parte de su padrastro y pareja de la condenada. Durante el proceso, la niña fue contagiada de una enfermedad de transmisión sexual.

La agente fiscal Julia González Medina, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes de Ciudad del Este, había pedido una condena de cuatro años de prisión para la madre de la menor, por su complicidad en el abuso registrado contra su hija.

“La acusada fue encontrada culpable de violación del deber del cuidado y frustración de la persecución y ejecución penal por no denunciar el abuso sexual de su hija”, expresaron desde el Ministerio Público. Según el informe, el abuso fue cometido por el padrastro de la niña, y quien además la contagió con sífilis (VDRL).

Podés leer: Alertan sobre estafas con billetes falsos

Durante el juicio se presentaron pruebas que demostraron que la madre violó gravemente su deber legal de cuidar a su hija. Además, de que pese a las lesiones graves y el dolor intenso que sufría la niña no permitió que recibiera la atención médica.

La pequeña fue llevada al Hospital Regional de Ciudad del Este, donde una pediatra informó a la mujer sobre la sospecha de abuso sexual y se activó el protocolo. Pero la madre huyó del hospital con la víctima, impidiendo el procedimiento y el tratamiento médico.

Cuando el estado de la menor empeoró, acudió a otro centro asistencial, donde la médica de turno también confirmó la sospecha de abuso y las lesiones. Se dio aviso a las autoridades, pero la mujer intentó huir nuevamente, todo para proteger a su pareja.

Podés leer: Médico denuncia suplantación de identidad para promocionar medicamento desconocido

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en mayo­ría, declaró inadmisible el recurso de casación presen­tado por la defensa de Laura Villalba, hermana de Carmen Villalba, una de las cabecillas del grupo criminal autodeno­minado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y, por ende, queda firme la condena de 25 años de cárcel más 6 años de medidas de seguridad.

Laura Villalba, conocida como la “enfermera del EPP”, fue condenada por terro­rismo, asociación terrorista, producción de riesgos comu­nes, resistencia y detentación.

Los ministros Luis María Benítez Riera y Carolina Llanes votaron por decla­rar inadmisible el recurso extraordinario de casación, mientras que el ministro Manuel Ramírez Candia votó por dar trámite y estudiar el fondo del caso.

Los ministros consideraron que el escrito presentado por la defensa de Villalba contra el fallo que ratificó la condena no reúne los presupuestos exigidos en la ley para consi­derar el pedido.

En el marco de la investi­gación, se pudo corroborar que Villalba ingresó a Para­guay procedente de Argen­tina el 21 de diciembre del 2019 a fin de integrarse a las filas del grupo criminal por pedido de los líderes, quienes desde la clandestinidad hicie­ron saber esto a los familiares radicados en el vecino país.

Hay que señalar que durante la detención de la mujer, los intervinientes incautaron en poder de la misma un arma de fuego, dinero en efectivo, documentos de identidad de dos menores de edad, quienes serían hijas gemelas de Car­men Villalba y Alcides Oviedo, también varias tomas fotográ­ficas de menores de edad, imá­genes satelitales y cartográfi­cas del Cerro Sarambi, Cerro Guazú y Estancia Cagatá, ubicados en la zona limítrofe entre los departamentos Con­cepción y Amambay, zona de influencia del EPP.

El grupo criminal, que opera en el norte del país, lleva en su haber varios secuestros y ataques a estancias y puestos policiales.

El secretario general de la Asociación Nacio­nal Republicana (ANR), Eduardo González, sostuvo que la agrupación tradicional se encuentra bas­tante sólida para enfrentar a la oposición en las elecciones municipales de 2026.

Deta­lló que el objetivo es superar las 163 intendencias conquis­tadas en el 2021. “Nosotros esperamos superar la marca histórica que hemos obtenido en el 2021, donde llegamos a 163 municipios de 252. Yo creo que por el trabajo que se está realizando desde la Aso­ciación Nacional Republicana y lo fragmentada que está la oposición tendremos resul­tados importantes”, refirió a la 1330 AM.

En el año 2021, los movimien­tos internos más grandes del Partido Colorado impulsa­ron el proyecto de concor­dia basado en la unidad y el diálogo, sin imposiciones de candidaturas tanto para las intendencias y concejalías. La aplicación de esta estrategia política ocasionó que el Partido Liberal Radical Autén­tico (PLRA), haya logrado solo 62 intendencias y los otros partidos y movimien­tos menores de la oposición solo 37 intendencias. “No vamos a perder de vista el fac­tor importante que es man­tener en el poder del Partido Colorado, la Municipalidad de Asunción, recuperar Ciudad del Este y Encarnación que son metas importantes en el análisis que se hace desde el Partido Colorado”, comentó.

Asimismo, González acotó: “Nosotros creemos que tene­mos la confianza de la ciu­dadanía frente a actores de la oposición que tiene una pésima gestión como es el caso del intendente de Ciu­dad del Este, Miguel Prieto. Esto nos da la confianza por ejemplo de que vamos a recu­perar ese municipio, además ya tenemos un candidato de consenso y que es el segundo a nivel país, que es el exgober­nador Roberto González”.

Siguió sosteniendo que “esta­mos viendo que también hay una gran desconfianza en la gestión del intendente Luis Yd, tiene muchos inconve­nientes, incluso hay personas que fallecieron por su inefica­cia, ineptitud”.

En Diputados iniciarán el estudio del informe final remitido por el economista Ramón Ramírez.

El diputado Alejandro Agui­lera, presidente de la Comisión Especial de Intervención de la Munici­palidad de Ciudad del Este, sostuvo que, conforme al informe presentado por el interventor Ramón Ramírez, se observan muchos “puntos oscuros” dentro de la admi­nistración del intendente suspendido Miguel Prieto. Aun así, espera que junto con sus colegas puedan emitir un dictamen objetivo.

En conversación con La Nación/Nación Media, el legislador comentó que para este lunes 18 de agosto está prevista, a las 9:00, la reunión de la comisión especial de la Cámara de Diputados, a fin de iniciar el estudio del informe final remitido por el economista Ramón Ramírez.

“Hay muchos puntos oscu­ros y negros en la adminis­tración de Miguel Prieto; pero, por nuestra parte, vamos a hacer lo que corres­ponda. Vamos a tomar una decisión objetiva, yo confío mucho en la objetividad de los integrantes de la comi­sión y finalmente será la decisión de los 80 diputa­dos que resolverá sobre el destino del intendente de Ciudad del Este”, expresó.

Explicó que la ley no tiene establecido el plazo máximo para el estudio del informe; no obstante, señaló que desde el pasado jueves ya se socializó el informe a todos los miembros de la comisión especial para que lo puedan ir estudiando los volúmenes entregados por el equipo auditor.

“Eso depende de cada miembro, en mi caso, ya estoy leyendo y preparán­dome al respecto, para poder emitir una opinión el lunes. Realmente, no creo que se alargue mucho su estudio. Acá lo que el lunes se va a decidir es que si se dictamina o no ya sobre el informe”, comentó.

“El informe del interventor Ramírez corroboró que se malversaron los recursos de la comuna”, expresó el edil Richard Alfonso.

El concejal esteño Richard Alfonso manifestó que mediante la intervención se habría comprobado la mal­versación de los recursos de la Municipalidad de Ciudad del Este, bajo la gestión del inten­dente Miguel Prieto, siendo el segundo municipio más grande del país en lo que respecta al manejo presupuestario.

En comunicación con La Nación/Nación Media, el edil se refirió a la manifestación de una turba de funcionarios afi­nes a Miguel Prieto, el jueves pasado, en el predio munici­pal. Mientras que, esa noche, se denunció que fue violentado el despacho del interventor Ramón Ramírez.

“Al final de cuentas, no entiendo por qué hicieron toda esa turba que hicieron el jueves, siendo que el interventor vino para eso, para hacer su trabajo de audi­tar y controlar todo y encontró irregularidades en el manejo de la municipalidad. Lo cual no se trata de un hecho menor, porque estamos hablando de la segunda municipalidad más grande hablando presupuesta­riamente”, comentó.

Remarcó que, conforme al informe del interventor Ramírez, se corroboró que se malversaron los recursos de la comuna, dando un mal uso del dinero de los contribuyen­tes y eso quedó plasmado en el informe final. Destacó que el propio interventor confirmó que la forma que se maneja­ron esos recursos no fue la correcta.

“El informe es bastante extenso, todavía no lo he podido terminar, pero en lo que ya leí se están corroborando todas las observaciones y denuncias que hizo la Contraloría General de la República”.

Aguilera dijo que será la mayo­ría lo que decida, si dictamina a favor o no de la destitución del intendente Miguel Prieto, podría salir un dictamen único, como se dio cuando se aprobó la intervención de Asunción; o dictámenes diferentes, a favor y otro en contra, ya sea en mayoría o minoría.

Indicó que esos dictámenes se pondrán a consideración de la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, que luego decidirá si pone a consideración del plenario en sesión ordinaria o convoca a una extraordinaria para el efecto.

“El informe es bastante extenso, todavía no lo he podido terminar, pero en lo que ya leí se están corroborando todas las observaciones y denuncias que hizo la Contraloría Gene­ral de la República. En el uso irregular de más de G. 29.000 millones, que era uso de gasto capital, que se usaron para transferencia de entidades sin fines de lucro, para obras, pero no tenían documentos respal­datorios fue corroborado por el interventor”, puntualizó.

Mencionó que también se corroboró que se usaron más de G. 10.000 millones que fue­ron transferidos al Consejo local de Salud, entre el periodo 2019 y 2022, donde casi G. 6.000 millones no cuentan con respaldo suficiente sobre su uso.

Destacó otras denuncias que fueron surgiendo como el caso de la caja paralela, denunciada penalmente por Ramírez ante el Ministerio Público; así como los estados contables que prácti­camente no se pueden analizar porque no tienen consistencias.