El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del destituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa técnica presentó varios incidentes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institucionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia especializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.

“Cuando el Ministerio Público formuló la imputación (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particular, pero hoy en día se sostiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución político, judicial, siendo que todas las informaciones se basan en elementos de administraciones anteriores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo“, afirmó Corbeta, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción detalló que, para la formulación de la imputación, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a través de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este.

“La causa judicial se encontraba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presentadas en su momento. En este sentido, la primera situación que nunca se pudo concretar en la investigación es la aplicación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar o obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evitar la aplicación de medidas cautelares que fueron solicitadas con la imputación del Ministerio Público en julio del 2023″, recordó Corbeta.

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El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio del 2024, inmediatamente se presentaron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del proceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.

“Presentaron un montón de incidencias con el objeto de que la causa sea derivada fuera de la competencia natural del juzgado, en este caso, es una competencia especializada en la materia de delitos económicos y siempre han intentado llevar el expediente en Ciudad del Este y todas estas cuestiones son hoy en día consideradas como actos que responden a una mala fe procesal”, puntualizó Corbeta.

Los procesados en la causa son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.

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El marco de la revisión anual de la califica­ción soberana de Para­guay para el 2025, por parte de Moody’s, un equipo de repre­sentantes de la cartera eco­nómica del país mantuvo una reunión con la delegación de la calificadora internacional. El equipo fue representado por el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernán­dez Valdovinos, junto con el viceministro de Economía y Planificación, Felipe Gonzá­lez Soley, y el equipo del Vice­ministerio.

Por su parte, la delegación de Moody’s estuvo encabezada por Samar Maziad, vicepresi­denta y analista sénior, e inte­grada por Dylan Walsh, ana­lista asociado. Esta dialogó con el ministro de Economía sobre los avances registrados por el país a un año de haber alcan­zado el Grado de Inversión.

Hace un año atrás, Paraguay obtuvo el histórico Grado de Inversión el 26 de julio de 2024, por Moody’s. Con una calificación de Baa3 en julio de 2024, se avanzó al primer esca­lón del nivel, pero todavía que­dan 9 para lograr la excelen­cia, por lo que se enfatiza que hay mucho trabajo por hacer. Incluso, ante el desafío de no retroceder.

En este sentido, durante la reu­nión se resaltó el sólido des­empeño económico reciente de Paraguay frente a sus pares con Grado de Inver­sión, así como las proyeccio­nes que prevén un crecimiento robusto del 4,4 % para 2025, pese a un entorno interna­cional desafiante.

En materia fiscal, se presentó el cierre de 2024, en el que Paraguay cum­plió su meta de déficit del 2,6 % del PIB.

Este resultado estuvo respaldado por un sólido des­empeño tributario, con un cre­cimiento interanual del 20,3 %, y por una gestión prudente de los recursos adicionales. Se destaca que el país alcanzó un nivel récord de presión tribu­taria sin incrementar las tasas impositivas.

Asimismo, se subrayó que la deuda pública de Paraguay se mantiene entre las más bajas de sus pares y se pro­yecta que disminuya en el mediano plazo, apoyada en favorables perspectivas de crecimiento económico y en un avance decisivo hacia la consolidación fiscal pre­vista para el 2026.

Adicional­mente, se resaltó la mejora del perfil de la deuda en dimen­siones clave, como la gradual desdolarización del endeu­damiento público y la exten­sión de plazos, resultado de una administración activa de los pasivos.

También se pre­sentaron los avances en la implementación de las refor­mas estructurales y el nuevo paquete de diez leyes econó­micas orientadas a impulsar la inversión privada y moder­nizar el Estado.

Paraguay mantiene actual­mente la calificación de Grado de Inversión con la agencia Moody’s y se encuen­tra a un escalón de alcanzarla con Fitch Ratings y Standard & Poor’s.

El ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, aseguró que se está pagando el subsidio a transportistas como se había acordado. Al respecto, recordó que el acuerdo que se firmó con los empresarios del sector fue de un pago por mes.

El alto funcionario respondió a las consultas periodísticas sobre este tema. En ese sentido, enfatizó que el Gobierno está cumpliendo con los pagos, desembolsando los subsidios una vez al mes, conforme al cronograma acordado.“Todos van a recibir una vez por mes lo que les corresponde”, afirmó.

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También se refirió al reclamo de los empresarios, que desde hace unos días volvieron a exigir el desembolso del subsidio pendiente del mes de julio. Al respecto, el titular del Centro de Empresarios del Transporte Público de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam) César Ruíz Díaz, apuntó nuevamente al Viceministerio de Transporte.

Ante esto, el ministro pidió tener en cuenta lo que se firmó en el acuerdo. “Le pido que lea el acuerdo, dice que se va a pagar uno por mes. Es lo que estamos pagando, no me pueden pedir a mí que pague dos veces por mes. Con el pago de uno por mes estamos cumpliendo”, enfatizó.

El titular de la cartera del Tesoro aseguró que no existen privilegios para nadie, ya que a todos se está pagando uno por mes, es decir, tanto el pago de salarios, pago a los proveedores de farmacéuticas, a las empresas de construcción, a todos se les está haciendo el pago como corresponde.

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El equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) acudió este martes a la Cámara de Senadores para analizar en una audiencia pública el proyecto de ley que prevé la reforma del transporte público.

En su intervención, el ministro Carlos Fernández Valdovinos habló de un cambio de enfoque en el financiamiento del sistema, con el objetivo de dar previsibilidad a las inversiones y acelerar la modernización del servicio, a través de un fideicomiso de administración que concentre y gestione los recursos del sector, para garantizar un flujo constante para sostener la operativa y las mejoras.

“Es un esquema que da certeza al sector privado y permite proyectar a largo plazo”, aseguró Fernández Valdovinos y remarcó que la meta es contar con un transporte público más eficiente, seguro y cómodo para los usuarios.

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Valdovinos explicó que el fondo se nutrirá de tres fuentes: el billetaje electrónico, las multas aplicadas a las empresas y el actual subsidio al transporte, que ronda los USD 50 millones anuales y cubre el 47 % del costo de la tarifa.

Dijo que en lugar de destinar ese dinero exclusivamente a compensar el precio del pasaje, el MEF plantea canalizarlo hacia un plan de renovación de flota e infraestructura. “Podemos usar los USD 50 millones anuales del subsidio para inversiones estratégicas, como renovar la flota de ómnibus, y así transformar y modernizar el transporte público para beneficio de la ciudadanía”, precisó.

Con este esquema, el Gobierno apunta a cambiar la cara del servicio, dejando atrás unidades obsoletas y mejorando la experiencia diaria de miles de pasajeros.

Entre los aspectos más innovadores del proyecto, se propone separar la provisión de flota de la operación del servicio, estableciendo contratos diferenciados para evitar la dependencia de los operadores actuales en la adquisición de buses.

Como medidas inmediatas, se realizará una ampliación del servicio nocturno Búho, la incorporación de 30 buses eléctricos en un plan piloto y el uso de plataformas digitales como Google Maps para brindar información a los usuarios.

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