Al cierre de agosto, la ejecución presupuestaria de la Administración Central alcanzó los G. 46 billones, equivalente al 54 % del total asignado para este año, de acuerdo con el Informe Financiero de la Dirección General de Presupuesto, dependiente de la Gerencia de Gestión Financiera del Estado del Viceministerio de Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El reporte señaló que el 65 % de la ejecución acumulada durante los primeros ocho meses del año se concentró en dos rubros principales: servicios personales, con una ejecución de G. 16 billones, equivalente al 35 %, y transferencias, que absorbió G. 14 billones, correspondiente al 30 %.

En el caso de servicios personales, los recursos fueron destinados prioritariamente a garantizar la operatividad de los pilares del bienestar ciudadano, con énfasis en el pago de remuneraciones a docentes, personal de blanco y fuerzas públicas.

Mientras que por el lado de transferencias los recursos permitieron mantener el financiamiento ininterrumpido de los programas sociales, además de cubrir el pago de jubilaciones y pensiones de la Caja Fiscal, dando cumplimiento oportuno a los compromisos asumidos por el Estado, según informó la cartera económica.

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El informe también destaca que durante los ocho meses del año se priorizaron recursos para compromisos vinculados a salud pública e insumos médicos. En este contexto, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) ejecutó G. 334 mil millones adicionales, con lo que alcanzó una ejecución total de G. 2,1 billones, frente a los G. 1,8 billones registrados en el periodo anterior.

Estos recursos fueron destinados al cumplimiento de los compromisos pendientes con la industria farmacéutica y a garantizar el flujo permanente de suministros en los establecimientos de salud.

Del total del presupuesto ejecutado al cierre del octavo mes del año, el Poder Ejecutivo concentró G. 43 billones, equivalente al 94 %, destinados al sostenimiento de áreas prioritarias del Estado. Se destacan las ejecuciones correspondientes al MEF con el 33 % equivalente a G. 14 billones, el Ministerio de Educación y Ciencias con el 17 %, el MSPBS con el 14 %, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones con el 10%, el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) con el 8 %, y el Ministerio del Interior con el 7 %.

De los G. 14 billones ejecutados por la cartera económica, la mayor parte se destinó al cumplimiento de distintos compromisos del Estado, entre ellos, los pagos a jubilados y pensionados de la Caja Fiscal, las transferencias a gobiernos subnacionales y el cumplimiento de la deuda pública con los organismos multilaterales. A agosto el 67 % del gasto ejecutado, equivalente a G. 31 billones fue financiado con recursos provenientes del Tesoro Público.

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El mandatario Santiago Peña encabezó este viernes la ceremonia por el Día del Agente de Policía y de Santa Rosa de Lima, patrona de la institución, que se celebran cada 30 de agosto; y aseguró que en el segundo tiempo de su gobierno seguirá potenciando el sistema de seguridad interna con mayores recursos, equipamientos y mejores condiciones de trabajo para los efectivos.

“Seguro para ustedes no es una novedad que les diga que ser agente de la policía es mucho más que una profesión, es una auténtica vocación de vida, de servicio. Es importante decirlo en voz alta, ser agente de la policía es mucho más, es el compromiso de cuidar la tranquilidad de cada familia paraguaya, muchas veces arriesgando lo más sagrado que un ser humano posee, su propia vida. Son ustedes quienes protegen a los paraguayos, cuando se les necesita acuden y ofrecen lo mejor de sí mismos”, indicó.

Peña agregó que “un Paraguay gigante solo es posible con seguridad. Por eso, en nombre de todos los paraguayos quiero agradecer, honrar y reconocer la labor de todos los agentes de la policía, el esfuerzo de los miles de hombres y mujeres que visten con orgullo su uniforme, los miles de agentes que nos hacen sentir seguros de su trabajo. Son la coraza de nuestro pueblo”.

El jefe de Estado sostuvo que la ciudadanía necesita de una policía “más cercana, más profesional, más ética y eficiente”, capaz de garantizar calles seguras y responder con firmeza ante los delincuentes; a lo que argumentó que el Gobierno debe acompañar esas exigencias con herramientas adecuadas.

“Desde el Gobierno de Paraguay les ofrecemos a ustedes todo nuestro apoyo, mejores equipos, más vehículos, más chalecos, más compañeros con quienes compartir el peso de la enorme responsabilidad que ejercen”, puntualizó.

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Peña acotó: “No podemos exigir sin antes ofrecer. No podemos pedir sin dar a cambio mejores condiciones para que puedan hacer su trabajo con las garantías y con las herramientas que merecen. En este presidente y en este Gobierno tendrán siempre un aliado incondicional para combatir el delito y dignificar su valor”.

Mientras que el comandante de la Policía Nacional, César Silguero Lobos, resaltó que el sacrificio de los policías y comentó que el fortalecimiento del talento humano forma parte de uno de los pilares de la institución. Además, recordó a los 557 policías caídos en la era democrática y expresó solidaridad con las familias de los compatriotas que permanecen secuestrados.

Agregó también que el trabajo policial debe estar acompañada de capacitación permanente, transparencia y coordinación con otros entes del Estado con la finalidad de fortalecer la seguridad interna.

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La Fiscalía pidió este lunes la inclusión de la declaración del titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la apertura del juicio al exintendente esteño Miguel Prieto, en el marco de la causa Tía Chela, y que fue rechazada por la defensa de los once acusados en el caso que juzga un presunto desvío de G. 2.130 millones en compra de kits durante la pandemia. Además del eventual testimonio de Agustín Encina, de DNCP, el Ministerio Público solicitó que se introduzca en la carpeta el pedido que se había realizado en la etapa de incidentes, que es el cambio de marcas de los productos y mercaderías licitadas.

El fiscal Silvio Corbeta presentó informes obtenidos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la Contraloría General de la República (CGR) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit) sobre la adquisición de productos del kit de alimentos, pero los abogados defensores, tanto de Prieto como de los demás acusados, se opusieron a la inclusión probatoria.

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“Consideramos importante introducir este testimonio, así como los pedidos de informe, debido a que no existe ninguna constancia en la carpeta fiscal de que esta nota haya sido tenida en cuenta por parte de la Dnit, de la Contraloría General de la República y de la DNCP en la conclusión de sus respectivos informes para, para la determinación de uno de los elementos de tipo de lesión de confianza que es el perjuicio patrimonial”, argumentó el fiscal Corbeta.

Mientras tanto, la defensa argumentó que el incidente presentado por el Ministerio Público no hace parte de una prueba nueva y que la nota referida al cambio de marcas de productos ya se encuentran en la carpeta de investigación. Afirmaron que no se oponen a la inclusión de nuevos elementos probatorios y los pedidos de informes, pero sí a la testifical del director de la DNCP.

Por otra parte, la defensa también solicitó la inclusión de más de 120 testigos, como también la autorización de la transmisión en vivo de la audiencia a través de las redes sociales que responde a Miguel Prieto, bajo el argumento que se trata de una figura política y aspirante a la presidencia de la República.

La audiencia fue a un cuarto intermedio y se retoma a las 13:00 de esta jornada, informaron.

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Tras varias chicanas rechazadas en todas las instancias y nuevos intentos de seguir dilatando el inicio del juicio oral y público, este lunes el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, debe responder ante la Justicia por el supuesto mega negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia del covid-19, en el caso conocido como “Tía Chela”. El perjuicio patrimonial sostenido por el Ministerio Público supera la millonaria suma de G. 2.130.036.016. La audiencia oral comenzará a las 08:00.

Además de Prieto —quien cuenta con otras dos acusaciones por negociados y centenares de denuncias en trámite—, deberán estar sentados en el banquillo de los acusados: Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Sebastián Martínez Insfrán, director de Desarrollo Social; José Félix Cáceres Galeano, jefe de Desarrollo Comunitario.

La lista de acusados sigue con: Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes; Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas; Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisición y Suministros; Cirle Alcaraz Ramírez, encargado de Órdenes de Pago; Nelson Segovia Acevedo, tesorero; Fermín Ávalos Britos, propietario de Tía Chela SRL; y Emili Vanessa Florentín Páez, propietaria de la firma Vanemi SA.

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El Tribunal de Sentencia que tendrá a su cargo juzgar a Prieto y a los demás procesados está conformado por los jueces Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel. Por su parte, el fiscal del caso es Silvio Corbeta, quien tendrá que sostener la acusación. El representante del Ministerio Público cuenta con sobrados elementos probatorios para demostrar la gravísima responsabilidad de Prieto y de cada uno de los procesados en el presente caso.

En el juicio, la Fiscalía sostendrá la acusación en la cual se menciona que Prieto causó un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016. Para el Ministerio Público, el exintendente encabezó un esquema de corrupción que se instaló en el municipio y estuvo conformado por funcionarios a su cargo, quienes habrían operado para el desvío de recursos municipales.

El 25 de marzo del año 2020, en plena pandemia, el intendente opositor Miguel Prieto anunciaba con bombos y platillos en sus redes sociales que estaba distribuyendo víveres a las comunidades carenciadas. Según explicó a la Contraloría General de la República, estos víveres los adquirió a través de una contratación de urgencia a la firma Tía Chela SRL. El inconveniente es que, según los papeles, este contrato con la empresa de víveres se concretó recién el 27 de marzo del 2020, pero Miguel Prieto ya estaba publicando los videos jactándose de la entrega el 25 de marzo; es decir, dos días antes.

Curiosamente, el 27 de marzo de 2020, el mismo día que la municipalidad firmaba el contrato con Tía Chela SRL, se producía la primera entrega de 15.000 kits de los 25.000 que debían proveerse, y se elaboraba la factura de crédito. Es decir, la licitación se encontraba apenas en proceso, pero dos días antes, Miguel Prieto ya estaba haciendo pública la entrega de alimentos, exhibiendo incluso canastas en sus videos.

El Ministerio Público llegó a la conclusión de que Miguel Prieto se aprovechó de su cargo de ordenador de gastos para hacer uso y abuso de los recursos, comprando kits de alimentos que, en realidad, no fueron proveídos por Tía Chela SRL.

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Prieto deberá enfrentar otro juicio oral por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, tras un perjuicio patrimonial estimado en más de 300 millones de guaraníes. Así lo resolvió en su momento el juez Penal de Garantías, Humberto Otazú, quien elevó a juicio oral y público el “Caso Tajy”.

Igualmente, el exjefe comunal de Ciudad del Este, Miguel Prieto, soporta un tercer caso penal junto a otras 10 personas por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza, en una investigación vinculada al uso de fondos municipales destinados a obras en el Hospital Regional de la capital de Alto Paraná.

En el presente proceso penal, siete de los once imputados ya admitieron los hechos de corrupción cometidos por Prieto y otros, lo que robustece la teoría del Ministerio Público en la causa contra el exintendente de Ciudad del Este. El perjuicio patrimonial en este tercer proceso sería de G. 757 millones, en el marco de trabajos que no se realizaron correctamente en el Hospital Regional de Ciudad del Este entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.