El Ministerio de Salud confirmó que en la ciudad de Ayolas militares que custodiaban un albergue dieron positivo al coronavirus.
En el informe del COVID-19 de este martes se incluirá a los contagiados con el virus, adelantó el ministro Julio Mazzoleni durante conferencia de prensa.
Los uniformados son de la ciudad de Ayolas, donde tenían a su cargo la custodia de un albergue ubicado a metros de la entrada de la represa de Yacyretá, donde se encuentran compatriotas que llegaron del exterior.
De momento no se manejan detalles sobre el nexo que originó el contagio, no obstante, en las próximas horas se darán a conocer más datos.
La preocupación pasa por los contactos que habrían tenido estos militares, no solamente en el ámbito laboral, sino también a nivel comercial.
Lea también: Confirman nuevo caso y suman 3 positivos al COVID-19 en cárcel de CDE
Casos en Alto Paraná
En el departamento de Alto Paraná también se registraron cincuenta y cuatro casos positivos de COVID-19 en las filas militares. Del total de confirmados seis ya están recuperados y fueron dados de alta. El resto se encuentra cumpliendo con la cuarentena correspondiente.
Además, veintitrés uniformados se encuentran en un motel que está siendo utilizado como albergue, mientras que los restantes están cumpliendo la cuarentena en el destacamento 3ra. División de Infantería, en la ciudad esteña. Estos militares realizaban guardias en los cuatro albergues habilitados en Alto Paraná y en las penitenciarías de esa región.
Te puede interesar: Alto Paraná sigue sin laboratorio para pruebas de COVID-19
Dejanos tu comentario
Pensión para adultos mayores: Rojas advierte sobre campaña de manipulación política
El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, advirtió que existe una campaña de manipulación con fin político e ideológico en torno a la pensión universal para adultos mayores que apunta principalmente a que el programa sea administrado y ejecutado por las municipalidades, situación que considera un retroceso.
“Hay una manipulación, mala intención e incluso una especie de politización y esto lo digo con absoluta responsabilidad. Hay personajes que se hacen llamar líderes de ese sector que se pasan incitando con una intención de ideologizar y generar una suerte de reacción popular”, advirtió al programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media.
Las afirmaciones de Rojas surgieron ante la manifestación realizada el lunes y martes pasado por un grupo de 600 personas de la tercera edad, provenientes en su mayoría de Central y Caaguazú, que exigieron la inmediata inclusión de los ciudadanos de 65 años de edad al programa de asistencia y su renuncia, pese a que la ley 7322/24 fija la inclusión automática por criterio de la edad de mayor a menor, conforme a la disponibilidad presupuestaria.
“Les recibimos en la sala de reuniones, entraron 35 representantes más o menos, les escuchamos, pero sale la cabeza del grupo y plantea cuatro cosas clave, que cobren la totalidad de las personas de 65 años de edad sin discriminación de forma inmediata, que se aumente la pensión al 50 % del salario mínimo y hoy el monto es de 25 %, que se eliminen las cuentas que se bloquean por falta de movimiento y por último algo que me llamó la atención pidieron que vuelvan a las municipalidades la administración del programa“, remarcó.
Ante dichos requerimientos, Rojas les detalló que el ministerio solo es un órgano de aplicación de la ley y que es el Congreso Nacional la institución encargada de plantear modificaciones de acuerdo a la disponibilidad financiera. Señaló también que es necesario contar con un dictamen técnico/financiero para evaluar la sostenibilidad del programa.
Leé también: Núñez rechaza ocultamiento de datos sobre licitaciones con dinero de Taiwán
Igualmente, el ministro les explicó que el presupuesto destinado al programa es de USD 495 millones anuales y que sus requerimientos demandarían un monto de USD 630 millones anuales a las arcas del Estado.
“Les expliqué y brindé respuestas a todos sus requerimientos y en cuanto a que el programa sea administrado por las municipalidades, es un retroceso. No es que yo piense que las municipalidades no puedan manejarlo, sino que realmente ahí vamos a volver a entrar en un famoso censo de datos con altos costos para el Estado, vamos a volver a entrar en este es mi amigo y este no es mi amigo“, dijo.
El secretario Estado acotó: “Cuando yo les dije todas las dificultades, reaccionaron incluso agrediendo. Yo tuve que pedir permiso y retirarme de la reunión, luego ellos salieron a las calles a pedir mi renuncia. Yo les dije que mi renuncia la tiene el presidente de la República, Santiago Peña, desde el primer minuto en que firmó el decreto de mi nombramiento, es él quien puede disponer del cargo“.
Te puede interesar: Líder Amarilla salpicado a red narco busca apoyo institucional del PLRA
Dejanos tu comentario
Plan antinarco de Uruguay prevé ampliar la presencia militar en fronteras
El gobierno de Uruguay presentó el jueves un plan de seguridad pública centrado en la lucha contra el narcotráfico, que prevé ampliar las competencias de las fuerzas armadas y aumentar la presencia militar en las fronteras. Es “una estrategia nacional de seguridad”, dijo el presidente izquierdista Yamandú Orsi, al dar a conocer la iniciativa, que para su puesta en marcha requiere aún aprobación del Congreso.
Uruguay, un pequeño país sudamericano de 3,5 millones de habitantes considerado uno de los más pacíficos de Latinoamérica, ha registrado un repunte de la criminalidad en los últimos años, atribuido en gran parte a un aumento del narcotráfico. El ministro del Interior, Carlos Negro, dijo que el gobierno pretende ampliar las competencias de las Fuerzas Armadas en el control del narcotráfico y la vigilancia de las fronteras.
“Queremos ampliar el ámbito de jurisdicción que le corresponde a las Fuerzas Armadas”, afirmó junto a Orsi. También se busca ampliar las competencias de la vigilancia castrense. “Esto se traduce en un centro de comando unificado en seguridad de fronteras que va a compartir la información que recaban los medios tecnológicos”, de las Fuerzas Armadas y la Policía, precisó Negro.
El ministro destacó que, desde la llegada de Orsi al poder, en marzo de 2025, se incautaron más 9 toneladas de droga y más de 250 millones de dólares en sustancias, efectivo y bienes.
Uruguay no produce cocaína, pero en los últimos años se detectaron en puertos europeos grandes cargamentos de droga que pasaron por Montevideo, lo que parece indicar que el país se convirtió en un lugar de acopio.
Al aumento de homicidios relacionados con el narcotráfico se sumó en 2025 una nueva señal de alerta cuando la fiscal de Corte y reconocida fiscal de estupefacientes sufrió un atentado a su casa, que se saldó sin heridos.
La Policía detuvo a varias personas en relación con el caso, pero apuntó como uno de los posibles autores intelectuales al uruguayo Sebastián Marset. Considerado uno de los máximos capos del narcotráfico en el Cono Sur americano, Marset fue capturado este mes en Bolivia y enviado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos de lavado de activos.
El gobierno de Oris pretende también penas más duras para el porte ilegal de armas en lugares públicos, y nuevo soporte tecnológico para luchar contra la violencia de género y los ciberdelitos.
También se plantea avanzar en la construcción de dos cárceles de máxima seguridad anunciadas por Orsi este mes, al cumplir un año en el cargo. Uruguay es uno de los países de Sudamérica con mayores tasas de población carcelaria, con cerca de 17.000 personas, y 10,3 homicidios cada 100.000 habitantes en 2025.
Fuente: AFP.
Dejanos tu comentario
Pensión para adultos mayores no está en riesgo y es ejecutado a “rajatablas”, afirma Rojas
“Nosotros vamos a cumplir con lo que establece la ley a rajatablas, sin discriminaciones ni distinciones. Si se cambia la ley (7322/24) y se mejoran las cosas, bienvenido sea”, dijo el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, este jueves, al desmentir publicaciones periodísticas en donde se afirma que la ejecución del programa de adultos mayores se encuentra supuestamente en riesgo a raíz de la “economía de guerra”.
“Existe una ley vigente que fija la inclusión automática por criterio de la edad de mayor a menor, conforme a la disponibilidad presupuesta. El compromiso del gobierno es seguir fortaleciendo el programa y llegar hasta los adultos mayores más desprotegidos“, afirmó el secretario de Estado al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, tras su reunión de ayer con el presidente Santiago Peña para exponer avances y siguientes etapas del subsidio para adultos mayores, actualmente en la franja de 69 años.
Las afirmaciones del ministro surgieron ante la manifestación realizada el lunes y martes últimos por un grupo de 600 personas de la tercera edad, provenientes en su mayoría de Central y Caaguazú, quienes exigen la inmediata inclusión de los ciudadanos de 65 años de edad a la asistencia.
Lea también: Falleció el exministro del TSJE, Alberto Ramírez Zambonini
Rojas acotó: “Salió en un medio periodístico que supuestamente está en riesgo el programa con la mal llamada economía de guerra. La misma está destinada a las instituciones públicas que deben recortar gastos superfluos, el Gobierno ratificó claramente que los programas sociales, las inversiones, medicamentos y obras públicas serán prioridades, pero nunca falta quienes tergiversan“.
Detalló que con la vigencia de la norma 7322/24 que establece la Pensión Universal para Personas Adultas Mayores, el gobierno de Peña ya incluyó en el programa de asistencia estatal a 58.000 nuevos beneficiarios con la eliminación de la figura del censo.
“Cerramos el mes de marzo con 360.283 adultos mayores que reciben la asistencia, se realiza una inversión de USD 41 millones mensuales, el cual representa un poco más de USD 490 millones anuales en el presupuesto, si se llegase a la posibilidad de incluir de manera inmediata a las personas que están pendiente estaremos necesitando un promedio aproximado de USD 130 millones mensuales“, dijo.
Te puede interesar: Senado posterga por dos semanas reforma de Caja Parlamentaria para mejor estudio
Dejanos tu comentario
Condenan a militares y otros por tráfico de precursores químicos
Un tribunal de sentencia, integrado por Federico Rojas, María Luz Martínez y Dina Marchuk, condenó a penas de entre 10 y 12 años de cárcel a dos militares paraguayos y tres civiles (entre ellos, dos ciudadanas bolivianas), tras ser hallados culpables de tráfico de precursores químicos para la elaboración de cocaína y contrabando. Asimismo, se ordenó el comiso de varios vehículos de gran porte hallados en el destacamento militar que funcionaba como base logística.
Los condenados son los militares Alberto Martínez, jefe del destacamento “Gabino Mendoza”, sentenciado a 12 años de prisión, y Alcides Hermosa, a 11 años. Entre los civiles, el chofer del camión, Gustavo Cáceres, recibió una pena de 10 años, al igual que las bolivianas Paulina Herrera y Patricia Toco, según informó el fiscal Luis Said.
Los antecedentes refieren que el 2 de agosto de 2021, Cáceres, Toco Delgadillo y León Herrera fueron sorprendidos en el cuartel militar ubicado en la línea fronteriza de Alto Paraguay.
En el lugar, poseían varios tambores con ácido clorhídrico, sustancia controlada y precursor clave para la cocaína. El Ministerio Público demostró que el objetivo era trasladar los químicos a Bolivia, plan que fue frustrado por el operativo.
Podes leer: Muerte del director de Tacumbú: dieron a conocer resultado de la autopsia