El diputado Roberto González presentó esta semana un proyecto de ley que busca modificar seis artículos de la ley que establece la pensión universal para adultos mayores, con el objetivo de extender este beneficio a las personas con discapacidad severa, independientemente a su edad.

La iniciativa plantea modificar los artículos 3°, 7°, 8°, 10, 12 y 17 de la Ley N° 7322/2024, ‘Que establece la pensión universal para las personas adultas mayores y dispone beneficios de acceso e inclusión’”.

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La propuesta legislativa surge como respuesta a lo que el parlamentario considera una “omisión significativa” en la ley original, que dejó desprotegida a una población vulnerable que enfrenta barreras importantes para su inclusión social y económica.

Según la exposición de motivos la Ley 7322/2024 nació con el propósito de otorgar un ingreso económico mensual equivalente al 25% del salario mínimo, a personas vulnerables que, por su edad o condición física, no pueden acceder al mundo laboral.

“La mencionada ley no contempla a personas con discapacidad severa de cualquier edad, dejando desprotegida a una población vulnerable que aparte de las carencias y dolencias físicas, debe sobrellevar costosos tratamientos médicos”, argumenta el diputado en su escrito de presentación.

Agrega que el proyecto encuentra sustento en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, ratificada por Paraguay, que en su artículo 28 establece el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado, incluyendo acceso a protección social.

Refiere, igualmente, que el documento se apoya en el artículo 25 de la Constitución Nacional, que reconoce específicamente los derechos de las personas con discapacidad, y busca garantizar el principio de vida digna consagrado en la Carta Magna.

Algunas de las modificaciones incluyen la incorporación de las personas con discapacidad severa certificadas por la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Sinadis), como beneficiarias de la pensión mensual no menor al 25% del salario mínimo, independientemente a la edad.

Además, crea el “Fondo de Pensión a Personas con Discapacidad Severa” como complemento al fondo existente para adultos mayores. Así como establece que el Ministerio de Economía y Finanzas debe crear un objeto de gasto específico para el pago de pensiones tanto a adultos mayores como a personas con discapacidad severa.

Mantiene las mismas restricciones para acceder al beneficio, excluyendo a quienes reciban remuneraciones del sector público o privado, contribuyan al Impuesto a la Renta o posean más de 30 cabezas de ganado.

González argumenta finalmente que la medida no solo promoverá la inclusión social, sino que también aliviaría la carga económica de las familias que cuidan personas con discapacidad severa.

Es importante mencionar que también existe otro proyecto que persigue el mismo fin, que fuera presentado por un grupo de legisladores de la Cámara de Diputados.

Se trata del proyecto de ley “Que modifica el artículo 3º de la Ley N° 7322/2024 ‘Que establece la pensión universal para las personas adultas mayores y dispone beneficios de acceso e inclusión’”.

Este proyecto establece que las personas con discapacidad severa, constatadas y certificadas por la Sinadis, podrán acogerse a los beneficios de la presente ley a los sesenta años de edad.

Por otro lado, estipula y aclara que para acogerse a este beneficio bastará que el postulante tenga un grado de discapacidad igual o superior al 50% (cincuenta por ciento).

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El senador colorado Natalicio Chase considera que la eliminación del subsidio al transporte público obliga a un estudio mucho más complejo que una decisión administrativa. Indicó que no se puede tomar alegremente decisiones parlamentarias, sin analizar las consecuencias que pudieran traer.

El líder de la bancada oficialista brindó su parecer respecto a la propuesta presentada esta semana por su colega liberal Líder Amarilla, que plantea la eliminación del subsidio estatal destinado al sector del transporte público en el área Metropolitana.

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Explicó que para llegar a la eliminación total del subsidio se requiere de un sistema de transformación profundo; ya que, al eliminar ese subsidio, va a repercutir directamente al costo del pasaje al ciudadano de la clase trabajadora.

“No es una cosa que alegremente se pueda tomar una decisión parlamentaria, sin contar con los estudios correspondientes. Llegado su momento se hará el estudio que corresponda con las autoridades del sector de transporte”, expresó.

El senador Chase remarcó que este estudio no pasa simplemente por una decisión política; sino que se trata de una decisión liberal, en el sentido liberal de la economía, no en referencia al partido político; y que sea aplicado a la fuerza sí sería muy perjudicial para la clase trabajadora.

“Necesariamente se requiere de una transformación del sistema para reconstruir el costo del pasaje. Ya que hoy en día el subsidio está incluido en el costo del pasaje, y si se saca eso ahora, deberá subir en algún lado, alguien necesariamente va a tener que asumir el costo y es ahí que va a afectar a la clase trabajadora”, explicó.

Remarcó que es un sistema complejo y que prefiere dejar este análisis al ministerio de Obras Públicas, al viceministerio del Transporte, que haga el estudio que corresponda.

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El senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Líder Amarilla, presentó este martes la propuesta que plantea la eliminación del subsidio estatal destinado al sector del transporte público en el área Metropolitana.

El legislador propone que los USD 40 millones sean destinados a programas sociales. Está demostrado que el sistema de transporte público es un fracaso en el departamento Central y área metropolitana. En el año 2011 se implementó esto para que no aumente el precio del pasaje, pero desde ese tiempo hasta la fecha, el combustible fue bajando gradualmente, por ende, el costo operativo; pero ellos siguen percibiendo este dinero", comentó.

Detalló que en el transcurso de todo esos años, el sector transportista del área metropolitana recibió un total de USD 200 millones. Agregó que subsidiar solo a este sector representa una “discriminación” contra los ciudadanos que se movilizan en el interior del país.

“Este año tendrán otros USD 40 millones, imagínense todo lo que se puede hacer con ese dinero. Ninguna otra actividad económica que genere lucro, dinero, es subsidiado de esta manera en el Paraguay, por qué el sector transporte tiene que ser beneficiado, esto es una injusticia enorme", indicó en una entrevista con los medios de comunicación.

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Recordó que el subsidio estatal fue otorgado a los empresarios del transporte bajo la condición de que impulsen mejoras en el servicio “pero hasta la fecha esto no sucedió, no mejoró el servicio, no hubo inversiones importantes, pese a los USD 216 millones que se desembolsó”.

Amarilla siguió sosteniendo que “el dinero destinado se puede utilizar para cubrir programas sociales a nivel nacional“.

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• Víctor Pavón (*)

El subsidio no se hace con la intención real de bajar el precio como algunos pretenden hacer creer. La política de subsidio se creó y se elevó en cantidades multimillonarias a un grado intolerable que terminó en una rosca de beneficiarios del dinero público y que no son los usuarios.

Al respecto, días atrás el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, afirmó que los subsidios al transporte público de pasajeros deben eliminarse, motivo por el cual esta nota tiene como objetivo señalar, primero, sobre lo correcto de dicha afirmación y, segundo, profundizar sobre los efectos dañinos de los subsidios.

Los subsidios en el transporte de pasajeros han creado un esquema de corrupción e ineficiencia donde sale perdiendo el usuario y ganan algunos del sector, ligados a políticos que distan de mucho en beneficiar a los demás.

El propósito de establecer el precio del pasaje mediante un subsidio es una trampa, una trampa contra los bolsillos de la gente para de ese modo seguir cargando sobre los usuarios la calamidad de un transporte público que no sirve a la gente, sino que se sirve de ella.

El subsidio –como toda política intervencionista– distorsiona los mecanismos de mercado que se transmiten por medio de los precios. En efecto, si hay una lección que hasta los mismos socialistas más ortodoxos han comprendido luego de sus continuos fracasos de querer terminar con el mercado libre, esa lección se denomina señales de los precios que permiten crear e intercambiar bienes y servicios de calidad en la sociedad.

El servicio del transporte público no es diferente a otros, como el servicio que hace un zapatero, un enfermero, un albañil o el servicio de entrega de pizzas o hamburguesas.

Todos estos servicios no tienen otra intención que obtener un beneficio en dinero, de modo a capitalizar continuamente el negocio. En el transporte público no hay razón alguna que impida funcionar el mercado, con controles de calidad, frecuencias e inspecciones de los vehículos.

El transporte público es un buen negocio, se gana buen dinero, pero se tiene que dar un buen servicio, al igual que los fabricantes de pizzas o hamburguesas que continuamente compiten por conseguir clientes satisfechos o ¿acaso a los transportistas hay que tratarlos como privilegiados?

Los precios envían señales que surgen de la interacción entre oferentes y demandantes, entre los que compran y venden, entre los que ofrecen un servicio y los que desean contar con el mismo.

El mercado está emitiendo una señal positiva a futuras ganancias debido al crecimiento del parque automotor en el Área Metropolitana. Nuevos oferentes o empresarios estarían dispuestos a obtener beneficios. No hay mejor sistema que la competencia sirviendo con calidad y buen precio al usuario del transporte de pasajeros.

(*) Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES). Miembro del Foro de Madrid. Miembro del Consejo Internacional de la Fundación Faro. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”: “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la Libertad y la República”