Descreo de lo contrafáctico. Me aporta más certezas lo que pasó, lo que pasa, aunque con más frecuencia de lo admisible no lo comprenda.

• Por Ricardo Rivas
• Periodista X: @RtrivasRivas
• Fotos: Gentileza

Jorge Luis Borges (1899-1986) aseguró, tal vez en Madrid, quizás en 1984, defender “la pena de muerte porque es más pia­dosa que la cárcel, que es terrible”. De allí que, desde las últimas horas de la noche del miércoles último, pensé una y otra vez en qué hubiera dicho el viejo maestro sobre la no ejecución de Christa Gail Pike (50) en Tennessee.

Pasa que aquel día en que dijo lo que dijo al diario El País, de España, también habló sobre su idea de la cárcel para argumentar y fundamentar sobre aquella opción en favor de “la pena de muerte”. Por­que “he conocido gente que ha estado encarcelada (y así pienso porque si el encierro) fuera una celda solitaria (…), pero tener que convivir con el hampa tiene que ser terrible”.

¿Más que ser asesinado? “Si uno está en un calabozo uno puede tratar de pen­sar, puede meditar, recor­dar”, dice. Increpa luego a su entrevistadora, la colega Fie­tta Jarque (70). Le recuerda que “le está hablando a un ciego” y va por más: “Un ciego está condenado a una cárcel (y) la muerte no es peor (por­que) puede ser la desapari­ción, la anulación, el olvido, el sueño (…). Morir puede ser tan grato como dormir, lo hacemos cada noche”.

Allí está una de mis interminables incomprensio­nes. Christa Gaile Pike (50) debiera haber muerto el miércoles pasado. Pero no sucedió. Dos veces los verdu­gos del Instituto de Máxima Seguridad de Riverbend, en el estado de Tennessee, inten­taron asesinarla (ejecutarla) para cumplir con la justicia que la condenó a morir el 30 de marzo de 1996 porque –en enero de 1995, cuando tenía dieciocho, junto con Tadaryl Shipp, novio de Pike– asesi­naron a Colleen Slemmer (17), una compañera de estu­dios, en un bosque al que la atrajeron con engaños.

Los sicarios estatales fraca­saron. Su cómplice, Shipp, todavía está en la cárcel. Allí estará a perpetuidad. Esa es su condena. La ley impide aplicar la pena de muerte a un menor de edad en el momento en que cometió el crimen del que se lo acusa. Cuando asesinaron a Colleen tenía diecisiete.

Bill Lee (66), gobernador tenesiano, a través de un comunicado informó oficial­mente que ordenó “una revi­sión exhaustiva por parte de un tercero para determinar exactamente qué ocurrió” y suspendió otra ejecución en ciernes porque “hacer cum­plir una sentencia impuesta legalmente es una de las res­ponsabilidades más serias del Estado, y el pueblo de Tennessee espera que se haga de una manera que no solo sea legal y constitucio­nal, sino también efectiva”.

Jonathan Skrmetti, fiscal general de ese estado, coinci­dió. “Necesitamos saber qué sucedió”, dijo en un comu­nicado. “El Departamento Correccional de Tennes­see siguió al pie de la letra el protocolo de ejecución legal, establecido por el Estado y aprobado por la fiscalía gene­ral”, aseguraron los cancer­beros del penal.

“La sustancia química uti­lizada en la inyección letal ha demostrado ser eficaz de forma constante y el proto­colo no contempla procedi­mientos adicionales más allá de los realizados esta noche”, se excusaron. Cerca de la medianoche de este vier­nes Christa Gail aún vive. Al parecer inconsciente. “En estado crítico”, según sus abogados. El sicariato esta­tal –con dolo o con culpa– incumplió.

¿Y ahora qué? “Los casos en los que las personas sobre­viven a una ejecución crean un verdadero dilema para el sistema legal” estadou­nidense, dijo el académico Austin Sarat a la CNN. Antes de Christa Gail, hubo otros casos. Sin embargo, el suyo es bien diferente de los ante­riores. En dos siglos, ninguna otra mujer fue condenada a muerte en Tennessee y, luego de recibir dos dosis de pen­tobarbital (fármacos leta­les con frecuencia utiliza­dos para eutanasia humana o animal) que en forma efec­tiva ingresaron en su cuerpo, sigue con vida. Su corazón late. Respira.

“Voy a dejar este mundo como he vivido la mayor parte de mi vida. Y eso es con amor. Estoy en paz, estoy lista para ser libre. Este es un día feliz”, fueron pero no fueron las últimas palabras de Christa Gail Pike. “La muerte no es peor (que la cárcel). Morir puede ser tan grato como dormir, lo hace­mos cada noche”. Es pala­bra de Borges. Lo recuerdo, aunque respetuosamente rechazo su parecer.

Los abogados que patrocinan a Christa procuran estable­cer si acaso hubo mala praxis. Randy Spivey, uno de ellos, destaca esa posibilidad. El debate –permanente– en los Estados Unidos y en el mundo acerca de la pena de muerte entre quienes están a favor y quienes se oponen escala.

“No soy jueza en el fuero penal. Pero en el tema de la pena de muerte estoy total­mente en contra”, me dice desde Washington DC Vivian López Núñez, magistrada paraguaya que se encuentra allí en viaje de estudios.

Una de las dieciséis líderes globales 2025 por la Uni­versidad de Yale, Vivian fija posición: “La idea de la pena de muerte me supera. Estoy a favor de la vida. De todas formas, técnicamente, en un país donde hay pena de muerte, si una sentencia judicial condenatoria ordena la ejecución de una persona, el Estado tiene que ejecu­tar. Hay jurisprudencia que indica que el hecho de que la persona que debe ser eje­cutada no haya muerto –lo que en Estados Unidos suce­dió no menos de ocho veces desde hace ochenta años– no exonera al reo o rea de la ejecución. Mis colegas aquí, docentes e instructo­res, me explican que (aun cuando Christa Pike, luego de dos intentos siga con vida) no la pueden dejar morir – vaya contradicción– ‘por­que sería inhumano’. Deben darle atención médica para que, de ser posible, se recu­pere en su salud. Así es la ley en este país en el que la pena de muerte es legal y se aplica en veintisiete estados”.

La colega periodista Cathe­rine Sweeney, de WPLN (90.3 FM – Nashville Public Radio), luego de precisar que cubrió “todas las ejecuciones de 2025 y la mayoría de las de 2026”, sostiene que “nada de esto (lo sucedido) fue nor­mal. No habíamos visto nada igual. Todo salió muy mal”.

¿Cómo está Christa? “Desco­nocemos cuál es su pronós­tico y tampoco tenemos una actualización sobre su estado de salud”, responde el abo­gado Spivey. “Sabemos que está viva en este momento y recibiendo tratamiento para salvar su vida”, agrega. Una buena parte del debate público aborda la ineficien­cia del estado de Tennessee para matar (ejecutar).

“Nos ha demostrado otra vez que es incapaz de lle­var a cabo una ejecución de manera consistente con la dignidad humana básica. Lo que pasó anoche no solo fue ineficiente, también fue cruel (...) y predeci­ble”, acusa. Los periodis­tas Benjamin Mueller y Shaila Dewan recuerdan en The New York Times que “las inyecciones (letales) solían (desde muchos años) ser administradas por perso­nal penitenciario con escasa formación médica (porque) la mayoría de los médicos y anestesiólogos se negaban a asesorar o participar en el proceso por motivos éticos”.

¿Será posible demandar al estado de Tennessee por una posible mala praxis para asesinar? Sí. Incluso, entre magistradas, magistrados y operadores de justicia en general que se desempeñan en el sistema de los Estados Unidos plantean –también como problema– las resisten­cias éticas y múltiples obje­ciones de conciencia que emergen desde los colectivos profesionales y productivos involucrados en la aplicación de la pena de muerte que se niegan a hacerlo.

¿Ejemplos? El sector farma­céutico que prefiere no sumi­nistrar pentobarbital o simi­lares a los estados donde se aplica la pena de muerte. Una alta fuente judicial, desde los Estados Unidos –cuya iden­tidad no estoy autorizado a revelar– en las últimas horas consideró como “muy pro­bable” que los abogados que patrocinan a Christa deman­den al estado por lo sucedido y admitió que “este caso rea­bre el debate nacional sobre la pena de muerte”.

Después que Pike se recu­pere, ¿qué pasará con la sen­tencia? ¿Intentarán ejecu­tarla nuevamente? “Podría ser así. Hay que cumplir con la condena impuesta”, opinó la misma fuente que, además, apuntó sobre “el enorme costo que exigen estos proce­dimientos judiciales” porque “como toda práctica médica, como las que ahora se rea­lizan sobre Christa para recuperarla en su salud, en los Estados Unidos son muy caras y, si se recuperara, téc­nicamente habría que esta­blecer una nueva fecha para ejecutarla. Un jurado popu­lar la declaró culpable y la magistratura reguló la pena que se le debe aplicar como lo prescriben la Constitución y las leyes”.

¿Quiénes proveen las sustan­cias letales? Las leyes en Ten­nessee clasifican esa infor­mación como “confidencial” y, por ello, tanto la identidad de las personas como de las entidades que se involucren para que se cumpla con una pena de muerte “son datos protegidos”. ¿Todos? “Sí. Desde quienes proveen las sustancias y productos quí­micos como quienes los dis­tribuyen, venden o los profe­sionales (médicos, médicas, enfermeros, enfermeras) que los aplican”.

De hecho, laboratorios enor­mes como Baxter, Lundbeck, Johnson & Johnson, Pfizer, por mencionar solo algunos, decidieron restringir o pro­hibir las ventas y/o distribu­ción de sus medicamentos a los sistemas carcelarios o a intermediarios cuando saben que esos productos se aplican en ejecuciones.

Tennessee, justamente por esas políticas, ha tenido que recurrir para proveerse a farmacias que –con contra­tos de extrema confidencia­lidad– producen sustancias letales con fórmulas magis­trales (compounding phar­macies) para disponer en el pasado reciente básica­mente de tres drogas: mida­zolam, bromuro de vecu­ronio y cloruro de potasio; y, más recientemente, el ya mencionado pentobarbital –barbitúrico potentísimo–, pero cuyo proveedor es des­conocido para evitar que el dato lo conozca la opinión pública.

Poco más de 110 países abo­lieron totalmente la pena de muerte. Cerca de medio cen­tenar la mantiene. Un grupo reducido de ellos la practica regularmente. Así sucede en Irán, Arabia Saudita (decapi­tación o fusilamiento), Irak, Yemen, Egipto, Kuwait, Emi­ratos Árabes Unidos, China, Corea del Norte, Vietnam, Singapur, Afganistán, Japón (ahorcamiento), Taiwán, Somalia, Sudán del Sur, Estados Unidos.

Otros Estados –aunque en sus legislaciones tienen la pena capital– son categori­zados como “retencionistas” porque no la aplican o evi­tan las ejecuciones con mora­torias. Así suele suceder en India, Pakistán, Bangladés e Indonesia. En ellos, cien­tos de personas condenadas están “en espera”.

Algo parecido ocurre en Nige­ria, Kenia y República Demo­crática del Congo. También en Bielorrusia que, de cum­plir las sentencias, lo haría con fusilamiento. En Lati­noamérica, Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala y Perú la mantienen como pena en el ámbito de la justicia mili­tar. En el Caribe anglófono, Trinidad y Tobago, Guyana o Jamaica está en plena vigen­cia, pero no suele ejecutarse porque las sentencias firmes no son emitidas ni ratifica­das por las cortes regionales.

Como bien lo admitió la jueza Vivian López Núñez, luego de reiterar que se opone “visceralmente a la pena de muerte”, señala que “desde la perspectiva técnica del derecho, la pena capital no se considera cumplida –eje­cutada– hasta que se verifica la muerte biológica de la per­sona condenada. (Y, en ese contexto) el procedimiento fallido (como sucede con Christa Pike) está incom­pleto porque no se consuma el objeto material y legal de la pena que es privar de la vida” a la persona condenada.

“De todas formas –agrega la magistrada paraguaya– aquí en Washington, donde sesionamos desde varios días mujeres juezas, numerosas juristas y académicas, enfati­zaron en que luego de los dos intentos fallidos nos encon­tramos frente a un escena­rio complejo no solo desde la perspectiva del derecho, sino también ético”.

Otra fuente consultada – también desde la capital esta­dounidense a través de una llamada de Whatsapp– que exigió reserva sobre su identi­dad porque “integro un tribu­nal de apelación y no quisiera ser eventualmente recusada por expresar mi opinión”, entiende que “será impres­cindible saber por qué falló dos veces en la ejecución el estado de Tennessee y, luego, discernir si someter a la con­denada a un nuevo intento no constituye un ‘doble castigo (no bis in idem, en latín)’ por­que muchos juristas interpre­tan que llevar nuevamente al reo a la cámara de ejecución no corresponde porque se extinguió la potestad puni­tiva y, por ello, no puede ser ejercida”, precisó, aun­que recordó que “en varios casos la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó ese criterio”.

Por su parte, la doctora López Núñez estimó que “someter nuevamente a Christa Pike a agonizar en vida, a invitarla a pronunciar sus últimas pala­bras, a ser atada una vez más a una camilla, podría consi­derarse como una forma de tortura extrema, de práctica cruel que le causaría enorme sufrimiento. Habrá que ver”.

¿Qué pasará con Christa, entonces, que pese a estar en un establecimiento de salud permanece todavía en el “corredor de la muerte”? Randy Spivey, uno de sus abo­gados, reflexiona y dice a la prensa que quiere saber: “Tras haber soportado más de 20 años de confinamiento soli­tario y un intento completo de matarla mediante inyección letal, Christa ha sufrido un castigo mayor que cualquier otra persona en la historia de la pena de muerte estadou­nidense. El gobernador debe conmutarle la sentencia a Christa ahora mismo”. Amén. U-meyn. Así sea.