• Jorge Zárate
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La experta Andrea Vera Aldana entiende que el encierro prolongado sin proyecto educativo-laboral aumenta la reincidencia y reproduce exclusión. “La evidencia histórica y doctrinaria muestra que el paradigma socioeducativo y restaurativo es más eficaz, humano y compatible con obligaciones internacionales, mientras que el punitivismo ya nos costó condenas y estigmatización y no sirvió para ningún fin en favor de los adolescentes y la sociedad”, expone en esta entrevista.

La abogada Andrea Vera Aldana, doctora en derecho y exmiembro del Tribunal de Apelación Penal Adolescente de la Capital, considera respecto al aumento del marco penal para crímenes en adolescentes que “un endurecimiento legislativo es contrario a los compromisos internacionales asumidos por Paraguay y puede incluso generar responsabilidad internacional, como ocurrió en el caso Centro Educativo Panchito López vs. Paraguay, donde la Corte IDH condenó al Estado por violaciones graves de derechos humanos”, apuntó.

“Actualmente hay unos 50 adolescentes en el Centro Educativo Itauguá frente a los más de 18.000 privados de libertad adultos en todo el país. Es decir, la delincuencia adolescente es mínima (esto sumado al casi 70 % de población joven en Paraguay) frente al fenómeno global de la criminalidad adulta. Por tanto, de modo alguno puede justificarse un aumento de pena, porque de hecho solo se basa en estigmas y no en datos estadísticos, científicos o jurídicos”, expone.

–¿Qué opina sobre el endurecimiento de penas para los adolescentes que cometan crímenes?

–El endurecimiento de penas es regresivo, contrario a la Convención sobre los Derechos del Niño y a la experiencia histórica del país. No soluciona la inseguridad, profundiza la exclusión y expone al Estado a nueva responsabilidad internacional. La verdadera alternativa es apostar por un modelo de justicia juvenil restaurativa, inclusiva y respetuosa de la dignidad humana.

–¿Cambia en algo esta situación? De regir, ¿producirá algún efecto?

–Esto no cambia el marco internacional. Aunque la reforma esté vigente, Paraguay sigue obligado por la Convención sobre los Derechos del Niño y por la jurisprudencia de la Corte IDH.

La primacía de los tratados internacionales en materia de derechos humanos (art. 137 CN) implica que cualquier ley contraria es inconstitucional. Es decir, es potencialmente inconstitucional, ya que al contradecir principios como el de que la privación de libertad debe ser último recurso y por el tiempo más breve, la reforma puede ser objeto de acciones de inconstitucionalidad y de control de convencionalidad por parte de jueces nacionales. Entiendo que busca un efecto simbólico inmediato, puede satisfacer la demanda social de “mano dura”, pero ese efecto es pasajero. No reducirá la criminalidad juvenil.

–¿Qué alternativas hay a estas medidas?

–El camino alternativo está en profundizar el paradigma de la protección integral, que significa mirar al adolescente no como “enemigo”, sino como sujeto de derechos y de oportunidades. El desafío no es castigar más, sino garantizar condiciones para que ningún adolescente necesite delinquir para sobrevivir. Esa es la verdadera política de seguridad y justicia.

–¿Cuáles son algunas medidas concretas que pueden citarse?

–El recorrido histórico y doctrinario muestra que hay caminos más eficaces y humanos como las medidas no privativas de libertad a través de los programas de justicia restaurativa que involucran el diálogo entre víctima y adolescente, reparación simbólica o material, la aplicación del instituto procesal de la remisión prevista en el Art. 242 del Código de la Niñez y la Adolescencia. También el trabajo comunitario supervisado, que responsabilice sin segregar y los programas socioeducativos a través de escuelas de segunda oportunidad y formación técnica dentro y fuera, además de los programas culturales, deportivos y de oficios que fortalezcan la autoestima y los proyectos de vida.

–Como exmagistrada con amplia experiencia en materia penal adolescente, ¿qué políticas públicas sugerirías poner en marcha de manera inmediata?

–Es fundamental la prevención temprana con políticas de apoyo a las familias, protección frente a la violencia y cobertura social efectiva. Acceso garantizado a salud mental y programas de adicciones para adolescentes en riesgo. Transformación de los centros educativos. Pasar de lugares de encierro punitivo a verdaderos espacios socioeducativos. Invertir en infraestructura, personal capacitado y proyectos productivos (panaderías, talleres, energía limpia, etc.).

–¿Cuáles son algunas de las medidas más inmediatas que deberían tomarse?

–Pensamos en un plan de intervención de 100 días con algunos elementos que considero relevantes como descongestionar los centros de reclusión priorizando reglas de conducta, libertad asistida y trabajo comunitario supervisado para delitos sin violencia. Que haya unidades de justicia restaurativa en cinco capitales departamentales (existe un plan piloto desarrollado en Lambaré como antecedente y verificación de su funcionalidad). También una defensoría técnica temprana y especializada que intervenga desde el primer contacto policial, que se combine con una instrucción obligatoria a comisarías más tarjetas de derivación rápida a servicios sociales y de tratamiento de adicciones, por ejemplo.

–¿Cuál le parece que es el principal desafío que se plantea frente a esta realidad?

–La gran tarea es cambiar la mirada social sobre la adolescencia en conflicto con la ley. El derecho ya nos dio las herramientas (Convención del Niño, Reglas de Beijing, jurisprudencia de la Corte IDH). Lo que falta es voluntad política, articulación interinstitucional y un cambio cultural profundo. Si no logramos esto, seguiremos oscilando entre avances en el papel y retrocesos en la práctica.

La insistencia en penalizar a menores, en bajar la edad de imputabilidad, aparece de manera recurrente en la agenda pública. Al abordar el porqué de este fenómeno, Vera Aldana expone: “Es lo que llamamos populismo punitivo: frente a la inseguridad, las medidas de ‘mano dura’ generan un efecto de satisfacción inmediata en la opinión pública, aunque sean ineficaces. Se castiga más, pero no se resuelven las causas estructurales”.

Esto se debe básicamente a la persistencia del paradigma tutelar y punitivo disfrazado de protección. “Desde la doctrina de la situación irregular hasta hoy, los Estados latinoamericanos han tenido la tentación de usar la represión como herramienta de control social, sobre todo frente a los sectores más pobres”, sostiene.

Para la abogada, “se da una criminalización de la pobreza porque la mayoría de adolescentes en conflicto con la ley proviene de contextos de exclusión, violencia familiar y falta de oportunidades. Endurecer penas significa, en los hechos, penalizar la pobreza, no reducir la delincuencia”, considera.