El 1 de mayo de 1865 era firmado en Buenos Aires el Tratado de Alianza contra el Paraguay entre los representantes del Imperio del Brasil, la República Argentina y la República Oriental del Uruguay para establecer las acciones bélicas y las cargas que serían impuestas tras la guerra que enfrentó a la entente contra nuestro país entre 1864 y 1870. En esta entrevista con La Nación/Nación Media, el historiador y diplomático Ricardo Scavone Yegros ofrece un análisis de aquel documento desde el punto de vista de los principios del derecho internacional.

• Por Paulo César López
• paulo.lopez@nacionmedia.com
• Fotos: Gentileza

–En el tratado suscrito el 1 de mayo de 1865 por Argentina, Brasil y Uruguay se definió que el objetivo principal de la alianza concertada era hacer desaparecer el Gobierno del Paraguay, al que se conside­raba como una amenaza para la paz, la seguridad y el bienes­tar de los tres Estados signa­tarios. Esto se consignó así, en esos mismos términos. A continuación, se declaró que aquel objetivo debía cum­plirse respetando la sobera­nía, independencia e integri­dad territorial del Paraguay, lo que constituía una falsedad manifiesta, pues la soberanía e independencia paraguayas eran desconocidas y vulnera­das desde el momento que se pretendía alterar el régimen político imperante en el país.

–Tras esto, el tratado, que se mantuvo en secreto por largo tiempo, determinó la organi­zación militar para la conse­cución del objetivo mencio­nado, es decir, los recursos que se aportarían, el comando de las fuerzas, el régimen interno de las unidades e incluso la posibilidad de integrar una legión con los paraguayos que quisieran sumarse. Incor­poró, asimismo, el compro­miso de no deponer las armas más que de común acuerdo y hasta después de derrocar al Gobierno paraguayo, así como el de no negociar la paz por separado y el de respetar la independencia, soberanía e integridad territorial del Paraguay, permitiendo que el pueblo eligiera sus gobernan­tes y se diera las instituciones que viese convenientes. Ade­más, los aliados se obligaron a garantizar la independencia del Paraguay por cinco años y a no absorberlo o ponerlo bajo su protectorado.

–Los tres países concertarían con el nuevo Gobierno para­guayo la libre navegación de los ríos Paraná y Paraguay, allanando las dificultades que antes se habían opuesto al respecto y exigirían la defi­nición de los límites territo­riales conforme a sus aspira­ciones. Para evitar cualquier confusión, el tratado preci­saba cuáles tendrían que ser esos límites. Por otra parte, se consignó que el Paraguay se haría cargo de los gastos de la guerra, pese a que el propio tratado indicaba que la gue­rra era contra el Gobierno y no contra el pueblo, y que se la hacía para garantizar la paz, la seguridad y el bienestar de los países aliados. De tal manera, el pueblo paraguayo, al que en teoría no se quería perju­dicar, tendría que asumir los costos de acciones emprendi­das con la intención declarada de favorecer a otros Estados. En protocolo anexo, se previó asimismo el desarme y la des­trucción de fortificaciones en el país cuya independencia se decía respetar.

–Algunas disposiciones del Tratado de Alianza, suscrito sin mucho tiempo para consul­tas ante el avance de las fuer­zas paraguayas, fueron apre­ciadas por los gobernantes brasileños como contrarias a los intereses de su país. En par­ticular, se cuestionó el com­promiso de obtener el recono­cimiento de las pretensiones de la Argentina al Chaco, lo que importaba un incremento des­mesurado del territorio argen­tino, de sus fronteras con el Brasil y de sus posibilidades de controlar la navegación de los ríos de la cuenca del Plata. Tampoco pareció suficiente­mente garantizada la indepen­dencia del Paraguay que, por razones de equilibrio político y de la libertad para la navega­ción fluvial, el Imperio brasi­leño consideraba indispensa­ble. En consecuencia, la acción de la diplomacia imperial se ocupó de crear las condiciones para que la República del Para­guay subsistiera, que pudiera discutir sus límites territo­riales con la Argentina y que conservara el Chaco Boreal, anulándose el compromiso asumido al respecto en el Tra­tado de Alianza.

–Desde mucho antes de 1864 estaba en el aire la intención de unir fuerzas para modi­ficar el régimen paraguayo, que molestaba al Brasil en su afán de comunicarse con el Mato Grosso, a la Argentina por el monopolio comercial y a ambos países por las difi­cultades encontradas para la delimitación territorial. La reunión de Puntas del Rosa­rio, de junio de 1864, se realizó con el propósito de propiciar un acuerdo entre los bandos enfrentados en la guerra civil uruguaya. Por mediación del canciller argentino, el repre­sentante diplomático bri­tánico en Buenos Aires y el enviado especial del Brasil ante el Gobierno de Montevi­deo, se concretó allí un proto­colo preliminar de paz, que no llegó a perfeccionarse. Pese a su fracaso, esas gestiones tuvieron la virtud de refor­zar la confianza mutua entre la República Argentina y el Imperio del Brasil, al punto de que el emisario imperial les atribuyó haber sido decisivas para permitir, más adelante, la alianza contra el gobierno del presidente Francisco Solano López.

–Pese a que se había previsto que los aliados exigirían la aceptación de los límites determinados en el Tratado de Alianza, se acordó luego, en 1870, que el Paraguay podría proponer y sustentar al res­pecto lo que estimase con­forme a sus derechos. Des­pués, también en contra de lo establecido, el Brasil firmó la paz y definió los límites por separado, quedando la Argentina con menor capa­cidad para imponer sus pre­tensiones, máxime teniendo en cuenta que fuerzas brasi­leñas ocupaban el Paraguay y ejercían efectiva presión sobre sus gobernantes. En el tratado con el Brasil, este país hizo una pequeña concesión llevando el límite en el Paraná hasta el salto de las Siete Caí­das, cuando se había previsto que fuera el primer río al sur de ese accidente geográfico. Creó así un precedente, que daba eficacia a la facultad reconocida al Paraguay para defender sus derechos terri­toriales. Tras esto, en 1876, cuando Argentina concertó sus límites debió resignarse a asegurar el Chaco Central –la actual provincia de For­mosa–, renunciar a sus pre­tensiones sobre la zona com­prendida entre el río Verde y Bahía Negra, y someter la zona intermedia a un arbitraje, que terminó siendo favorable para el Paraguay.

–Pienso que pudieron haber pesado varios motivos para esa determinación. Primero, la tenaz resistencia de los paraguayos y el riesgo que esa resistencia anunciaba de que la influencia del maris­cal López y su sistema con­tinuaran, aunque él partiese al exilio. Tal vez se consideró que, por los extremos a que había llegado la guerra, sería necesario abatir completa­mente al país para imponer las garantías de paz, seguri­dad y bienestar, y los acuer­dos sobre navegación y límites que contemplaba el Tratado de Alianza. Por lo demás, el Imperio, que mantenía fronte­ras con casi todas las repúbli­cas sudamericanas, no podía dejar sin castigo el desafío a su poder que implicó hacerle la guerra y ocupar parte de su territorio. La enérgica e impla­cable reacción contra el Para­guay era un ejemplo de lo que podría ocurrir con cualquier otro Estado vecino que pre­tendiese agredirlo.

–Hay que decir que también en la Argentina hubo dudas o reparos para concertar la paz dejando en pie el régimen imperante en el Paraguay. En uno de mis libros, reproduzco las explicaciones del canciller argentino (Rufino de) Eli­zalde al representante chi­leno, a quien en 1866 dijo que la guerra era cuestión de vida o muerte para su gobierno, porque si se mantenía López en el poder, los enemigos del Gobierno de Buenos Aires encontrarían en él el apoyo necesario para intentar derro­carlo y se desataría una guerra civil más desastrosa que la que entonces se libraba.

–Los países hispanoameri­canos habían consolidado después de la independen­cia, desde el Congreso de Panamá en adelante, una serie de principios tendien­tes a ordenar sus relaciones internacionales. Eran cardi­nales en ese sentido el respeto a la soberanía, la independen­cia y la integridad territorial de los Estados. En su virtud, ningún país podía intentar cambiar el Gobierno del otro ni apropiarse de su territo­rio. Por eso, la develación de lo estipulado por los aliados, que había permanecido en secreto hasta bien avanzada la guerra, generó una generali­zada condena, especialmente en Sudamérica. Los Gobier­nos de Perú y Colombia pre­sentaron sendas protestas y en todos los demás países suda­mericanos –Bolivia, Chile, Ecuador y Venezuela– se hicie­ron sentir objeciones y cues­tionamientos. A esto se sumó un extendido sentimiento de admiración por la resistencia paraguaya.

–A mi juicio, al margen de la iniquidad del Tratado de Alianza y de la discusión sobre las causas que la originaron, la guerra contra el Paraguay pudo justificarse hasta 1866. Después, una vez expulsadas las fuerzas paraguayas del territorio de los países alia­dos, la acción militar aparece como absolutamente inne­cesaria y desproporcionada. En aquel momento, tal como se planteó en la entrevista de Yataity Corá de setiembre de 1866, debió negociarse una paz decorosa, sin imposiciones injustas. El Paraguay había perdido su capacidad ofensiva y soportaba un duro bloqueo; los países aliados demostra­ron que eran más fuertes. Si bien López no había sido derrotado, tendría, natural­mente, que pagar los platos rotos. Sin embargo, se prefi­rió aplicar un escarmiento y destruir para siempre la ame­naza que representaban el Ejército paraguayo y su con­ductor. De suerte que lo que pudo presentarse al princi­pio como legítima defensa se transformó en una guerra sin tregua destinada a destruir al adversario hasta su capitula­ción, con la aceptación incon­dicional de lo que pretendían los vencedores en las cuestio­nes pendientes de límites y navegación, y de los compro­misos pecuniarios y milita­res determinados con anti­cipación. No solo se impuso una enorme deuda de guerra al pueblo que se dijo querer liberar, sino que se le privó de las más elementales con­diciones para su desarrollo. El Paraguay tuvo que recons­truirse penosamente con sus escasas fuerzas.

–Todo esto marcó muy fuerte­mente al Paraguay al punto de que puede observarse que lo que pasó en el siglo XIX con­tinúa generando hondas emo­ciones en los paraguayos del siglo XXI. Aunque la paz se consolidó, los límites terri­toriales se definieron y la vida siguió su curso, se percibe aún en el imaginario colectivo una herida que no ha cicatrizado, y eso se traduce en una sen­sación de permanente ame­naza y de trato injusto en las relaciones con los países veci­nos. No creo que la persisten­cia de esa sensación resulte conveniente. La solución no pasa por mirar hacia otro lado esperando que el tiempo cie­rre la herida. Quizás corres­ponda, en efecto, buscar con el mayor equilibrio, con la mejor buena voluntad, la ver­dad, la justicia y la reparación, aunque esta última solo sea moral.

–Hay cierta corriente historiográfica que atri­buye la autoría moral de la guerra a Inglaterra. Sin embargo, el tratado fue divulgado por el Foreign Office británico. ¿Cómo se explica esta paradoja?

–No ha podido demostrarse la injerencia del Gobierno británico para decidir el inicio o la prosecución de la guerra. De hecho, al prin­cipio Gran Bretaña tenía rotas sus relaciones diplo­máticas con el Brasil, que solo se restablecieron en setiembre de 1865. Como ha explicado el eminente historiador inglés Leslie Bethell, no hay evidencias del interés de aquella poten­cia europea en la derrota del Paraguay, por más que sus agentes diplomáticos en el Plata simpatizaran, en gene­ral, con los aliados, por con­siderar que representaban el progreso y la civilización. Sí está comprobado que los bancos y establecimientos comerciales británicos favo­recieron a la Triple Alianza con la provisión de elementos de guerra y el otorgamiento de empréstitos. Sin embargo, como puntualizó Bethell, se trataba solo de negocios, es decir, de oportunidades que fueron aprovechadas por los intereses privados. Es más, Gran Bretaña intentó mediar para detener la conflagración y dio a publicidad el Tratado de Alianza, con lo que pro­vocó la deslegitimación de la causa aliada y que se produ­jeran protestas en las repú­blicas sudamericanas, por considerar que lo estipulado contravenía principios esen­ciales de convivencia inter­nacional entre los países de América.