La situación de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) fue debatido por Gustavo Giménez, viceministro de Mipymes, y el economista Daniel Correa, ayer domingo en el programa “Fuego cruzado”, emitido por el canal GEN/Nación Media. El sector es considerado como un importante motor en materia económica y en la generación de empleo, pero sigue tropezando con innumerables dificultades.

Pobreza, desprotección social y menor capacidad de recaudación tributaria son algunos de los costos de la informalidad en la que se desenvuelve este sector de la economía paraguaya. ¿Cómo ir superando esta situación que afecta a las Mipymes? ¿Cómo blanquear lo que hoy está en negro en un mercado que, además, está mostrando signos de deterioro en los ingresos reales de sus ramas más dinámicas?

“En el último boletín de formalización que estuvimos presentando hace unos meses, encontramos que hay 450.000 mipymes. La Ley de Mipymes define que vos sos formal con tres cuestiones básicas, el Registro Único del Contribuyente (RUC), estar inscripto tanto en el Instituto de Previsión Social (IPS) y en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess)“, dijo el viceministro de Mipymes del Ministerio de Industria y Comercio, Gustavo Giménez.

Detalló que, de 450.000 mipymes, que representa un 98 %, solo 40.000 son formales. “Tenemos una brecha enorme, pero yo siempre quiero ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Tenemos que darle realmente herramientas a todas esas mipymes para que puedan percibir de que ser formal les conviene“, comentó.

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Agregó que el 88 % de las mipymes son microempresas, que capturan hasta G. 650 millones anuales, mientras que el 10 % son pequeñas empresas, con una facturación anual de entre G. 646 millones a G. 3.230 millones. El 2 % son medianas empresas, con ingresos de hasta G. 7.650 millones.

“Buscamos que la formalidad sea ágil, sea sencilla, no costosa y que sea digital para que no tenga que trasladarse a hacer trámites en entes públicos. Por el otro lado, tenemos el tema del acceso a financiamiento. El 60 % de esas 450.000 Mipymes no tienen una cuenta bancaria. Entonces, ahí nosotros tenemos que buscar la forma de incluirlas financieramente para que puedan recibir el financiamiento oportuno", refirió.

Giménez siguió manifestando que “si te ayudo a formalizarte, te doy acceso a financiamiento, el objetivo también debe ser que puedas facturar más, queremos darte negocios. Y ahí tenemos varias herramientas que estamos empezando a experimentar".

Añadió que una de ellas guarda relación con las compras públicas. “En la nueva ley de compras y suministros públicos, las mipymes tienen una reserva de mercado del 20 %. La primera experiencia, quizás, que estamos haciendo en la implementación de esto, tiene que ver con el programa Hambre Cero, donde logramos que aquellas 25 empresas ganadoras de licitaciones, obligatoriamente tienen que comprar a las mipymes y a productores de la agricultura familiar”, puntualizó.

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Por su parte, el economista Daniel Correa sostuvo que “el primer dato que se debe tener en cuenta es que 3 de cada 4 empleos creados en Paraguay, están en las micro, pequeñas y medianas empresas. El empleo puede ser tanto formal o informal",

Manifestó que el sector continua enfrentando “una maraña demasiado grande de procesos administrativos” que impiden su formalización. Aproximadamente el 60 % de las mipymes no tienen una cuenta bancaria, lo que les priva de financiamiento.

“A pesar de que hay hoy una cuenta básica, todavía el impedimento administrativo para que puedan acceder, ya sea con procesos administrativos todavía presenciales o de papeles, impiden a que rápidamente uno pueda crear y formalizar una empresa. Y ni qué decir, pasar al segundo paso que es el tema de la obtención del crédito. Que ahí hay todo un tema a través de cuán especializado están hoy los el sistema financiero para poder atender a esta a este a este segmento”, comentó.

Ante esta situación, Correa manifestó que la banca pública que arbitra y abre las puertas al mercado, no puede ser el gran financiador del sector. “¿La banca pública puede hacer su trabajo? Creo que puede hacer su trabajo, pero es limitado en términos de lo que debe atender y lo que debe hacer para que el sistema les atienda”. mencionó.

La situación de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en Paraguay fue punto de debate en el programa “Fuego cruzado”, emitido por el canal GEN/Nación Media, donde estuvo como invitado el viceministro Gustavo Giménez.

Pobreza, desprotección social y menor capacidad de recaudación tributaria son algunos de los costos de la informalidad en los que se desenvuelve este sector de la economía paraguaya.

¿Cómo ir superando esta situación que afecta a las mipymes? ¿Cómo blanquear lo que hoy está en negro en un mercado que, además, está mostrando signos de deterioro en los ingresos reales de sus ramas más dinámicas?, fueron algunas de las principales interrogantes.

“En el último boletín de formalización que estuvimos presentando hace unos meses, encontramos que hay 450.000 mipymes. La ley de mipymes define que vos sos formal con tres cuestiones básicas: el registro único del contribuyente, estar inscripto tanto en el Instituto de Previsión Social y en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social”, dijo el viceministro de Mipymes del Ministerio de Industria y Comercio, Gustavo Giménez.

Detalló que de 450.000 mipymes, que representa un 98 %, solo 40.000 son formales. “Tenemos una brecha enorme, pero yo siempre quiero ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Tenemos que darles realmente herramientas a todas esas mipymes para que puedan percibir de que ser formal les conviene”, comentó.

Agregó que el 88 % de las mipymes son microempresas, que capturan hasta G. 650 millones anuales, mientras que el 10 % son pequeñas empresas, con facturación anual de entre G. 646 millones a G. 3.230 millones. El 2 % son medianas empresas, con ingresos de hasta G. 7.650 millones.

Giménez siguió manifestando que “si te ayudo a formalizarte, te doy acceso a financiamiento, el objetivo también debe ser que puedas facturar más, queremos darte negocios. Y ahí tenemos varias herramientas que estamos empezando a experimentar”.

Añadió que una de ellas guarda relación con las compras públicas. “La primera experiencia, quizás, que estamos haciendo en la implementación de esto, tiene que ver con el programa Hambre Cero, donde logramos que aquellas 25 empresas ganadoras de licitaciones, obligatoriamente tienen que comprar a las mipymes y a productores de la agricultura familiar”, puntualizó.

El economista Daniel Correa sostuvo que “el primer dato que se debe tener en cuenta es que 3 de cada 4 empleos creados en Paraguay, están en las micro, pequeñas y medianas empresas. El empleo puede ser tanto formal o informal”.

Manifestó que el sector continúa enfrentando “una maraña demasiado grande de procesos administrativos” que impiden su formalización. Aproximadamente el 60 % de las mipymes no tienen una cuenta bancaria, lo que les priva de financiamiento.

“A pesar de que hay hoy una cuenta básica, todavía el impedimento administrativo para que puedan acceder, ya sea con procesos administrativos todavía presenciales o de papeles, impiden que rápidamente uno pueda crear y formalizar una empresa. Y ni qué decir, pasar al segundo paso que es el tema de la obtención del crédito. Que ahí hay todo un tema a través de cuán especializado está hoy el sistema financiero para poder atender a este segmento”, comentó.

El presidente de la Federación Paraguaya de Micro, Pequeñas y Medianas empresas (Fedemipyme), Luis Tavella, destacó la importancia para el sector del decreto mediante el cual se exige a los proveedores del programa “Hambre Cero” a adquirir productos a las mipymes. Acotó que esto garantizará la transparencia en el proceso.

El decreto presidencial 3899/2025 obliga a las empresas que fueron adjudicadas a comprar mínimamente el 5 % total del contrato a las mipymes, así como el 10 % de la agricultura familiar campesina. “De buena primera, por supuesto que es fantástico”, más aún considerando que supuestamente las empresas “no estaban cumpliendo, esa es la información que tenemos”, indicó Tavella a La Nación/Nación Media.

Calificó como “muy positiva” la nueva reglamentación. Sin embargo, hizo énfasis en la necesidad de hacer un estricto control sobre el proceso, compras y el cumplimiento con el sector. “Hay que controlar, estas cosas no funcionan si no se ejerce un control hombre a hombre”, manifestó.

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Tavella resaltó la necesidad de que se publique de forma mensual una lista con las empresas proveedoras y los productos adquiridos para garantizar la transparencia en la implementación del decreto que obliga a destinar al menos el 5 % de las compras públicas a este sector.

Se espera que esta medida no solo aporte claridad al proceso, sino que también puede ser una herramienta para motivar a más emprendedores a formalizarse y competir en el mercado, ya que una de las medidas de la nueva ley es que las empresas proveedoras presenten las facturas de compras para poder gestionar el pago por los alimentos en las escuelas.

“Son formas de transparentar, pero por sobre todo formas de incentivar a otras empresas que se animen también a entrar a competir“, dijo a LN/NM. El titular de la Fedemipyme enfatizó que mientras más empresas del sector ingresen al circuito de provisión estatal, mayores serán los beneficios no solo para los oferentes, sino también para el propio comprador.

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Tavella comentó que es necesario que se publique la lista de los productos que están siendo requeridos por las empresas contratistas. Recordó que existen distintos rubros que podrían estar involucrados, como los de envases plásticos, cloruro de polivinilo (PvC) o materiales de infraestructura.

Esta lista permitiría que las empresas del sector de las mipymes puedan postularse de manera más ordenada a los requerimientos de las empresas. “No tenemos que olvidar que las mipymes son el 99 % de las empresas de este país”, concluyó.

• El decreto obliga a proveedores de “Hambre cero” a comprar al menos 5 % de productos a mipymes.
• Fedemipyme calificó la medida como “muy positiva”, pero exigió controles estrictos.
• Se solicita la publicación mensual de listas de proveedores y productos para garantizar transparencia.

El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, se refirió este viernes sobre los alcances del decreto n.° 3.899, que estipula la adquisición obligatoria de productos y servicios de la agricultura familiar y mipymes por proveedores del programa Hambre Cero en las escuelas, en porcentajes del 10 % y 5 %, respectivamente.

“Quiero aclarar que la compra de productos e insumos de la agricultura familiar campesina, como también de los productos de bienes y servicios de las mipymes, está establecida hoy en los líneamientos del programa, como así también en los contratos, pero le faltaba un toque más formal, con un respaldo legal de mucho más peso“, sostuvo Rojas, este viernes, en una entrevista con el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

“Por su volumen, dimensión, cobertura, Hambre Cero es un programa de revisión y de ajustes permanentes a los efectos de que pueda ser cada vez más efectivo”, refirió. Con el decreto, las empresas adjudicadas deberán adquirir insumos frutihortícolas, directamente del productor, por el valor del 10 % de sus contratos, y productos y servicios de las mipymes por el 5 %.

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“Entre los aspectos más importante de este decreto es que se establece que mensualmente se debe presentar las facturas de compras para la elaboración del proceso administrativo para el pago del servicio que hacen las empresas en la provisión de la alimentación escolar“, refirió.

Las facturas de compra en concepto de productos frutihortícolas e insumos de la agricultura familiar o bienes y/o servicios deberán ser cargadas en el Sistema Integrado de Alimentación Escolar (SIAE), mediante los usuarios registrados por los proveedores ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

“Con esto estamos asegurando que las compras de los productos sean fijos, permanentes, es decir cada mes. Esta obligación de compra obligatoria es establecida para ambas modalidades del programa, ya sea para la modalidad de cocinando en las escuelas como el sistema de catering”, comentó el alto funcionario de Estado.

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Desde el Ministerio de Desarrollo Social advierten a las empresas que la inobservancia de esta medida será considerada como incumplimiento contractual y se aplicarán sanciones administrativas, conforme a lo establecido en las normativas.

Rojas dijo que otro de los puntos resaltantes de la resolución presidencial guarda relación con evitar a los intermediarios. “De acuerdo a las evaluaciones realizadas, encontramos que la presencia de estos termina perjudicando al sector productivo de alguna u otra forma en cuanto a los precios y pagos”, indicó.