En este diálogo con La Nación/Nación Media, José María Costa, periodista, catedrático y coordinador de la Mesa para la Seguridad de Periodistas del Paraguay, habla en el marco del “Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas”, recordado el pasado 2 de noviembre, sobre la situación en que se encuentra nuestro país en esta materia.

• Por Paulo César López
• paulo.lopez@nacionmedia.com
• Foto: Archivo

–Estamos con una situación preocupante y de riesgo. La Relatoría para Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló a Paraguay como una de las “zonas silen­ciadas” en el hemisferio, en las cuales la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo sufren serios peligros. Desde 1991, cuando fue asesinado el colega Santiago Leguizamón a manos de sicarios de la mafia, hasta hoy, tenemos la cifra tenebrosa, lamentable, de 21 periodistas y comunicadores sociales asesinados en nuestro territorio, y alrededor de 700 casos de ataques, amenazas y agresiones contra periodistas. La mitad de esos casos están registrados con sus detalles en el Observatorio que tiene sobre este tema la Mesa para la Seguridad de Periodistas del Paraguay y fue construido con apoyo de la Unesco. La mayor parte de estos crímenes ha quedado en la impunidad. Y la mayor parte está focalizada en las zonas fronterizas, donde el crimen organizado ha sen­tado sus bases y prácticamente actúa sin control.

–El Observatorio compila y registra todos los datos de 13 diferentes clases de violen­cias contra periodistas desde 1991: asesinatos, amenazas, secuestros, atentados, espio­naje contra periodistas, tortu­ras, censuras, etc. Obviamente que los asesinatos son la forma más grave. Como dicen a nivel internacional, “el asesinato de un periodista es la forma más grave de censura”. Pero en ese listado, las amenazas consti­tuyen la mayoría de los casos, con un total de 128 episodios, seguido de agresiones y ataques (78 hechos), hostigamientos judiciales (51) y atentados (25).

–Naciones Unidas ha propi­ciado hace una década el Plan de Acción para la Seguridad de Periodistas, al cual se han adherido todos los países, el nuestro incluido. En ese plan se hace mención que la aten­ción de este tema precisa de las denominadas 3 P: Prevención de la violencia, Protección del ejercicio periodístico y Procu­ración de justicia efectiva para los casos de crímenes ocurri­dos. La Mesa para la Seguri­dad de Periodistas, y los gre­mios en general, apuntan a que esto sea cumplido. Tene­mos un Estado con muchos déficits y uno de ellos, princi­pal, es en cuanto a seguridad. Y en forma particular, la seguri­dad de los periodistas no es algo que atañe solamente al sector, porque debe interesar a toda la sociedad. La Corte Interame­ricana de Derechos Humanos en muchas sentencias ha dicho que “la libertad de expresión es la piedra angular de la demo­cracia” y que la tarea periodís­tica es un instrumento esencial para la vigencia de esa libertad. Por eso, no se puede tener una sociedad democrática sin un periodismo que actúe libre, seguro y con garantías plenas para su función social.

–Esta es otra de las reivindi­caciones desde los gremios y desde la Mesa. Se precisa con­tar con mejores instrumen­tos legales. La Corte IDH con­denó al Estado paraguayo por no proporcionar justicia en el caso de Santiago Leguizamón, y una de las medidas que debe cumplir Paraguay como con­secuencia es contar con una ley de protección de periodis­tas. Actualmente, en el Poder Legislativo está radicado y en debate un proyecto. Espera­mos que se haga un debate abierto, participativo, racio­nal y apuntando a una norma eficaz y precisa. Claro, la ley no es todo. Antes de ella, y luego de ella, es fundamental que haya voluntad política de las autori­dades y fortaleza en las institu­ciones para garantizar la segu­ridad del ejercicio periodístico en todas sus formas. En ambos temas, normativas y voluntad, todavía tenemos mucho que avanzar.

–Podría ayudar estable­ciendo mecanismos claros y precisos para la prevención de la violencia y la protección de los periodistas. Organismos internacionales como Unesco y Reporteros Sin Fronteras están siguiendo con atención este proceso y han ofrecido su apoyo para el análisis y debate de la ley. Hay intencio­nes también desde el Minis­terio de la Defensa Pública, con su defensora general Lorena Segovia, de promo­ver una reforma normativa que permita a los defenso­res públicos atender y repre­sentar a periodistas víctimas de la violencia en los proce­sos judiciales que se abran con relación a hechos puni­bles ocurridos contra estos comunicadores. Esto sería de gran ayuda, más aún con­siderando que en Paraguay, así como en todo el mundo, hay un 90 % de impunidad en cuanto a casos de violencias contra periodistas.

–Afecta puntual y gravemente. Un periodista asesinado es una voz que se acalla, es un silencio que gana terreno y esto tiene un efecto amedrentador en los demás periodistas, pero ade­más hace imperar una censura en la sociedad, la cual pierde en materia de posibilidades de libertad de expresión y acceso a la información. El impacto es triple: el impacto propio en la víctima, el efecto de censura en el sector y la reducción del ámbito de información para la sociedad.

–El periodismo es esencial para una sociedad democrática. Es esencial para que las personas y la comunidad puedan ejer­cer la libertad de expresión y acceder a información rele­vante para sus vidas. Prote­ger al periodismo, proteger la labor de periodistas no es una cuestión de privilegios, sino de necesidad fundamental para la vigencia de una sociedad demo­crática. Es algo que debe inte­resar a todos. Más allá de que el periodismo y los periodistas también puedan ser critica­dos por su tarea, el punto rele­vante es que la función social del periodismo debe ser preser­vada, protegida y fortalecida. El periodismo de calidad que necesita la sociedad no se va a lograr sin un periodismo libre y seguro.