Óscar Lovera Vera, periodista

La muerte de Pedro Antonio, el soldado adolescente, ocultaba siniestras maniobras de algunos militares para enrolarlo hasta que la presión de varias organizaciones comenzarían a surtir efecto para saber qué sucedió con él.

Los forenses concluyeron que Pedro Antonio murió a consecuencia de la herida provocada por un proyectil de un arma de fuego larga, es decir, un fusil. Según el detalle de la autopsia, se trataba de un calibre 9 milímetros que ingresó por debajo de su mentón y escapó por la parte superior del cráneo. Su muerte fue diagnosticada como traumatismo grave de cráneo con pérdida de masa encefálica. El deceso se dio en forma instantánea.

Con esta conclusión, los militares aseguraban que se trataba de un suicidio. Sin embargo, la organización autoconvocada de ciudadanos argentinos y la familia creían que no. Sospechaban que lo mataron y en caso de que se probase por todos los medios que se Pedro autoeliminó, entonces pudo ser consecuencia de los traumas sicológicos derivados de las constantes torturas a las que era sometido.

Después de la muerte de Pedro, la confusión se apoderó de muchos, desatando la vieja contienda entre el fuero ordinario y militar. Existía la irregularidad de que se enroló al joven teniendo apenas 13 años y su muerte repentina dejaba dudas con respecto a la forma en que ocurrió. La negativa de la milicia a aportar más datos no colaboraba para tener una idea rápida y avanzar en la obtención de pruebas en contra o a favor de la institución, confirmar o descartar sobre las causas que condujeron al fallecimiento de Pedro.

La fiscal del caso, María Teresa González de Daniel, era muy joven. La investigadora comentó a los reporteros que el deceso se registró a las 17:00 horas. El detalle en ese reporte apuntaba a la muerte de un jinete del Regimiento de Caballería apostado cerca del Puente Remanso. Fue hasta ese lugar y encontró a los agentes del Departamento de Criminalística y al jefe de la Comisaría 4ª de Villa Hayes. En ese momento solo estaban recogiendo evidencias, ya que a Pedro –creyendo que aún estaba con vida– lo llevaron hasta el Hospital San Jorge para auxiliarlo.

Esas evidencias fueron restos de manchas de sangre, cuatro cartuchos servidos y uno percutido. También obtuvieron las muestras de las manos de un subteniente que socorrió a Pedro, aunque no pudieron obtener su declaración por no contar con los permisos que correspondían, pero sí lograron obtener esa evidencia para someterla a análisis. La investigadora buscaba probar la teoría de un tirador o descartarla, pero finalmente solo un laboratorio de balística podría aclararlo.

TESTIGOS MUDOS

A las evidencias, que no ayudaban mucho a establecer el contexto en el que murió Pedro, se sumaba lo confuso del momento en que ocurrió. Él no se encontraba solo y algunos soldados que lo acompañaron fueron entrevistados por reporteros en ese entonces.

Uno de los entrevistados sugirió algo inquietante, pero jamás fue más allá como para permitir develar el misterio.

–Hugo, ¿qué fue lo que vos viste?, ¿cómo le mataron al muchacho? –preguntó sin mucho rodeo la reportera teniéndolo de frente y mirándolo fijamente para establecer un momento de confianza.

–¿Cómo fue? –contestó el joven militar mientras daba la espalda al camarógrafo protegiendo su identidad.

–Ajá –respondió la periodista.

–Se estaban discutiendo – respondió el soldado, que por la voz se notaba que se trataba de alguien muy joven.

–¿Con quién se estaba discutiendo? –volvió a intimidar la comunicadora, tratando de obtener un nombre que valide la hipótesis de que ahí existió algo más.

–Con ese muchacho… –volvió a responder sin entrar en muchos detalles.

–¿Y después?, ¿cómo fue que le disparó? –preguntó esta vez la periodista intentando deslizar la posibilidad que confirme una de las hipótesis que manejaban los investigadores.

–No sé, sacó su arma y le disparó… –contestó el soldado confirmando que a Pedro lo mataron.

–¿Con una pistola? –comenzó nuevamente la reportera con la misma información, verificando que Hugo esté contando la verdad.

–Hee…

–¿Ese muchacho (Pedro) estaba armado? –interrogó nuevamente la comunicadora para reforzar la tesis de un crimen.

–No, sin arma… –le respondió el conscripto con total seguridad.

–¿Dónde estaban?, ¿afuera? –insistía la comunicadora buscando cada vez más detalles de lo que acababa de descubrir.

–Afuera, hacia el fondo –dijo Hugo mientras intentaba no mover mucho la cabeza, pues sabía que lo estaban filmando y no quería ser identificado.

–¿Y vos dónde estabas? –preguntó la periodista para verificar qué tan cerca estuvo del momento que este aseguró presenciar.

–Yo pasé y algunos estaban en su dormitorio –respondió el soldado un tanto disperso.

–Los otros... ¿Y Antonio y el otro muchacho, estaban afuera? –reiteró la periodista para tratar de ubicarse mejor dónde realmente ocurrió todo.

–Sí, se estaban discutiendo – contestó Hugo reafirmando que Pedro tuvo un conflicto con otro militar.

–Se discutieron fuerte, entonces –reafirmó la periodista.

–Sí…

–Entonces sacó su arma ¿y el otro? –la reportera buscaba más detalles que ayuden a entender qué ocurrió aquel día.

–Sí, y el otro le disparó –contestó Hugo con total certeza.

–¿Y dónde tenía su arma? –preguntó la periodista mirándolo aún más fijo a los ojos.

–Acá tenía, grande era, pero acá tenía, sacó de acá –respondió Hugo señalándole bajo el estómago.

–¿En su cintura? –le interrumpió la periodista.

–Sí…

–¿Y dónde le disparó a Antonio? –preguntó la comunicadora a sabiendas del resultado de la autopsia.

–Acá le disparó y luego con un machete le cortó otra vez acá –Hugo le exhibió bajo la boca primeramente y el corte detrás de la cabeza.

–¿Después de dispararle? –preguntó sorprendida la periodista.

–Sí…

–¿Y después qué hizo el otro muchacho? –interrogó la mujer.

–Le miró, después me miró y salió corriendo –respondió Hugo y dieron por cerrada la entrevista.

La periodista Violeta Morínigo fue la encargada de hacer pública la entrevista y aunque la carga de la información representó la confirmación de una de las teorías sobre la muerte de Pedro Antonio, nunca aquel soldado reveló quién fue el supuesto tirador y tampoco los investigadores hicieron lo propio para descubrirlo.

LA IDENTIDAD SUSTITUTA

En el mes de mayo de 1986 en la ciudad de Clorinda, Argentina, Semproniana dio a luz a Pedro Antonio en un hospital público. Su nacionalidad fue argentina en consecuencia y no hizo trámites para nacionalizarlo paraguayo natural ante un juzgado luego de su retorno al país por cuestiones económicas. El niño solo contaba con su DNI, el número 32328447.

Esto no fue impedimento para que aquel día del rapto dos militares le presentarán a Pedro la solución para su incursión en la milicia. Le conseguirían el documento paraguayo y con eso su servicio militar estaba garantizado. Fue así que lograron el certificado de nacimiento número 1643436 de la Dirección General del Registro del Estado Civil. En su oficio número 711 hacía constar que Pedro Antonio Centurión fue inscripto un 24 de abril del año 2000 por su madre, Semproniana, en la oficina de Fortín Caballero.

El tomo era el número III, folio 36, acta 390. Su lugar de nacimiento fue la ciudad de Luque, en Paraguay, y la nueva fecha de nacimiento fue el 5 de mayo de 1981 y por tal motivo tendría 19 años.

Esos papeles eran de contenido falso, pues debían asegurar que aquel adolescente de 13 años tenía la edad necesaria para ingresar a la Academia Militar como también la nacionalidad paraguaya para el mismo efecto. Con la muerte de Pedro, la presión de los medios de comunicación y de las organizaciones civiles obligó a la institución a tomar una resolutiva con respecto a los dos altos militares que se encargaron de obtener aquella identidad sustituta para el niño en aquel momento.

FALLA EN EL FALLO

La Justicia Militar condenó a tres meses de arresto a los coroneles Raúl Ortiz, comandante de la unidad y jefe de reclutamiento número 17 de Villa Hayes, y a Julio César Cardozo, comandante de la Segunda División de Infantería. Pero no fue solo la castrense la indolente en su determinación. En cuanto a la muerte de Pedro, el Juzgado de Primera Instancia Penal-Militar, del Segundo Turno, resolvió el 23 de noviembre del año 2000: “Sobreseer la averiguación constituida por la muerte de la presunta víctima debido a que el hecho probado no habría constituido delito por haber ocurrido de forma causal, no imputable a terceros. Producto de acto de servicio”.

Sin embargo, faltaría un golpe aún más certero para los que buscaban una respuesta a la muerte repentina de Pedro. En el fuero ordinario, en la Unidad Penal Número 3, la carpeta se archivó desde ese año 2000. El argumento fue que los investigadores no pudieron individualizar a los responsables de lo que ocurrió. Tampoco confirmaron o descartaron un suicidio.

Enterraron abruptamente el caso y la duda fue como una noche lluviosa de invierno, sin una sola luz que pueda ayudar a ver qué camino tomar para aclarar qué pasó con Pedro.

El 9 de abril del año 2001, la Corte Suprema de Justicia Militar resolvió calificar la falsificación de los documentos de Pedro como “faltas contra la disciplina militar”, estableciendo como responsables a los coroneles Raúl Ortiz Ross y Julio César Cardozo. Se los sancionó con la pena de 90 días de arresto.

La muerte de Pedro quizás haya sido archivada por la justicia de ambas instituciones, pero no así por varios jóvenes que se identificaron con lo que sucedió. Muchos creyeron que su muerte no fue accidental y que en caso de que haya decidido quitarse la vida fue a consecuencia de la depresión por las golpizas a las que era sometido por su nacionalidad o como parte de un régimen de instrucción violento.

Luego de su fallecimiento, algunos soldados buscaron a los medios de comunicación y pidiendo la protección de sus identidades confirmaron que también fueron víctimas de tortura.

–Me pegaron en la boca y me rompieron la cabeza. Me pegaban con machete, se creían por su insignia. No puedo decir sus nombres porque me van a buscar y encontrar.

–Me amenazó todo mal. Que me rompería el brazo, por eso me fugué de ahí. Fue el teniente primero Pedro Argüello. No sé por qué me perseguía. Nos amenazaba de muerte. Yo estaba en la Artillería en Curuguaty. Me decía: “Acá ya no estamos más en la ciudad, estamos en la selva y acá nos vamos a matar todos”.

En el mes de mayo del año 2005, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tomó intervención en el caso luego de la presentación de una denuncia por parte de la Asociación de Víctimas y Familiares del Servicio Militar. En ellas se expusieron las violaciones a los derechos humanos cometidos por el Estado paraguayo durante los nueve meses que Pedro Antonio estuvo prestando servicios en los destacamentos a los que fue asignado, entre ellos el último la Caballería, que se constituyó en la escena del crimen y en donde no se pudo individualizar al autor del disparo que mató al adolescente.

Como una de las tantas medidas de reparación por la muerte de Pedro, el Estado paraguayo resolvió en el año 2009 el ascenso póstumo de Pedro Antonio al grado de vicesargento primero y el derecho a cobrar una pensión para los familiares.

Tras su muerte también modificaron dos leyes, 5069/75 “Del servicio militar obligatorio” y la 123/52 “Del centro de instrucción militar para estudiantes y de formación de oficiales de reserva (Cimefor)”. Con esto se prohibiría en forma absoluta la incorporación de menores de 18 años a la milicia. A esto se sumó una reglamentación interna.

El 3 de marzo del año 2006, la orden especial número 42 prohibió el reclutamiento de personas menores de 18 años.

DIECINUEVE AÑOS DESPUÉS

En ese entonces Semproniana firmó un acuerdo amistoso asumiendo la responsabilidad internacional por la muerte de su hijo e incluyendo varias medidas de reparación.

En aquellos tiempos, Semproniana atravesaba graves problemas económicos y no tenía forma de acceder a la pensión, ya que necesitaba ser declarada heredera. La solución no tardaría en llegar con una abogada, Clarise Cáceres, de la Defensoría en lo Civil y Comercial de la ciudad de Luque. Mediante su acompañamiento, la madre de Pedro no tardaría en acceder a esa sucesión y luego a la reparación económica a la que se comprometió el Estado. El 23 de julio del año 2019, finalmente cumplieron con uno de los compromisos asumidos, la transferencia de un inmueble muy valorado por Semproniana.

Aunque el dolor por la pérdida de su hijo aún estaba presente, finalmente se cumpliría lo que él le repetía siempre desde los nueve años hasta el último día en que lo vio.

“Mamá, vos no te preocupes, yo algún día te voy a comprar para tu casa…”.

FIN