Por Ricardo Rivas (*), periodista, Twitter: @RtrivasRivas
Ya son 20 los periodistas asesinados en Paraguay desde 1989 y esta cifra, además de representar un incuestionable aumento de la violencia contra los que ejercen el trabajo de informar, duele profundamente en el corazón de la libertad de expresión que debe garantizar la democracia.
Humberto Coronel (33), periodista, fue asesinado a balazos en Pedro Juan Caballero, Paraguay, el martes pasado, en la puerta misma de la AM 570 Radio Amambay luego de que finalizara “Marandu ZP 15 rupi”, el programa que conducía. Los relojes marcaban las 13:35.
El relato del atentado que puso fin a su vida es el de casi siempre. Un sicario solitario, a bordo de una motocicleta, cuando Humberto salía de la emisora, disparó contra él. “Con este caso, esta última tragedia, son 20 las y los periodistas asesinados en Paraguay en los últimos 30 años o, más precisamente, desde que estamos en democracia”, me dijo con profunda tristeza José María “Pepe” Costa, amigo-hermano, periodista, abogado y coordinador de la Mesa para la Seguridad de Periodistas en este querido país. Me animo a categorizarlo como un militante por los derechos humanos y, en particular, de la libertad de expresión.
CRITICAR AL PODER
Las últimas palabras profesionales de Humberto pusieron voz a quienes sin más forma de expresión que, cada tanto a través del voto, como él, con él, desde él y a través de él, son críticas y críticos del poder impúdico con el que, con frecuencia y desde el desánimo cívico, muchos y muchas parecen vivir y dejar morir. Coronel es heredero del mandato y legado de otros y otras víctimas del sicariato como Santiago Leguizamón, Lourenco “Leo” Veras, Eduardo González, Gerardo Servián Coronel, Antonia Maribel Almada, Pablo Medina Velázquez, Édgar Pantaleón Fernández Fleitas, Fausto Gabriel Alcaraz, Marcelino Vázquez, Carlos Manuel Artaza, Merardo Alejandro Romero Chávez, Martín Ocampos Páez, Alberto Tito Palma, Ángela Acosta, Samuel Román, Yamila Cantero, Salvador Medina Velázquez, Benito Ramón Jara y Calixto Mendoza.
Trágica nómina de quienes en la mayoría de los casos todavía no descansan en paz porque sus asesinatos aún están impunes. Alcaraz, el 16 de mayo del 2014, poco después de las 12:00, también cuando salía de Radio Amambay, fue muerto a balazos. La violencia criminal y protegida por poderosos y poderosas –hasta que no demuestren lo contrario– desde muchos años tienen a la AM 570 como blanco.
El 9 de agosto del 2015 derribaron la antena para transmitir y, 13 meses más tarde, el 9 de setiembre del 2016, dos sicarios lanzaron contra el techo de la cabina de esa radio dos granadas. Una explotó. Hirió a Patricia Ayala, locutora, y a Raimundo Fariña, a quien entrevistaba. Recuerdo claramente que el ataque se produjo un viernes porque lo reporté para una agencia de noticias internacional en la que trabajaba.
CRÍMENES IMPUNES
Más recientemente, el dueño de ese medio de comunicación, José Carlos Acevedo, el 18 de mayo último, también fue asesinado por el sicariato. Todas crónicas de muertes anunciadas, parafraseando al maestro don Gabriel García Márquez. Después de cada una de ellas, se abrieron interminables sesiones de declaracionismo explícito y desvergonzado. Desde tres meses atrás Humberto Coronel estaba amenazado. También el colega Gustavo Báez. Juntos denunciaron esas presiones delictivas.
“En principio presumimos que (el crimen) tendría relación con esa amenaza” que “se presume podría venir de una facción del crImen organizado”, dice públicamente sobre el homicidio la fiscala Katia Uemura. “Elemental, Watson”, tal vez, diría Sherlock Holmes. “Sabe muitas cosas. Vamos ir apagando o que sabe muito. Gustabo Umbertito”, advirtieron los sicarios en aquel momento con un mensaje que dejaron pegado en el portón de acceso a la casa de Báez. Sobre papel rojo, con letras oscuras, la amenaza estaba escrita en portugués.
¿SEGURIDAD?
Un comisario, José Nery Portillo, explicó que la puerta de la radio era custodiada por dos policías que en el momento del crimen “estaban distantes” en la esquina de la emisora. Numerosos testigos sostienen que “no hicieron nada” en el momento del ataque. ¿Zona liberada?
Portillo asegura que “ellos (los agentes policiales) dieron aviso con relación a la situación que ocurrió”. Coincidentes expresiones dan cuenta de que los custodios de la seguridad de la AM 570, cuando el ataque se produjo, “llamaron al 911″. ¿Es posible comprender mansamente que la policía llame a la policía para proveer a la seguridad pública?
Gilberto Fleitas, comandante de la Policía Nacional, por su parte, admite que “es muy difícil prevenir el sicariato” y, para explicar lo inexplicable, va más allá para decir qué pasó y por qué pasó: “Estamos analizando, estuvimos averiguando, ayer que él (el colega asesinado) asistía a algunos lugares públicos, privados y siempre se iba a algunos bares a cenar con amigos. Eso es lo que vamos a analizar” porque “nosotros tenemos que identificar al autor material porque es la mayor posibilidad de llegar al mandante (el que ordenó matar porque) no es tan sencillo llegar al autor intelectual”.
¿Investigar los hábitos sociales del infortunado Humberto y sugerir que parcial o totalmente es responsable de su propia muerte es ético? Desliza también que Coronel rechazó tener la custodia personal que se le ofreció y que, para hacerlo, habría respondido que “puedo manejar las amenazas”.
El 15 de marzo del 2017, el entonces relator especial en Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, en su informe anual, titulado “Zonas silenciadas: regiones de alta peligrosidad para ejercer la libertad de expresión”, en el Punto 144, consigna sin eufemismos: “Los y las periodistas de la región (de Amambay) pese a estar expuestos a importantes niveles de riesgo pueden sentir resistencia a aceptar protección estatal, (porque) de acuerdo con organizaciones de la sociedad civil en un informe realizado por una comisión bicameral del Poder Legislativo de Paraguay se concluyó que el 70 por ciento de la Policía Nacional estaría infiltrada por el crimen organizado y que las redes criminales financiadas por el narcotráfico han permeado el poder político del Paraguay. Esto explica la existencia de una alta desconfianza por parte de los y las periodistas hacia la Policía Nacional y las autoridades judiciales”. Es texto oficial de la Organización de Estados Americanos (OEA). www.oas.org/es/cidh/ expresion/docs/publicaciones/zonas_silenciadas_esp. pdf”http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/zonas_silenciadas_esp.pdf. El link para quienes quieran saber.
Las recomendaciones –los estándares internacionales– que destacan los organismos multilaterales especializados para terminar con la impunidad en crímenes contra periodistas prescriben, por sobre todo, esclarecer qué y a quiénes investigaban las y los colegas muertos criminalmente en el momento de sus ejecuciones.
Vale agregar que señalar, en estos casos, responsabilidades al “crimen organizado” es una categorización genérica que nada dice ni mucho menos indica a la sociedad que procura respuestas y acciones concretas de quienes desde el Estado tienen la obligación de proveer a la seguridad pública.
UN CLIMA DE VIOLENCIA
La grave situación que las y los periodistas al igual que las y los trabajadores de prensa sobrellevan en Paraguay no es algo reciente ni mucho menos novedoso ni sorprendente. El Capítulo 1 del informe anual del 2017 de la OEA ya mencionado, en el apartado C, “La frontera paraguaya”, desde la página 54, cinco años atrás, Punto 113, Lanza explica que es para “ilustrar sobre el ejercicio del periodismo en diversas zonas de Paraguay limítrofes con países como Brasil o Argentina, en las que actúan grupos criminales, especialmente en los últimos 10 años”. Destaca que “los trabajadores de la prensa de ese país sudamericano señalan, además, la persistencia en esas zonas de un clima de violencia que se agrava a partir del asesinato del periodista Pablo Medina en octubre del 2014″.
En el punto 114 precisa que “los departamentos de Ñeembucú y Misiones, en la frontera sur con Argentina, por un lado, y los departamentos de Canindeyú, Concepción y, sobre todo, el departamento de Amambay, en la frontera este con Brasil, se han vuelto extremadamente peligrosos para los periodistas que realizan su labor en esas zonas, en las que se reportan negocios ilícitos como el tráfico de drogas, de armas o de combustible, entre otros”.
En aquel reporte, que se extiende hasta la página 63 y del que los gobiernos paraguayos tienen conocimiento a partir del concepto de “continuidad jurídica del Estado”, se denuncia que, en Paraguay, “se ha asistido al desarrollo de un fenómeno al que la prensa y otros actores, incluso estatales, denominan ‘narcopolítica’” y detalla que “con el avance” de esa particularidad delictiva “la libertad de expresión se ha visto afectada por cuanto los periodistas enfrentan serias dificultades cuando intentan informar sobre determinadas actividades ilícitas que se realizan en sus comunidades, y las instituciones –según han denunciado los propios periodistas– no funcionan como deberían para protegerlos” porque “el crimen organizado ha presionado sobre la prensa con el objetivo de que sus actividades, hasta las más evidentes, no sean informadas”.
Puntualiza luego el informe del 2017 del relator Lanza que “las amenazas, el hostigamiento o incluso la muerte de algunos periodistas en este último tiempo han dejado una huella imborrable en los trabajadores de los medios de comunicación, pese a lo cual han mantenido el compromiso de informar a la sociedad de lo que pasa en las zonas de mayor riesgo”.
Vale señalar que Lanza no fue el iniciador del concepto “zonas silenciadas”. Desde tiempo antes, quien lo antecedió en el mismo cargo, Catalina Botero, y el relator especial de Libertad de Expresión y Derecho de Opinión del sistema de Naciones Unidas, Frank LaRue, fueron pioneros con esa categorización que enmarca a las regiones que, por la corrupción estructural incrustada en la gestión de los Estados o por acciones antijurídicas de organizaciones delictivas locales y/o transnacionales de alta complejidad, impiden el libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión y, en consecuencia, quienes en ellas habitan se mantienen en silencio por miedo.
Asesinar periodistas es una forma concreta de aterrorizar a las y los ciudadanos para que no hablen, para que no cuenten, para que nada se sepa. Es grave. Muy grave. Luego de vida y libertad, dos valores supremos en toda cultura, la libertad de expresión es el derecho que sustenta otras libertades, el reclamo de otros bienes sociales, de otras demandas que no pueden exigirse socialmente en silencio. Si las y los que no tienen voz no pueden mediar sus reclamos acallados y/o paralizados por el miedo, lo que les impide ejercer la libertad de expresarse, la democracia muere. Este es el momento de levantar las banderas para reclamar y exigir que ningún otro u otra periodista, trabajador o trabajadora de prensa sean asesinados.
A las y los declaracionistas públicos frente a la inevitabilidad de la muerte de nuestras y nuestros compañeros, res non verba. Hechos, no palabras. Sean respetuosas y respetuosos. No digan nada. Hagan silencio. Definitivamente, no puede ser más grave en sus consecuencias contar historias para denunciar la corrupción estructural incrustada en los Estados; a las organizaciones delictivas locales, regionales y/o transnacionales de alta complejidad como lo hacemos las y los periodistas, que ser criminales y delinquir amparados en la impunidad y las complicidades.
La libertad de expresión no es un derecho humano acotado que alcance solo a periodistas. Es de todas y todos. Esto –aquí y ahora– debe cambiar. El cumplimiento de las leyes y la administración de Justicia en democracia deben dejar de ser valores a alcanzar. Honremos y exijamos que sean honrados con verdad y justicia nuestras y nuestros compañeros Lourenco “Leo” Veras, Eduardo González, Gerardo Servián Coronel, Antonia Maribel Almada, Pablo Medina Velázquez, Édgar Pantaleón Fernández Fleitas, Fausto Gabriel Alcaraz, Marcelino Vázquez, Carlos Manuel Artaza, Merardo Alejandro Romero Chávez, Martín Ocampos Páez, Alberto Tito Palma, Ángela Acosta, Samuel Román, Yamila Cantero, Salvador Medina Velázquez, Benito Ramón Jara, Calixto Mendoza, Santiago Leguizamón y Humberto Coronel para que sus muertes no hayan sido en vano.
* Vicepresidente de la Sociedad de Corresponsales en Latinoamérica y el Caribe. Diplomado especialista en Derechos Humanos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.