La Reserva San Rafael es una de las últimas zonas boscosas que tiene Paraguay en la Región Oriental. Desde hace varios años atraviesa por constantes conflictos, lo que pone en peligro su conservación. Si bien las amenazas presentan diferentes matices, mantienen un denominador común: La ausencia e ineficiencia del Estado. A pesar de todo esto, hay un grupo de personas que sigue apostando por mantener con vida estos bosques.

• Por Aldo Benítez
• Fotos José María Riveros

A la entrada del sendero Chachi, que adminis­tra la organización Pro Cosara, en la Reserva San Rafael, un grupo reducido de hombres salió a nuestro paso. Estaban tensos. Al interior del sendero se escuchaban con­versaciones diversas. Tras un intercambio de palabras con uno de los guardaparques de la reserva que era nuestro guía, estos hombres nos invitaron a ingresar al sendero para mos­trar lo que habían “agarrado”. Pero antes nos pidieron borrar todo lo que teníamos grabado hasta entonces.

En el interior del bosque, al menos 30 campesinos rodea­ban dos tractocamiones. Uno de ellos cargaba enormes rollos de madera nativa que fueron aserrados en pleno bosque. Estaban también tres peones de la familia Hostettler, propie­taria de varias hectáreas que hacen a la reserva y en efecto, a esta parte del sendero Chachi.

“De acá nadie sale hasta que venga el fiscal” repetían los campesinos. Estaban decidi­dos a que se tome en cuenta la acción que llevaron. “Noso­tros habíamos prometido que íbamos a agarrar a los que realmente deforestan este bosque y estamos cum­pliendo” decía otro de los cam­pesinos, Francisco Sotelo.

Después de cuatro horas llegó el fiscal Édgar Ortiz, acompañado de un reducido contingente de policías. Manejando él mismo la patrullera ante la falta de perso­nal, Ortiz atendió el reclamo de este grupo campesino. Lo que parecía que iba a terminar allí, tuvo un contratiempo tras la lle­gada al lugar de Pedro Hostett­ler, uno de los dueños de la finca. Pedro, filmando lo que estaba pasando con su celular, hacía un relato de los sucesos mientras iba pasando entre los campe­sinos. En un momento dado, lo acorralaron y lo intentaron lle­var a la fuerza por uno de los sen­deros. En ese momento se armó un pequeño alboroto, entre gri­tos y empujones. Pero prevale­ció la calma, que vino desde los propios líderes campesinos.

Cuando cayó la tarde, Ortiz labró el acta de intervención. Los trac­tocamiones con los rollos de petereby (cordia trichotoma) fueron enviados a la Fiscalía local. Según Pedro Hostettler, los peones de su finca estaban sacando esos rollos a pedido de la propia Fiscalía y el Insti­tuto Forestal Nacional (Infona), instituciones que el 22 de mayo pasado habían llegado hasta el lugar por una denuncia que hizo Pro Cosara, una organización que trabaja en la reserva, por la tala indiscriminada que había en el lugar.

“Iban a dejar los rollos en el local de Infona, que está en la sede de Pro Cosara, en carác­ter de depositario. Eso hici­mos porque ni la Fiscalía ni Infona tienen las herramien­tas necesarias para sacar estos rollos de madera. Noso­tros le estábamos haciendo un favor”, sostuvo Pedro.

Para los campesinos, lo que encontraron en el sendero es la prueba irrefutable de que los verdaderos deforestadores son los grandes productores de la zona y que ellos, específi­camente los del asentamiento Nueva Esperanza, reciente­mente creado en el corazón de la reserva, no tienen relación con los casos de tala que se han denunciado últimamente.

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Este episodio es apenas uno de los tantos que se suceden a diario en la Reserva San Rafael, que pinta, en cierta manera, todos los conflic­tos que se generan en torno a este bosque. Este remanente de bosque, ubicado entre los departamentos de Itapúa y Caazapá y que forma parte de lo que se conoce como Bos­que Atlántico Alto Paraná (Baapa), es considerado una ecorregión de biodiversidad única que comparte territorio con Argentina y Brasil.

“Este lugar se llama Nueva Esperanza y estamos aquí hace dos meses. Tuvimos cono­cimiento de que esta fracción de la reserva le corresponde al Banco Nacional de Fomento (BNF), entonces lo que esta­mos haciendo ahora es tener un principio de conservaciones con el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y el BNF para que estas tierras puedan ser para este asenta­miento” dice en guaraní Igna­cio Monges, uno de los líderes de esta nueva comunidad.

La zona donde está asentada Nueva Esperanza es una de las pocas que aún conserva un nutrido bosque dentro de la reserva. Pero los campesinos aseguran que la mayor parte del terreno que están pidiendo para instalar el asentamiento quedó incendiada a finales del año pasado, cuando esta área protegida perdió 33.000 hectá­reas con el fuego, que significó casi la mitad de todo el superfi­cie de la reserva, que tiene unas 73.000 hectáreas.

Según Monges, son 7.000 hec­táreas las que le corresponden al BNF en la zona, pero que lo que ellos piden para el asen­tamiento 1.300 hectáreas, en las que trabajarán en un pro­yecto de producción de yerba mate orgánica. Con esto, bus­can beneficiar a unas 70 fami­lias que viven en el lugar.

Para llevar adelante esta ini­ciativa, Monges asegura que ya se han reunido con los direc­tivos de la organización Guyrá Paraguay, que trabaja en este tipo de proyectos en la región con otros asentamientos.

“Nuestra vida es complicada porque a los campesinos no se les da prioridad. Como gente pobre que somos nos vemos obligados a buscar dónde ins­talarnos y de dar de comer a nuestros hijos”, dice Monges. Afirma que existe una ausen­cia total del Estado con res­pecto a programas o proyectos que beneficien al sector cam­pesino en esta zona del país, situación que es diferente con empresarios agroindustriales de la región, asegura Monges.

De hecho, San Rafael, como otras áreas protegidas, soporta la presión constante de plan­taciones de soja, cuyos encar­gados no respetan en lo abso­luto la franja de seguridad o de amortiguamiento.

Con Nueva Esperanza ya ins­talada, suman al menos 10 asentamientos humanos en los alrededores de la reserva en los últimos años.

Al grave problema social y ambiental que pueden significar los asentamientos humanos en áreas protegidas como San Rafael, otro actor muy fuerte se fue sumando al escenarios de con­flictos: El narcotráfico.

Desde mediados del 2000, gru­pos de narcotraficantes han encontrado en las áreas pro­tegidas de la Región Oriental de Paraguay el lugar perfecto para operar con sus plantacio­nes ilegales. En marzo de este año, agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y del Ministerio público des­truyeron 42.000 kilos de mari­huana. Según la organización WWF, dentro de su propiedad se han destruido unas 3.200 hectáreas para el cultivo de marihuana desde el 2004 hasta mediados del 2020.

Quienes conocen estos terri­torios aseguran que la situa­ción se vuelve cada vez más difícil, ya que cuando los nar­cos toman un territorio para sus plantaciones de mari­huana, los hechos de violen­cia pueden sucederse en cual­quier momento.

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Entre finales de noviembre y principios de diciembre del 2020, varias zonas del núcleo de la reserva se incendiaron durante días. Fue el infierno puro. Si bien para quienes tra­bajan en la conservación y cui­dado de esta área el alivio fue grande cuando paró el fuego, actualmente la preocupación para ver qué ocurren con estos territorios quemados. Todo apunta a que los narcos tomarán el control de estas parcelas, lo que no permitirá que el bosque vuelva a recu­perarse naturalmente.

En medio de toda esta situa­ción hay experiencias que dan esperanzas. La organiza­ción Guyrá Paraguay trabaja hace diez años en la zona de la reserva con un proyecto deno­minado Iniciativa Yerba Mate que promueve la plantación de yerba mate bajo sombra, es decir, sin deforestar, y sin usar ningún producto químico, ya que es totalmente orgánico.

En este proyecto participan campesinos de las comunida­des de Óga Itá y Jovere, ade­más de la Comunidad Mbya Guarani de Arroyo Moroti, todos en la región del Baapa y San Rafael. En setiem­bre del 2020, han producido 14.000 kilos de hojas verdes de la yerba –ya cosechada bajo sombra– y el objetivo es llegar a los 30.000 kilos en un año.

Eger “Don Lalo” Báez es uno de los productores de Oga Itá que se sumó al trabajo. “Don Lalo” nos recibe en su casa y explica los pormenores de este proyecto, que se nota, lo entusiasma. “La gente de Guyra nos dio la asis­tencia técnica. Nos enseñaron cómo hacer las podas y tam­bién trabajó con nosotros en principio un voluntario del Cuerpo de Paz”, expone.

En Óga Itá son 67 familias que están trabajando con la yerba mate bajo sombra. Rodolfo Ruiz y Diana Riveros, de Guyrá Para­guay, explican que la intención de este proyecto es hacer que las comunidades que viven en esta zona no colaboren con la defo­restación, una situación que ya es compleja. “La yerba es una planta endémica del Bosque Atlántico, es decir, es natural de aquí. Se ha comprobado que con una plantación orgánica, con tratamientos naturales, la misma puede tener un gran ren­dimiento”, explica Ruiz.

Para Florentina Armoa, de 65 años, de la comunidad Mba­tovy, la experiencia de trabajar con la yerba mate bajo sombra fue enriquecedora porque sir­vió, a su criterio, para demos­trar que no es necesario echar todos los árboles para tener ganancias con productos que salen del suelo. “Si envenena­mos nuestra tierra, es difícil que pueda generar algo bueno. Si echamos árboles sin control, entonces la naturaleza nos va a jugar en contra”, dice en un fluido guaraní, Florentina.

Agrega que toda su vida vivió en la zona y que el cam­bio en los últimos años es brutal. “Ya no hay madera, ya no hay árboles, hoy todo está vacío”, expone la mujer.

Gracias a un convenio con una empresa, toda la produc­ción de la yerba orgánica que sale de estas comunidades se vende a esta compañía, que posteriormente exporta.

Son jóvenes profesionales y apasionados por el ambiente y la conservación. En silencio trabajan desde hace años en promover la conservación de la vida que habita en los últi­mos remanentes de bosques de la Reserva San Rafael.

Guyrá Paraguay tiene su estación biológica denomi­nada Kanguery, que cuenta con unas 6.797 hectáreas en donde se trabaja en diferen­tes proyectos de conservación, con el uso de tecnología como la mayor aliada. Allí, biólogos, especialistas, guardaparques, monitores forestales, ingenie­ros forestales operan para ver la manera en que pueden hacer sus investigaciones.

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Pro Cosara también trabaja en la conservación de fauna y flora. Cuenta con cámaras trampa y sistemas de reconoci­miento de huella para ir detec­tando animales que habitan San Rafael, donde un plantel de jóvenes profesionales opera para hacer un seguimiento de lo que van encontrando.

A pesar de los graves problemas mencionados de invasión y de incendios, hasta este año, los registros del 2020 y de este año de las cámaras trampa mostra­ron por ejemplo la presencia de dos pumas (puma concolor) en el área de la reserva. Una especie que se creía ya no existía.

Entre el 16 y 17 de junio últimos, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) informó sobre una intervención en San Rafael. Una comitiva importante estuvo en el lugar para hablar con los miembros del asentamiento Nueva Espe­ranza, cuyos habitantes bus­can un lugar donde vivir, justa­mente en un lugar que también lucha por sobrevivir.