Por Ricardo Rivas, periodista, Twitter: @RtrivasRivas
“Muy buenos días, soy Jineth Bedoya Lima, peticionaria y víctima del caso. Fuimos víctimas el día que nos abusaron y violaron. Hoy, nos declaramos sobrevivientes y luchadoras. Esa es la consigna que miles de mujeres en el mundo hemos adoptado y replicado ante la barbarie de la violencia sexual. Pero la impunidad, todos los días, nos quita algo de sobrevivientes y nos va matando lentamente”. Así, comenzó a reclamar justicia la colega periodista de Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su secuestro, torturas y ataques sexuales reiterados que contra ella perpetrara un grupo de paramilitares, el 25 de mayo del 2000, cuando tenía 26 años y, desprevenida, acudió a una emboscada que le tendieron en la puerta misma de la cárcel La Modelo, de Bogotá. Desde hace 17 años procuro “buscar justicia y verdad”, expresa con firmeza.
“SOY PERIODISTA”
En la sala de audiencias el silencio es total. Solo su voz. “Soy periodista y llevo dos décadas documentando el conflicto armado colombiano”, agrega. Lee sus escritos con voz firme. Claramente se percibe que sabe lo que quiere y hacia dónde va. “He visto el horror de la guerra en toda su dimensión. Sé a qué huele la guerra y la recuerdo todos los días porque, una mañana, quedó grabada en mi cuerpo. El investigar una de las redes de corrupción más grande en Colombia me costó un atentado que por poco acaba con la vida de mi madre, Luz Nelly Lima Gutiérrez, el 27 de mayo de 1999”. Con voz y mirada firmes, pausadamente, recordó cada una de las estaciones del calvario colombiano. Reveló ante los jueces de la Corte que, luego de aquel ataque, muchas semanas después, “una funcionaria del Ministerio del Interior determinó que mi vida no corría riesgo. Pero seis meses después de llegar esa respuesta […] fui secuestrada, cuando acudí a realizar una entrevista [traga saliva para seguir y] en medio del secuestro fui torturada física y psicológicamente de la manera más brutal y, luego, fui violada por mis secuestradores. Quedé muerta en vida. Y ese mismo Estado que no me protegió, permitió que mi expediente [con los datos de la pesquisa] se perdiera, que me siguieran amenazando una y otra vez. Permitió que mis victimarios se pasearan por las altas esferas de la sociedad colombiana, sin que recibieran castigo. Permitió que, literalmente, enloquecieran con drogas psiquiátricas a uno de los testigos del proceso, Permitió mi revictimización sin levantar un solo dedo para impedirlo y, quiso obligarme a salir al exilio. Tal vez, para que todo quedara en el olvido. [Hace una pequeña pausa, inspira profundamente, levanta la vista, mira de izquierda a derecha a quienes ocupan la sala, y dice] Yo, opté por sobrevivir. Y opté por luchar por mi caso y seguir haciendo periodismo. Opté, por visibilizar miles de casos de mujeres que, como yo, quedamos cercenadas por la inoperancia de la Justicia y por la impunidad. En el 2008, la Corte Constitucional de Colombia envió un mensaje de urgencia a la Fiscalía General de la Nación, exigiéndole que priorizara 183 casos de violencia sexual. Entre ellos, está el mío. Es el número 62. Ocho años después, ese llamado, alcanza un 97% de impunidad. Yo, hago parte de esa cifra”.
DOS CONDENAS
Jineth levantó la vista sin mirar a ninguna parte. Acomodó las hojas del escrito que tenía entre sus manos y acusó: “El Estado colombiano no puede venir a presentar como un gran avance de su gestión dos condenas contra dos de mis victimarios, logradas en el último mes. Le recuerdo al Estado colombiano que esas condenas son el producto de mi persistencia, de mis lágrimas, de mi lucha, de mi búsqueda de la verdad gracias al apoyo de la Fundación para la Libertad de Prensa y gracias a un puñado de personas que me han apoyado. Sería deshonesto por parte del Estado colombiano, de cara a una nación que está buscando terminar un conflicto armado de 60 años y de cara a los procesos de paz que llevó adelante el gobierno de Juan Manuel Santos, mostrar como una acción efectiva y reparadora de justicia la condena de los dos eslabones más débiles de una gran cadena de corrupción, cuando los autores intelectuales siguen sin siquiera ser mencionados”. Precisa después: “La policía colombiana y el ejército de Colombia, además del Instituto de Prisiones, le deben una respuesta, no a Jineth Bedoya, sino al país [para saber] dónde están sus investigaciones internas sobre la participación de los funcionarios que planearon mi crimen, que perpetraron mi crimen. Y, tal vez, lo más revictimizante de toda esta historia que les he narrado en esta mañana, es que el Estado haya tenido la muy mala idea de llamarme, el pasado 7 de enero, a negociar, para cerrar este caso. Quiero creer que fue la buena intención de alguien, pero señores del Estado, la impunidad en ningún lugar del mundo puede ser negociable. Hay algo que vale más que todos los cheques que pueda girar un Estado. Y eso es la dignidad”. Su voz se quiebra, pero no pierde firmeza. Uno de sus acompañantes la mira con preocupación, pero no hace ningún gesto. Jineth, sin que tiemblen sus manos, hace un esfuerzo y, casi en llanto, expresa: “Les aseguro que si algo me sobra, es dignidad”. Aprieta con fuerza los labios. Su rostro se contrae. Sus lágrimas buscan arrojarse desde el borde de sus ojos, seguramente nublados, pero lo evita. La tensión crece. Mira hacia ninguna parte y finaliza. El aire estaba espeso. El silencio invadió a todos y todas. Un representante del Estado de Colombia dejó la sala. Sin embargo, el alegato para contradecir, aunque no negar, las denuncias de Bedoya Lima no se haría esperar.
“VERDAD”
En derecho, esa actitud supone “verdad en los hechos denunciados”, precisa una las profesionales que la asiste y representa. “Jineth lleva 16 años buscando justicia y en cada etapa ha encontrado obstáculos y amenazas”, agrega. “Este es un acto de violencia contra las mujeres, pero que se da en relación a la labor de Jineth como periodista. Es un hecho de violencia que pretende silenciar y, a esto se le suma, en la actualidad, el trabajo de Jineth, no solo como periodista sino como defensora de los derechos de las mujeres víctimas de violencia”, sentencia y añade: “La violencia sexual se da en el conflicto armado colombiano y que, en ese espacio, ha sido utilizado como un instrumento de guerra […] lo que fue constatado en el 2008 por la Corte Constitucional de Colombia, ya que estableció que “la violencia sexual es una práctica extendida, sistemática e invisible” en el desarrollo de aquella guerra sexagenaria “así como lo son la explotación y el abuso sexual”. Estremecedor. “Existe también en Colombia un contexto de agresiones y amenazas contra quienes ejercen la labor periodística y la defensa de los derechos humanos. De hecho, las amenazas, la tortura, la violencia sexual y la impunidad son vejaciones que de modo directo tienen como objetivo y efecto silenciar, inhibir el desempeño de esa profesión y la búsqueda de justicia. La característica común que tienen los casos de violencia sexual, amenazas y atentados contra periodistas y personas defensoras de los derechos humanos es la impunidad”, que alcanza al “99,8%, en los casos de contra periodistas”. Jineth y sus representantes argumentaron durante 90 minutos. Luego, la colega víctima fue interrogada por los jueces Elizabeth Odio Benito –presidente del tribunal- Patricio Pazmiño Freite, Eugenio Raúl Zaffaroni, Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot y Ricardo Pérez Manrique. Los magistrados procuraron detalles sobre la participación de agentes del Estado en los crímenes contra Jineth que volvió a hablar. Así se supo que “en 12 oportunidades” fue revictimizada por funcionarios judiciales y policiales de su país que le exigieron que relatara una y otra vez, en detalle, la forma en que fue abusada sexualmente. Sin embargo, las probanzas médicas de las agresiones recibidas demoraron hasta 10 años en ser parte de la investigación judicial. Canallas.
AMENAZAS
Contra Bedoya Lima las amenazas continúan. En este mismo mes de marzo fue amenazada por el grupo terrorista Águilas Negras. Pese a tanta prueba, a su tiempo, el gobierno colombiano “rechaza [no niega], de manera absoluta, todos los actos que atenten y vulneren la integridad de las mujeres dentro del conflicto armado y fuera del conflicto armado […] igualmente, Colombia rechaza, de manera absoluta cualquier atentado contra la libertad de expresión, cualquier o contra el periodismo”. Balbuceos para intentar explicar lo inexplicable. Jineth replicó mirándolos fijamente: “Ustedes [los funcionarios que representan al Estado colombiano] están hablando frente a una mujer que tiene su cuerpo marcado y su vida destruida por las torturas que sufrió el 25 de mayo del 2000. Para mí es vergonzoso escuchar lo que acabo de escuchar. Y quiero decir aquí que es revictimizante completamente, porque están faltando a la verdad […] A mí, me mataron en vida”. La tragedia colombiana gana espacio y castiga fuerte. La estadística explica que, entre los meses de diciembre de 1977 y agosto del 2015, un total de 153 periodistas fue asesinado y asesinada en Colombia. La información, devastadora, fue recopilada por el Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH] de ese país. La Fundación para la Libertad de Prensa [FLIP], por su lado, da cuenta que desde el 12 de octubre de 1938 hasta el 23 de diciembre del 2020 las muertes de periodistas “por causas asociadas a su oficio” llegan a 150. El CNMH, además, sostiene que entre 1958 y el 2018, el conflicto armado ha causado la muerte de 261.619 personas. Unas 215.000 pertenecientes a la sociedad civil, en tanto que 47.000 los identifican como “combatientes”. La colega periodista Marina Pasquiali revela en el Statista, del 16 de setiembre del 2019, que “los principales responsables de la violencia han sido los grupos paramilitares, a los que se les acusa de asesinar a 94.579 personas en estado de indefensión, seguidos por los grupos guerrilleros, que habrían cobrado la vida de 36.682 personas y en tercer lugar, otros grupos armados no identificados, supuestos responsables de 27.707 muertes”. Coincidentes estimaciones realizadas por la Unidad Nacional de Víctimas (UNV) colombianas de tales violencias reportan que poco más de 9 millones de personas han sido victimizadas y en esa condición miles se encuentran en situación de tránsito interno [desplazadas y desplazados] obligados por la guerra, en tanto que algunos miles fueron gravemente heridos por minas antipersonales esparcidas en los terrenos en disputa. Desde 1938 hasta el momento de estas reflexiones, 19 presidentes se sucedieron en Colombia, actualmente habitada por unos 50 millones de hombres y mujeres. Tierra de impunidades o, el “Ilustrísimo Estado de Colombia”, al decir de un funcionario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) atado al protocolo, el lunes pasado, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos comenzó a tratar el caso impune de Jineth, querida y admirada mujer colega periodista. ¿Es ilustre un Estado que no puede, no sabe o no quiere proteger los derechos humanos del pueblo por el que se constituye como tal? ¿Existe un Estado ilustrísimo cuando desde seis décadas amplias zonas de su territorio aparecen como incontrolables por los accionares de organizaciones criminales transnacionales; de ejércitos irregulares que disputan entre sí y contra las fuerzas regulares que no logran hacer efectivo el imperium para que ley y justicia dejen de ser palabras vacías de contenido para la ciudadanía? ¿Existe un Estado ilustrísimo cuando para grupos parainstitucionales y de terroristas de Estado no existe más poder que el de las armas, que el de la desaparición forzada de personas y constituirse en amos de la vida y de la muerte? Los vicarios que en este turno gobiernan en Colombia le temen a Jineth Bedoya Lima. Los que lo hicieron antes, también. Se enfrentan con un poder que desconocen: La palabra de quien decidió enfrentarlos a partir de su propia tragedia que convirtió en bandera para miles de mujeres con un lema que ya es transnacional, a la vez que de todas y todos #NoEsHoraDeCallar.