• Por Aldo Benítez aldo.benitez@gruponacion.com.py 

Marchan contra la impunidad. En los últimos tres años, se tuvieron 152 mujeres asesinadas por sus parejas. Hasta ahora, solamente hubo 4 condenas. Marchan contra la violencia intrafamiliar: 2.573 denuncias por violencia familiar tiene la Fiscalía en lo que va de este año. Marchan porque en apenas cuatro meses se reportaron 129 denuncias de niñas abusadas sexualmente. Ellas marchan porque quieren justicia.

Dorisel Marecos estaba trabajando en su despacho de la Eco Escuela de San Juan Bautista, Misiones, la tarde del pasado miércoles 18 de noviembre cuando llegó su pareja, Héver Gómez, y luego de una pequeña discusión, el hombre, un agente policial que estaba de servicio, sacó su pistola y efectuó varios disparos contra ella. La mató en el lugar. Luego, el uniformado se suicidó con la misma arma.

Dos días antes, Estela Noemí Ávalo, funcionaria de la Cámara de Diputados, fue muerta a manos de su pareja en la casa en la que convivían en Barrio Obrero, Asunción. El feminicida, Óscar Fabián Acuña, intentó quitarse la vida cortándose varias partes del cuerpo, pero no logró su objetivo. Dos días diferentes, dos historias similares, una misma situación. Violencia contra la mujer.

Durante mucho tiempo, el Estado paraguayo miró a otro lado sobre cuestiones de violencia en el seno familiar. Siempre se creyó –o algunos astutos nos hicieron creer– que el Estado solamente estaba para dar soluciones estructurales. Que el Estado solamente podía velar por las rutas, por los medicamentos, por la educación de la ciudadanía. Durante mucho tiempo, nos quisieron hacer creer que el Estado no tenía que.

Pero desde hace un tiempo atrás, se ha replanteado el rol del Estado en lo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar y, sobre todo, en lo que guarda relación con la violencia contra la mujer, que aquí en Paraguay es algo arraigado en la cultura misma. Sobran los números de alarma con respecto a esta situación: cada 10 días una mujer es asesinada por su pareja hombre en nuestro país. Solamente en el 2018, 584 niñas de entre 10 a 14 años fueron madres. En todos los casos fueron víctimas de abuso.

Para la historiadora Ana Barreto Valinotti, existe un elemento muy importante a la hora de analizar la cuestión y que tiene que ver con la carga que tenían las leyes en referencia a la conducta de los hombres. En este sentido, la historiadora refiere que desde la época de la Colonia y hasta después de la Guerra de la Triple Alianza (1870), el Paraguay regía su sistema judicial por las Leyes de las Siete Partidas, que habían sido elaboradas durante la Edad Media por el rey Alfonso. En esta normativa, por ejemplo, se autorizaba al marido a aplicar “correctivos” a sus esposas.

Ana Barreto Valinotti menciona, a modo de ejemplo, el caso de Gregoria Ávalos, una mujer que supuestamente se suicidó allá por 1857, en Valenzuela, Cordillera. En las documentaciones judiciales respecto al caso de Gregoria, la historiadora encuentra que el fiscal que atendió su causa insistía en que a ella la mató su esposo, quien había reconocido que le había aplicado un “correctivo”. ¿El motivo?: el esposo detectó que su hermano estuvo coqueteando con Gregoria.

Según Barreto Valinotti, los documentos muestran que el cuerpo de Gregoria fue encontrado con múltiples golpes, con rastros de haber sido golpeada con rebenque de cuero trenzado y una herida muy profunda en la cabeza. Sin embargo, el abogado defensor del esposo y de su hermano, en plena audiencia, dijo que la “lección” que le había dado el marido a Gregoria era correcto y que además el suicidio era lo mejor que ella pudo haber hecho para no vivir con la carga de haber desvergonzado a su esposo.

Un año después, los hermanos obtuvieron la libertad. El caso quedó confirmado como suicidio, cuenta la historiadora. “Una sociedad que crece con casos emblemáticos en que un asesinato con saña como el de Gregoria queda en la nada, va moldeando su conducta de acuerdo a eso. Es imposible no hablar de ese pasado. De entender que en épocas pasadas, las mujeres eran propiedad de los hombres. Hay un condicionamiento que es social y eso se termina transmitiendo de generación a generación”, expone Barreto Valinotti.

La historiadora habla de esa construcción social, de esas costumbres a las que también se fueron amoldando las leyes. “Hasta antes de la modificación del Código Civil de 1951, la mujer tenía que ser tutelada por el hombre. Un varón menor de edad podía crecer, convertirse en un hombre, tener sus propiedades, sus cosas. La mujer quedaba en tutela permanente. Primero en tutela del padre, a la muerte de este, en tutela del marido y si no tenía, se buscaba a los hermanos”, expone la académica.

Incluso, Barreto Valinotti va mucho más atrás. “En el Derecho Romano, en las Leyes de las Siete Partidas, la mujer siempre fue un ser inferior. Si la historia de Paraguay empieza en 1537 con la fundación del Fuerte de Asunción, existiendo desde entonces 400 años de leyes que le habilitaban al hombre a ser superior, entonces eso moldea conductas”, dice.

Para Barreto Valinotti, la actual Ley 5777 (2016) “De Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de Violencia” y que introduce la figura de feminicidio al sistema judicial es importante y era necesario porque no solamente abarca los casos de asesinato de mujeres, sino que tiene un alcance más amplio sobre las formas de violencia. Esto, además, con el tiempo, puede ir moldeando conductas a partir de una intervención estatal más eficiente.

Según datos del Ministerio de la Mujer, 152 mujeres fueron asesinadas por sus parejas desde el 2017 hasta noviembre de este año. En los tribunales, sin embargo, apenas se tuvieron cuatro condenas para los feminicidas.

En Ciudad Mujer, un centro de atención a la mujer dependiente del Ministerio de la Mujer, las atenciones suman 19.139 casos, desde agosto del 2018 a octubre de este año. Son denuncias de todo tipo, aunque la mayoría tiene que ver con violencia en sus diferentes formas.

Los huérfanos y huérfanas

Un elemento que arrastra esta cuestión de los feminicidios tiene que ver con los hijos e hijas de las víctimas. Según el Ministerio de la Mujer, desde el 2017 hasta noviembre de este año, todas las mujeres asesinadas por sus parejas dejaron un total de 134 huérfanos y huérfanas. La intervención estatal en este caso justamente recién se aplicó ahora, con la promulgación de una ley de atención a estos niños y niñas. La normativa establece una pensión para cada uno, además de una atención sicológica y un acompañamiento por un tiempo prudencial.

El rol de la prensa

El Grupo Nación prepara un conversatorio sobre “La violencia intrafamiliar, el feminicidio y el rol de la prensa”, que tendrá como principales oradores a autoridades del área, especialistas y representantes de los distintos medios de comunicación. El objetivo es generar un debate sobre este fenómeno social que golpea con fuerza al país y apostar a un periodismo más responsable y comprometido para abordar este tipo de hechos.

Apuntar a lo preventivo

Para la abogada Dina Cabañas, de la organización Católicas por el derecho a decidir, la violencia contra la mujer está arraigada en la cultura machista paraguaya. Agrega que es vital la intervención del Estado en el tema, pero no solamente en lo que tiene que ver con lo represivo, sino en algo que ella considera más importante, que es lo preventivo.

“Fijate que recién con la Ley 1600 del año 2000 el Estado interviene en el asunto (con la ley de violencia doméstica) desde un punto de vista jurídico. Pero le falta una otra pata, que es la cuestión de establecer una política de Estado de prevención porque la violencia doméstica siempre existió, desde la violencia física y la sicológica. Tenemos una cultura de desigualdad de género que marcó a generaciones”, expresa Cabañas.

Cabañas se refiere en este sentido a que es necesario que el Estado tenga un proyecto más directo en lo que tenga que ver con los programas de prevención. “Necesitamos una educación de no violencia. Una educación de igualdad de género. Porque las mujeres sufrimos mucha violencia, en la casa, en la calle y en el trabajo. Estamos totalmente expuestas”, apunta la profesional.

Para Cabañas, la función del Estado en la cuestión de la violencia contra la mujer es fundamental porque puede tener intervención directa en un campo que considera absolutamente necesario, que es el de la educación. “Tenemos los altos índices de embarazos de niñas y adolescentes. Es urgente que ahí se pueda generar un cambio”, expone Cabañas.

Para la abogada Cabañas, un tema recurrente a la hora de establecer responsabilidades del Estado tiene que ver con el cuidado y protección de las niñas abusadas. En ese sentido, los números son de terror. Solamente entre junio y agosto de este año, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna) recibió 129 denuncias de niñas que fueron abusadas. La mayoría de los casos por gente de su entorno.

“Es súper importante tener información desde el Estado con enfoque de derecho. Por eso es necesario que se entienda que el Estado es laico, que no tiene que tener ninguna injerencia religiosa para que pueda cumplir su labor de hacer campañas o programas de prevención en los niños y niñas, en los adolescentes”, dice Cabañas.

El 25N por las hermanas Mirabal

El 25 de noviembre de cada año se celebra a nivel mundial prácticamente el Día de la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Se eligió este día en conmemoración a las hermanas Mirabal, que fueron tres mujeres dominicanas que lucharon tenazmente contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961) en la República Dominicana.

En realidad eran cuatro hermanas, pero Bélgica Adele no tuvo una participación política importante dentro de la oposición que hicieron Minerva, María Teresa y Patria Mirabal a la dictadura de Trujillo, una de las más crueles que se recuerden en Centroamérica. En varias ocasiones fueron torturadas y violadas, además de estar durante mucho tiempo encerradas en diferentes cárceles dominicanas.

De acuerdo con los datos históricos, después de ganar preponderancia con manifestaciones y diversas actividades rechazando la dictadura, el 25 de noviembre de 1960, un equipo de sicarios contratado por el gobierno de Trujillo emboscó a las hermanas y ese mismo día fueron asesinadas.