Paraguay viene reduciendo sus­tancialmente el riesgo país en el gobierno del presidente Santiago Peña, cuestión que merece nues­tro detenimiento para que la información y el respectivo análisis lleguen de modo veraz especialmente al público que recibe otras declaraciones sobre este tema, las más de las veces con el objetivo de desa­creditar este indicador y así menoscabar la gestión gubernamental.

El riesgo país, como se sabe, es un indi­cador importante en el contexto global y se convirtió en un elemento importante para determinar la viabilidad de los com­promisos a cumplirse en cuestiones que hacen al cumplimiento por parte de un Estado con el pago de su deuda externa. Es como un reflejo de la confianza o des­confianza de los mercados internacio­nales en la economía e influye sobre los costos que un país debe pagar para finan­ciarse. Como se podrá notar, solo en esta introducción ya encontramos algunos detalles que requieren ser difundidos en su correcta acepción para no tener que caer en la injundia e ignorancia de los que se refieren sobre este tema.

En efecto, cuando baja el riesgo país, las posibilidades de que el Estado y el sec­tor privado conformado por las empre­sas se ven beneficiados conjuntamente porque el costo de futuros financiamien­tos se ven influidos con menores trabas burocráticas y sobre todo en las tasas de interés, expandiéndose de esta manera el mercado capitales, tan necesario para las inversiones y la creación de puestos de trabajo en cualquier lugar del planeta.

De modo que si un Estado mediante la administración del gobierno de turno en el poder en ese momento se muestra creí­ble porque cumple en tiempo y forma sus compromisos, también obtienen ventajas los sectores privados involucrados en la tarea de invertir en más negocios, todo lo cual es de impacto positivo sobre la eco­nomía en su conjunto.

Ahora bien, para que dicho escena­rio pueda darse y fructificar la baja en el riesgo país también los inversionis­tas locales como foráneos, son beneficia­dos con aquel cumplimiento en el com­promiso de la deuda contraída por el gobierno.

Cuanto más bajo el riesgo de un país determinado quiere decir –y lo siguiente es muy importante para tomar en cuenta– quiere decir que existe estabili­dad política y solidez institucional. Esto último ocurre en los países democráticos expuestos permanentemente a la discu­sión sana y constructiva por parte de sus ciudadanos.

Por supuesto, nos referimos a la discu­sión que trae consigo propuestas sensatas adosadas de críticas con argumentos que la gente sabrá apreciar en las respectivas elecciones de autoridades. Así es como funcionan las sociedades libres.

En el caso de nuestro país y con referen­cia al tema aquí expuesto, ocurre que estamos ubicados como el tercer país con menor nivel de riesgo en la región, en el que Uruguay ocupa el primer lugar, luego Chile y Paraguay, de acuerdo a los datos proveídos desde el Indice EMBI (Emer­ging Markets Bond Index) de la J. P. Mor­gan Chase, calculado según el indice de rendimiento que pagan los bonos sobe­ranos emitidos por países emergentes en dólares y los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

Esto es, un EMBI alto implica dificulta­des para pagar deudas y un EMBI bajo indica mayor confianza de los inverso­res. Efectivamente y como decíamos más arriba, no se trata solo de pagar deudas sino del prestigio que tiene un país desde el gobierno ante los mercados globales que informan a las empresas si resulta prudente o no invertir en un país deter­minado, siempre tomando en cuenta las cuestiones relacionadas a la política como la estabilidad y el cumplimiento de la supremacía de la legalidad constitu­cional.

En ningún momento ni en ningún lugar del mundo, la economía es un comparti­miento estanco de la política y viceversa. Ambas se relacionan íntimamente al punto que una economía en crecimiento, como lo es la nuestra, es el resultado de la fortaleza en el cumplimiento de sus nor­mativas internas de política y economía aplicadas en su territorio. Es por ello que el menor riesgo país que viene obteniendo nuestro país –y que algunos desprecian– va más allá de los compromisos en el pago de la deuda.

El examen de la Contraloría a dos periodos de Peña, del 2014 al 2017 y del 2023 hasta la actualidad, dio como resultado que existe correspondencia en sus declaraciones.

• HOY.COM.PY

El presidente Santiago Peña habló acerca de los años en los que estuvo fuera de la función pública, que coinciden con el aumento de su patrimonio. Contó qué pasó en ese periodo y apuntó a sus adversarios políticos de turno.

El examen de la Con­traloría General de la Repú­blica a dos periodos de San­tiago Peña, del 2014 al 2017 y del 2023 hasta la actuali­dad, dio como resultado que existe correspondencia en sus declaraciones. Respecto a los años no auditados, que están fuera de la competencia de la Contraloría, ya que se desa­rrollaron fuera de la función pública, Peña recordó que en ese momento era un ciuda­dano privado.

“Y en un momento de mi carrera decidí trabajar en el sector privado, en un sector privado en el que también mis adversarios políticos se encargaron de publicar mi salario que por hecho era muy abultado, o sea, no hay nin­gún secreto. Aún cuando yo era un ciudadano privado, se expuso mi información pri­vada, pero bueno, son los ries­gos de la política”, contestó. Señaló que su patrimonio está totalmente transparentado y que la trazabilidad cuenta desde su primera declaración jurada en 2014.

• Por Benjamín Livieres
• Analista político

El presidente Santiago Peña anunció días atrás la firma de un acuerdo entre los gobiernos de Paraguay y Taiwán para crear una empresa binacional de Inteligencia Artificial, con sede en nuestro territorio. Será uno de los “hub” de IA más grandes del mundo, en palabras del mandatario. Un proyecto ambicioso, de enorme potencial, que –políticas correctas mediante– nos transformaría de consumidores en productores de uno de los bienes más preciados de este siglo.

No es poca cosa. Por razones históricas muy poderosas, entre ellas una guerra de exterminio, otros conflictos bélicos externos e internos, más una larga dictadura, ya “nos comimos” el proceso de industrialización que siguieron otras naciones y fuimos relegados a los últimos lugares de la fila, como proveedores de materia prima, con los consecuentes costos económicos y sociales que eso supuso. Y ahora que el mundo enfrenta un nuevo escenario, con la inteligencia artificial como uno de los factores dominantes, tenemos la posibilidad de ser parte del elenco, algo a lo que todavía no se proyectan la mayoría de los países del subcontinente.

Por supuesto, hay un camino por recorrer, que comienza por la socialización de todos los términos del referido acuerdo, el modelo de negocio, lo que invertirá cada una de las partes, los derechos societarios debidamente estipulados, hasta llegar finalmente a su tratamiento y aprobación por los Congresos de Taiwán y el nuestro. Y entre medio, el abordaje serio de los obstáculos que deben superarse en el corto y mediano plazo, como el concerniente a la energía, que ya no tenemos en abundancia, pese a que altos funcionarios sigan insistiendo en lo contrario sin ningún fundamento.

Con respecto a los derechos, hay un tema de fundamental importancia: la transferencia de conocimiento y tecnología a nuestro país. De poco o nada serviría a los intereses nacionales un enclave tecnológico si no se garantizara tales aspectos, determinantes para nuestro desarrollo. Y para que esto último resulte efectivo, necesariamente debe ir acompañado por políticas educativas y de inclusión digital –hasta ahora inexistentes–, como acertadamente plantea la doctora Sofía Scheid desde hace ya varios años.

Aunque todavía esté “verde”, el proyecto es de una relevancia estratégica indiscutible, siempre y cuando no se limite a los tradicionales anuncios políticos que duran lo que lleva a los cibernautas leer algún titular en sus redes sociales. Por el contrario, lo informado por Peña desde Taiwán debe ser el punto de partida de un amplio debate que tenga como norte sacar el máximo provecho de lo que por ahora es un acta de entendimiento.

Si algunos medios de comunicación, como Abc o Telefuturo, prefieren insistir en temas como la presunta “guerra sucia” que el gobierno estaría librando en contra de ellos o “por qué Chaqueñito había obtenido tan rápidamente una casa del Estado,” que lo sigan haciendo. Es solo ruido que hace parte de la descomposición mediática. Por cierto, hubiera bastado con que los órganos comunicacionales oficiales, de paupérrimos resultados, deslindaran la responsabilidad del Ejecutivo ante tales hechos y manifestaran el compromiso de investigar lo denunciado, en vez de enfrascarse en una polémica que ocupa las primeras planas pero que a nadie importa.

La agenda de discusión no puede focalizarse en cuestiones como esta, sino en aquellas que, en verdad, son de interés público. El acuerdo inicial con Taiwán no es la única, desde luego, pero es una de ellas.

Varios empresarios acompañan a la delegación del mandatario paraguayo en su gira por Asia.

El presidente Santiago Peña se reunió con la vicepresidenta Hsiao Bi-khim para avanzar en una agenda de cooperación concreta, combinar la energía de Paraguay con la infraes­tructura digital de Taiwán para desarrollar capacidades de pro­cesamiento de datos al servicio de la inteligencia artificial, una tecnología que estará al servicio de todos los paraguayos.

Una alianza que se traduce en oportunidades reales para nuestra industria, nuestra edu­cación, nuestra agricultura y nuestra medicina.

“Realmente para nosotros es un placer volver a Taipéi, un lugar que sentimos como nues­tro segundo hogar. Fiel a nues­tra relación entre Paraguay y Taiwán, hemos dado pasos importantes a lo largo de los dos años y medio, desde que asumí el 15 de agosto del 2023. Y esta visita va a marcar un hito dentro de nuestra relación bila­teral, que lleva casi siete déca­das”, manifestó Peña durante la bienvenida a su llegada al país.

“A lo largo de estos dos años y medio he trabajado para pro­fundizar los lazos de herman­dad. Pero mi gran objetivo no fue solamente consolidar ese lazo con el Gobierno, con las relaciones diplomáticas, sino principalmente con el sector privado”, agregó .