A cinco meses de su puesta en marcha, el Registro Unificado Nacional (RUN) procesó más de 212.000 documentaciones relacionadas con inmuebles y logró resolver unas 175.000, lo que representa aproximadamente el 82 % de los trámites ingresados.

Así lo informó la gerente del RUN, Lourdes González, quien destacó que el nuevo sistema permitió avanzar en la modernización de los procesos registrales y catastrales del país. La implementación del RUN constituye una de las reformas institucionales más importantes de los últimos años en materia de administración de la propiedad inmueble.

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La creación de este sistema busca reducir la burocracia, agilizar los trámites vinculados a compraventas, hipotecas, transferencias y regularización de propiedades, además de mejorar la seguridad jurídica para ciudadanos, empresas e inversionistas.

Según explicó González, pese a los cuestionamientos que surgieron durante el proceso de transición, las operaciones inmobiliarias nunca se paralizaron. “La transacción inmobiliaria en Paraguay no se detuvo en ningún momento”, afirmó a la 1330 AM, al referirse a las preocupaciones iniciales planteadas por algunos sectores del mercado.

Uno de los principales desafíos encontrados al inicio de la gestión fue la acumulación de expedientes heredados de administraciones anteriores. La gerente reveló que el RUN recibió una “mochila” de aproximadamente 15.000 documentos pendientes de procesamiento. Entre esos casos se detectaron incluso dos gavetas con cerca de 1.200 expedientes correspondientes al año 2022 que no habían registrado ningún movimiento administrativo durante años.

La situación evidenció problemas históricos dentro del sistema registral paraguayo, caracterizado por retrasos, duplicidad de procesos y una fuerte dependencia de procedimientos manuales.

No obstante, González advirtió que el éxito de la reforma dependerá en gran medida de la inversión que el Estado realice en tecnología e infraestructura. Señaló que el RUN inició sus operaciones sin contar con los recursos presupuestarios previstos originalmente por la legislación que creó la institución. “Si no se apuesta a una fuerte inversión tecnológica y de infraestructura física, esto va a ir mucho más en el tiempo”, sostuvo.

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Mientras avanza el análisis del aumento salarial que regirá desde julio, economistas advierten que el IPC utilizado para calcular el ajuste no captura el peso que tienen los alimentos en el presupuesto de las familias de menores ingresos.

A pocas semanas de definirse el reajuste del salario mínimo que entrará en vigencia desde julio, el debate ya no gira solamente en torno al porcentaje de aumento, sino también sobre si el mecanismo utilizado para calcularlo refleja realmente el costo de vida de los trabajadores paraguayos.

Actualmente, el ajuste se determina en función de la inflación acumulada entre junio de 2025 y mayo de 2026, medida a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Banco Central del Paraguay (BCP).

Sin embargo, para el economista Rodrigo Ibarrola, investigador asociado del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP), ese indicador presenta una limitación importante cuando se lo utiliza para definir salarios.

“Si se aplica únicamente la inflación observada, el ajuste sería muy exiguo”, sostiene. Punto en el que recuerda que el IPC es un indicador agregado que mide el comportamiento promedio de precios de cientos de bienes y servicios.

El problema con esto es que no necesariamente representa el patrón de consumo de los trabajadores que perciben el salario mínimo, explica el especialista.

Según indicó, una familia típica destina más de la mitad de sus ingresos a la compra de alimentos, mientras que dentro de la estructura del IPC este rubro tiene una ponderación cercana al 25 %.

“El ajuste por IPC siempre será insuficiente. El trabajador siente mucho más el aumento de los alimentos porque es ahí donde concentra gran parte de sus gastos”, remarcó Rodrigo.

Esta diferencia ayuda a explicar por qué muchas familias perciben una pérdida de poder adquisitivo incluso en períodos de inflación moderada. Mientras el índice refleja el comportamiento promedio de toda la economía, los hogares de menores ingresos enfrentan una realidad distinta, marcada por el peso que tienen los alimentos dentro de su presupuesto mensual.

El economista hizo hincapié en que el propio Banco Central ha señalado en varias ocasiones que el IPC fue diseñado como una herramienta de política monetaria, y no como un instrumento específico para la política salarial.

En este contexto, señaló que existen indicios de que el Gobierno estaría evaluando un incremento superior al porcentaje que arroja estrictamente el IPC, ante el estancamiento del salario real observado en los últimos años.

No obstante, advirtió que aún falta información clave para determinar si el eventual reajuste será suficiente para recuperar capacidad de compra. “Hoy no contamos con una canasta específica que refleje el consumo típico de un trabajador asalariado. Lo único que sabemos es que ajustar exclusivamente por IPC resulta insuficiente”, concluyó.

El presidente de la República, Santiago Peña, emitió un decreto para ordenar los gastos del Estado y priorizar hacia ciertos sectores, específicamente salud, educación, seguridad y programas sociales. Se trata de una medida para fortalecer la sostenibilidad financiera del Estado.

Se trata del Decreto n.° 6120, “por el cual se establecen medidas adicionales de optimización, priorización y gestión eficiente del gasto público en el marco del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026”. El texto fue impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y se enmarca en los principios de eficiencia, responsabilidad y transparencia establecidos en la Ley de Administración Financiera del Estado y en la Ley de Responsabilidad Fiscal, teniendo en cuenta el actual contexto económico y la necesidad de garantizar una gestión prudente de las finanzas públicas.

El decreto establece criterios orientados a evitar la expansión de gastos no prioritarios y la generación de obligaciones sin respaldo financiero efectivo. Entre las principales disposiciones se destaca la priorización del gasto en salud, educación, seguridad y programas sociales, garantizando la continuidad de los servicios esenciales para la población; como también la utilización prioritaria de Recursos Institucionales (Fuente 30) antes de recurrir a Recursos del Tesoro (Fuente 10), buscando una gestión más sostenible y eficiente de las finanzas públicas.

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Además, el documento contempla la presentación de planes institucionales de regularización de obligaciones pendientes con proveedores y contratistas, a fin de ordenar y transparentar los compromisos financieros del Estado (deudas); y establece restricciones y medidas de racionalización sobre gastos operativos, adquisiciones de bienes no esenciales, equipamientos de oficina, catering y nuevas inversiones no prioritarias.

También se establecen determinadas migraciones de cuotas del Plan Financiero requieran autorización previa del MEF, reforzando así los mecanismos de control y seguimiento de la ejecución presupuestaria.

Las arcas del Estado fueron golpeadas por la caída del dólar en los primeros meses del año y actualmente se está trabajando intensamente en honrar las deudas con sectores importantes, como son el de las farmacéuticas y las firmas de construcción vial.

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El presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martin, mantuvo una reunión con el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Lovera, para abordar temas vinculados con el sector productivo, el presupuesto institucional y el avance de proyectos estratégicos, según informó el MEF.

De acuerdo con la cartera económica, el ministro recibió en su despacho al titular de Senacsa para dialogar sobre asuntos relacionados con la planificación de la institución y su articulación con las políticas económicas del Gobierno.

En ese contexto, Martin explicó que durante el encuentro se dio seguimiento al proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el cual se solicitó una ampliación de plazo hasta febrero de 2027, con el objetivo de concluir las acciones previstas dentro del cronograma establecido.

Al término de la reunión, el titular de Senacsa señaló que también se analizaron aspectos vinculados con el comportamiento de las exportaciones durante el primer cuatrimestre del año, incluyendo el impacto del tipo de cambio y factores externos, como el conflicto en Oriente Medio, que incidieron en los envíos.

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Asimismo, las autoridades abordaron el avance del presupuesto 2026 y la planificación institucional con miras al 2027, buscando alinear las prioridades de Senacsa con las políticas económicas impulsadas por el Ejecutivo.

Finalmente, Martin destacó el desempeño del sector cárnico, subrayando la apertura de nuevos mercados y el crecimiento sostenido de las exportaciones de carne bovina, porcina y avícola, impulsadas por nuevas habilitaciones e inversiones en el sector.

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