- Madrid, España. AFP.
La fiscalía solicitó un año de prisión y casi 3.000 euros de multa para un aficionado del club Real Oviedo que profirió insultos “de carácter racista” hacia Kylian Mbappé, luego de que el delantero del Real Madrid marcara un gol en 2025.
El ministerio público de Asturias, en el noroeste de España, indicó en un comunicado que el 24 de agosto pasado, “sobre las 22:07, cuando el jugador del equipo visitante, de piel negra, marcó un gol en contra del equipo local, el acusado, obrando con evidente desprecio al color del jugador, profirió contra él gritos y escenificó gestos de menosprecio de carácter racista”.
“Estas manifestaciones de menosprecio consistieron en simular los gestos que hacen los primates y reproducir gritando los sonidos ‘uh, uh, uh’, onomatopeya que imita el sonido emitido por los monos”, prosiguió la fiscalía. Se trató de la primera vez, desde su llegada a Madrid a mediados de 2024 que Mbappé fue víctima de un incidente de este tipo, recurrentes en partidos de la Liga española.
Un objetivo frecuente es Vinícius, compañero brasileño de Mbappé en el Real Madrid, varias veces víctima de discriminación racial en España que se ha convertido en símbolo de la lucha contra la discriminación en el mundo del fútbol.
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Aumentaron las denuncias de hechos punibles en comunidades indígenas
Un total de 2.402 denuncias relacionadas con los pueblos originarios reportó la Oficina de Estadísticas de la Fiscalía al presentar un análisis de 2.443 causas ingresadas entre los años 2023, 2024 y 2025, en las que estarían involucradas víctimas indígenas de hechos punibles y, en otras, como presuntos autores. Esto en el marco del Día del Aborigen Americano, que se celebra cada 19 de abril.
El informe señala que el año 2023 cerró con 665 denuncias; en 2024 aumentaron a 767, y en 2025 se registró un incremento considerable, alcanzando 970 denuncias. En cuanto a los días de mayor frecuencia, los sábados, domingos y lunes concentran la mayor cantidad de denuncias, según el análisis del Observatorio del Ministerio Público.
En 1.245 denuncias aparece al menos un presunto autor perteneciente a una comunidad originaria, mientras que en 484 causas figuran dos o más, incluso con la participación de grupos de personas, según datos de la Oficina de Estadísticas de la Fiscalía. Los departamentos con mayor cantidad de denuncias en los últimos tres años son: Canindeyú (593), Caaguazú (410), Amambay (368), Concepción (179), Alto Paraná (135), Boquerón (126) y San Pedro (120).
Los 15 hechos punibles más frecuentes: violencia familiar, lesión, amenaza, homicidio doloso, abuso sexual en niños, lesión grave, hurto agravado, daño, hechos punibles contra la ley N.º 716/96 (delitos contra el medio ambiente), coacción, estupro, hurto, violación del deber de cuidado o educación, violación de domicilio.
Drama sin fin
El Ministerio Público puntualiza que los casos de abuso sexual en niños, el embarazo precoz en adolescentes, la violencia familiar y la influencia del crimen organizado son algunos de los hechos que más afectan a las comunidades de pueblos originarios. A esta situación se suman las migraciones hacia las ciudades, lo que genera discriminación y exclusión social. Al encontrarse fuera de sus comunidades, sin la guía y contención de sus líderes naturales y de la familia extendida, muchas personas pierden su identidad y autoestima étnica.
Ante hechos considerados de gravedad o faltas leves cometidos por miembros de estas comunidades, sus líderes analizan cada caso y solicitan que las sanciones se apliquen conforme a la legislación nacional o al derecho consuetudinario.
Trámite para denuncias
1- Comunicación inmediata: la Oficina de Denuncias Penales debe comunicar de forma inmediata el ingreso de la causa al agente fiscal competente y a la Dirección de Derechos Étnicos.
2- El agente fiscal debe solicitar la intervención de la Dirección de Derechos Étnicos, incluyendo la designación de un consultor técnico, y remitir todos los antecedentes del caso.
3- Un equipo de funcionarios de dicha Dirección debe constituirse en la comunidad para recabar más datos sobre el hecho denunciado. Asimismo, se debe informar al líder comunitario sobre los alcances de la investigación penal en curso, dejando constancia en acta. En la comunidad, el líder recomienda si corresponde aplicar la legislación nacional o el derecho consuetudinario, según cada caso.
Cuando existen víctimas que requieren evaluación, acompaña una profesional psicóloga. En casos de abuso sexual, coacción sexual o violencia familiar, la atención se realiza dentro de la comunidad, considerando que muchas víctimas no cuentan con recursos para trasladarse.
4- Finalizada la intervención, se elabora un dictamen jurídico-antropológico con recomendaciones al agente fiscal sobre el derecho aplicable, diligencias pendientes, medidas de protección indígena y posibles salidas del caso. Este documento incluye también la evaluación de la víctima.
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Fiscalía inicia investigación contra joven por violencia familiar y crueldad animal
Desde el Ministerio Público informaron este viernes que inició dos investigaciones paralelas contra un joven de 27 años por presunta violencia familiar y crueldad animal, y en ambos casos dictó órdenes de detención contra el presunto responsable.
Según indicaron, los hechos denunciados formalmente este jueves 16 de abril de 2026, exponen un ciclo de agresiones físicas y psicológicas contra su expareja, de 33 años.
Agregaron que, según antecedentes, el sindicado habría utilizado violencia extrema hacia un animal doméstico como mecanismo de coacción y control emocional para infligir mayor sufrimiento a la víctima.
La causa por violencia familiar es impulsada por el fiscal Edgar Delgado, titular de la Unidad Penal n.° 1 de Presidente Franco, y se centra en las agresiones sufridas por la mujer.
También expresaron que como parte de las diligencias, la víctima prestó declaración testifical, además de ser inspeccionada por un médico forense del Ministerio Público. Asimismo, recibió contención psicológica integral por parte de profesionales especializados del Centro de Atención a Víctimas, a fin de evaluar el impacto de los maltratos psicológicos.
Crueldad animal
El mismo joven de 27 años se encarga de la investigación por parte de la fiscal Viviana Sánchez en el caso por crueldad animal, a partir de la reciente viralización de un video del hecho, ocurrido en diciembre de 2025.
La Fiscalía refirió que el documento fiscal detalla que, tras una discusión y bajo los efectos de estupefacientes, el sospechoso habría ahorcado a un gato para luego arrojarlo violentamente al suelo.
“Esta acción, que habría provocado la muerte inmediata del felino, está tipificada como hecho punible con penas que podrían alcanzar hasta seis años de prisión”, informaron.
Finalmente acotaron que ante la gravedad de los hechos y el peligro latente para la denunciante, ambos agentes fiscales emitieron órdenes de detención preventiva contra el joven.
La Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal también intervino formalmente en el proceso, solicitando el cumplimiento estricto de la Ley 7513/25.
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Dinero incautado a Dalia López pasa a la bóveda de seguridad del BNF
La fiscal adjunta Matilde Moreno Irigoitia, de la Unidad Especializada de Narcotráfico y Crimen Organizado, dispuso que los billetes incautados en el marco de la causa por uso de documentos públicos de contenido falso en la que está procesada y presa Dalia Angélica López Troche, sean remitidos a la bóveda de seguridad del Banco Nacional de Fomento (BNF).
Las evidencias, consistentes en billetes en guaraníes y dólares, se encontraban bajo guarda y custodia en el depósito central “La Piedad” del Ministerio Público. No obstante, desde la fecha, los mismos fueron remitidos por disposición fiscal al referido estamento.
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Conforme al antecedente, el 2 de abril de 2026, a las 17:40, el agente fiscal Federico Leguizamón, de la Fiscalía Barrial N. º 2, encabezó un allanamiento en una vivienda ubicada en el barrio Herrera de Asunción, que derivó en la detención de Dalia Angélica López Troche, quien se encontraba en rebeldía desde el 18 de marzo de 2020 y contaba con orden de captura internacional. El procedimiento fue realizado con apoyo de personal del Departamento de Tráfico de Armas de la Policía Nacional.
Igualmente, Dalia López designó a los abogados Álvaro Cáceres, Cristóbal Cáceres y Dante Gulino como nuevos defensores. Los mismos buscarán que la que estuvo prófuga por seis años pueda ser beneficiada con el arresto domiciliario.
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La Fiscalía nunca debió imputar porque los delitos ya prescribieron, sostiene la defensa del senador Rivas
El abogado Álvaro Cáceres, representante legal del senador Hernán David Rivas, se refirió sobre la resolución firmada por el tribunal de apelación en mayoría sobre la prescripción y la desvinculación del proceso penal por producción y uso de documento no auténtico con relación al título de abogado del citado parlamentario.
Cáceres fue claro en señalar que “la Fiscalía nunca debió imputar a Rivas porque los delitos imputados y acusados ya no podían ser perseguidos penalmente porque habían prescripto”. Indicó que “la resolución de la Cámara de Apelación fue la de corregir y argumentar jurídicamente que no puede haber uso de documento público falso cuando no existe el delito principal conexo, que es el hecho punible de producción de documento falso”.
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“Creo que la postura de la Fiscalía es que no quieren reconocer que imputaron y acusaron hechos prescriptos, porque digamos que el Ministerio Público ahí no queda bien parado, pero la resolución de cámara es clara y contundente sobre la persecución del hecho punible acusado, que ya no puede seguir por lo que corresponde la desvinculación de mi representado”, sostuvo el citado profesional del derecho.
La defensa del parlamentario sostuvo en que al haber prescripto la cuestión de la producción, tanto a criterio de la defensa como a criterio de la Cámara, no se puede ya identificar el uso específicamente por esa remisión que hace el artículo del 252, que es el uso al 250, que es la producción inmediata.”