El Instituto de Previsión Social (IPS) informó a través de un comunicado que logró modificar las condiciones del fideicomiso que mantiene con Banco Atlas y redujo de G. 160.000 millones a G. 80.000 millones el monto que puede permanecer en la cuenta fiduciaria. Según la Previsional, esto permitirá disponer de hasta G. 80.000 millones adicionales para atender las necesidades del Fondo de Enfermedad y Maternidad.

El comunicado se divulgó a través de sus redes sociales en el que explican que esta tercera adenda al contrato de fideicomiso con el Banco Atlas representa un logro y avance importante para el IPS en términos financieros y de liquidez, al permitir una gestión más eficiente de los recursos disponibles para responder a las necesidades de sus asegurados.

Le puede interesar: Camilo Pérez llama a redoblar el trabajo territorial en la recta final

Recuerda que el fideicomiso fue constituido como un mecanismo de financiamiento de largo plazo para obras de infraestructura del Fondo de Enfermedad y Maternidad. A través de esta estructura se realizaron emisiones de títulos que permitieron obtener los recursos necesarios para financiar dichas inversiones. Como fuente de repago de los títulos emitidos, se estableció un mecanismo sustentado en las recaudaciones del propio Fondo de Enfermedad y Maternidad.

“Luego de casi nueve años desde la primera emisión, las obligaciones asumidas fueron cumplidas oportunamente y una parte importante de la deuda ya fue pagada. Esta evolución favorable permitió al IPS revisar las condiciones establecidas originalmente y plantear una adecuación que responda mejor a las necesidades actuales del Fondo de Enfermedad y Maternidad”, menciona parte del comunicado.

Agrega que como parte del funcionamiento del fideicomiso, las recaudaciones del Fondo de Enfermedad y Maternidad son transferidas a una cuenta administrada por Banco Atlas. De esos recursos se reserva lo necesario para cumplir con los pagos de capital e intereses de los títulos y el remanente vuelve al IPS. Hasta ahora, el contrato permitía mantener en esa cuenta hasta G. 160.000 millones.

“Como resultado de la revisión de estas condiciones y de las gestiones realizadas con Banco Atlas, la Tercera Adenda reduce de G. 160.000 millones a G. 80.000 millones el monto máximo que puede permanecer temporalmente en la cuenta fiduciaria. Este cambio no modifica las obligaciones financieras asumidas por el IPS ni el mecanismo previsto para garantizar el pago de capital e intereses, que continúan plenamente vigentes”, precisa.

Menciona que, esta modificación permitirá que el IPS pueda disponer de hasta G. 80.000 millones adicionales para el Fondo de Enfermedad y Maternidad. “Esto significa mayor liquidez y más recursos disponibles para atender las necesidades del Fondo, mejorar la planificación financiera y fortalecer la capacidad del Instituto para responder oportunamente a las demandas de sus asegurados”, resalta la previsional.

Remarca que esta tercera adenda es el resultado de una revisión responsable de las condiciones financieras del fideicomiso y de las gestiones impulsadas por la actual Administración para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos institucionales.

“Contar con una mayor disponibilidad financiera fortalece la capacidad del IPS para sostener los servicios y prestaciones del Fondo de Enfermedad y Maternidad y responder a las necesidades de sus asegurados, sin dejar de cumplir los compromisos financieros asumidos”, menciona el documento.

Finalmente señalan que con esta modificación, el IPS mantiene la seguridad de la operación financiera y, al mismo tiempo, obtiene una mayor capacidad para utilizar sus recursos en beneficio de quienes sostienen y utilizan el sistema.

Siga informado con: Municipales 2026: Justicia Electoral inicia carga de maletines electorales

La Ande rechazó el acuerdo con la firma británica Atome para una planta de hidrógeno verde en Villeta al no considerar viable congelar las tarifas eléctricas por 15 años. Su titular, Miguel Báez Reyes, señaló que Paraguay agotará su excedente hidroeléctrico para 2030, por lo que el Gobierno busca reformas legales para atraer inversión privada en fuentes alternativas.

La Administración Nacional de Electricidad (Ande) confirmó a la 730 AM la interrupción de las negociaciones con la multinacional británica Atome Energy PLC. Según el nuevo titular de la Ande, la decisión responde a que las condiciones requeridas por la firma británica no resultaban beneficiosas para el país.

El Dr. Gustavo Ortiz, director de Servicios y Redes del Ministerio de Salud Pública, detalló en entrevista con el canal GEN/Nación Media el millonario impacto operativo y financiero que genera la huelga en el sistema de salud.

El profesional reveló que durante los cinco días de paro se postergan más de 259.000 consultas y 2.500 cirugías programadas, lo que representa un costo económico superior a los G. 23.282 millones, además del riesgo de secuelas en los pacientes por atenciones no recibidas.

La Fiscalía constató que 144 títulos universitarios de docentes son falsos y ya solicitó formalmente la anulación. Los casos varían y las partes involucradas son tres: los beneficiados con los títulos los directores de los institutos y los funcionarios del MEC.

Teresa Sosa, fiscal de la causa, explicó que se encuentran bajo investigación 525 casos, de los cuales, 144 ya fueron verificados y existen tres aristas: la participación de los funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencias, los beneficiados con los títulos falsos y los directores o responsables de los institutos de enseñanza superior.

Un Tribunal de Sentencia de Coronel Oviedo condenó a los cinco adultos acusados por el feminicidio de la joven María Fernanda Benítez Martínez. La lectura de la sentencia comenzó poco antes de las 23:00 del martes 25, atendiendo a la gravedad del juzgamiento a los acusados.

El colegiado integrado por los jueces Luis Ovelar, Víctor Vera y Andrea Riquelme emitieron su veredicto final tras finalizar el debate oral y escuchar a todas las partes. Además, durante la jornada de hoy dio la posibilidad de brindar algunas declaraciones a los procesados.

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, emitió un comunicado en el que exhorta a la Corte Suprema de Justicia y a las autoridades nacionales competentes en materia de seguridad “a reforzar las medidas de protección destinadas a resguardar la integridad de los agentes fiscales que intervienen en juicios orales y públicos”, tras denuncias por la presunta amenaza del exministro Arnaldo Giuzzio contra los representantes del Ministerio Público en su juicio por presunto vínculo con el narcotraficante brasileño Marcus Vinícius Espíndola Marqués de Padua.

La nota manifiesta: “El Prof. Dr. Emiliano Rolón Fernández, fiscal general del Estado, exhorta a la Corte Suprema de Justicia y a las autoridades nacionales competentes en materia de seguridad a reforzar las medidas de protección destinadas a resguardar la integridad de los agentes fiscales que intervienen en juicios orales y públicos, tanto durante el desarrollo de las audiencias como en sus desplazamientos y permanencia dentro de las instalaciones del Palacio de Justicia”.

Los que cumplieron 68 años hasta el 24 de agosto son los nuevos beneficiarios del programa Adultos Mayores y podrán cobrar hoy. La lista ya está publicada en la web.

Este miércoles 26 pagarán a los que hayan cumplido 68 años de edad hasta el 24 de agosto, fecha en que se hace el corte. La lista de los nuevos beneficiarios está disponible en este enlace.

De las 3.902 incorporaciones, 2.244 corresponden a los de 68 años cumplidos hasta el 24 de agosto, 866 de 69 años y más, 155 miembros de comunidades indígenas, 61 personas con discapacidad, 42 extranjeros y 534 reincorporados que habían perdido sus cuentas.

La mesa directiva de la Cámara de Diputados se reunió este miércoles con el canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, ocasión en la que abordó sobre la restitución de trofeos de la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870) que se encuentran en el Brasil.

Tras la reunión, el ministro de Relaciones Exteriores indicó que el objetivo es activar también la diplomacia parlamentaria para buscar recuperar, no solo el cañón Cristiano, sino también otros objetos y documentos que se encuentran en el país vecino.

7-Paraguay inicia las gestiones para la vuelta del Cañón Cristiano

En sesión conjunta, las comisiones de Hacienda y Presupuesto, presidida por el senador Silvio Ovelar; de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, encabezada por el senador Dionisio Amarilla; y de Obras Públicas, presidida por el senador Natalicio Chase, dictaminaron a favor de la aprobación del contrato de préstamo con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).

El financiamiento permitirá la construcción del Corredor de Integración y Desarrollo Socioeconómico de la Región Sur-Oeste, una obra considerada estratégica para impulsar el desarrollo económico y la conectividad del país.

Para el efecto, invitaron a la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, quien brindó los detalles del alcance del proyecto de Ley que aprueba el Contrato de Préstamo Nº PG-P20, suscrito entre la República del Paraguay y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). El monto de la operación es de hasta 36.380 millones de yenes japoneses (unos USD 286 millones).

Estos recursos serán destinados al financiamiento del Proyecto de Mejoramiento del Corredor de Integración y Desarrollo Socioeconómico de la Región Sur-Oeste, a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

La propuesta contempla además la ampliación del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026, aprobado por la Ley Nº 7609, remitido por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas.

Le puede interesar: Cartes es la figura más relevante en la historia política, destaca diputado

Durante su exposición, la titular del MOPC Claudia Centurión, explicó que el financiamiento asciende aproximadamente a 286 millones de dólares y será destinado a la construcción del Corredor Bioceánico del Sur-Oeste, una obra de casi 200 kilómetros considerada estratégica para el crecimiento económico y social del país, especialmente para los departamentos de Misiones y Ñeembucú.

Asimismo, destacó que el proyecto fortalecerá la conectividad, impulsará el desarrollo turístico y generará nuevas oportunidades para las comunidades de la zona.

En ese contexto, señaló que Ñeembucú presenta una de las menores tasas de pavimentación del país, por lo que esta infraestructura permitirá mejorar el acceso a oportunidades de desarrollo, integración y crecimiento.

Por su parte, la senadora Hermelinda Alvarenga, presidenta de la Comisión Parlamentaria de Amistad Paraguayo-Japonesa, resaltó que la iniciativa se enmarca en la estrategia del Gobierno para ejecutar obras contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030, orientadas a la reducción de la pobreza, el desarrollo social, el crecimiento económico inclusivo y una mayor proyección internacional del país.

Durante el debate, la senadora Celeste Amarilla enfatizó la necesidad de que la obra se ejecute con materiales de calidad, conforme a las especificaciones técnicas y bajo una adecuada fiscalización.

A su turno, el senador Dionisio Amarilla destacó la importancia de concretar el proyecto en las condiciones previstas, considerando el impacto que tendrá en el desarrollo de la región.

El senador Pedro Díaz Verón, por su parte, resaltó la importancia de verificar la solvencia técnica y financiera de las empresas adjudicatarias para garantizar la ejecución y culminación del proyecto en tiempo y forma.

Finalmente, el senador Éver Villalba recordó que Ñeembucú es el departamento con menor cantidad de kilómetros de rutas asfaltadas del país. Además, destacó que las características geográficas de la zona, compuesta principalmente por humedales, requieren técnicas constructivas específicas, por lo que este tipo de obras no puede compararse con las ejecutadas sobre suelo firme.

Siga informado con: Fiscalía imputa y pide prisión preventiva para expresidentes del IPS

Una investigación que llevó adelante la organización social “Contraloría Ciudadana” de Ciudad del Este, detectó una nueva irregularidad cometida por el equipo del exintendente destituido y hoy postulante a la presidencia de la República por la oposición, Miguel Prieto.

De acuerdo con los datos recabados por esta organización, la abogada Gilda María Portillo Vera, quien ejerce de defensora de Prieto, tendría un contrato como asesora judicial externa con un salario de G. 11 millones pagados por la comuna local.

Uno de los datos de denuncia penal que están preparando para presentar ante el Ministerio Público, indica que la abogada Portillo Vera, con matrícula 34.243 de la Corte Suprema de Justicia, contratada por la Municipalidad como “asesora externa”, aparentemente estaría cumpliendo únicas funciones para llevar la representación y defensa de Miguel Prieto y otros imputados por hechos de corrupción durante su gestión como jefe comunal, en las varias causas judiciales abiertas.

Le puede interesar: Senado excluye de la lista de postulantes para contralor a exjuez destituido

Por ahora, la nueva denuncia que hacen pública los miembros de la Contraloría Ciudadana, al confirmar que la abogada Portillo fue contratada como asesora externa de la Municipalidad de Ciudad del Este, con un honorario mensual de 11 millones de guaraníes y no estaría aparentemente llevando ninguna causa que compete al municipio.

Los datos divulgados señalan que la citada abogada no ejerce esa asesoría en la Comuna, y solamente se dedica a defender a Miguel Prieto en todas sus causas judiciales de corrupción que pesan sobre él, y también apareció como representante legal del concejal municipal Sebastián Martínez Insfrán, y varios otros imputados como ser Francisco Raimundo Arrúa Álvarez; Maggi Elizabeth Fariña Almada; Alex Yamal Samhat González; Higinio Ramon Acuña, Nelson Alexis Segovia Acevedo todos ellos imputados en las diferentes causas judiciales vinculados al exjefe comunal destituido.

De acuerdo a informes de varios medios de comunicación esteña señalan que el abogado Víctor Enríquez, asesor de la Contraloría Ciudadana, señaló que la mencionada abogada Portillo Vera, ejerce la actual defensa tanto de Miguel Prieto, como del actual concejal Martínez Insfrán, que están con procesos judiciales por corrupción en la administración municipal.

“La misma administración municipal que fue víctima de esos nefastos personajes, es la que ahora le paga a la abogada Portillo que los defiende. Está contratada desde febrero de este año, y percibe sus salarios provenientes del rubro 145 de los fondos municipales. Cobra honorarios como contratada, fue contratada por Daniel Pereira Mujica, quien en junio renunció al cargo para volver a postularse en las elecciones del 4 de octubre”, expresó.

Enriquez agregó que, si no hay delito, por lo menos es una inmoralidad terrible, estarán analizando con un equipo si presentan una denuncia ante la Superintendencia de Justicia.

La Municipalidad de Ciudad del Este, a cargo del intendente interino Pedro Acuña, se mantiene en silencio y no brinda aclaración alguna sobre el caso.

Siga informado con: Instan al Ejecutivo a habilitar oficina de Identificaciones en Alto Paraguay