La primera conferencia global para buscar una salida de las energías fósiles ha llegado a su fin, pero ¿qué se impulsó en la agenda en Santa Marta, un puerto carbonífero en la costa Caribe? Aquí algunas conclusiones: Francia llamó la atención en la apertura del evento al publicar una “hoja de ruta” con detalles de su plan para eliminar todos los combustibles fósiles para 2050.

Analistas dijeron que ningún otro país había publicado un derrotero tan claro e integral, lo que envió una importante señal desde una de las economías más avanzadas del mundo sobre sus metas en este aspecto. El revuelo causó cierto malestar en Santa Marta pues no existe una hoja de ruta definida de forma oficial, y Francia no anunció una nueva política, sino compromisos ya existentes bajo un título diferente.

Otros países señalaron que también tienen preparados calendarios para eliminar el carbón y otros combustibles, planes para la descarbonización de la industria pesada y objetivos en el uso de energías renovables. Leo Roberts, del centro de pensamiento E3G, dijo que una hoja de ruta debe ser guiada por la ciencia y hacer de la eliminación progresiva de los combustibles fósiles un “principio central de planificación” en torno al cual graviten las demás políticas.

Uno de los resultados principales fue la creación de un panel científico experto para asesorar a los gobiernos, ciudades y regiones en la planeación de sus propias rutas de transición hacia el abandono de energías fósiles. Carlos Nobre, renombrado climatólogo y científico de Brasil y uno de los impulsores de dicho panel, dijo a la AFP que “este proveerá todas las soluciones, para implementarlos y para financiarlos”. Al Panel Científico para la Transición Energética Global se le apodó graciosamente el grupo “Spaghetti” por su acrónimo en inglés: SPGET.

Impulsado por la sociedad civil, el concepto de “Zonas Libres de Combustibles Fósiles” gana adeptos en las reuniones internacionales y encontró un terreno fértil en Santa Marta. El objetivo de estas zonas es designar territorios que, debido a su importancia ecológica, desde el Amazonas hasta la cuenca del Congo y la selva tropical indonesia estén protegidas por los gobiernos para prohibir en ellas cualquier exploración y extracción de hidrocarburos.

El grupo de expertos Earth Insight estima que existen 58 áreas protegidas de este tipo en todo el mundo. Colombia, por ejemplo, prohibió la extracción de hidrocarburos y la minería en su región amazónica el año pasado para “detener la expansión de la frontera extractiva”, dijo la ministra del Medio Ambiente, Irene Vélez Torres, anfitriona de la conferencia.

Colombia pasó el testigo a Tuvalu, un pequeño estado insular en los confines del océano Pacífico, que alojará en 2027 la próxima conferencia para la eliminación de combustibles fósiles. Tuvalu está seriamente amenazado por el aumento del nivel del mar y se ha convertido en una voz referente en el escenario internacional para países empobrecidos y en peligro por las consecuencias del cambio climático.

“Este viaje que comenzó aquí, en un puerto carbonífero del mar Caribe, ahora se dirige al océano Pacífico”, dijo el ministro de Cambio Climático de Tuvalu, Maina Talia. “Creo que el hecho de que el Pacífico esté lejos no puede ser una excusa”, dijo a la AFP Nikki Reisch, del Centro para el Derecho Ambiental Internacional, en Santa Marta. “Los países insulares del Pacífico soportan constantemente la carga de acudir a otros foros e intentar que se escuche su voz”, afirmó.

Fuente: AFP.

Guerrilleros disidentes de las extintas FARC asumieron como un “error táctico” la autoría de un atentado que causó 21 civiles muertos en Colombia el fin de semana, a poco más de un mes de las elecciones presidenciales. El Estado Mayor Central (EMC), el principal grupo de exmiembros de las FARC que no firmaron el acuerdo de paz de 2016, aseguró la noche del martes en un comunicado que el hecho ocurrió en medio de combates con el ejército y se debió a “errores” en sus maniobras militares.

“Con profundo dolor debemos asumir la responsabilidad política por este error táctico, que no tiene justificación alguna”, señala el texto. Los explosivos activados por los rebeldes el sábado en una carretera del departamento del Cauca (suroeste) también causaron 56 heridos. Una fuente del ejército dijo a la AFP que los guerrilleros habían instalado un puesto de control en la carretera para tender una emboscada a militares.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que se trata de una represalia tras la presión militar, luego de las fallidas negociaciones de paz entre el presidente Gustavo Petro e Iván Mordisco, líder del EMC y el guerrillero más buscado del país. La oficina en Colombia del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos llamó el miércoles al gobierno a “proteger a la población civil y prevenir nuevos ataques”. También a los grupos armados a “cesar cualquier ataque”. El principal responsable del atentado mortal del sábado, alias “Mi Pez”, fue capturado el martes.

Petro aseguró que el ataque buscaba desestabilizar al país poco antes de la primera vuelta de elecciones presidenciales el 31 de mayo, en las que la izquierda apuesta por conservar el poder tras llegar a la presidencia por primera vez en 2022. Por ley, Petro no puede reelegirse, pero Iván Cepeda, candidato de su partido, es favorito en las encuestas para los comicios en los que enfrenta a los derechistas Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

El gobierno y su heredero político sugieren que los ataques favorecen a la “extrema derecha” de cara a las elecciones. De su lado, la oposición responsabiliza al presidente de la violencia al señalarlo de ser negligente con los grupos armados. En numerosos mensajes y declaraciones, Petro ha acusado de injerencia indebida al gobierno de derecha de Ecuador con el que sostiene una guerra arancelaria y de declaraciones.

Petro pidió investigar si los explosivos usados en el ataque del sábado venían de ese país y ha publicado imágenes del presidente ecuatoriano Daniel Noboa en compañía de líderes de la derecha colombiana. “Noboa es el encargado de violentar a Colombia”, escribió el mandatario en X sin presentar evidencias.

Noboa, por su parte, señaló el miércoles a su par colombiano de impulsar una “incursión” guerrillera en la frontera común, sin precisar mayores detalles. Petro negó de inmediato las acusaciones y las calificó como “mentiras”. Colombia es el principal productor de cocaína en el mundo. Por Ecuador pasa el 70 % de la droga que va hacia Estados Unidos y Europa.

Fuente: AFP.

Cientos de colombianos vestidos de blanco homenajearon el lunes a los 21 civiles muertos en el atentado con bomba más letal en décadas, con una ceremonia en el municipio donde ocurrió el ataque de presuntos guerrilleros en vísperas de las elecciones presidenciales. Quiero “que no nos incluyan en estas guerras”, dijo a la AFP al borde de las lágrimas Ángela Puliche durante una jornada de conmemoración en Cajibío (suroeste), donde los manifestantes ondearon banderas blancas.

Su padre era el conductor de la chiva (bus escalera) que voló el sábado por los aires durante el atentado de disidentes de las FARC en un tramo de la vía Panamericana. Mi papá era “lo mejor”, añadió la habitante de la Pedregosa, un poblado pequeño de donde eran 12 del total de las víctimas que viajaba el sábado, día de mercado: Fue “atroz”, describe Puliche.

El gobierno atribuye la embestida a los disidentes de las FARC bajo las órdenes de alias Iván Mordisco, el criminal más buscado de Colombia que dio la espalda al histórico acuerdo de paz de 2016. La hipótesis del Ejército es que los rebeldes levantaron un retén para atraer a la fuerza pública y tenderle una emboscada con los explosivos, dijo una fuente militar a la AFP.

“No hay un caos de seguridad como se anuncia”, dijo el presidente Gustavo Petro, durante una alocución presidencial este lunes, en medio del repunte de violencia en plena campaña electoral. Ningún militar o policía murió en el ataque bomba del sábado. Todos los fallecidos eran civiles. Las autoridades también reportaron 56 heridos. “Han sido (...) masacrados”, dijo con voz entrecortada Ana Luz Valencia, líder comunal de Cajibío.

Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el ataque es una represalia de los guerrilleros tras la presión militar que siguió a las fallidas negociaciones de paz entre el presidente izquierdista Gustavo Petro y Mordisco. Elmer Puliche, sobrino del conductor víctima del atentado, recuerda a su tío “siempre ayudando en la comunidad”, mientras contenía el llanto. El departamento del Cauca declaró tres días de luto. Los allegados de las víctimas los velan y el martes habrá un entierro colectivo.

Solo este fin de semana se registraron 31 ataques guerrilleros, dijo a la AFP una portavoz de las Fuerzas Militares. La violencia ensombrece la campaña para las presidenciales del 31 de mayo. El lunes la candidata de derecha Paloma Valencia denunció un plan de las disidencias de Mordisco para matarla.

“Un grupo narcoterrorista le ha puesto otra vez precio a mi cabeza”, dijo y aseguró que los rebeldes ofrecen unos 561.000 dólares para asesinarla. Expertos consultados por la AFP sostienen que el del sábado es el atentado con mayor número de víctimas civiles desde el ataque en 2003 contra el club social El Nogal de Bogotá, que dejó 36 fallecidos y fue perpetrado por la extinta guerrilla de las FARC.

Periodistas de la AFP vieron el sábado cuerpos desmembrados y una decena de vehículos destrozados junto a un enorme cráter en medio de la vía, en escenas que recuerdan a la peor época del conflicto armado de más de seis décadas en el país. “Por favor, no más muerte, no más violencias”, dijo Joao Valencia, de 42 años y familiar de una de las víctimas.

La arremetida en el suroeste del país continuó este lunes. En Jamundí, departamento de Valle del Cauca, militares hallaron incinerado un camión cargado con pollos, constató un reportero de la AFP. Durante la madrugada, en una zona cocalera del Cauca, una camioneta cargada con explosivos estalló sin dejar víctimas, según medios locales.

El Cauca, con una extensa superficie de narcocultivos, es uno de los departamentos más azotados por esta ofensiva guerrillera. Para Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, los ataques son parte de una estrategia de “zozobra y desestabilización” que busca mantener el “control sobre población civil” en la región. Petro tildó a los rebeldes de “terroristas” y ordenó a la fuerza pública redoblar su persecución.

Tras su llegada al poder en 2022, el primer izquierdista en llegar al poder en Colombia intentó sin éxito negociar la paz con las mayores organizaciones armadas, que se han fortalecido en los últimos años. Los principales candidatos presidenciales condenan la violencia y denuncian amenazas de muerte. El heredero de Petro y primero en las encuestas, Iván Cepeda, sostiene que la seguidilla de ataques favorece a la “extrema derecha” de cara a los comicios.

Fuente: AFP.

Al menos 31 ataques guerrilleros se registraron el fin de semana en plena campaña para las presidenciales de Colombia, incluida una bomba que dejó decenas de muertos en una carretera, el peor atentado contra civiles en las últimas tres décadas.

La embestida es atribuida por el gobierno a una facción disidente de las FARC comandada por alias Iván Mordisco, el criminal más buscado de Colombia, que se negó a firmar el histórico acuerdo de paz de 2016 y hoy se financia principalmente con el tráfico de cocaína.

El saldo de asesinados por el ataque del sábado en el departamento del Cauca pasó de 20 a 21, dijo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a Caracol Radio el lunes. Otras 56 personas resultaron heridas.

Periodistas de la AFP vieron el sábado cuerpos desmembrados y una década de vehículos destrozados junto a un gigantesco cráter en medio de la vía, en escenas que recuerdan a la peor época del conflicto armado de más de seis décadas en el país.

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El gobierno atribuye los ataques a una represalia de los rebeldes por la presión militar que siguió a las fallidas negociaciones de paz entre el presidente izquierdista Gustavo Petro y Mordisco.

Según expertos consultados por la AFP, el del sábado es el atentado con mayor número de víctimas civiles desde el ataque en 2003 contra el club social El Nogal de Bogotá, que dejó 36 fallecidos y fue perpetrado por la hoy extinta guerrilla de las FARC.

Desde el viernes se registraron 31 acciones guerrilleras en tres departamentos del suroeste del país, dijo a la AFP un portavoz de las Fuerzas Militares.

La arremetida continuó este lunes. En Jamundí, departamento del Valle del Cauca, militares encontraron incinerado un camión cargado de pollos, constató un reportero de la AFP. Durante la madrugada, en una zona cocalera del Cauca, una camioneta cargada con explosivos estalló sin dejar víctimas, según medios locales.

El Cauca, con una extensa superficie de narcocultivos, es uno de los departamentos más azotados por la guerrilla ofensiva previa a las elecciones generales del 31 de mayo.

Las filas de Mordisco buscan “negociar la finalización de esa zozobra” con autoridades locales “a cambio de acciones” de la fuerza pública, dijo a la AFP la investigadora.

Petro tildó a los rebeldes de “terroristas” y ordenó a la fuerza pública redoblar su persecución.

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Tras su llegada al poder en 2022, el primer izquierdista en llegar al poder en Colombia intentó sin éxito negociar la paz con las mayores organizaciones armadas, que se han fortalecido en los últimos años.

La expansión de los grupos armados “se le salió de las manos al gobierno” y el pie de fuerza de los grupos armados ilegales se duplicó en diez años hasta llegar a 27.000 combatientes, señaló el investigador de la Fundación Ideas para la Paz Gerson Arias.

Los candidatos presidenciales condenaron la violencia.

El heredero de Petro y primero en las encuestas, Iván Cepeda, advirtió sobre el impacto electoral en una región donde la izquierda tiene “un amplio respaldo”: “Surge una inquietud legítima sobre si (...) estos hechos buscan generar un clima de miedo que favorezca intereses de sectores de extrema derecha”.

Para los dos candidatos que lo segundo en los sondeos, la responsabilidad es del oficialismo.

De su lado, la senadora Paloma Valencia, candidata por el partido del expresidente derechista Álvaro Uribe (2002-2010), responsabilizó al gobierno por haber “permitido que la violencia crezca”.

• Fuente: AFP

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