Los colombianos empezaron a votar este domingo en comicios presidenciales para decidir si renuevan su voto de confianza a la izquierda en el poder o giran con fuerza a la derecha, en medio de la peor ola de violencia en la última década. Vestido de blanco y en compañía de una de sus hijas, el mandatario Gustavo Petro abrió la jornada electoral. “El voto debe ser libre y sin presión”, dijo el primer presidente de izquierda en la historia del país.

Sin posibilidad de reelección, Petro dejará el poder con una alta popularidad entre las clases bajas después de reducir los índices de pobreza monetaria, el hambre, el desempleo y ampliar programas sociales en uno de los países más desiguales del mundo. El próximo presidente “que nos ayude (...) para tener algo de tranquilidad, algo de paz, porque, así como están las cosas, estamos muy nerviosos, hay mucho, mucho conflicto”, dice a la AFP María Eugenia Motato, un ama de casa de 57 años, en Suárez, un municipio del suroeste colombiano azotado por la violencia de guerrillas y narcotraficantes.

Lidera la intención de voto el candidato de su partido, el senador de 63 años Iván Cepeda, que plantea darle continuidad a las políticas de Petro en medio de una crisis fiscal y un recrudecimiento de la violencia. En el polo apuesto está la voz confrontativa contra la izquierda de Abelardo de la Espriella, un excéntrico abogado millonario de 47 años que se hace llamar “El Tigre”, cuyo símbolo es el saludo militar y que promete la muerte o la cárcel para mafiosos.

La derechista Paloma Valencia, una senadora opositora apadrinada por el poderoso exmandatario Álvaro Uribe (2002-2010), aparece en tercer lugar.

Según las encuestas, ningún candidato conseguirá los votos suficientes para ganar en primera vuelta, por lo que se prevé un balotaje el 21 de junio.

La jornada electoral se extenderá hasta las 21:00 GMT. La autoridad electoral espera tener resultados pocas horas después del cierre y aspira a una reducción de la abstención que suele superar el 40 %.

El gobierno desplegó 408.000 miembros de la fuerza pública para garantizar la seguridad en el país con la mayor producción mundial de cocaína.

La campaña transcurrió en medio de un clima de polarización y miedo, con mortíferos atentados de guerrillas, el asesinato de un aspirante presidencial y negativas de los principales candidatos a participar en debates.

Petro es el gran protagonista de una elección dividida entre quienes lo apoyan y quienes lo rechazan. Su gobierno significó un quiebre en un país gobernado por élites conservadoras a lo largo de dos siglos.

El exguerrillero que firmó la paz en 1990 se enfrentó al Congreso, las cortes, la fiscalía y el banco central ante las negativas a aceptar sus reformas.

Tuvo una “posición disruptiva”, dice Juan Camilo Lozano, docente de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional.

Para las elecciones, la base electoral de Petro se volcó hacia Cepeda, hijo de un político comunista asesinado y formado desde niño, debido al exilio, en países socialistas como Checoslovaquia, Bulgaria y Cuba.

El filósofo y defensor de los derechos humanos apuesta por los “excluidos”: víctimas del conflicto, indígenas y campesinos.

“Superar definitivamente la pobreza y acabar con la desigualdad social, esta será la prioridad esencial de nuestro segundo gobierno”, dijo el sábado.

La oposición le critica ser uno de los arquitectos de la “Paz Total”, la política con la que Petro intentó sin éxito negociar con las organizaciones que siguieron en armas tras el acuerdo con la guerrilla de las FARC en 2016.

“Cuando uno viene a votar tiene esa esperanza de que las cosas pueden cambiar”, dice en Bogotá Cristina Peña, una comerciante de 50 años cansada de la “guerra”.

De la Espriella puntea con una propuesta antisistema. Promete bombardeos, el fortalecimiento de la fuerza pública y eliminar el tribunal surgido del acuerdo de paz.

Admirador de los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, así como del salvadoreño Nayib Bukele y el argentino Javier Milei, plantea construir 10 megacárceles y reducir en un 40 % el Estado.

“Estoy aquí (...) para que la izquierda nunca regrese al poder y destruya el país”, afirmó el sábado.

Sus actos de campaña fueron espectáculos con fuegos artificiales y videos con inteligencia artificial, en los que exhibió dotes de cantante y dio discursos beligerantes encerrado en una cápsula antibalas.

“Vamos a muchos extremos” con ambos candidatos, dice Samuel Forero, un universitario de 18 años.

Estados Unidos observa de cerca los comicios, tras los choques contantes entre Petro y Trump que amenazaron la relación entre dos países históricamente aliados.

Washington responsabiliza al gobierno por el repunte del narcotráfico.

Expertos consideran que las organizaciones aprovecharon las negociaciones de paz para fortalecerse, en el último país del hemisferio occidental con un conflicto armado.

Fuente: AFP.

Colombia acusó este sábado a Ecuador de “injerencia” en sus elecciones y de presentar como un gesto de “buena voluntad” de Quito la eliminación de aranceles decidida por la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

A las puertas de los comicios del domingo en Colombia, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció que eliminará el impuesto del 100 % a las importaciones del vecino país tras conversar con el candidato opositor colombiano Abelardo de la Espriella.

La disputa entre ambos países surgió en febrero, cuando Noboa acusó a Colombia de no hacer lo suficiente para combatir el crimen organizado en la frontera común, e impuso aranceles. Desde entonces, ambas naciones se aplican gravámenes de hasta 100 %.

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El derechista De la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda, candidato del oficialismo, se perfilan para liderar la votación del 31 de mayo y disputar un balotaje el 21 de junio, según las encuestas. El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha señalado que el gobierno de Noboa intenta interferir para impulsar a la extrema derecha.

Tras el anuncio de Noboa, la cancillería colombiana expresó su “categórico rechazo” a lo que calificó de “deliberada injerencia en el proceso electoral en curso en Colombia”.

“Esta intromisión de un mandatario extranjero en el devenir democrático de otro Estado constituye una flagrante conculcación del principio de no intervención en los asuntos internos, una amenaza a la soberanía nacional y un atentado al sistema democrático”, señaló la cartera en un comunicado.

Noboa afirmó que, tras su conversación con De la Espriella, ambos acordaron combatir de forma conjunta el narcotráfico en la frontera común. Colombia consideró que el presidente ecuatoriano presentó de manera “engañosa” su decisión sobre los aranceles.

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El gobernante ya había adelantado a inicios de mayo que reduciría el gravamen del 100% al 75% a partir del 1 de junio. La cancillería colombiana sostuvo que la eliminación de las tarifas responde a “órdenes perentorias” impuestas por la Secretaría General de la CAN. “Los asuntos comerciales y de integración deben permanecer al margen de consideraciones político-electorales y gestionarse con estricto respeto por la soberanía de los Estados”, añadió.

Fuente: AFP

El ejército desplegó el miércoles a sus tropas en una zona rural del sureste de Colombia, en medio de letales enfrentamientos entre dos estructuras disidentes de las FARC que se disputan las rentas del narcotráfico en esa región. Colombia atraviesa su peor ola de violencia en la última década a cuatro días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en las que el país elegirá al sucesor del izquierdista Gustavo Petro.

El “crudo enfrentamiento” entre las disidencias de alias Iván Mordisco y alias Calarcá, las dos principales estructuras rebeldes del país, dejaron “múltiples víctimas fatales”, dijo en la red social X el ministro de Defensa Pedro Sánchez, que atribuyó los combates a “disputas de narcotráfico, extorsión y otras economías ilícitas”.

Los enfrentamientos se registran desde el lunes en el departamento del Guaviare, dijo a la AFP un vocero del ejército, que anunció en un comunicado el despliegue de soldados en la zona para “proteger a la población civil”. Las autoridades aún no han divulgado un balance oficial de víctimas.

Las Fuerzas Militares se movilizan hacia esa zona de difícil acceso en el municipio de San José del Guaviare, una región con vastos cultivos de hoja de coca. Es cuna de las primeras filas que rechazaron el histórico tratado de paz entre las FARC y el gobierno que desmovilizó al grueso de esa guerrilla en 2016.

A cuatro días de la primera vuelta presidencial, el recrudecimiento del conflicto armado de seis décadas es una de las principales preocupaciones de los votantes. Petro, el primer presidente izquierdista en la historia de Colombia, priorizó una política de diálogos con todos los grupos armados del país conocida como “paz total”.

Pero a tres meses de dejar el poder, ninguna de estas negociaciones ha tenido éxito. La oposición critica su política de paz y lo acusa de ser indulgente con los criminales. El mandatario, que por ley no puede reelegirse, busca continuar su proyecto con la candidatura de su aliado, el senador Iván Cepeda, que parte como favorito en las encuestas. Le siguen los derechistas Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, que defienden una política de mano dura contra los grupos criminales.

Fuente: AFP.

La exguerrillera Nidia Arcila firmó la paz sin imaginar que diez años después las montañas donde combatió estarían bajo el fuego de nuevos rebeldes y narcos. La pregunta sobre cómo enfrentar el conflicto armado divide a Colombia antes de las elecciones presidenciales. Entre verdes montañas, los pobladores del municipio de Algeciras en el departamento del Huila (suroeste) sufren la violencia de tres disidencias de las FARC que se apartaron del histórico acuerdo de paz de 2016 y hoy están enfrentadas entre sí por las rentas del narcotráfico.

La AFP visitó este poblado en plena campaña para las elecciones del 31 de mayo, donde los defensores de derechos humanos y excombatientes son constantemente hostigados. “La paz no nos puede seguir costando la vida”, escribe en una cartelera Arcila, de 41 años, durante un evento en el estadio del pueblo.

Desde la firma del pacto, 492 exguerrilleros han sido asesinados, según el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Miroslav Jenča. Entre ellos la pareja de Arcila, Ronald Rojas. Ambos se conocieron a inicios de los 2000 en las filas de las FARC. “Él dice que tomó agua del (río) Putumayo y por eso fue que se enamoró de una india”, recuerda sonriente la excombatiente amazónica reclutada desde niña.

Cuatro años después de adherirse al tratado, como lo hicieron otros 13.000 exguerrilleros, la pareja escuchó disparos mientras conversaba en su casa en una zona rural del Huila. Tres proyectiles impactaron en el pecho de Rojas, que murió poco después en una clínica.

La justicia no ha dado con los responsables, pero esta madre de dos hijos sospecha que pudo deberse a que Rojas “estuvo muy comprometido con la implementación del acuerdo”. “Me siento como más débil. Me siento sola”, relata a la AFP desde Neiva, capital del departamento. Allí administra una tienda, decorada por coloridos murales, donde vende café y otros productos elaborados por excombatientes y víctimas del conflicto.

Colombia vive la peor ola de violencia en la última década y esa es una de las principales preocupaciones en la campaña electoral. La pregunta sobre cómo enfrentar a los grupos armados divide al país en dos visiones irreconciliables. El líder de las encuestas, el senador izquierdista Iván Cepeda, apuesta por continuar la estrategia de negociaciones de paz con las organizaciones ilegales, en línea con el presidente Gustavo Petro.

De segundo en los sondeos figura el abogado derechista Abelardo de la Espriella, quien propone una guerra frontal. La violencia contra quienes creyeron en la paz fractura aún más la discusión. En Algeciras 12 personas entre excombatientes y familiares directos han sido asesinados. En el último ataque armado, en enero, un antiguo guerrillero quedó gravemente herido y su esposa murió.

Funcionarios, la iglesia católica y la Misión de Verificación de la ONU, que examina las garantías de seguridad del tratado, llegaron al poblado de 22.000 habitantes para escuchar el clamor de las víctimas. La violencia es “el principal obstáculo para consolidar el proceso de reincorporación” de quienes firmaron la paz, dice Jenča.

Johnesmith Rincón, excombatiente de 39 años que hoy dirige una fundación juvenil en el municipio, se moviliza acompañado por un escolta estatal tras recibir amenazas, según él, relacionadas con actividades vinculadas al acuerdo. “El camino es la reconciliación”, dice, y guarda la esperanza de que algún día “Algeciras pueda vivir en paz”.

Colombia ha visto un “crecimiento de la presencia de grupos armados”, motivado por el “fracaso de la paz total”, dice Alejandro Chala, investigador del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. A menos de tres meses de dejar el poder, Petro no logra desactivar el conflicto con ninguna de las organizaciones con las que intentó negociar.

De su lado la derecha aboga por una “ofensiva total del Estado”, dice Chala, y apela a la nostalgia del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), que acorraló a las guerrillas, pero también acumuló miles de denuncias por crímenes de las fuerzas de seguridad en alianza con paramilitares. Mientras tanto los grupos criminales buscan reclutar a los excombatientes por su experiencia, “los presionan a ingresar o morir”, dice Chala.

“Ellos dicen que yo sé manejar los números (...) y que necesitan trabajar conmigo”, asegura un antiguo miliciano logístico en las FARC que pide anonimato por las amenazas que recibe ante su negativa de retomar las armas. En el poblado donde vive, nadie conoce su pasado. “Mis mejores años se los dediqué a la guerrilla y no quiero volver a ponerme esas botas”.

Fuente: AFP.