El ecosistema empresarial paraguayo continúa mostrando una fuerte presencia de microempresas y una creciente concentración en sectores de servicios y comercio, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), obtenidos a partir del Directorio General de Empresas y Establecimientos (DIRGE) 2025.

El reporte emitido por la institución revela que el 76 % de las unidades económicas del país corresponde a microempresas, con un total de 377.020 establecimientos registrados. Les siguen las pequeñas empresas con 34.282 unidades, las medianas con 8.807 y las grandes empresas con 7.714.

En cuanto a la composición sectorial, los servicios lideran el tejido empresarial nacional con 230.117 unidades económicas, equivalentes al 46 % del total. El comercio ocupa el segundo lugar con 205.585 empresas (41 %), mientras que la industria reúne 64.973 establecimientos (13 %).

Dentro de las actividades económicas, el comercio mayorista y minorista, además de la reparación de vehículos y motocicletas, se posiciona como el principal segmento empresarial del país con 202.585 unidades.

También destacan las actividades profesionales, científicas y técnicas, que registran 66.791 empresas, de las cuales 54.529 corresponden a microempresas.

Las industrias manufactureras alcanzan 37.248 establecimientos, mientras que el sector de transporte y almacenamiento suma 30.945 unidades económicas. A esto se agregan 30.389 empresas vinculadas a salud humana y servicios sociales, además de 6.885 dedicadas a enseñanza.

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El informe muestra además una fuerte concentración geográfica de las empresas en tres polos económicos que representan el 68 % del total nacional.

El departamento Central lidera con 167.758 empresas, equivalentes al 34 % del total país, y concentra además la mayor cantidad de microempresas con 129.824 unidades. Asunción se ubica en segundo lugar con 105.822 empresas (21 %) y se destaca por reunir la mayor cantidad de grandes compañías del país, con 2.887 establecimientos. En tanto, Alto Paraná consolida su posición como tercer polo empresarial con 65.289 empresas y una fuerte presencia del sector comercial, además de 1.321 grandes firmas.

El INE explicó que la clasificación de empresas se realiza considerando principalmente los ingresos anuales declarados ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y la cantidad de personal ocupado, conforme a los parámetros establecidos en la Ley 4457/2012 de Mipymes.

Según la normativa, las microempresas son aquellas con ingresos anuales de hasta G. 646 millones. Las pequeñas empresas registran ingresos de hasta G. 3.230 millones y emplean entre 11 y 30 personas.

Las medianas empresas alcanzan ingresos de hasta G. 7.752 millones y cuentan con entre 31 y 50 trabajadores, mientras que las grandes empresas superan ese nivel de facturación y emplean a 51 personas o más.

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Un total de 2.402 denuncias relacionadas con los pueblos originarios reportó la Oficina de Estadísticas de la Fiscalía al presentar un análisis de 2.443 causas ingresadas entre los años 2023, 2024 y 2025, en las que estarían involucradas víctimas indígenas de hechos punibles y, en otras, como presuntos autores. Esto en el marco del Día del Aborigen Americano, que se celebra cada 19 de abril.

El informe señala que el año 2023 cerró con 665 denuncias; en 2024 aumentaron a 767, y en 2025 se registró un incremento considerable, alcanzando 970 denuncias. En cuanto a los días de mayor frecuencia, los sábados, domingos y lunes concentran la mayor cantidad de denuncias, según el análisis del Observatorio del Ministerio Público.

En 1.245 denuncias aparece al menos un presunto autor perteneciente a una comunidad originaria, mientras que en 484 causas figuran dos o más, incluso con la participación de grupos de personas, según datos de la Oficina de Estadísticas de la Fiscalía. Los departamentos con mayor cantidad de denuncias en los últimos tres años son: Canindeyú (593), Caaguazú (410), Amambay (368), Concepción (179), Alto Paraná (135), Boquerón (126) y San Pedro (120).

Los 15 hechos punibles más frecuentes: violencia familiar, lesión, amenaza, homicidio doloso, abuso sexual en niños, lesión grave, hurto agravado, daño, hechos punibles contra la ley N.º 716/96 (delitos contra el medio ambiente), coacción, estupro, hurto, violación del deber de cuidado o educación, violación de domicilio.

El Ministerio Público puntualiza que los casos de abuso sexual en niños, el embarazo precoz en adolescentes, la violencia familiar y la influencia del crimen organizado son algunos de los hechos que más afectan a las comunidades de pueblos originarios. A esta situación se suman las migraciones hacia las ciudades, lo que genera discriminación y exclusión social. Al encontrarse fuera de sus comunidades, sin la guía y contención de sus líderes naturales y de la familia extendida, muchas personas pierden su identidad y autoestima étnica.

Ante hechos considerados de gravedad o faltas leves cometidos por miembros de estas comunidades, sus líderes analizan cada caso y solicitan que las sanciones se apliquen conforme a la legislación nacional o al derecho consuetudinario.

1- Comunicación inmediata: la Oficina de Denuncias Penales debe comunicar de forma inmediata el ingreso de la causa al agente fiscal competente y a la Dirección de Derechos Étnicos.

2- El agente fiscal debe solicitar la intervención de la Dirección de Derechos Étnicos, incluyendo la designación de un consultor técnico, y remitir todos los antecedentes del caso.

3- Un equipo de funcionarios de dicha Dirección debe constituirse en la comunidad para recabar más datos sobre el hecho denunciado. Asimismo, se debe informar al líder comunitario sobre los alcances de la investigación penal en curso, dejando constancia en acta. En la comunidad, el líder recomienda si corresponde aplicar la legislación nacional o el derecho consuetudinario, según cada caso.

Cuando existen víctimas que requieren evaluación, acompaña una profesional psicóloga. En casos de abuso sexual, coacción sexual o violencia familiar, la atención se realiza dentro de la comunidad, considerando que muchas víctimas no cuentan con recursos para trasladarse.

4- Finalizada la intervención, se elabora un dictamen jurídico-antropológico con recomendaciones al agente fiscal sobre el derecho aplicable, diligencias pendientes, medidas de protección indígena y posibles salidas del caso. Este documento incluye también la evaluación de la víctima.

Paraguay enfrenta un desafío clave para mejorar la calidad de sus políticas públicas, fortalecer su sistema estadístico y avanzar hacia estándares internacionales como los que exige la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Así lo planteó el director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Iván Ojeda, quien advirtió que el país debe producir más y mejores datos para tomar decisiones más precisas.

En ese sentido, explicó que Paraguay ya cuenta con una Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico, pero que el principal reto es consolidar su implementación. Esto implica fortalecer los registros administrativos, como las cédulas de identidad o fichas sociales, estandarizar indicadores y aumentar la producción de estadísticas.

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“Tenemos que ser más transparentes y mejorar la calidad y frecuencia de la información”, dijo a Unicanal. Este proceso cobra aún más relevancia en el marco del llamado “desafío OCDE”.

Ingresar a este grupo de países, considerados entre los más avanzados en materia de desarrollo, exige no solo mejores datos, sino también estándares más altos en políticas públicas. Según Ojeda, este camino obligará a Paraguay a mejorar en áreas clave y a sostener información continua y comparable a nivel internacional. “No es solo tener datos, sino tenerlos con frecuencia y calidad”, señaló.

En paralelo, el análisis de datos también permite entender mejor fenómenos estructurales como la migración. De acuerdo con el INE, en los últimos 20 años salieron del país unas 700.000 personas más de las que ingresaron, especialmente entre 2002 y 2014, periodo en el que la economía era más pequeña, con un producto interno bruto (PIB) cercano a los USD 8.000 millones. Hoy, con una economía que supera los USD 43.000 millones, la tendencia comenzó a cambiar.

Los principales destinos de los paraguayos siguen siendo Argentina y España. En este último caso, el crecimiento fue significativo: de apenas 2.000 paraguayos en 2002 a unos 127.000 en la actualidad, en su mayoría mujeres jóvenes. Sin embargo, desde 2014 se observa una desaceleración en la salida de compatriotas, lo que, según Ojeda, refleja una mejora en las oportunidades dentro del país.

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La reducción de la pobreza en Paraguay durante 2025 no es solo un dato estadístico, sino el reflejo de cómo el crecimiento económico empieza a impactar en la vida cotidiana de la población, según explicó el ministro asesor de Asuntos Económicos de la Presidencia, Juan José Galeano, al analizar los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según las cifras oficiales, la pobreza total bajó de 19,6 % en 2024 a 16 % en 2025, lo que representa una caída de 3,6 puntos porcentuales en un año. A su vez, la pobreza extrema se redujo de 3,7 % a 2,4 %, mostrando una mejora en los sectores más vulnerables.

Galeano explicó que estos resultados se entienden a partir de los ingresos que generaron las personas durante el 2025. Señaló que la pobreza se mide comparando cuánto gana una persona con lo que necesita para cubrir sus necesidades básicas.

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El asesor destacó que los indicadores macroeconómicos, como el crecimiento del producto interno bruto (PIB), la inflación controlada y la reducción del desempleo, tuvieron un impacto directo en estos resultados.

Paraguay registró un crecimiento económico cercano al 6 % en 2024 y un promedio de 5 % en los últimos tres años, mientras que la tasa de desempleo se redujo a 3,6 %. “Esto muestra cómo la macroeconomía llega a la microeconomía”, afirmó Galeano, al resaltar que el crecimiento se tradujo en más empleo y mayores ingresos para las familias.

De acuerdo con el análisis oficial, dos tercios de la reducción de la pobreza se explican por el crecimiento económico y la generación de empleo, mientras que el resto responde a políticas públicas y otras fuentes de ingreso.

El Gobierno sostiene que la clave para seguir reduciendo la pobreza es continuar generando empleo formal y ampliar la cobertura de seguridad social. “La mejor política social es el empleo”, reiteró Galeano, en línea con el enfoque del Ejecutivo.

Estos datos significan que más paraguayos están logrando cubrir sus gastos básicos y mejorar su calidad de vida. Sin embargo, el desafío sigue siendo que esta mejora llegue con la misma fuerza a todos los sectores, especialmente en las zonas rurales, donde la pobreza sigue siendo más alta.

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