En una nueva jornada del juicio oral y público al exsenador Hernán David Rivas, procesado por tener título de abogado dudoso, declararon varios testigos. Entre ellos comparecieron el actual presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre; el director de Auditoría Interna del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Roy Rodgers; y Ana Coronil, exalumna de la Universidad Sudamericana.

Lo más relevante de la jornada fue la declaración de Roy Rodgers, quien explicó que el ministro de Educación, Luis Ramírez, solicitó mediante un memorando una auditoría interna para verificar si la Auditoría 026/2020 se había elaborado correctamente. “La revisión concluyó que se cumplieron los requisitos aplicables y que los auditores actuaron de forma adecuada”, afirmó el testigo en relación con el proceso de inscripción del título de Rivas. Este testimonio contradice la acusación del Ministerio Público.

Te puede interesar: “Por mi adicción, asalto”, dijo el hombre que macheteó a un adolescente para robarle el celular

Asimismo, Rodgers indicó que dicha revisión fue ordenada por el ministro Ramírez debido a los fuertes cuestionamientos mediáticos sobre la Auditoría 026/2020, la cual ya había determinado que se cumplió con toda la documentación para la inscripción del título de Rivas.

El testigo confirmó que el trabajo se ajustó a las normas vigentes y aclaró que el MEC aún no define oficialmente qué procedimiento aplicar a las carreras creadas bajo la Ley “Marcos”, que luego fueron cerradas y cuyos títulos se expidieron tiempo después, debido a los cambios normativos entre la finalización de los estudios y el registro del título.

Ante los criterios contrapuestos de la Dirección de Transparencia y la Dirección de Registro de Títulos, se recomendó solicitar a la Asesoría Jurídica del MEC una definición clara para casos como el de Hernán Rivas. Este pedido sigue pendiente de respuesta, manifestó el director.

Por su parte, Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados, señaló que Hernán Rivas manifestó en su momento la intención de representar a la institución ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y que la bancada de Honor Colorado respaldó su postulación. Indicó, además, que actualmente no existe un procedimiento interno para verificar o acreditar los requisitos exigidos para ejercer dicha representación, aunque existe un proyecto con media sanción para regularlo.

Durante la audiencia también se introdujeron varias pruebas documentales. Entre ellas destacó un informe del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), el cual estipula que las carreras habilitadas antes de la vigencia de la Ley 4995/2013 son legales, siempre que acrediten su implementación conforme a los requisitos de la Resolución 166/2015 del Cones. Finalmente, se constató que el MEC registró títulos de la carrera de Derecho de la Universidad Sudamericana hasta el año 2022.

Podes leer: En CDE, un guardia hirió a una persona en situación de calle y a un transeúnte

En el marco del juicio oral que enfrenta el exsenador Hernán Rivas por la presunta falsedad de su título de abogado, declararon varios testigos clave, entre los que se destacaron los testimonios del exministro de Educación, Eduardo Petta, así como el de otros funcionarios de dicha cartera estatal y exalumnos de la Universidad Sudamericana.

El exministro Eduardo Petta fue claro y contundente al señalar que: “En ninguna parte del dictamen del doctor Casañas Levi, ni en la Auditoría Interna, ni en la del Poder Ejecutivo, dice que el título de Rivas es falso”. Igualmente, el exsecretario de Estado negó de manera enfática haber dado instrucciones a funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para acelerar o aprobar el registro del título universitario del exlegislador colorado en junio del 2020.

El testigo también negó haber conversado o dado alguna orden a los entonces funcionarios Ricardo Ortiz o Andrea Estigarribia, quienes intervinieron en el proceso de registro de los documentos académicos. Ante la consulta sobre este punto, respondió con un rotundo “No, no, no” y explicó que no mantenía contacto directo con el personal de ese rango, debido a que su vínculo institucional se desarrollaba principalmente con los viceministros, quienes manejaban sus propias estructuras jerárquicas.

Te puede interesar: Detuvieron a un presunto implicado en robo de electrónicos y unos USD 20 mil

Del mismo modo, el exministro negó haber hablado con Rivas o haber recibido algún pedido suyo para apurar los trámites o registrar su título sin los controles correspondientes. Petta afirmó que nunca habló con el procesado, ni personalmente ni por teléfono. Aclaró que no se trata de un olvido, sino que jamás tuvo contacto con el exsenador y que tampoco registró alguna vez su número telefónico. “Nunca traté, nunca hablé, nunca; menos eso que usted está diciendo”, afirmó de manera tajante.

Asimismo, sostuvo que, en su rol de ministro, no podía abrogar la resolución que autorizaba la emisión del título de Hernán Rivas sin someter previamente los informes a consideración de la Asesoría Jurídica. Detalló que ninguna dependencia del MEC ni del Poder Ejecutivo respaldó una recomendación de ese tipo, aunque sí se había solicitado controlar de forma general los títulos expedidos por la Universidad Sudamericana.

Durante la audiencia también prestó declaración Casimiro Marín, director de Auditoría Interna del MEC en 2020. El testigo señaló que se analizaron detalladamente los documentos presentados para registrar el título de Rivas y que el circuito administrativo seguido durante el trámite no reveló ninguna irregularidad, por lo que correspondía su inscripción legal.

Por su parte, Rodrigo Ramírez, jefe interino de Investigaciones de la Dirección de Transparencia del MEC, afirmó ante el tribunal que no detectaron anomalías en el circuito interno institucional para el registro del documento. El funcionario tampoco halló inconsistencias ni plazos llamativos en la emisión del dictamen correspondiente.

Podes leer: Aeropuerto Guaraní: incautan 25 kilos de “marihuana VIP” provenientes de Estados Unidos

El presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y vicepresidente segundo, Gustavo Santander, presentó su informe de gestión jurisdiccional correspondiente al primer semestre del año 2026. Este documento reúne los indicadores sobre la tramitación de expedientes y las providencias emitidas durante el período comprendido entre el 2 de febrero y el 29 de junio del presente año.

Como parte de las acciones orientadas a fortalecer la transparencia institucional y facilitar el acceso a la información pública, el Gabinete del ministro Gustavo Santander Dans dio a conocer las cifras que respaldan su labor en la máxima instancia judicial.

Te puede interesar: Cámara de Apelación ratificó suspensión de fusión entre bancos Atlas y Familiar

El informe detalla la gestión de expedientes en estado de admisibilidad y del estudio sobre el fondo de las acciones presentadas en dicha sala, así como las providencias dictadas en el ejercicio de sus funciones.

En materia de expedientes en estado de admisibilidad, se asignaron 3.036 casos, de los cuales 2.907 fueron devueltos con la firma del ministro, quedando 129 pendientes al cierre del período. Respecto a los expedientes en estado de fondo, se registraron 1.177 casos asignados: 1.115 fueron devueltos firmados y 62 quedaron pendientes. Asimismo, entre el 2 de febrero y el 29 de junio de 2026, se firmaron 777 providencias (560 de trámite y 217 de autos), sin registrarse actuaciones pendientes en este apartado.

Podes leer: Detuvieron al hombre que agredió a su expareja en plena vía pública en Limpio

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, y el vicepresidente primero, Luis María Benítez Riera, tomaron juramento de ley como abogado a Tagüide Picanerai Etacore, integrante de la comunidad indígena ayoreo Totobiegosode del departamento de Alto Paraguay. La ceremonia se realizó en la Sala del Pleno del Palacio de Justicia de Asunción.

Con este acto, se convirtió en el primer abogado de su comunidad y quedó habilitado para el ejercicio de la profesión. Durante el acto, las autoridades resaltaron la importancia del acceso a la educación como herramienta para ampliar oportunidades y fortalecer la participación de los pueblos indígenas en distintos ámbitos de la vida nacional.

Asimismo, reafirmaron el compromiso de la Corte Suprema de Justicia con la promoción de los derechos humanos, la inclusión y el acceso a la Justicia en condiciones de igualdad.

Te puede interesar: Incautan 147 kilos de marihuana premium y desbaratan red dedicada al narcotráfico

Por su parte, Tagüide Picanerai Etacore expresó su satisfacción por haber concluido una etapa importante de su formación profesional y señaló que su experiencia puede servir de estímulo para otros jóvenes indígenas interesados en acceder a estudios superiores. “Creo que se está abriendo una gran puerta para que los jóvenes indígenas también puedan estudiar y desarrollarse personalmente”, manifestó.

Además, destacó el valor de la formación académica como herramienta para el desarrollo personal y comunitario, y valoró el acompañamiento recibido por parte de su comunidad durante todo su proceso de formación.

Señaló que el acceso de los pueblos indígenas a la educación superior continúa representando un desafío en Paraguay. En ese sentido, alentó a las nuevas generaciones a perseverar en el cumplimiento de sus metas pese a las dificultades que puedan presentarse.

“Hay que mirar siempre hacia el horizonte. Sabemos perfectamente que la realidad en las comunidades indígenas no es fácil, pero siempre hay que caminar un poco más allá de las dificultades y seguir avanzando”, expresó.

Podes leer: San Alberto: hallan el cuerpo de un joven ejecutado en un arroyo