En el cierre del quincuagésimo sexto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, celebrado del 22 al 24 de junio del 2026 en la Ciudad de Panamá, el Estado paraguayo planteó que la lucha contra el crimen organizado debe convertirse en una prioridad regional basada en la cooperación internacional, el fortalecimiento institucional y la coordinación entre Estados.

El gobierno de Paraguay estuvo representado por el vicecanciller Víctor Verdun y el primer secretario, Luis Jerónimo Sann Irún, quienes coincidieron en el planteamiento de dejar de lado las diferencias ideológicas para enfrentar amenazas transnacionales que afectan la seguridad, la democracia y el desarrollo de las naciones.

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Este encuentro multilateral se desarrolla bajo el lema "América unida en el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá“, y con el tema ”Multilateralismo firme en defensa de la democracia, la seguridad hemisférica y la estabilidad en los Estados miembros“.

Al respecto, Vedun señaló que la inseguridad es el principal problema de la región; si bien, indicó que América Latina suele considerarse una zona de paz por la ausencia de guerras, recordó que solo el año pasado hubo unas 100.000 víctimas de crímenes violentos, de los cuales el 30 % fueron víctimas vinculadas al crimen organizado.

“Estamos ante un problema endémico que es la falta de seguridad. Escuchamos a uno de los panelistas decir cómo las generaciones jóvenes se están desencantando del sistema democrático, por la falta de respuesta y una que usualmente se nos achaca es la falta de respuesta efectiva contra la ola de inseguridad. No podemos olvidar que sin seguridad no hay inversión y sin inversión no hay crecimiento”, remarcó Verdún.

Uno de los conceptos más fuertes que planteó el vicecanciller paraguayo es que el crimen organizado afecta a todos los países sin distinción ideológica y que la cooperación debe estar por encima de diferencias políticas. Sostuvo que ante esto, el principal desafío es construir confianza entre los jóvenes, independientemente a las ideologías políticas.

“El crimen organizado nos afecta a todos, afecta a todas nuestras sociedades en sus diversas gamas de delitos. Así que tenemos que eliminar el componente ideológico de la lucha contra el crimen organizado. Construir confianza entre los actores gubernamentales, particularmente entre nuestros organismos de seguridad y entre nuestros organismos de inteligencia”, acotó.

En tanto que, el primer secretario Sann Irún, destacó el papel de los países observadores y de la cooperación internacional para dotar a los Estados de mayores capacidades institucionales frente a amenazas complejas y transnacionales.

Remarcó que Paraguay agradece y valora el respaldo técnico y financiero que los observadores aportan a los proyectos de la OEA. Teniendo en cuenta que su cooperación impacta directamente en el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los Estados para enfrentar amenazas complejas y transnacionales, como la lucha contra el crimen organizado, la trata de personas, los desafíos emergentes de la ciberseguridad, entre otros.

“Frente a un panorama global marcado por múltiples retos e incertidumbres, Paraguay reafirma que el éxito de nuestra acción colectiva radica en el respeto mutuo a las realidades nacionales, las prioridades de cada Gobierno y fundamentalmente el bienestar directo de nuestras comunidades”, acotó.

Asimismo, destacó que el Estado paraguayo renueva el reconocimiento por el constante apoyo a las misiones de observación electoral de la OEA. “El Paraguay las ha defendido siempre como una herramienta insustituible para el perfeccionamiento, blindaje y transparencia de nuestros sistemas democráticos”, remarcó.

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El Gobierno de Paraguay, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, se une a una iniciativa estadounidense sobre la declaración conjunta de respaldo al Gobierno democrático de Bolivia, difundida el 23 de junio por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que está respaldada por un total de 16 países, en que se manifiesta la preocupación por los últimos bloqueos en la nación andina, dentro de un intento de debilitar su democracia.

El texto de la siguiente declaración fue emitido por los Gobiernos de Paraguay, los Estados Unidos de América, Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá y Perú.

“Manifestamos nuestra profunda preocupación por los efectos de los bloqueos violentos de carreteras sobre la democracia y el estado de derecho en Bolivia. Los continuos esfuerzos por debilitar y derrocar al gobierno legítimo y democráticamente electo del presidente Rodrigo Paz representan una grave amenaza para el orden constitucional y la estabilidad democrática en el país y en el hemisferio”, señala el documento.

Continúa: “Una minoría violenta pretende desconocer la voluntad expresada por la mayoría de los bolivianos en las urnas hace apenas unos meses, rechaza la disposición del gobierno al diálogo y ha mantenido bloqueos de carreteras durante más de siete semanas, privando al pueblo boliviano de acceso a alimentos, atención médica, combustible y otros artículos de primera necesidad. Estas acciones han afectado gravemente la vida cotidiana de millones de ciudadanos y han puesto en riesgo derechos fundamentales”.

“Asimismo, se han registrado muertes de civiles bolivianos como consecuencia de las restricciones a la libre circulación en las vías, que les han impedido acceder oportunamente a medicamentos, hospitales o centros de salud. Por otra parte, manifestantes han causado lesiones a agentes de policía en el ejercicio de sus funciones. La violencia no puede subvertir el orden constitucional”, agrega.

Puntualiza también el respaldo “al gobierno boliviano constitucionalmente elegido e instamos a los grupos movilizados a priorizar el diálogo y la negociación dentro del marco constitucional establecido, como herramienta fundamental de la democracia”.

“Defender la libertad, la democracia y la seguridad hemisférica exige compromiso y cooperación. En este contexto, reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando para fortalecer la estabilidad y preservar el orden democrático en nuestra región, y expresamos nuestra solidaridad con el gobierno democrático del presidente Paz y con el pueblo de Bolivia”, concluye.

En una entrevista con la agencia AFP, ayer martes, el expresidente Evo Morales insinuó sobre la posibilidad de “una guerra civil” al acusar al gobierno de Rodrigo paz por su “política neoliberal”, que en noviembre pasado puso fin a 20 años de gobiernos de izquierda. El exmandatario, en su refugio en la región selvática del Chapare donde permanece fugitivo, ordenó que se levanten los bloqueos tras decretarse el estado de excepción, el sábado pasado, para emplear las fuerzas armadas para despejar los cortes que generaban un desabastecimiento de alimentos y medicinas.

“No me voy a rendir”, dijo Morales, días después de que el gobierno amenazara con intervenir en el Chapare, su bastión político en el departamento de Cochabamba (centro), para capturarlo. “El que negocia su sobrevivencia no es digno”, agregó. La entrevista tuvo lugar en el poblado de Lauca Eñe, tras atravesar varios puestos de control para llegar hasta Morales.

Decenas de seguidores del dirigente cocalero permanecían en los alrededores de su refugio, algunos provistos de armas rústicas. Sobre el exmandatario pesa una orden de captura por un supuesto caso de trata de menor, que él niega y denuncia como “persecución” política.

Pregunta: ¿Cuál es su balance de las últimas semanas de protestas?

Respuesta: Es una sublevación contra el modelo neoliberal y el estado colonial. Y el resultado es un gobierno sin autoridad. Para mí, esto va a continuar. Esta “mentirocracia” causa mucha reacción del pueblo boliviano.

P: ¿El fin de los bloqueos es un triunfo del gobierno?

R: El gobierno se salvó por prebendas (a sectores) que negociaron a puertas cerradas. Solo quedaban bloqueos aquí en el Trópico de Cochabamba, que tiene mucha disciplina. Declaramos un cuarto intermedio (una pausa), pero no negociamos.

P: ¿Cree que el gobierno va a intervenir en el Chapare?

R: No hay motivo para intervenir, no hay bloqueos. Saben que aquí va a haber problemas, estamos bien organizados. Saben que compañeros se van a defender, nos van a defender. Nosotros no queremos que haya muertos, heridos.

P: ¿Qué hará si intenta hacerlo?

R: Con toda esta política neoliberal y estado colonial, están forzando que haya una guerra civil. El que negocia su sobrevivencia no es digno. Yo nunca negocié. Defender la hoja de coca es defender la soberanía, la dignidad del pueblo. La guerra de la coca es mucho más que la guerra por agua o por gas. Cualquier intervención militar, policial, (los campesinos) van a resistir.

P: ¿Qué responde a la acusación de supuesta trata de menor?

R: Proceso inventado. No encuentran nada de narcotráfico, de corrupción. Es un tema totalmente político. Como Evo no es corrupto, ni está ligado al narcotráfico, tratan de usar el tema de ‘pedófilo’. A la gente le causa risa.

P: ¿Qué vislumbra para los próximos meses en Bolivia?

R: Si no se resuelve el tema estructural, que es el tema económico, en cualquier momento cualquier sector se va a movilizar. Si no hay plan de cómo reactivar la economía estatal, entonces seguirá habiendo levantamiento y convulsión.

P: ¿Apoya el pedido de renuncia del presidente Paz?

R: Se ha generalizado ese pedido. Yo dije que tal vez una salida política constitucional sea convocar a elecciones. Pero nunca hemos pedido la renuncia. Aquí es evitar que se privatice la luz, el agua, la telecomunicación, los recursos naturales, la salud, la educación. Ese es el pedido.

Con información de AFP.

Integra junto con Albania, Costa Rica, Suecia y Suiza, según el análisis realizado.

Paraguay se encuen­tra en el top 5 a nivel global en sosteni­bilidad energética, según el último Índice de Tran­sición Energética del Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés). De acuerdo con el documento, el país se enfrenta a ciertos desafíos para mantener su liderazgo en términos ener­géticos.

Los cinco líderes en sostenibilidad de 2026 son Paraguay, Albania, Costa Rica, Suecia y Suiza, según el análisis realizado. En este sentido se cita que la electri­cidad limpia es el eje central del potencial. “Los líderes en sostenibilidad se caracteri­zan por sistemas eléctricos basados en energías renova­bles y otras fuentes de bajas emisiones de carbono, lo que les otorga una ventaja estruc­tural para reducir las emisio­nes”, explica.

Por otro lado, también se apunta que la menor inten­sidad de carbono en el sis­tema es una de las principales ventajas, como así también la “estabilidad normativa a largo plazo y las señales claras de descarbonización siguen favoreciendo las tec­nologías limpias, la reducción de emisiones y el progreso sostenido de la transición”.

La descarbonización del sis­tema es el principal desa­fío, de acuerdo al WEF. “Si bien estos países lideran en sostenibilidad, el progreso futuro dependerá de exten­der los logros en materia de energía limpia más allá del sector eléctrico, abarcando el transporte, la indus­tria y la demanda energé­tica de uso final”, destaca.

Con relación al índice de manera general, Paraguay se encuentra en la posición 88 de 120 sistemas anali­zados, siendo los líderes de la región Brasil y Chile. En este sentido se destaca que Paraguay (+13,4 %) y Colom­bia (+13,9 %) registraron los mayores avances, impulsa­dos por un sólido desempeño hidroeléctrico y la amplia­ción de la capacidad reno­vable, junto con Macedonia del Norte (+14,5 %), Singa­pur (+13,6 %) y Eslovaquia (+6,2 %).

Paraguay cuenta con impor­tantes recursos hídricos que permiten obtener un caudal importante de energía pro­veniente de dos hidroeléc­tricas, Itaipú y Yacyretá, ambas compartidas con países vecinos. Además, un nuevo marco normativo per­mite que iniciativas priva­das comiencen a explorar proyectos de generación, principalmente de sus­tento solar. El informe del Foro Económico evalúa el progreso de 120 países en su transición hacia sistemas energéticos más sostenibles, seguros y asequibles.

La Unión Industrial Paraguaya (UIP) expresó su respaldo a la resolución 472 del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), que establece una mezcla obligatoria de entre 8 % y 10 % de biodiésel en el gasoil tipo III, al considerar que la medida contribuirá al fortalecimiento de la industria nacional, la generación de empleo y la reducción de la dependencia de combustibles importados.

A través de un comunicado institucional, el gremio sostuvo que la decisión representa un paso relevante dentro de la estrategia de industrialización del país, al promover un mayor aprovechamiento de las materias primas producidas localmente y generar valor agregado dentro de la economía paraguaya.

La resolución fue firmada el pasado 19 de junio y apunta a incrementar gradualmente la participación de biocombustibles en la matriz energética nacional. Para la UIP, esta política permite avanzar hacia una mayor seguridad energética y, al mismo tiempo, dinamizar diferentes eslabones de la cadena agroindustrial.

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Uno de los principales argumentos planteados por el sector industrial es que Paraguay cuenta con una importante producción de soja, pero todavía exporta una parte significativa de esa producción sin procesamiento. Según la UIP, transformar esa materia prima dentro del país permite generar nuevos productos, empleos e inversiones.

El gremio recordó que el procesamiento de la soja produce simultáneamente aceite destinado a la elaboración de biodiésel y harina proteica utilizada en la alimentación avícola, porcina y bovina. En ese sentido, destacó que la producción de biocombustibles no compite con la producción de alimentos, sino que forma parte de una misma cadena de aprovechamiento industrial.

La organización también subrayó que cada litro de biodiésel producido localmente reduce la necesidad de importar gasoil, contribuye a retener divisas dentro de la economía paraguaya y genera actividad económica en sectores vinculados a la agricultura, la industria y la logística.

No obstante, la UIP señaló que la implementación debe realizarse de forma gradual, responsable y bajo estrictos controles de calidad, garantizando previsibilidad para los inversionistas y seguridad para los consumidores.

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