Sportivo Luqueño transfirió el año pasado a Marcelo Pérez al Huracán, que nunca pagó por el jugador y se inició un juicio en instancias de la FIFA, según confirmó el presidente auriazul Daniel Rodríguez, en charla con Versus Radio/Nación Media.
“Ni un solo dólar cobramos por la transferencia, ese era nuestro temor que no nos paguen. Esperemos cobrar en algún momento ese dinero que le va a venir muy bien al club”, informó Rodríguez.
“Con ese dinero pensábamos invertir para poner en condiciones los sectores que nos faltan en el Feliciano Cáceres. Para eso necesitamos 400.000 dólares para destinar a preferencia y 930.000.000 de guaraníes para gradería norte”, agregó el dirigente. Huracán debe unos 1.100.000 dólares por el 50% de la ficha del jugador que tiene contrato hasta el 31 de diciembre del 2027.
En cuanto al plantel, Rodríguez confirmó que el club adquirió el pase del lateral Rodi Ferreira, es decir, el 25 % que correspondía a Guaraní y el 50 % que tenía Olimpia 50 %, ya que Luqueño anteriormente ya se hizo con el 25 %.
Dejanos tu comentario
Diputados sanciona ley que autoriza al MOPC pago de intereses moratorios por certificados de obra
La Cámara de Diputados sancionó este martes el proyecto de ley “Que autoriza el pago de intereses por certificados de obra y autoriza la emisión de títulos de deuda pública”. La iniciativa tiene por objeto autorizar al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) el pago de intereses moratorios derivados de obligaciones que no fueron canceladas dentro de los plazos establecidos en los respectivos contratos.
La propuesta normativa fue analizada en la fecha y contó con el acompañamiento de la mayoría del plenario, quedando sancionada la legislación que ahora pasa al Poder Ejecutivo para su consideración.
De acuerdo a lo expresado por los legisladores, el proyecto autoriza el reconocimiento de intereses moratorios hasta una tasa máxima del 9,9 % anual, así como la emisión y colocación de títulos de deuda del Tesoro Público que permitan captar los recursos necesarios.
Los legisladores utilizaron como base para el estudio y aprobación de la iniciativa el dictamen de la Comisión de Presupuesto, que aconsejó, en mayoría, la aprobación del documento.
Durante el tratamiento el diputado colorado César Cerini, presidente de la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria, explicó que el proyecto busca autorizar al MOPC a abonar los intereses generados por obligaciones no canceladas en los plazos contractuales.
Indicó que el bloque asesor emitió dos dictámenes: uno en mayoría por la aprobación y otro en minoría por el rechazo. Señaló que la postura favorable se fundamentó en que los retrasos en la cancelación de compromisos generan intereses moratorios que deben ser honrados.
A su turno, el diputado colorado Néstor Castellano, en representación de la Comisión de Presupuesto, informó que dicha instancia se allanó al dictamen de la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria, con algunas modificaciones de forma y especificaciones adicionales.
Precisó que la propuesta establece que la contabilización de los intereses generados deberá realizarse dentro de los 90 días corridos desde la promulgación de la ley y que la información correspondiente deberá ser comunicada inmediatamente al Congreso Nacional.
Asimismo, mencionó que durante el análisis de la iniciativa, se mantuvieron reuniones con representantes y técnicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, del Ministerio de Economía y Finanzas y de las empresas constructoras involucradas.
El parlamentario explicó que los contratos contemplaban previsiones de intereses del 10 % al 24 % y que, tras las conversaciones entre las instituciones y el sector empresarial, “se ha consensuado bajar esos intereses al 9,9 %”.
Pese a que se plantearon igualmente posturas contrarias, cuestionando que se establezca por ley una tasa de interés moratoria general para obligaciones derivadas de contratos específicos, indicaron que podrían existir contratos que originalmente contemplaban tasas inferiores al 9,9 %, por lo que consideraron que cada obligación contractual debería ser analizada de acuerdo con sus condiciones particulares.
Siga informado con: Latorre destaca el gran respaldo a Camilo Pérez
Dejanos tu comentario
Itaipú transfirió casi USD 1.500 millones al Estado desde agosto de 2023
En los primeros sietes meses del 2026, la Itaipú Binacional transfirió USD 275 millones al Estado paraguayo en concepto de royalties, cesión de energía y pagos a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), recursos establecidos en el Anexo C del Tratado, representando un importante aporte para el financiamiento de obras y proyectos que están en marcha.De acuerdo al reporte de la Dirección Financiera de la Entidad, entre enero y julio, el Tesoro paraguayo recibió USD 154 millones en concepto de royalties y USD 77 millones que corresponden a la compensación por cesión de energía.Por su parte, la ANDE percibió USD 44 millones por resarcimiento de las cargas de administración y utilidades del capital.En julio, Itaipu realizó transferencias por USD 36 millones al Paraguay, de los cuales, USD 22 millones correspondieron a royalties, USD 12 millones a compensación por cesión de energía y USD 1,7 millones destinados a la ANDE en concepto de resarcimiento.Con este último desembolso, las transferencias realizadas al Estado paraguayo alcanzaron USD 1.497 millones desde agosto de 2023 hasta julio de 2026
Apoyo clave
Los recursos provenientes de los royalties tienen como destino el financiamiento de gastos contemplados en el Presupuesto General de la Nación (PGN), ejecutadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) destinada a gobernaciones y municipios para la ejecución de obras y proyectos.
Dejanos tu comentario
Trabajadoras denuncian a institución de educación superior por falta de pago de salarios
Tres mujeres denunciaron que la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) Paraguay, dejó de pagarles sus salarios por seis meses e intentaron que sigan trabajando, por más tiempo, pero decidieron acudir ante el Ministerio de Trabajo para denunciar la situación. Hoy, exigen que la institución pague los salarios, aguinaldos que les adeudan hasta la fecha y una indemnización por sus años de antigüedad.
Según Alba María Cubilla Duarte, que se desempeñaba en la parte administrativa, desde julio de 2025 no recibió pago por parte de la institución que se dedica a realizar investigaciones para entes estatales. Las mismas trabajaron hasta el 2 de enero del 2026, luego decidieron retirarse porque ya no tenían cómo costear gastos de traslados y alimentación.
“Yo cumplí al igual que mis compañeras que también tienen sus años de antigüedad, sin embargo, dejaron de abonarnos pese a que nosotras cumplimos a cabalidad de lunes a viernes, todos los meses hasta el último día de diciembre. El viernes, 2 de enero del 2026, nos volvimos a presentar”, expresó Cubilla, en entrevista con La Nación/Nación Media.
Explicó que el 2 de enero de este año, el director les comunicó que no disponía de los fondos para abonar lo adeudado y que debían tomarse sus vacaciones las cuales pasaron sin percibir remuneración alguna. Al volver el 16 de febrero les exigieron continuar con sus labores habituales. “Nos estuvimos yendo al trabajo haciendo préstamos personales”, detalló.
Lea también: Trabajador murió aplastado por una amasadora en Villa Hayes
Denuncia y proceso legal
La afectada resaltó que tras volver y no habiendo garantías sobre el pago de sus sueldos atrasados, decidieron recurrir al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) para formalizar la denuncia e iniciar la demanda laboral.
“El director nos dijo que no tiene la plata, que no nos va a abonar y que tenemos que seguir haciendo nuestras actividades. Desde allí tuvimos que acercarnos al Ministerio de Trabajo, hacer nuestra denuncia, estamos en este momento en eso, sin cobrar nuestro salario del 2025″, refirió.
Agregó que la representación legal de Flacso Paraguay respondió a la demanda laboral alegando supuesta inmunidad jurídica basada en su Ley de Creación N° 2836. Bajo este argumento, la institución pretende eximirse del pago de salarios devengados, el reconocimiento de la antigüedad y las indemnizaciones correspondientes.
Violación laboral
Cubilla indicó que se trata de un caso grave de violencia laboral que afecta directamente el sustento de sus familias y cuestionó la contradicción de la entidad académica internacional dedicada históricamente a la investigación social, la pobreza y los derechos humanos, pero que vulneran los derechos laborales de sus propios trabajadores.
“Tenemos familia que alimentar y hasta hoy día no nos han abonado ningún guaraní de lo que nos están adeudando. Pedimos ayuda, pedimos que se conozca este tipo de violencia laboral, porque violentan nuestros derechos. Envíe una nota al Ministerio de Educación para solicitar su apoyo queremos que se hagan eco de lo que estamos pasando”, puntualizó.
Las afectadas son Alba María Cubilla Duarte (administradora con 18 años de antigüedad), Letizia (contadora) y María Julia Duarte (secretaria general). Las trabajadoras señalan que la institución justifica el cese de los pagos argumentando la falta de firma de convenios estatales con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), fondos de los cuales dependía el financiamiento de sus rubros desde el año 2016.
Lea también: Tarjeta rota de la justicia: árbitro es arrestado en la cancha por deuda alimentaria
Dejanos tu comentario
Diputados: dictaminan a favor del pago de intereses por deudas en obras públicas
Las comisiones de Presupuesto y de Cuentas y Control de la Cámara de Diputados emitieron dictamen a favor del proyecto de ley de pago de intereses por certificados de obra y la emisión de títulos de deuda pública. El diputado César Cerini, presidente de la Comisión de Cuentas, explicó que este proyecto es muy importante para cumplir con las empresas de obras.
“Hemos decidido aprobar ese proyecto de ley para que se pueda honrar también con este sector ya es sumamente importante, sabemos que las empresas requieren de muchos recursos, generan mucha fuente de trabajo, y que ellos sigan trabajando también y no tengan ningún tipo de problema”, señaló el legislador a los medios.
También expresó que existe una preocupación por el bajo presupuesto que cuenta el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). “Siempre es preocupante por los recursos que se está disponiendo, sabemos que el Ministerio de Obras Públicas ha disminuido su presupuesto, prácticamente la mitad, son 570 millones de dólares, que siempre fue más de 1.000 millones de dólares”, mencionó.
La iniciativa plantea autorizar al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones al pago de intereses moratorios derivados de obligaciones no canceladas dentro de los plazos contractualmente establecidos, correspondientes a certificados de obras de infraestructura ejecutadas para entidades de la administración central.
Así también, contempla el reconocimiento de intereses moratorios hasta una tasa máxima del 9,9 % anual, aplicable a obligaciones mantenidas con proveedores, consultores y contratistas.
Este proyecto ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, y también tiene el dictamen favorable de la Comisión de Obras de Diputados, fue incluido en el orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara Baja de este martes.