El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, dijo el martes que su país y Colombia lanzarán operaciones militares contra el crimen organizado desde “el día número uno” del gobierno del ultraderechista colombiano Abelardo de la Espriella. El abogado asumirá la presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto en reemplazo del izquierdista Gustavo Petro, al que Ecuador acusa de no haber hecho lo suficiente para combatir el narcotráfico en la frontera común.

“Hay que entrar con fuerza y con determinación y junto con las fuerzas armadas ecuatorianas y colombianas van a iniciarse los ataques desde el día número uno”, declaró Reimberg a periodistas. Los señalamientos de Quito derivaron en un deterioro de las relaciones comerciales y diplomáticas entre Ecuador y Colombia, que se aplicaron mutuamente impuestos a las importaciones de hasta 100 %.

“Estamos a puertas de que haya un cambio de gobierno en Colombia, por cierto, muy favorable para nosotros, porque al fin tendremos con quien trabajar en esta lucha contra el crimen organizado”, agregó Reimberg. Ecuador libra una guerra contra el crimen organizado que desangra a la nación en su disputa por el control del narcotráfico y la minería ilegal. El país es uno de los más violentos de Latinoamérica.

En 2025, Ecuador reportó 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes, equivalentes a uno cada hora, según Insight Crime.

El ministro dijo que los últimos cuatro años hubo “puertas abiertas por el lado de Colombia al narcotráfico, al terrorismo, a proveer el armamento a los grupos disidentes” que operan en ambos lados de la zona limítrofe.

El martes De la Espriella anunció la instalación en Medellín de una oficina del Escudo de la Américas, la alianza de países liderada por Donald Trump para combatir al narcotráfico. Colombia fue excluida en marzo de la iniciativa, de la que forma parte Ecuador, por los choques entre Petro y Trump.

Fuente: AFP.

El temporal que recorrió Chile dejó al menos 13 muertos y más de 60.000 personas aisladas por interrupciones de rutas, según un nuevo balance entregado el martes por el gobierno, que ahora se centrará en reactivar los caminos y servicios básicos. El fenómeno, que empezó el 15 de julio en el sur del país, golpeó especialmente a Coquimbo y Atacama, regiones desérticas del norte, donde son inusuales las lluvias extremas.

“Tenemos 13 personas fallecidas y siete personas desaparecidas”, informó a la prensa Alicia Cebrián, directora del Servicio de Emergencias Estatal (Senapred). La emergencia también dejó unas 2.800 viviendas destruidas o con daños estructurales, unos 2.200 damnificados y mantiene a más de 60.000 personas aisladas, según el gobierno.

Debido a las crecidas de los ríos, varios caminos quedaron bloqueados por el agua y el fango, y algunos pueblos resultaron aislados. “Tengo 57 años y nunca había visto una emergencia como esta. Lo más impactante fue ver cómo los ríos y las quebradas se desbordaron”, dijo en una llamada a la AFP Patricia Albornoz, una dirigente vecinal de Coquimbo, a unos 460 km al norte de Santiago.

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, dijo que las lluvias “van a comenzar a disminuir” en las próximas horas, pero que todavía persisten riesgos por “crecidas de cauces y quebradas”.

Tras el fin del fenómeno climático, el gobierno se centrará en enviar ayuda humanitaria a las zonas afectadas, restablecer las rutas y los servicios básicos.

El presidente chileno, José Antonio Kast, decretó estado de catástrofe en la zona, lo que permite el despliegue de militares, restringir libertades de tránsito y movilizar recursos de ayuda más rápidamente.

Fuente: AFP.

El Congreso de Chile aprobó el martes casi la totalidad de una megarreforma legislativa con la que el gobierno busca cambiar el rumbo económico del país y atraer más inversiones, una de las principales promesas del presidente ultraderechista José Antonio Kast.

El proyecto es muy resistido por la oposición, que considera que solo favorece a los sectores más ricos y que podría reducir los presupuestos estatales para ayudas sociales.

La propuesta de Kast incluye varios beneficios tributarios, como una rebaja gradual del impuesto a la renta de las grandes empresas, del 27 % al 23 %, cercano al promedio de los países desarrollados.

“Tenemos la reforma (...) aprobada en lo que es lo esencial”, dijo a la prensa el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tras la votación legislativa. Solo resta la discusión de una última norma en el Parlamento para que la ley sea finalmente promulgada.

“Chile ha aprobado levantar barreras de permisos que tienen detenidas las inversiones y la actividad económica, ha aprobado dar certezas a quienes arriesgan hacer esas inversiones”, agregó el ministro.

La medida significará un giro en la política económica del país, dice a la AFP el politólogo Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo.

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“Desde el 2014, la discusión económica y tributaria en Chile siempre había estado (enfocada) en un aumento en la tasa de impuestos”, agregó.

A la izquierda no le alcanzaron los votos para frenar la megarreforma, que cuenta con medio centenar de artículos. Los opositores cuestionan las consecuencias que podría tener la reducción de la recaudación fiscal en los presupuestos de programas sociales.

“Es un retroceso. Esta reforma es nefasta para todos nosotros, para la salud, para la educación, para las ayudas sociales que han aportado mucho y que ha costado sostener durante muchos años”, opina María Cáceres, una guardia de 43 años, en Santiago.

La izquierda también critica el congelamiento de las condiciones tributarias por 20 años para las inversiones que superen los 350 millones de dólares y la obligación de reembolsar gastos de inversión a las empresas a las que la justicia les revoque sus permisos ambientales.

El 56 % del país está en desacuerdo con la rebaja de impuestos a empresas, según la firma Cadem.

Para frenar algunas rebajas tributarias, la oposición anunció que acudirá al Tribunal Constitucional, lo que podría retrasar la promulgación de la ley.

La aprobación es considerada un triunfo clave para Kast, de 60 años, cuya popularidad venía a la baja según encuestas. El gobierno se vio obligado a reducir sus expectativas de crecimiento anual de 4 % a 3,5 % hacia el 2030, cuando termine su mandato de cuatro años.

Pese a las críticas de los opositores, los partidarios del presidente esperan que la megarreforma tenga efectos positivos en su vida cotidiana.

“Si tú le rebajas los impuestos (...) a la gente que viene a invertir a Chile y les das una seguridad, ellos invierten, y eso significa trabajo”, dice a la AFP Bernardo Romero, un comerciante del centro de la capital, de 65 años.

• Fuente: AFP

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Ecuador elevó de amarilla a naranja la alerta por posibles impactos asociados al fenómeno de El Niño, informó el lunes el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE). El Niño aumenta las temperaturas de la superficie en el centro y el este del Pacífico ecuatorial, desencadenando cambios globales en los patrones de vientos, presión y precipitaciones. La Organización Meteorológica Mundial (OMM), de la ONU, prevé este año un “episodio fuerte”, entre julio y septiembre.

La medida anunciada por Ecuador, que comprende a 17 de las 24 provincias del país, responde a un aumento en la temperatura del océano, señaló el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, quien preside el COE. El gobierno había declarado en mayo la alerta amarilla en aquellas provincias con una altitud de hasta 1.500 metros sobre el nivel del mar, más susceptibles a El Niño.

“Que la temperatura del océano se encuentre arriba del promedio normal, eso no quiere decir que las lluvias necesariamente vayan a ocurrir muy pronto o en los meses subsiguientes”, explicó Luque. Agregó que el gobierno ha destinado unos 600 millones de dólares para prevención ante la llegada del fenómeno climático.

Según Luque, por ahora el aumento de la temperatura del océano ha impactado en la pesca y el avistamiento de aves. El país prevé que también haya sequías en la Amazonía e incendios forestales. El Niño suele producirse cada dos a siete años y dura aproximadamente entre nueve y doce meses, según los expertos. El evento más fuerte desde 1950 en Ecuador fue el de 1997-1998, que dejó casi 300 fallecidos, pérdidas por unos 3.000 millones de dólares y unos 20.000 damnificados, según cifras oficiales.

Fuente: AFP.