En Cerro Porteño sigue el culebrón con el caso del arquero brasileño Jean Fernandes, más todavía ahora que fue expulsado con tarjeta roja directa en el superclásico Miguel Martínez y no podrá estar en los siguientes juegos.
Ariel Martínez, vicepresidente del Ciclón, confirmó que hubo indisciplina de parte de quien fuera golero titular y fue separado por el entrenador Víctor Bernay de los partidos frente a Resistencia (triunfo 5-2) y Olimpia (empate sin goles).
“Jean salió de la concentración sin tener autorización de la directiva, ni del entrenador, ni del mánager. Fue una violación a las normas del club cuando todos sus compañeros se quedaron”, dijo Ariel Martínez, vicepresidente de Cerro, en declaraciones a Versus Radio Nación Media.
“Todo está en manos del Departamento Jurídico. Jean es empleado del club y está a disposición del técnico”, agregó el alto directivo.
CONTRA EL ARBITRAJE
En Cerro Porteño hay disconformidad con la labor arbitral y el descontento sube con el correr de las fechas.
“Teníamos mucha esperanza (en Éber Aquino), pero lastimosamente sigue todo igual”, acusó Martínez, al ser preguntado sobre el desempeño del arbitraje paraguayo.
No obstante, el dirigente reconoció que ha sido un año malo y el club realizó pobre campaña en todos los torneos en los que le cupo participar a nivel local e internacional.
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Caso ueno bank: defensor del pueblo exige transparencia y garantías para ahorros y fondos del IPS
Ante la situación de ueno bank, el defensor del Pueblo exige transparencia, responsabilidades y garantías concretas para proteger los ahorros de la ciudadanía y los fondos jubilatorios. Advierte que la incertidumbre sobre el dinero de miles de familias no puede quedar sin respuesta.
El defensor del Pueblo, Rafael Luis Ávila Macke, expresó su profunda preocupación ante la crisis financiera de ueno bank y considera inadmisible que miles de ciudadanos enfrenten incertidumbre sobre sus ahorros, salarios y recursos destinados a su subsistencia. La situación adquiere especial gravedad ante los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), comprometidos en la entidad bancaria, recursos que pertenecen a los trabajadores y jubilados paraguayos y cuya protección debe ser una prioridad absoluta del Estado.
“El dinero de los trabajadores, jubilados y ahorristas no puede quedar a merced de decisiones irresponsables ni de eventuales irregularidades financieras. Detrás de cada cuenta bancaria hay familias, medicamentos que comprar, alimentos que llevar a la mesa y obligaciones que cumplir. La ciudadanía no tiene por qué pagar las consecuencias de errores ajenos”, manifestó el defensor del Pueblo.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo exige al Banco Central del Paraguay (BCP) y a las instituciones competentes respuestas inmediatas, información transparente y garantías efectivas para la recuperación de los depósitos, sin someter a los afectados a trámites interminables ni a una incertidumbre injustificada.
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Asimismo, considera indispensable esclarecer cómo se llegó a esta situación, determinar si existieron fallas en los mecanismos de supervisión y establecer las responsabilidades administrativas, civiles o penales que correspondan. “No basta con anunciar que los depósitos están garantizados. La gente necesita saber cuándo y cómo recuperará su dinero. La confianza pública no se recupera con discursos, sino con hechos, transparencia y responsables que rindan cuentas”, enfatizó.
La Defensoría del Pueblo sostiene que ninguna consideración económica, empresarial o política puede estar por encima de los derechos de la ciudadanía. Los ahorros de los paraguayos deben ser protegidos, los fondos jubilatorios resguardados y los hechos investigados hasta sus últimas consecuencias. La ciudadanía merece respuestas, no excusas.
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Murió la joven baleada por su pareja en un nuevo caso de feminicidio en PJC
Las autoridades policiales confirmaron el fallecimiento de Reinalda López Núñez, de 26 años, quien fue gravemente herida por un disparo de arma de fuego durante un presunto caso de tentativa de feminicidio, ocurrido en la madrugada de este sábado en la fracción Don Noti, de Pedro Juan Caballero.
Los primeros informes mencionan que la mujer recibió un disparo a la altura de la cabeza, presuntamente efectuado por su concubino, identificado como Nelson Arzamendia Cárdenas, quien habría escapado del lugar a bordo de una motocicleta tipo Trail.
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Luego del ataque, la víctima fue auxiliada por agentes policiales y trasladada de urgencia al Hospital Regional de Pedro Juan Caballero. Sin embargo, pese a la asistencia médica recibida, se confirmó posteriormente su fallecimiento. El supuesto autor continúa con paradero desconocido, mientras la Policía realiza las averiguaciones para localizarlo y esclarecer las circunstancias del hecho.
Ahora la Fiscalía deberá ordenar la detención del presunto autor del hecho quien una vez detenido deberá comparecer ante el Ministerio Público para poder brindar su versión sobre el grave hecho registrado.
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Fiscalía urge a la Corte destrabar causa penal por lavado de dinero contra Miguel Ángel Zaldívar
El Ministerio Público presentó su segundo urgimiento ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para destrabar la causa penal caratulada como “Miguel Zaldívar y otros s/ lavado de dinero” (N.º 6/2021). El fiscal Jorge Arce fue quien solicitó a los ministros de la máxima instancia judicial, Manuel Ramírez Candia, César Diesel y Víctor Ríos, que destraben el mencionado proceso.
El expediente judicial se encuentra en poder del ministro Víctor Ríos desde el mes de agosto, y solo falta la firma del duplicado en limpio de dicho alto magistrado para que el proceso penal se destrabe y pueda avanzar.
La Fiscalía argumenta que es urgente resolver el caso para brindar certeza procesal, evitar dilaciones indebidas y cumplir con los principios de celeridad, economía procesal y plazo razonable. Los integrantes de la Sala Penal deben resolver la recusación presentada por el acusado Celio Tunholi, quien recusó a los camaristas Silvana Raquel Luraghi Sarubbi, Mario Camilo Torres y Paublino Escobar Garay.
Del mismo modo, en septiembre pasado, el abogado Claudio Lovera, en representación de la Conmebol como querellante adhesiva, ya había presentado un urgimiento exigiendo destrabar el proceso. La recusación contra los camaristas fue planteada el 10 de abril de 2026; es decir, hace ya más de seis meses.
La Conmebol apunta a recuperar al menos USD 15 millones que el empresario y dirigente deportivo Nicolás Leoz (fallecido en agosto de 2019) desvió del ente rector del fútbol sudamericano hacia el Banco Atlas, institución financiera de la familia Zuccolillo.
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Caso Ronaldinho: Corte reduce condena a dos involucrados en documentos falsos
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia redujo las penas de dos condenados por su participación en la elaboración de documentos falsos que fueron proveídos por la empresaria Dalia López al exfutbolista Ronaldinho, a su hermano y al prófugo Wilmondes Sousa Lira.
Por mayoría de votos, la máxima instancia judicial hizo lugar al recurso de casación planteado por las defensas y redujo la condena de Bernardo Arellano, funcionario de Migraciones, de cinco a cuatro años y seis meses de prisión. Asimismo, la pena de Cirilo Gustavo Amarilla Cañete, funcionario de Identificaciones, pasó de cuatro a tres años y seis meses.
La ministra Carolina Llanes, con la adhesión del ministro Luis María Benítez Riera, consideró que correspondía modificar la calificación jurídica de las conductas atribuidas a ambos acusados y revisar la medición de las penas, sin modificar los hechos que el Tribunal de Sentencia tuvo por acreditados.
Llanes votó por anular la resolución de la Cámara de Apelaciones que había confirmado las condenas, al señalar que incurrió en una “incongruencia omisiva”. Según explicó, el tribunal respondió de manera genérica a los cuestionamientos de las defensas sobre la calificación jurídica, sin fundamentar por qué correspondía mantener la decisión de primera instancia.
En su análisis, la ministra distinguió entre la producción de documentos no auténticos y la producción mediata de documentos públicos de contenido falso. En ese punto, dio la razón a las defensas, que argumentaron que los pasaportes y las cédulas fueron expedidos por las instituciones correspondientes y que posteriormente sus datos fueron adulterados.
La ministra también examinó la intervención de Arellano y Amarilla en la obtención y posterior adulteración de los documentos. Sostuvo que ambos realizaron aportes esenciales dentro de un accionar conjunto y coordinado, con distribución de funciones, para conseguir documentos que permitieran inducir a error a los agentes de control migratorio.
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