Resistencia y Luqueño cerraron el miércoles la disputa de la fecha 16 del Clausura y luego del final del partido que terminó en empate sin goles, hubo un conflicto que involucró a jugadores y dirigentes. Luego de ser viralizadas algunas imágenes en el acceso a vestuarios en cancha de Nacional, los principales dirigentes de ambos clubes entraron en una guerra mediática de acusaciones.
El primero en tirar la piedra fue el presidente de Luqueño, quien acusó de maltrato a sus colegas del club del Bajo. “Acá pudo haber pasado cualquier cosa, una falta total de garantías. Nos maltrataron en todo momento, primero con el tema de las entradas, no nos dejaron meter nuestros vehículos. Con Luqueño siempre hay exigencias, esta gente no se maneja como equipo de Primera”, gatilló Rodríguez.
La respuesta de Roberto Garcete (h), presidente de Resistencia, no se hizo esperar. “Lo que hace este señor (Daniel Rodríguez) es aparentar ser un presidente de un equipo de Primera División, que se maneja muchísimo peor que un equipo de Intermedia, le debe hasta al almacenero que está al lado de la cancha, descendió en su centenario, no le maneja a su gente, en síntesis, está todo cagado”, mencionó a través de Versus Radio/ Nación Media.
Nadie sabe la verdad real de lo que pasó, pero habrá que ver si la APF toma medidas sobre lo ocurrido, que derivó en la no presentación de Julio Cáceres en la conferencia de prensa “por falta de garantías”, según manifestó el propio DT.
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Acusan en México a uno de los dueños de Miss Universo por tráfico de drogas y armas
Un empresario mexicano copropietario de Miss Universo se enfrenta a la acusación de tráfico de drogas, armas y combustible robado, en medio de la polémica tras el triunfo de México en el concurso, informaron este miércoles las autoridades.
Se trata de Raúl Rocha Cantú, un empresario del norte de México que en 2024 compró el 50% de las acciones del certamen de belleza, que ha perdido promotores en los últimos años.
La Fiscalía General mexicana confirmó este miércoles que el financiero está implicado en un caso abierto en 2024 por tráfico de armas, de drogas y combustible robado.
“Se están obteniendo datos fundamentales que le permitirán al Ministerio Público Federal continuar y ahondar en esta investigación” contra Rocha Cantú, detalló el comunicado de la dependencia.
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El boletín señala que hay órdenes de captura contra 13 acusados, pero sin identificarlos. Según medios locales, Rocha sería uno de ellos.
Otra copropietaria del concurso, el magnate de los medios tailandeses Jakapong Jakrajutatip es buscada por las autoridades de Bangkok por un presunto fraude de casi un millón de dólares.
Rocha ha sido señalado además en la prensa de tener supuestos negocios con el padre de la concursante mexicana, Fátima Bosch, quien se alzó con la corona del certamen de belleza la semana pasada en Tailandia.
Bernardo Bosch, padre de la joven y quien en los últimos siete años ocupó un alto cargo en la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), negó este miércoles en una declaración pública toda relación con Rocha.
“Los señalamientos sobre una supuesta relación de negocios son completamente falsos”, señala en el comunicado el padre de Miss Universo.
La prensa mexicana también ha señalado a Bosch padre de tener vínculos con el partido oficialista Morena.
La presidenta Claudia Sheinbaum se ha desmarcado en distintas ocasiones de la polémica, abordada por periodistas en su rueda de prensa matutina.
Tras ser interrogada este miércoles sobre las presuntas actividades criminales de Rocha, la mandataria subrayó que ello correspondía a la Fiscalía General y defendió el triunfo de Fátima.
“Eso es independiente de la joven que ganó el concurso (...) quieren quitarle mérito. Más allá de que estemos de acuerdo con estos certámenes o no, mérito a quien lo tiene”, dijo.
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Fátima, de 25 años, denunció el martes que ha recibido “insultos y ataques e incluso deseos de muerte” en lo que definió como una “violencia que nace del odio”.
El triunfo de la mexicana fue antecedido por un dramático altercado con un ejecutivo del certamen que la cuestionó y hasta la llamada “tonta”, ante lo cual ella se retiró de la sala furiosa, lo que le valió una oleada de solidaridad.
Fuente: AFP
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Seprelad: Fiscalía acusa, pese a mar de chicanas y abogados de mala fe
Los fiscales Silvia González y Christian Benítez presentaron acusación contra Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farias, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, por los hechos punibles de asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa, y revelación de secretos de servicio.
Igualmente, los fiscales pidieron al juzgado penal de Garantía que el presente proceso penal se eleve a un juicio oral y público atendiendo a todos los elementos que arrimó el Ministerio Público contra cada uno de los acusados. En relación al expresidente Mario Abdo Benítez y el diputado Mauricio Espínola, la acusación no fue presentada debido a que ambos cuentan con fueros parlamentarios.
El escrito del Ministerio Público tiene 60 páginas y se describe que “durante los años 2021 y 2022 el entonces presidente Mario Abdo Benítez habría gestado un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado”.
Para dicho efecto, “entre los meses de diciembre del 2021 a mayo del 2022 Carlos Arregui, entonces ministro de la Seprelad, junto a Carmen Pereira, Guillermo Preda y Francisco Pereira redactaron el informe de inteligencia N° 10/2022 referenciado como “MARA041922MP” introduciendo información tergiversada y falsa. Igualmente participaron de la elaboración del informe Daniel Farías y René Fernández”.
“La Fiscalía fue contundente al afirmar que Arregui, Pereira, Preda y Pereira Cohene proporcionaron el informe de inteligencia de carácter confidencial a los medios de comunicación ABC Color y Ultima Hora”.
Señala igualmente el Ministerio Público que “luego del informe filtrado a los medios de prensa, Arregui presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra del expresidente Horacio Cartes. Los datos confidenciales obrantes en dicho documento también fueron utilizados por autoridades nacionales, es decir, por Mario Abdo Benítez y Mauricio Espínola, al ser filtrados en redes y discursos políticos”, revela la acusación.
Del mismo modo, señala que “en enero del 2022 Arregui, ministro de la Seprelad con Arnaldo Giuzzio, ministro del Interior, filtraron a los medios periodísticos el formulario de pedido de informe de carácter confidencial realizado por el Ministerio Público de Panamá sobre el expresidente Cartes.
Ese sentido, quedó demostrado que la elaboración de la contestación del pedido de la Fiscalía de Panamá se realizó a través de la plataforma electrónica de la Red de Recuperación de Activos del Gafilat y se incorporaron informaciones no solicitadas. Dicha filtración ocurrió cuando el diario Ultima Hora emitió una publicación que decía “Fiscalía de Panamá está investigando a Horacio Cartes, revela Giuzzio”, dice el escrito de la Fiscalía.
Los fiscales mencionaron sobre la elaboración y filtración de informe de inteligencia financiera señalando que “el 26 de enero Giuzzio presentó denuncia en contra del expresidente Horacio Cartes ante la Seprelad, sin embargo dicha institución no estaba facultada a recibir denuncia sobre hechos punibles”.
El escrito concluye que “Arregui dio la orden de que se incluya en el informe de inteligencia vinculado a Cartes los cuadros de salarios de Óscar Boidanich y Santiago Peña del Banco Basa”. También se dejó en claro que los acusados hicieron constar en el informe de inteligencia que Unicanal S.A había comprado cigarrillos de Tabesa, pero en este caso no se adecua a la verdad, sino que Unicanal recibió un préstamo de acuerdo a la factura obrantes en el caso de la firma Tabesa, por lo tanto la actividad comercial entre ambas empresas no estuvo vinculada a la venta de cigarrillos como se hizo figurar en el informe de inteligencia”.
La acusación fiscal sostiene que las conductas de cada uno de los investigados repercutieron no solo en el plano nacional sino que internacional, ya que la propia organización encargada de evaluar el cumplimiento de las normas antilavado atribuyó a Seprelad dirigida por Carlos Arregui la filtración de informes de inteligencia a la prensa.
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Acusan por mal desempeño en sus funciones ante el JEM a dos camaristas
El abogado Adrián Enríquez Rivas, en representación de la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, presentó acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por supuesto mal desempeño contra los camaristas Cristóbal Sánchez y Agustín Lovera Cañete, luego de haber -de forma llamativa- anulado la resolución del juez penal de Garantía Yoan Paúl López, quien elevó a juicio oral y público el proceso penal por prevaricato que enfrenta la exjueza en lo civil y comercial Tania Irún, quien había entregado presuntamente de forma irregular 310 mil hectáreas de tierra ubicadas en zona de seguridad fronteriza en Alto Paraguay.
De acuerdo al escrito presentado ante el JEM, los dos camaristas acusados actuaron de manera arbitraria y fuera de la ley violando el principio constitucional del debido proceso ya que juzgaron el fondo de la cuestión, situación que está prohibida.
Con la presentación hecha por el citado profesional del derecho, los integrantes del JEM deberán estudiar si corresponde iniciar el enjuiciamiento contra los camaristas Sánchez y Lovera Cañete y en caso de que los mismos sean enjuiciado podrían ser suspendidos en sus funciones.
El JEM está integrado por Alicia Pucheta, Enrique Bernis, Derlis Maidana, Orlando Arevalos, César Garay, Mario Varela, Manuel Ramírez Candia, y Alejandro Aguilera.
Acusación fiscal
En julio pasado, la fiscal Adjunta Soledad Machuca acusó y pidió juicio oral y público para la exjueza en lo Civil Tania Irún, procesada por el delito de prevaricato. Machuca fue contundente al señalar que la exjueza obligó de forma irregular a la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial y en consecuencia habría intimado a la parte demandada, a otorgar la escritura pública traslativa de dominio de los inmuebles ubicados en el departamento de Alto Paraguay.
También señala la acusación que “como bien podrá advertirse la entonces magistrada Irún al referirse al cumplimiento de lo previsto en la Ley especial N°2532/05 (que establece la zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay), tan sólo se habría limitado a hacer mención a lo referente al cumplimiento del artículo 2° de la ley, en lo que respecta a la nacionalidad de las personas actoras; afirmando que las mismas no serían oriundas de los países limítrofes, sin embargo en el expediente civil no existirían constancias de dichas afirmaciones”, refiere el escrito de la acusación del Ministerio Público.
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Acusan ante el JEM por mal desempeño a jueza Nilda Benítez de Encarnación
El rematador público Raúl Sosa Navarro, formuló acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en contra Nilda Concepción Benítez Caballero, jueza en lo civil y comercial 4to turno de la ciudad de Encarnación, Itapúa.
De acuerdo a la denuncia presentada por Sosa Navarro ante el órgano juzgador de magistrados, refiere que el 18 de julio del presente año, estaba programada la subasta pública ordenada en el expediente caratulado “Banco Río S.A.E.C.A. c/ Sergio Luiz Tosetto s/ Acción Ejecutiva que se tramita ante la referida magistrada, pero al revisar el expediente se encontró con una providencia de suspensión de la subasta emitida en respuesta a una solicitud de suspensión presentada por Daniela Tosetto Casaril, sucesora del Sergio Luiz Tosetto, quien había comunicado el fallecimiento del demandado mediante el acta de defunción adjunta.
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Asimismo, el escrito de acusación refiere que “la jueza Nilda Concepción Benítez Caballero, en una clara muestra de negligencia y omisión de sus deberes, ordenó la suspensión de la subasta sin observar lo estipulado en el Art. 167 del Código de Organización Judicial (C.O.J.), que establece que el peticionante de la suspensión de un remate deberá consignar la suma que el juzgado fije para el reembolso al rematador de los gastos de publicación o transporte de las cosas, más el cincuenta por ciento de la comisión que le correspondería de haberse llevado a cabo la subasta”, señala el documento.
Igualmente dice el escrito que “el accionar de la magistrada generó un perjuicio económico significativo, superando los G. 20 millones debido a los costos asociados con la publicación de edictos realizada en un medio escrito”.
“El daño económico ocasionado no solo se limita a los costos directos de publicación, sino que también ha afectado mi reputación profesional y la de mis colegas, creando un entorno de desconfianza e incertidumbre en el ejercicio de nuestra profesión. La falta de consideración por parte de la magistrada y el incumplimiento de los procedimientos legales han puesto en riesgo la credibilidad y el prestigio de nuestro desempeño en el ámbito profesional”, refiere.