Resistencia y Luqueño cerraron el miércoles la disputa de la fecha 16 del Clausura y luego del final del partido que terminó en empate sin goles, hubo un conflicto que involucró a jugadores y dirigentes. Luego de ser viralizadas algunas imágenes en el acceso a vestuarios en cancha de Nacional, los principales dirigentes de ambos clubes entraron en una guerra mediática de acusaciones.
El primero en tirar la piedra fue el presidente de Luqueño, quien acusó de maltrato a sus colegas del club del Bajo. “Acá pudo haber pasado cualquier cosa, una falta total de garantías. Nos maltrataron en todo momento, primero con el tema de las entradas, no nos dejaron meter nuestros vehículos. Con Luqueño siempre hay exigencias, esta gente no se maneja como equipo de Primera”, gatilló Rodríguez.
La respuesta de Roberto Garcete (h), presidente de Resistencia, no se hizo esperar. “Lo que hace este señor (Daniel Rodríguez) es aparentar ser un presidente de un equipo de Primera División, que se maneja muchísimo peor que un equipo de Intermedia, le debe hasta al almacenero que está al lado de la cancha, descendió en su centenario, no le maneja a su gente, en síntesis, está todo cagado”, mencionó a través de Versus Radio/ Nación Media.
Nadie sabe la verdad real de lo que pasó, pero habrá que ver si la APF toma medidas sobre lo ocurrido, que derivó en la no presentación de Julio Cáceres en la conferencia de prensa “por falta de garantías”, según manifestó el propio DT.
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Ypytá: acusan ante el JEM al juez Édgar Rivas por mal desempeño y piden su suspensión en el cargo
La abogada Analía Rebollo, representante legal de Marcos Miltos, directivo de la firma Ypytá S.A. Inmobiliaria, Ganadera y Comercial, presentó una acusación por mal desempeño en sus funciones contra el criticado juez en lo Civil y Comercial de Asunción, Édgar Rivas Laguardia. Asimismo, se solicita el enjuiciamiento y la suspensión en sus funciones del magistrado Rivas ante las irregularidades en el juicio civil mencionado.
La acusación contra Rivas se estructura en dos etapas principales. Primero, su actuación en el ámbito procesal al habilitar de forma injustificada la feria judicial a finales de 2025 en el expediente individualizado como N.° 530/2014, caratulado: “Ypytá S.A. Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre convocatoria de acreedores, hoy quiebra”.
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La segunda actuación irregular fue la de haber intervenido y firmado la Escritura Pública N.° 2 del 31 de marzo de 2026, en la cual formalizó la transferencia de activos de la fallida en favor de un tercero, incurriendo en múltiples vicios de nulidad e irregularidades sustanciales. Finalmente, se cuestiona su comportamiento como director del proceso en relación con las actuaciones que afectan y vinculan específicamente a este tercero.
Ante las graves acusaciones presentadas formalmente ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), órgano juzgador de jueces, se espera que los mismos actúen de forma inmediata y estudien el caso, haciendo lugar al enjuiciamiento del cuestionado juez Rivas y solicitando su inmediata suspensión por desempeñarse de forma dudosa e irregular en el referido expediente civil.
Ahora, los integrantes del JEM —cuya presidenta es Alicia Pucheta y que integran César Garay, Manuel Ramírez Candia, Enrique Berni, Mario Varela, Pedro Díaz Verón, Alejandro Aguilera y Diego Candia— tendrán que evaluar la causa, admitir la acusación, enjuiciar al juez Rivas y solicitar la suspensión en sus funciones.
Corte define confirmación o no en el cargo
El pleno de la Corte Suprema de Justicia tendrá que definir la terna para el cargo de juez en lo Civil y Comercial del Séptimo Turno de la capital, cuyo titular es el criticado magistrado Édgar Rivas Laguardia, quien pretende seguir en el cargo a pesar de ser sumamente cuestionado por los profesionales del derecho. Además de Rivas, integran la terna Óscar Pedro Juan Sosa Domínguez y Giovana Monserrat Basualdo González.
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Bajo la lupa del JEM: acusan a la jueza Cameron por otorgar medidas cautelares irregulares
La jueza Mafalda María Cameron Luque fue acusada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por presunto mal desempeño de sus funciones.
La acusación se relaciona con supuestas irregularidades en la firma y ejecución de medidas cautelares dictadas en el marco de un litigio societario entre las empresas Cargo Line y Cimportex, cuyos representantes legales son los empresarios Juan José Zapag y María Arlette Zapag.
Los acusadores solicitaron al JEM el enjuiciamiento y la suspensión en sus funciones.
La acusación se fundamenta en el artículo 14, incisos b y g, de la Ley N.º 6814/21, que contempla el incumplimiento grave de obligaciones legales y constitucionales, así como la manifiesta parcialidad o ignorancia del derecho.
Según el escrito, la magistrada Cameron Luque concedió una medida cautelar que excedía lo solicitado por la parte actora Blas y Nora Zapag, socios de las firmas mencionadas más arriba, sin la debida fundamentación y con vulneraciones de las normas civiles y procesales relativas a la administración de sociedades, la designación de autoridades y la intervención judicial.
Entre los cuestionamientos figura la rapidez con la que se tramitó la medida cautelar. De acuerdo con la acusación, transcurrieron apenas 26 minutos y 41 segundos entre la presentación de la demanda, registrada a las 8:49:01, y la emisión del Auto Interlocutorio N.º 1.392, a las 9:15:42. También se señala que los mandamientos y oficios para ejecutar las medidas fueron firmados a las 9:35, pese a que, según los acusadores, todavía no se había completado la contracautela ofrecida para respaldarlas.
Otro de los puntos cuestionados es el procedimiento realizado en la sede de Cargo Line, donde, según la acusación, habría participado un abogado ajeno al expediente judicial civil, identificado como Fernando Marecos quien fue imputado luego por la Fiscalía por coacción y usurpación de funciones públicas atendiendo a que se tomó atribuciones que no tenia facultad para hacerlo y a su vez coaccionó a un alto funcionario de la mencionada empresa.
Asimismo, los denunciantes objetan que los libros contables y societarios secuestrados fueron entregados en custodia judicial al propio demandante Blas y Nora Zapag, en lugar de quedar bajo responsabilidad del interventor designado por la jueza Cameron.
También la acusación sostiene que la jueza acusada por mal desempeño habría otorgado a una de las partes la calidad de “Directora Titular” sin que ello fuera solicitado en la demanda y en contradicción con los estatutos.
Además, cuestiona que la magistrada declarara inaplicable el régimen legal de sustitución de síndicos previsto en el artículo 1.121 del Código Civil, atribuyendo a esa decisión una invasión de competencias de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Asimismo, la acusación sostiene que las medidas adoptadas por la jueza Cameron Luque habrían sido desproporcionadas e incluido allanamientos y secuestros de documentos en domicilios particulares de terceros, sin garantías suficientes.
Ante estos hechos, los denunciantes solicitaron al JEM que inicie el enjuiciamiento de la magistrada y, considerando los indicios de presunto mal desempeño de sus funciones, requiera a la Corte Suprema de Justicia su suspensión mientras dure la investigación.
Ahora, los integrantes del JEM deberán estudiar la acusación presentada contra la jueza Cameron Luque y definir si corresponde enjuiciar y solicitar a la máxima instancia judicial la suspensión de sus funciones de la magistrada acusada.
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Presentan acusación ante el JEM contra jueza de Encarnación por mal desempeño en sus funciones
El presidente de la Asociación de Rematadores del Paraguay, Atilio Estigarribia, presentó una acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por mal desempeño en sus funciones contra la jueza en lo Civil y Comercial de Encarnación, Rossana Aurora Verón, por anular sin fundamento un remate judicial llevado a cabo en noviembre de 2025. El caso corresponde al expediente caratulado: “Ejecución de sentencia promovida por Gladys Bianchetto en los autos Waldimiro Moskalik sobre sucesión”.
El denunciante solicita a los integrantes del Jurado que se inicie el enjuiciamiento y se ordene la suspensión en sus funciones de la cuestionada magistrada. Ahora, el JEM deberá estudiar si corresponde iniciar la investigación y dar curso al pedido.
La acusación señala: “En el expediente judicial referido fui designado como rematador público a los efectos de llevar adelante la subasta de derechos y acciones hereditarios pertenecientes al señor Miguel Moskalik Duarte. Procedí a la publicación de los edictos correspondientes, dejándose expresa constancia en los mismos de que el comprador debía abonar el importe íntegro de su compra conforme al régimen legal vigente”.
Refiere que “en fecha 5 de noviembre de 2025, en el horario fijado judicialmente, se llevó adelante el acto público de subasta con todas las formalidades legales correspondientes y bajo las facultades conferidas por las leyes procesales vigentes. Al acto concurrió la ejecutante, la abogada Gladys Noemí Bianchetto Sandoval, y Yeniel Iglesias Romero, desarrollándose normalmente la puja entre los postores presentes”.
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Indica igualmente que, luego de diversas posturas, la ejecutante resultó inicialmente adjudicataria, por lo que debía proceder al pago íntegro y al contado del precio ofertado. Sin embargo, ella manifestó no poseer la totalidad del dinero necesario para perfeccionar la compra e intentó completar el pago mediante transferencias parciales y pagos fragmentados, inclusive provenientes de terceros, sin llegar a integrar el monto total.
Ante dicho incumplimiento, y luego de aguardarse un tiempo prudencial conforme a las facultades del rematador, se procedió a reanudar la subasta. Resultó finalmente adjudicatario el señor Yeniel Iglesias Romero por la suma de G. 20 millones, por constituir la mejor postura existente en ese momento.
La acusación expresa que, llamativamente, la magistrada dictó el A.I. N° 268 de fecha 22 de mayo de 2026, resolviendo hacer lugar al incidente de nulidad y declarar nulo el remate. El denunciante califica la conducta de la jueza como “manifiestamente arbitraria” y apartada de las constancias objetivas del expediente, incurriendo en una valoración parcial, antojadiza e infundada de los hechos.
Sostiene que la jueza prescindió del análisis integral de las disposiciones del Código Procesal Civil que regulan los remates, especialmente en lo relativo al pago al contado y a las consecuencias del incumplimiento del adjudicatario inicial, extremo que fue reconocido en los autos por la propia incidentista.
También refiere que la resolución cuestionada atribuye irregularidades graves al rematador sin que exista prueba concluyente, suficiente ni objetiva de una conducta dolosa o fraudulenta. Afirma que la jueza arribó a conclusiones sustentadas únicamente en apreciaciones subjetivas.
Estigarribia recuerda que, conforme al artículo 487 del Código Procesal Civil, el rematador judicial es el único responsable de recibir el dinero proveniente de la compra, la seña o las sumas entregadas por los postores, para luego depositarlo en la cuenta judicial correspondiente. Por ello, critica que la jueza considerara la recepción del dinero por parte del rematador como una irregularidad invalidante.
Finalmente, el escrito menciona que esta actuación no es un hecho aislado, sino que la magistrada ya cuenta con cuestionamientos previos por desconocimiento e incorrecta aplicación de normas legales.
La acusación alega la transgresión del artículo 168 del Código de Organización Judicial; los artículos 476, 484, 485, 487 y 492 del Código Procesal Civil; el artículo 558 del Código Civil; y el artículo 3 del Código de Organización Judicial.
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Acusan en México a uno de los dueños de Miss Universo por tráfico de drogas y armas
Un empresario mexicano copropietario de Miss Universo se enfrenta a la acusación de tráfico de drogas, armas y combustible robado, en medio de la polémica tras el triunfo de México en el concurso, informaron este miércoles las autoridades.
Se trata de Raúl Rocha Cantú, un empresario del norte de México que en 2024 compró el 50% de las acciones del certamen de belleza, que ha perdido promotores en los últimos años.
La Fiscalía General mexicana confirmó este miércoles que el financiero está implicado en un caso abierto en 2024 por tráfico de armas, de drogas y combustible robado.
“Se están obteniendo datos fundamentales que le permitirán al Ministerio Público Federal continuar y ahondar en esta investigación” contra Rocha Cantú, detalló el comunicado de la dependencia.
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El boletín señala que hay órdenes de captura contra 13 acusados, pero sin identificarlos. Según medios locales, Rocha sería uno de ellos.
Otra copropietaria del concurso, el magnate de los medios tailandeses Jakapong Jakrajutatip es buscada por las autoridades de Bangkok por un presunto fraude de casi un millón de dólares.
Rocha ha sido señalado además en la prensa de tener supuestos negocios con el padre de la concursante mexicana, Fátima Bosch, quien se alzó con la corona del certamen de belleza la semana pasada en Tailandia.
Bernardo Bosch, padre de la joven y quien en los últimos siete años ocupó un alto cargo en la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), negó este miércoles en una declaración pública toda relación con Rocha.
“Los señalamientos sobre una supuesta relación de negocios son completamente falsos”, señala en el comunicado el padre de Miss Universo.
La prensa mexicana también ha señalado a Bosch padre de tener vínculos con el partido oficialista Morena.
La presidenta Claudia Sheinbaum se ha desmarcado en distintas ocasiones de la polémica, abordada por periodistas en su rueda de prensa matutina.
Tras ser interrogada este miércoles sobre las presuntas actividades criminales de Rocha, la mandataria subrayó que ello correspondía a la Fiscalía General y defendió el triunfo de Fátima.
“Eso es independiente de la joven que ganó el concurso (...) quieren quitarle mérito. Más allá de que estemos de acuerdo con estos certámenes o no, mérito a quien lo tiene”, dijo.
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Fátima, de 25 años, denunció el martes que ha recibido “insultos y ataques e incluso deseos de muerte” en lo que definió como una “violencia que nace del odio”.
El triunfo de la mexicana fue antecedido por un dramático altercado con un ejecutivo del certamen que la cuestionó y hasta la llamada “tonta”, ante lo cual ella se retiró de la sala furiosa, lo que le valió una oleada de solidaridad.
Fuente: AFP