Resistencia y Luqueño cerraron el miércoles la disputa de la fecha 16 del Clausura y luego del final del partido que terminó en empate sin goles, hubo un conflicto que involucró a jugadores y dirigentes. Luego de ser viralizadas algunas imágenes en el acceso a vestuarios en cancha de Nacional, los principales dirigentes de ambos clubes entraron en una guerra mediática de acusaciones.
El primero en tirar la piedra fue el presidente de Luqueño, quien acusó de maltrato a sus colegas del club del Bajo. “Acá pudo haber pasado cualquier cosa, una falta total de garantías. Nos maltrataron en todo momento, primero con el tema de las entradas, no nos dejaron meter nuestros vehículos. Con Luqueño siempre hay exigencias, esta gente no se maneja como equipo de Primera”, gatilló Rodríguez.
La respuesta de Roberto Garcete (h), presidente de Resistencia, no se hizo esperar. “Lo que hace este señor (Daniel Rodríguez) es aparentar ser un presidente de un equipo de Primera División, que se maneja muchísimo peor que un equipo de Intermedia, le debe hasta al almacenero que está al lado de la cancha, descendió en su centenario, no le maneja a su gente, en síntesis, está todo cagado”, mencionó a través de Versus Radio/ Nación Media.
Nadie sabe la verdad real de lo que pasó, pero habrá que ver si la APF toma medidas sobre lo ocurrido, que derivó en la no presentación de Julio Cáceres en la conferencia de prensa “por falta de garantías”, según manifestó el propio DT.
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Seprelad: Fiscalía acusa, pese a mar de chicanas y abogados de mala fe
Los fiscales Silvia González y Christian Benítez presentaron acusación contra Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farias, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, por los hechos punibles de asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa, y revelación de secretos de servicio.
Igualmente, los fiscales pidieron al juzgado penal de Garantía que el presente proceso penal se eleve a un juicio oral y público atendiendo a todos los elementos que arrimó el Ministerio Público contra cada uno de los acusados. En relación al expresidente Mario Abdo Benítez y el diputado Mauricio Espínola, la acusación no fue presentada debido a que ambos cuentan con fueros parlamentarios.
El escrito del Ministerio Público tiene 60 páginas y se describe que “durante los años 2021 y 2022 el entonces presidente Mario Abdo Benítez habría gestado un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado”.
Para dicho efecto, “entre los meses de diciembre del 2021 a mayo del 2022 Carlos Arregui, entonces ministro de la Seprelad, junto a Carmen Pereira, Guillermo Preda y Francisco Pereira redactaron el informe de inteligencia N° 10/2022 referenciado como “MARA041922MP” introduciendo información tergiversada y falsa. Igualmente participaron de la elaboración del informe Daniel Farías y René Fernández”.
“La Fiscalía fue contundente al afirmar que Arregui, Pereira, Preda y Pereira Cohene proporcionaron el informe de inteligencia de carácter confidencial a los medios de comunicación ABC Color y Ultima Hora”.
Señala igualmente el Ministerio Público que “luego del informe filtrado a los medios de prensa, Arregui presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra del expresidente Horacio Cartes. Los datos confidenciales obrantes en dicho documento también fueron utilizados por autoridades nacionales, es decir, por Mario Abdo Benítez y Mauricio Espínola, al ser filtrados en redes y discursos políticos”, revela la acusación.
Del mismo modo, señala que “en enero del 2022 Arregui, ministro de la Seprelad con Arnaldo Giuzzio, ministro del Interior, filtraron a los medios periodísticos el formulario de pedido de informe de carácter confidencial realizado por el Ministerio Público de Panamá sobre el expresidente Cartes.
Ese sentido, quedó demostrado que la elaboración de la contestación del pedido de la Fiscalía de Panamá se realizó a través de la plataforma electrónica de la Red de Recuperación de Activos del Gafilat y se incorporaron informaciones no solicitadas. Dicha filtración ocurrió cuando el diario Ultima Hora emitió una publicación que decía “Fiscalía de Panamá está investigando a Horacio Cartes, revela Giuzzio”, dice el escrito de la Fiscalía.
Los fiscales mencionaron sobre la elaboración y filtración de informe de inteligencia financiera señalando que “el 26 de enero Giuzzio presentó denuncia en contra del expresidente Horacio Cartes ante la Seprelad, sin embargo dicha institución no estaba facultada a recibir denuncia sobre hechos punibles”.
El escrito concluye que “Arregui dio la orden de que se incluya en el informe de inteligencia vinculado a Cartes los cuadros de salarios de Óscar Boidanich y Santiago Peña del Banco Basa”. También se dejó en claro que los acusados hicieron constar en el informe de inteligencia que Unicanal S.A había comprado cigarrillos de Tabesa, pero en este caso no se adecua a la verdad, sino que Unicanal recibió un préstamo de acuerdo a la factura obrantes en el caso de la firma Tabesa, por lo tanto la actividad comercial entre ambas empresas no estuvo vinculada a la venta de cigarrillos como se hizo figurar en el informe de inteligencia”.
La acusación fiscal sostiene que las conductas de cada uno de los investigados repercutieron no solo en el plano nacional sino que internacional, ya que la propia organización encargada de evaluar el cumplimiento de las normas antilavado atribuyó a Seprelad dirigida por Carlos Arregui la filtración de informes de inteligencia a la prensa.
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Acusan por mal desempeño en sus funciones ante el JEM a dos camaristas
El abogado Adrián Enríquez Rivas, en representación de la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, presentó acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por supuesto mal desempeño contra los camaristas Cristóbal Sánchez y Agustín Lovera Cañete, luego de haber -de forma llamativa- anulado la resolución del juez penal de Garantía Yoan Paúl López, quien elevó a juicio oral y público el proceso penal por prevaricato que enfrenta la exjueza en lo civil y comercial Tania Irún, quien había entregado presuntamente de forma irregular 310 mil hectáreas de tierra ubicadas en zona de seguridad fronteriza en Alto Paraguay.
De acuerdo al escrito presentado ante el JEM, los dos camaristas acusados actuaron de manera arbitraria y fuera de la ley violando el principio constitucional del debido proceso ya que juzgaron el fondo de la cuestión, situación que está prohibida.
Con la presentación hecha por el citado profesional del derecho, los integrantes del JEM deberán estudiar si corresponde iniciar el enjuiciamiento contra los camaristas Sánchez y Lovera Cañete y en caso de que los mismos sean enjuiciado podrían ser suspendidos en sus funciones.
El JEM está integrado por Alicia Pucheta, Enrique Bernis, Derlis Maidana, Orlando Arevalos, César Garay, Mario Varela, Manuel Ramírez Candia, y Alejandro Aguilera.
Acusación fiscal
En julio pasado, la fiscal Adjunta Soledad Machuca acusó y pidió juicio oral y público para la exjueza en lo Civil Tania Irún, procesada por el delito de prevaricato. Machuca fue contundente al señalar que la exjueza obligó de forma irregular a la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial y en consecuencia habría intimado a la parte demandada, a otorgar la escritura pública traslativa de dominio de los inmuebles ubicados en el departamento de Alto Paraguay.
También señala la acusación que “como bien podrá advertirse la entonces magistrada Irún al referirse al cumplimiento de lo previsto en la Ley especial N°2532/05 (que establece la zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay), tan sólo se habría limitado a hacer mención a lo referente al cumplimiento del artículo 2° de la ley, en lo que respecta a la nacionalidad de las personas actoras; afirmando que las mismas no serían oriundas de los países limítrofes, sin embargo en el expediente civil no existirían constancias de dichas afirmaciones”, refiere el escrito de la acusación del Ministerio Público.
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Acusan ante el JEM por mal desempeño a jueza Nilda Benítez de Encarnación
El rematador público Raúl Sosa Navarro, formuló acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en contra Nilda Concepción Benítez Caballero, jueza en lo civil y comercial 4to turno de la ciudad de Encarnación, Itapúa.
De acuerdo a la denuncia presentada por Sosa Navarro ante el órgano juzgador de magistrados, refiere que el 18 de julio del presente año, estaba programada la subasta pública ordenada en el expediente caratulado “Banco Río S.A.E.C.A. c/ Sergio Luiz Tosetto s/ Acción Ejecutiva que se tramita ante la referida magistrada, pero al revisar el expediente se encontró con una providencia de suspensión de la subasta emitida en respuesta a una solicitud de suspensión presentada por Daniela Tosetto Casaril, sucesora del Sergio Luiz Tosetto, quien había comunicado el fallecimiento del demandado mediante el acta de defunción adjunta.
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Asimismo, el escrito de acusación refiere que “la jueza Nilda Concepción Benítez Caballero, en una clara muestra de negligencia y omisión de sus deberes, ordenó la suspensión de la subasta sin observar lo estipulado en el Art. 167 del Código de Organización Judicial (C.O.J.), que establece que el peticionante de la suspensión de un remate deberá consignar la suma que el juzgado fije para el reembolso al rematador de los gastos de publicación o transporte de las cosas, más el cincuenta por ciento de la comisión que le correspondería de haberse llevado a cabo la subasta”, señala el documento.
Igualmente dice el escrito que “el accionar de la magistrada generó un perjuicio económico significativo, superando los G. 20 millones debido a los costos asociados con la publicación de edictos realizada en un medio escrito”.
“El daño económico ocasionado no solo se limita a los costos directos de publicación, sino que también ha afectado mi reputación profesional y la de mis colegas, creando un entorno de desconfianza e incertidumbre en el ejercicio de nuestra profesión. La falta de consideración por parte de la magistrada y el incumplimiento de los procedimientos legales han puesto en riesgo la credibilidad y el prestigio de nuestro desempeño en el ámbito profesional”, refiere.
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Acusan ante el JEM a fiscala por intentar blanquear a exjueza Tania Irún
El abogado Adriano Enríquez, representante legal de la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, presentó acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por mal desempeño en sus funciones contra la fiscala María Verónica Valdez Rivas.
La recusación es porque en tiempo récord pidió el blanqueamiento definitivo de la exjueza Tania Irún, procesada por prevaricato por entregar 310 mil hectáreas de tierras ubicadas en zona de seguridad fronteriza a empresas que serían de maletín.
De acuerdo al documento que deberá ser analizado por los integrantes del JEM, que señala que “el 3 de abril la imputada exjueza Tania Irún recusó a la fiscala Natalia Fuster, quien llevaba cuatro años recolectando los elementos probatorios contra la exmagistrada”.
Agrega que en la misma fecha que fue recusada la fiscala Fuster se le designó a la agente del Ministerio Público Valdez, quien estaba en un juicio oral cuando fue comunicada que entendería en la causa Irún por lo que se supone que no tuvo tiempo de mirar unas páginas de los 27 tomos de la carpeta fiscal que tiene el presente caso, por lo que su actuación llamaba poderosamente la atención”.
También se agrega que “del voluminoso cúmulo de actuaciones obrantes en el cuaderno de investigación elaborada por la fiscala Fuster es inédito que la fiscala Valdez en menos de doce horas y a través de un plumazo pretendió blanquear de forma alevosa a la exjueza Irún pidiendo su sobreseimiento definitivo cuando que no tuvo tiempo de revisar objetivamente la carpeta de investigación”, señala la acusación del abogado Enríquez.
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Ante todos los elementos de prueba que se agregaron a la presente acusación, corresponde que se haga lugar a la misma y por ende se inicie el enjuiciamiento con la suspensión en sus funciones de la fiscala María Verónica Valdez.
Votos de ministros de Corte
Los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia, integrantes del JEM, habían votado por la destitución de la entonces jueza civil Tanía Irún por considerar que la misma ha violado abiertamente la Ley N° 2532/05 de Seguridad Fronteriza.
Trámite de oposición
Ante la duda que genera la actuación de la fiscala Verónica Valdez el presente pedido de sobreseimiento definitivo deberá ser estudiado por el juez penal de Garantías Yoan Paúl López, quien podrá resolver dar trámite de oposición ante el pedido realizado por la mencionada representante del Ministerio Público.
En caso de que sea así, será el fiscal general de Estado quien evaluará si se tienen los elementos de prueba para poder rectificar el requerimiento inferior y presentar la acusación correspondiente contra Irún.
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