La justicia resolvió durante los primeros tres meses de este año que 126 personas enfrentarán un juicio oral y público por el hecho punible de incumplimiento del deber alimentario por no poder cumplir con la asistencia legal para sus hijos.

Las resoluciones se generaron luego de la realización de las audiencias preliminares llevadas a cabo en diferentes sedes judiciales de nuestro país. Ahora se deberá fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia oral para los acusados que tienen aún la posibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio abonando la deuda que tienen por prestación de alimento y así evitar que se lleve a cabo la audiencia oral y pública.

Según los datos facilitados por la dirección de Estadística del Poder Judicial en la sede de capital este 2025 se elevaron un total de 13 causas penales por incumplimiento del deber alimentario a juicio oral y público.

En la circunscripción judicial de Alto Paraná un total de 20 procesados estarán en el banquillo de los acusados, mientras que en Itapúa se elevaron a juicio oral causas penales por incumplimiento del deber alimentario. Asimismo, en la circunscripción de Central se elevó un total de 57 procesos penales a juicio oral y público.

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Del mismo modo, de acuerdo a los datos obtenidos durante el año 2020, un total de 377 causas fueron elevadas a juicio oral. En el 2021 fueron 773; en el 2022 se elevó a juicio oral 677 procesos penales; en el 2023 un total de 636 casos, y en el 2024 fueron 644 casos lo que se elevó a juicio oral y público.

El artículo 225 del Código Penal refiere que el que incumpliera un deber legal alimentario y con ello produjera el empeoramiento de las condiciones básicas de vida del titular, o lo hubiera producido de no haber cumplido otro con dicha prestación, será castigado con prisión de hasta dos años o multa.

Modo agravado: el mismo artículo apunta que el que incumpliera un deber alimentario establecido en un convenio judicialmente aprobado o en una resolución judicial, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa.

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En amistoso inter­nacional en la Olla, Cerro Porteño ven­ció en penales 4-1 al argen­tino Platense tras empate 1-1 en tiempo normal. Robert Piris da Motta (30′) desper­dició un penal, que remató a un palo.

El paraguayo Ronaldo Martínez (23′), de atrope­llada, marcó el tanto de los argentinos. Derlis Rodrí­guez (48′), con potente remate, selló el empate. Desde el punto penal ano­taron Francisco da Costa, Eduardo Brock, Robert Piris da Motta y Federico Carrizo. Ignacio Vázquez convirtió para Platense; malograron Óscar Salomón y Braian Riveros.

Cerro Porteño alistó a Jean Fernandes; Enzo Giménez, Javier Báez, Eduardo Brock y Miguel Benítez; Gabriel Aguayo, Jorge Morel, Robert Piris da Motta y Derlis Rodríguez (Fede­rico Carrizo); Juan Iturbe y Diego Churín (Francisco da Costa). DT: Manolo Jimé­nez.

A segunda hora, el cuadro B de Cerro cayó 1-0 ante el equipo A de Sol de América con gol de Lisandro Cabrera (83′). El Ciclón jugó con Alexis Arias (Miguel Mar­tínez); Víctor Cabañas, Alan Benítez (Alexis Prieto), Rodrigo Melgarejo y Diego León; Tobías Portillo (Dra­mané Diarra), Rafael Carras­cal, Alexis Fariña (Alan Arce) y Federico Carrizo (Édgar Páez); Fernando Fer­nández y Francisco da Costa (Luis Olmedo).

Finalmente, Cerro Porteño transfirió al delantero Fer­nando Romero (24 años) al argentino Independiente Rivadavia en unos 600 mil dólares por el 70 % del pase y un contrato de tres tempo­radas. Romero fue llamado de Trinidense, donde estaba a préstamo, para reincor­porarse al Ciclón de cara al segundo semestre.

El abogado Adriano Enríquez, representante legal de la Aso­ciación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, presentó acusación ante el Jurado de Enjuicia­miento de Magistrados (JEM) por mal desempeño en sus fun­ciones contra la fiscala María Verónica Valdez Rivas.

La recusación es porque en tiempo récord pidió el blan­queamiento definitivo de la exjueza Tania Irún, procesada por prevaricato por entregar 310 mil hectáreas de tierras ubicadas en zona de seguri­dad fronteriza a empresas que serían de maletín.

De acuerdo al documento que deberá ser analizado por los integrantes del JEM, que señala que “el 3 de abril la imputada exjueza Tania Irún recusó a la fiscala Natalia Fus­ter, quien llevaba cuatro años recolectando los elementos probatorios contra la exma­gistrada”.

Agrega que en la misma fecha que fue recusada la fiscala Fus­ter se le designó a la agente del Ministerio Público Valdez, quien estaba en un juicio oral cuando fue comunicada que entendería en la causa Irún por lo que se supone que no tuvo tiempo de mirar unas páginas de los 27 tomos de la carpeta fiscal que tiene el pre­sente caso, por lo que su actua­ción llamaba poderosamente la atención”.

También se agrega que “del voluminoso cúmulo de actua­ciones obrantes en el cuaderno de investigación elaborada por la fiscala Fuster es inédito que la fiscala Valdez en menos de doce horas y a través de un plu­mazo pretendió blanquear de forma alevosa a la exjueza Irún pidiendo su sobreseimiento definitivo cuando que no tuvo tiempo de revisar objetiva­mente la carpeta de investi­gación”, señala la acusación del abogado Enríquez.

Los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia, integrantes del JEM, habían votado por la destitución de la entonces jueza civil Tania Irún por con­siderar que la misma ha vio­lado abiertamente la Ley n.° 2532/05 de Seguridad Fronte­riza. Ante la duda que genera la actuación de la fiscala Veró­nica Valdez el presente pedido de sobreseimiento definitivo deberá ser estudiado por el juez penal de Garantías Yoan Paúl López, quien podrá resol­ver dar trámite de oposición ante el pedido realizado por la mencionada represen­tante del Ministerio Público. En caso de que sea así, será el fiscal general de Estado quien evaluará si se tienen los elementos de prueba para poder rectificar el requerimiento inferior y pre­sentar la acusación corres­pondiente contra Irún.

• Ciudad del Este. Agencia regional.

La Dirección de Bienestar y Reinserción Social del Minis­terio de Justicia viene desa­rrollando un ciclo de lectura entre personas privadas de libertad, dentro de recintos penales de varones, y el vier­nes fue la clausura en la Peni­tenciaría Regional de Ciudad del Este. De 30 inscriptos ini­cialmente, 10 concluyeron con el trabajo, según la titu­lar de esta dirección, la doc­tora María Rosalía González.

La actividad se realizó a pro­pósito de la semana del libro, pero el trabajo empezó hace un mes porque el proyecto tiene dos fases: primero la lectura, luego hacer un ensayo literario, de acuerdo a las posibilidades de cada uno, para presentarlo en un acto final de clausura, que fue lo realizado el viernes al mediodía en el penal de Ciu­dad del Este, con presencia de autoridades del Ministe­rio de Justicia.

“Iniciamos esta semana una serie de actividades de lectura y ensayos literarios, hacién­donos cargo del aspecto cul­tural, como una opción, en el marco de una reinserción integral de las personas pri­vadas de libertad”, expresó la directora María Rosalía González. Indicó que se les dio tiempo a las personas por­que se requería de la lectura y luego presentar un ensayo.

“Lo que queremos es pro­mover lectores autócto­nos que puedan adquirir el hábito de la lectura, que es lo que más ayuda a una per­sona que está en situación de encierro, distraerse un poco, no estar ocioso y en el caso de no realizar nin­guna actividad de estudio o de capacitación dentro de los planes que se les ofrece, puedan también tener que es del ámbito cultural”, dijo María Rosalía González.