Los abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda se presentaron ante la Cámara de Senadores, que cumple el rol de tribunal en el juicio político al presidente Santiago Peña, para ejercer la defensa del acusado. Los profesionales alegaron que este proceso podría ser declarado nulo en instancias internacionales por no respetar el debido proceso y que la línea que se debió seguir en el legislativo fue aceptar la renuncia del presidente.

“Estamos en una situación, en un evento de gran trascendencia para la República, y quiero recordar como una reflexión inicial que cuando se juzga a alguien se juzga también al sistema que lo juzga, y este es el caso, en el que por lo menos yo, en mi experiencia, que ya he transcurrido este proceso en más de una oportunidad, veo que existen ciertos desacuerdos fundamentales sobre lo que estamos haciendo en términos de procedimientos establecidos y de principios a ejecutarse en cualquier enjuiciamiento que implique pena o sanción, que son las garantías procesales”, expuso Ferreiro.

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Citó además que en el país hubo casos en los que no se respetó el debido proceso, como en este caso, al no aceptar la prórroga de 72 horas y no aprobar la renuncia de Peña presentada previamente al tratamiento del Senado, que ocasionaron condenas al Estado paraguayo por instancias juzgadoras a nivel internacional.

“Por instrucciones de nuestro mandante, el señor presidente de la República, dejamos establecidas todas las reservas legales disponibles en beneficio de su defensa desde la Corte Suprema de Justicia del Paraguay, hasta los tribunales internacionales de Derechos Humanos, a los cuales ya han recurrido varias personas juzgadas políticamente y han obtenido satisfacciones que habíamos anunciado como posibles y riesgosas para el Estado, y estamos nuevamente ante esa situación”, citó Ferreiro.

También señaló que este juicio político sería nulo “por razón de que está previsto en la Constitución Nacional aplicarse a ciertos funcionarios del Estado como una norma protectora a ese funcionario, no como una norma inhibidora de sus derechos. El juicio político está para defender a ciertos funcionarios expuestos en la función a agravios, persecuciones o impedimentos de su labor, por la instrucción de procesos judiciales o administrativos si se quiere, destinados a inhibirle en el cumplimiento de sus funciones”.

Sobre la renuncia, expuso que en este caso no se puede juzgar a una persona que ya renunció, por lo que también podría ser considerado nulo este juicio. “Cuando él manifiesta que quiere renunciar, la institución congresal o quien sea tiene que aceptarle su renuncia, y ¿cuál es el efecto de esto?, el efecto es que se está poniendo a disposición en la misma situación que le echan”, explicó.

Por otra parte, se refirió a la postura de algunos senadores, que consideró como una posición con concepción ideológica, que es sacar al presidente por juicio político y no aceptando su renuncia. “Esta es otra cuestión fundamental y por la cual argumentamos la nulidad de este juicio, porque implica una concepción ideológica”, apuntó el abogado.

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El abogado Adolfo Ferreiro será el defensor del presidente de la República, Santiago Peña, en el marco del proceso de juicio político ante la Cámara de Senadores. El mandatario ya fue notificado en la noche de ayer tras la presentación de los alegatos de los fiscales acusadores (diputados) y este viernes solicitó una prórroga de 72 horas para ejercer su defensa.

“Asumo la defensa de Santiago Peña en el juicio político. Eso (la prórroga) pidió él antes de que sea su abogado. Se le trasladó la demanda ayer a las 10 de la noche, y tener a las 10 de la mañana un juicio, sea político o lo que sea, donde tiene que defenderse contra un libelo acusatorio enorme y contra un montón de pruebas y con un procedimiento que no da ninguna garantía”, indicó el abogado al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación media.

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Explicó que recién esta mañana el presidente renunciante se contactó con él para ejercer su defensa y hasta el momento aún no tiene conocimiento de quiénes serán los demás abogados que lo acompañarán en la defensa de Peña.

Por otra parte, Ferreiro advirtió que este proceso podría costarle mucho a Paraguay en los estrados internacionales, así como ocurrieron en otros casos, por el procedimiento indebido que se estaría incurriendo al no permitir la defensa del acusado. Así también, indicó que se debió aceptar la renuncia del presidente.

“Yo creo que el error fue no haberse aceptado la renuncia y pasar a otro capítulo donde se tenía que ocupar del caso la justicia ordinaria. Una vez más es un procedimiento está siendo retorcido y le puede costar muy caro al Paraguay en las instancias internacionales, como le costó con el caso (Fernando) Lugo (presidente destituido vía juicio político en 2012), como el caso Bonifacio Ríos, y otros más. Paraguay ha sido reiteradamente condenado por ese tipo de cosas”, sostuvo.

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A través de un comunicado remitido a la presidencia del Senado, el presidente de la República, Santiago Peña, requiere a la Cámara Alta una prórroga de 72 horas para ejercer su defensa en el marco del juicio político. El mandatario estaba convocado ante la plenaria para este viernes, a las 10:00.

“Claramente al tratarse de un proceso del cual puede surgir una sanción, aplican las garantías del debido proceso, entre ellos, contar con el tiempo suficiente para elegir un abogado de confianza y ejercer el derecho a la defensa. Sin dudas, resulta insuficiente un plazo inferior a 12 horas para que un proceso cumpla los estándares de un Estado de derecho”, sostiene el titular del Ejecutivo.

El documento agrega que “sobre esta base, solicito se me conceda una prórroga de setenta y dos horas para el ejercicio de mi defensa”. En la nota Peña detalla que recibió la notificación para formular su defensa y ofrecer pruebas ayer jueves, a las 22:15, el cual fue acompañada por el libelo acusatorio de 15 páginas y los anexos con unas 300 fojas.

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El libelo acusatorio contra Peña consta de cinco causales que, a criterio de los proponentes, son pruebas fehacientes de mal desempeño en sus funciones, centrado principalmente en la crisis financiera de ueno bank.

Las causales contra el mandatario son: conflictos de intereses, cooptación del Estado y desmantelamiento legal de las puertas giratorias, manipulación regulatoria y desvío de los fondos jubilatorios del Instituto de Previsión Social (IPS), sobrepaso de límites crediticios en ueno bank y encubrimiento institucional del Banco Central del Paraguay, beneficio patrimonial indebido e indicios de enriquecimiento ilícito, afectación de la confianza en el sistema financiero nacional y exposición a un riesgo sistemático.

“Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte incómoda para muchos actores políticos. Nunca voy a rehuir mi compromiso con la gente, y menos en los momentos difíciles”, afirmó Peña a través de sus redes sociales oficiales.

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El viceministro de Política Criminal y Penitenciaria, Daniel Rubén Maciel Guerreño, presentó su renuncia indeclinable tras conocerse que su hermano defiende a un recluso que estaba en una “celda diferenciada” de la cárcel “Martín Mendoza” de Emboscada.

El Ministerio de Justicia implementará una reorganización y revisión de los procesos internos a raíz de este conflicto de intereses.

En conferencia de prensa, Maciel, confirmó que tomó conocimiento recién en la fecha de hoy sobre la ubicación de una persona privada de libertad en la planta alta del módulo 7 de la penitenciaría cuya defensa está a cargo de su hermano. Sostuvo que su decisión responde a su compromiso con la legalidad y el fortalecimiento de la confianza en las instituciones.

“Hasta el día de hoy desconocía esa circunstancia, dado que no intervengo en los asuntos profesionales de mi hermano ni mantengo conversaciones con él sobre los casos que lleva adelante. Una vez que tomé conocimiento de los hechos, consideré necesario actuar con la máxima responsabilidad y adoptar la decisión que hoy formalizo. Mi renuncia constituye una decisión prudente”, indicó.

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Reconoció que, al ser consultado por la prensa, negó conocer la situación sin haber verificado previamente la información. Ante estos hechos y en el marco de la investigación en curso, decidió presentar su renuncia para preservar la transparencia, la confianza pública y la credibilidad institucional.

“Evitando que mi permanencia en el cargo pueda dar lugar a cuestionamientos que afecten la credibilidad institucional. Esta decisión responde a mi convicción de que el ejercicio de la función pública exige no solamente actuar con apego a la legalidad, sino también adoptar medidas que contribuyan a preservar los procesos de investigación”, detalló.

Así también, durante la conferencia el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, confirmó la designación de Óscar Pereira como nuevo director general de Establecimientos Penitenciarios y anunció que se implementará una reorganización en el sector.

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