El ataque cibernético a instituciones del país sigue generando la reacción de las autoridades nacionales. En este caso, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, se pronunció afirmando que se debe apostar por la ciberseguridad y apela al trabajo coordinado con carteras del Poder Ejecutivo de modo a evitar nuevos ataques.

“El desarrollo de una nación está ligado a su defensa y es una cuestión que camina de la mano. Hay una serie de falencias estructurales, nosotros necesitamos más hospitales, mejorar nuestra capacidad en la provisión de servicios de salud, mejorar nuestra infraestructura y nuestra capacidad de generar una educación de calidad, pero también tenemos que avanzar en materia de defensa y en este caso tenemos que avanzar en materia de ciberseguridad”, afirmó.

En contacto con varios medios de prensa, el legislador colorado reiteró que la ciberseguridad y el desarrollo de la inteligencia artificial ya no son cuestiones del futuro, sino del presente y con proyección hacia el futuro, por lo cual no se puede descuidar este aspecto ni seguir posponiendo.

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Latorre también se posicionó en contra de una interpelación a Gustavo Villate, titular del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), e indicó que lo más oportuno, desde su perspectiva, sería una conversación con el Congreso, de modo a abordar esta situación y determinar acciones conjuntas en pos de la ciberseguridad. “Para ver cómo podemos contribuir todos los actores para fortalecer las capacidades del Estado en esta materia”, resaltó.

El diputado también hizo referencia a la licitación de las máquinas de votación, la cual es llevada adelante por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y opinó que este proceso no debería detenerse ante el ciberataque, dado que el objetivo de este tipo de acciones es frenar el desarrollo, agredir a las naciones y extorsionar. Latorre hizo hincapié en la necesidad de preservar la credibilidad a los resultados electorales, como actor fundamental para sostener la democracia.

“El gran desafío de las naciones es, a pesar de este tipo de ataques, continuar con su proceso de desarrollo y continuar sosteniendo su proceso de democracia. Es un gran desafío mantener un sistema que genere transparencia, para mí fue un gran logro que pasemos a un sistema de listas desbloqueadas, donde el ciudadano pueda elegir de manera directa a sus representantes al Parlamento, dando muerte al famoso sistema de las listas sábanas, eso requiere un apoyo digital, es decir, máquinas de votación”, manifestó.

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• Lima, Perú. AFP.

El hoy papa León XIV “abrió la senda” durante su trabajo eclesiástico en Perú para escuchar y asumir la defensa de las víctimas de abusos sexuales por parte de miembros del clero, destacó este jueves el jefe de los obispos peruanos. El entonces obispo Robert Prevost, que se unió a los agustinos del país suramericano en 1985, encaró las “dificultades y realidades” de la Iglesia católica, consideró el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), monseñor Carlos García, en conferencia de prensa.

De origen estadounidense, Prevost recibió la nacionalidad peruana en 2015 antes de asumir la diócesis de Chiclayo, una ciudad de poco más de 600.000 habitantes del norte de Perú a la que recordó durante su primer discurso como pontífice. Como parte de la CEP, “fue él quien abrió el camino acá en Perú para escuchar a las víctimas, para organizar la comisión de la verdad, de la defensa frente” a las agresiones, señaló García.

Antes de que Prevost fuera nombrado cardenal y saliera de Perú en 2023, el papa Francisco ordenó intervenir el Sodalicio de Vida Cristiana (SCV), una congregación ultraconservadora de laicos y sacerdotes de origen peruano. Tras siete años de investigaciones, el fallecido papa argentino ordenó este año disolver esa organización, tras las denuncias contra cuatro líderes del SCV.

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Según reconoció la misma congregación, los miembros de la cúpula abusaron sexualmente de 19 menores y 10 mayores entre 1975 y 2002. En enero pasado, Prevost recibió en El Vaticano a José Enrique Escardó, una de las primeras víctimas que denunció los abusos del Sodalicio.

“Nosotros rechazamos el encubrimiento y el secreto, eso hace mucho daño, pues tenemos que ayudar a las personas que han sufrido por el mal actuar”, declaró el hoy papa al diario peruano La República en una entrevista de junio del 2019.

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El Tribunal de Apelación dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Esto, a fin de definir si eleva o no a juicio la causa por supuesta de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa de presunta corrupción municipal por la compra de alimentos durante la pandemia.

El intendente esteño se encuentra en un proceso judicial con audiencia preliminar pendiente por el presunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago concretado por mercaderías inexistentes, durante su gestión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.

Ante esto, el Tribunal de Segunda Instancia confirmó la decisión del juez que había rechazado un recurso de la defensa. En la resolución, los camaristas alegan que la sola presentación de la acción de inconstitucionalidad, en este caso, no impide que el proceso avance, desestimando así el cuestionamiento de la defensa de Prieto.

Con la confirmación de la resolución del juez Humberto Otazú por parte del Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado Primera Sala, se deberá fijar una fecha para la diligencia pendiente.

El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas, de acuerdo a la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez.

En la carpeta fiscal se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.

Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.

Además del intendente Prieto, otras 11 personas afrontan cargos por el millonario perjuicio a la comuna esteña, tras la adquisición de insumos para la fabricación de panificados, para familias de escasos recursos durante la pandemia, con supuestos fines sociales.

Los demás imputados son Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.

La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.

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• Lourdes Torres
• lourdes.torres@nacionmedia.com

El ministro de Defensa, Óscar González, se refirió a las nuevas amenazas que enfrenta el Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi), que son el terrorismo y el crimen organizado, los cuales van de la mano y constituyen un peligro para la sociedad toda.

“El Codi lleva adelante tareas de inteligencia, así como en el caso del EPP, para determinar su ubicación de los principales grupos criminales, ya sean estos narcotraficantes, o que estén desarrollando hechos criminales de otro tipo. Siempre y cuando estos grupos criminales tengan armamento de guerra, o cuenten con entrenamiento pseudomilitar y, sobre todo, tengan esa intención de socavar el poder soberano del Estado”, destacó a La Nación/Nación Media.

Las acciones de las fuerzas militares estarán enmarcadas y ajustadas a lo que establece la ley, indicó. Señaló que ninguna operación se estará realizando sin la autorización y el acompañamiento de la Justicia.

Recordó que por decisión del jefe de Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Santiago Peña, se instruyó llevar al sur del país un trabajo coordinado entre las fuerzas militares y las fuerzas de la Policía Nacional, para lo cual fue creada la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

“Por decreto se extiende la jurisdicción del Codi-FTC a los tres departamentos del Sur, que son: Ñeembucú, Misiones e Itapúa, para coadyuvar con la Policía Nacional y la Secretaría de Emergencia Nacional incluso, en caso de que estas instituciones lleven a cabo alguna operación de gran envergadura y que necesiten el apoyo de las fuerzas operativas.

Destacó el operativo Ignis, que tuvo como resultado 9 criminales sicarios abatidos, la detención de otras 9 personas, la confiscación de varios armamentos, cartuchos e incluso una ametralladora antiaérea.

La operación de secuestro y destrucción de más de 58.000 kilos, aproximadamente, de marihuana toda prensada que estaba a pocos kilómetros de la frontera con Brasil es otro logro. Este hecho fue un duro golpe para el crimen organizado.

“El resultado del Codi fue impedir que los grupos terroristas, tanto de los autodenominados EPP, ACA y EML, hayan cumplido los objetivos que se habían marcado: la toma del poder por la fuerza, urbanizar sus hechos criminales y establecer células de terroristas en todos los departamentos del país. Nada de esto lograron”, concluyó.