La conferencia de prensa pospartido de Guillermo Barros Schelotto tuvo condimentos. Por un lado, el estratega argentino de la Albirroja hizo un reclamo al VAR por lo que consideró “una falta previa” sobre Iván Piris en la jugada del penal a favor de Venezuela, que terminó por darle la victoria a los locales.
“Como no me preguntaron, lo voy a decir yo. Hoy en la jugada que la pelota le pega en la mano a Piris hay una clara falta previa del jugador venezolano y ni siquiera lo revisaron. En el partido anterior ante Perú, hubo tres jugadas de penal que ni siquiera revisaron, hoy tuvieron dos minutos y tampoco lo revisaron”, se quejó el técnico.
En otro momento y luego de manifestar que “Venezuela no tuvo ninguna acción de juego que haya preocupado a Paraguay”, varios colegas del país petrolero lo cuestionaron por sus dichos, afirmando lo contrario.
En cuanto al rendimiento del equipo, dijo sentirse satisfecho pese a la derrota. “En lo futbolístico, el equipo respondió (en la primera doble fecha premundialista), pero no nos alcanza con eso, tenemos que sacar puntos”, dijo.
“Creo que fue un partido muy parejo, no digo que mereció ganar Paraguay. No tuvimos las posibilidades de gol que me hubiera gustado tener para justificar un triunfo”, añadió.
En cuanto a lo que se viene en el próximo combo, con los partidos ante Argentina (visitante) y Bolivia (local), respondió que analizará “todo lo que nos tocó vivir estos dos partidos, ahí decidiremos lo que haremos ante Argentina y Bolivia”.
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Rematadores se manifiestan contra aumento de matrículas frente al Palacio de Justicia
Los integrantes de la Asociación de Rematadores del Paraguay se manifestaron frente a la sede del Palacio de Justicia de Asunción para solicitar el rechazo de la decisión de la máxima instancia judicial, la cual pretende liberar las matrículas y ampliar la cantidad de rematadores en la capital y otras circunscripciones judiciales del país.
El titular del gremio, Atilio Estigarribia, señaló que buscan dignificar la profesión y aclaró que no se oponen a los concursos, siempre y cuando se utilicen las matrículas vacantes por fallecimiento o renuncia, sin habilitar nuevos cupos. El representante sostuvo que existe un bajo porcentaje de remates judiciales y que la mayoría de los procedimientos se suspende, lo que afecta directamente los ingresos de los profesionales.
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“No estamos ajenos a que se haga un examen, pero que sea como el de los escribanos: con cupos limitados, basados en los fallecidos y en los que renunciaron”, manifestó Estigarribia.
Además, agregó que, de los 120 rematadores matriculados, entre el 50 % y el 60 % no tiene trabajo, una situación que, según advirtió, podría agravarse con la nueva acordada de la Corte Suprema de Justicia. En una nota presentada recientemente, la asociación solicitó revisar la normativa que regula el acceso a la matrícula de rematador público. El gremio cuestiona que se pretenda ampliar la cantidad de profesionales sin un análisis técnico previo sobre el volumen de remates judiciales realizados de manera mensual, trimestral, semestral o anual.
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Admiten imputación y procesan a un abogado por coacción y usurpación de funciones
El juez Penal de Garantías de Luque, Nelson Romero, admitió la imputación presentada por el fiscal Augusto Ledesma Blasser contra el abogado Fernando René Marecos Gamarra, por la presunta comisión de los hechos punibles de coacción y usurpación de funciones públicas. Asimismo, el citado magistrado fijó para el 8 de octubre a las 10:00 la audiencia de imposición de medidas cautelares, en la que se definirá si el imputado litigará en libertad o estará en arresto domiciliario o preso.
Igualmente, el juez Romero fijó el 25 de marzo de 2027 como fecha límite para que el Ministerio Público presente su requerimiento conclusivo, el cual puede consistir en una acusación con pedido de elevación a juicio oral o la solicitud de una salida procesal para el profesional del derecho.
Antecedentes
De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos se registraron el pasado 16 de septiembre en las instalaciones de la empresa Cargo Line Paraguay S.A., durante la ejecución de una resolución judicial que disponía un cambio temporal en la administración de la firma. La imputación refiere que el abogado Marecos Gamarra habría asumido atribuciones que no le correspondían al momento de realizarse el procedimiento, en el cual incluso estuvo presente la jueza en lo Civil y Comercial de Asunción, Mafalda Cameron.
Asimismo, la denuncia señala que el imputado se presentó y participó de la diligencia judicial como supuesto representante de la parte demandante; sin embargo, no existe ningún poder agregado al expediente que le otorgue dicha representación. El escrito aclara que es otro profesional del derecho quien cuenta con el poder legal para representar a los demandantes, por lo que Marecos Gamarra no debió tener intervención en el acto. El denunciante fue el ahora exgerente general de Cargo Line Paraguay S.A., Gustavo Martínez Venialgo.
El relato fáctico sostiene que el abogado imputado exigió a Martínez Venialgo abandonar la sala y, cuando este intentó atender una llamada telefónica, le sujetó la mano para impedírselo. Posteriormente, tras la retirada de la jueza y de la Policía Nacional, Marecos Gamarra le habría comunicado su desvinculación inmediata y ordenado la entrega de su teléfono, computadora, documentos y demás bienes de la empresa.
Criticó la imputación
Asimismo, el abogado Marecos Gamarra criticó la imputación presentada en su contra y aseveró categóricamente que la imputación carece por completo de fundamentos jurídicos y subrayó que el relato del denunciante falta gravemente a la verdad de lo acontecido. Sostuvo que la denuncia promovida en su contra se encuentra plagada de profundas incongruencias. La manifestación la hizo en el sitio web Cuarto Poder Py.
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Violento intento de asalto a un camión transportador de caudales en la Ruta PY08
Varios delincuentes perpetraron un fallido asalto contra un camión transportador de caudales sobre la Ruta PY08, en el departamento de San Pedro. Los autores del hecho se dieron a la fuga sin poder llevarse dinero.
El caso se registró en horas de la mañana de este miércoles contra un camión blindado perteneciente a la empresa Yrendague, a la altura del kilómetro 310 de la Ruta PY08, en la compañía María Auxiliadora de Yataity del Norte. El grupo comando estuvo integrado por aproximadamente 10 a 15 personas fuertemente armadas que se desplazaban en seis rodados. Los criminales interceptaron al transportador de caudales e intentaron obligar a sus ocupantes a detenerse en el camino.
Tras percatarse de lo que estaba sucediendo, el conductor decidió acelerar la marcha y emprender una rauda huida, dirigiéndose hasta la sede de la Comisaría 15ª de Yataity del Norte para buscar refugio. Al no poder lograr su cometido, los delincuentes se dieron a la fuga a bordo de dos camionetas: una Toyota Fortuner y una Nissan Terrano.
Luego, los criminales incineraron un automóvil Toyota Allion en inmediaciones del peaje de Tacurú y abandonaron un furgón Toyota Noah, ambos utilizados en este frustrado golpe. En su huida, también arrojaron clavos “miguelito” sobre la ruta con el propósito de evitar ser perseguidos por las patrulleras de la Policía Nacional. Los dos funcionarios de la empresa de seguridad, identificados como César González y Alfonso Flores Quiñonez, resultaron ilesos, ya que las balas disparadas por los asaltantes no lograron traspasar el blindaje del vehículo.
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JEM debe estudiar acusaciones contra dos juezas por suspender y anular remates de forma irregular
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados tendrá que estudiar si corresponde investigar y enjuiciar a dos juezas del fuero civil y comercial de Itapúa, luego de que fueran acusadas por presunto mal desempeño en sus funciones al suspender y anular remates en violación de la ley.
El primer caso se acusó en el 2024 y se relaciona con el presunto mal desempeño de la jueza Nilda Concepción Benítez Caballero. De acuerdo con la denuncia presentada por el rematador Raúl Sosa Navarro ante el órgano juzgador, se había fijado la fecha y hora para una subasta pública ordenada en el expediente caratulado “Banco Río SAECA c/ Sergio Luiz Tosetto s/ Acción Ejecutiva”.
Sin embargo, al revisar el expediente, el denunciante encontró una providencia firmada por la magistrada en la que suspendía la subasta. Dicha resolución respondía a una solicitud de Daniela Tosetto Casaril, sucesora de Sergio Luiz Tosetto, quien había comunicado el fallecimiento del demandado adjuntando el acta de defunción.
El escrito de acusación refiere que “la jueza Nilda Benítez, en una clara muestra de negligencia y omisión de sus deberes, ordenó la suspensión de la subasta sin observar lo estipulado en el art. 167 del Código de Organización Judicial”.
Otro caso
El segundo caso corresponde a la acusación presentada por Atilio Estigarribia, presidente de la Asociación de Rematadores del Paraguay, contra la jueza en lo civil y comercial de Encarnación, Rossana Aurora Verón. La magistrada fue acusada de anular sin fundamento un remate judicial realizado en noviembre de 2025, dentro del expediente caratulado “Ejecución de sentencia promovida por Gladys Bianchetto en los autos Waldimiro Moskalik sobre sucesión”.
El denunciante solicita a los integrantes del Jurado que se inicie el enjuiciamiento y se recomiende la suspensión de la magistrada en sus funciones.