• San Isidro, Argentina. AFP.

La internación domiciliaria “no era una opción válida” para Diego Armando Maradona debido a que la leyenda del fútbol tenía “conductas autolesivas”, dijo ayer martes el director de la clínica que operó al exastro poco antes de su muerte. El director de la Clínica Olivos, Pablo Dimitroff, hizo la declaración durante un juicio por la muerte del Diez, fallecido a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 en Tigre, en la provincia de Buenos Aires.

El centro médico le realizó al exfutbolista una operación neurológica exitosa dos semanas antes de sufrir un edema pulmonar cuando recibía atención médica en casa y que acabó con su vida, según la autopsia. Ante los jueces, Dimitroff contó que la propuesta de la institución era derivar a Maradona a un centro “donde se iban a encargar tanto de su rehabilitación motriz, como también de sacarlo del consumo regular de tóxicos”, aunque no detalló a qué sustancias se refería.

Agregó que dos días después de la cirugía, Maradona tuvo “un evento de excitación psicomotriz y síndrome de abstinencia” en la clínica y manifestaba “de forma vehemente” que quería irse a su hogar. Por esto, según él, “la opción de que el paciente se fuera a su casa no era válida en ningún momento”, ya que tenía “conductas autolesivas”.

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“No comía como corresponde, tomaba cosas que no le hacían bien, no cumplía con la toma de medicación, no se levantaba de la cama, estaba despierto de noche y dormía de día. Nos parecía que el domicilio no era el lugar adecuado para la continuidad del tratamiento”, detalló Dimitroff.

La declaración del médico tuvo lugar en una nueva audiencia del proceso que desde el 11 de marzo evalúa la responsabilidad del equipo de especialistas a cargo de la salud del Pelusa. Según el director de la clínica, el médico personal de Maradona, Leopoldo Luque, imputado en la causa, le dijo que “era imposible” internar al exastro porque él se negaba a ir a otro lugar que no fuera su residencia.

También detalló que se firmó un documento en el que el centro clínico manifestaba que estaba “en contra de que el paciente continuara su rehabilitación médica en un ámbito domiciliario”. La misiva fue suscrita por el equipo médico de Maradona con el consentimiento de la familia, afirmó. El Diez no firmó el documento, lo cual fue motivo de controversia durante la audiencia.

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Sobre el cierre de la audiencia, el tribunal dispuso en un plazo de 24 horas el allanamiento de la Cínica Olivos, por pedido de la fiscalía en acuerdo con la querella y parte de los defensores. Los jueces pidieron el registro del centro de salud para obtener los registros de toda la documentación relacionada con la internación de Maradona.

El pedido de la fiscalía se dio luego de la declaración de Dimitroff, que aportó resultados de estudios prequirúrgicos que hasta el momento no estaban incorporados en la causa. La semana pasada, el jefe de terapia intensiva de la institución, Fernando Villarejo, había dicho que no se le habían hecho estudios prequirúrgicos a Maradona.

Luque, además de otros médicos, una psiquiatra, enfermeros y un psicólogo, son señalados de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía ocasionar la muerte del paciente. Se arriesgan a una condena de entre 8 y 25 años de prisión. Una octava acusada, una enfermera, será juzgada en un proceso separado. El juicio se extenderá al menos hasta julio y la próxima audiencia será el jueves.

El director de la Comisión Nacional de Residencias Médicas (Conarem), Daniel Ramalho lamentó la muerte de médicos residentes y afirmó que se ven sobrepasados por el proceso de la residencia. Afirmó que en los últimos tiempos se han recibido muchas denuncias de síndrome burn out (síndrome del trabajador quemado) que afecta a los profesionales de la salud.

“Esto es muy lamentable, bajo ningún concepto el Ministerio de Salud acepta ningún tipo de violencia. Nosotros desde la nueva administración abordamos este tema que es muy delicado porque tenemos muchas denuncias. Así como a nivel internacional el síndrome burn out es algo característico en esta profesión, sobre todo en el médico residente que está iniciando este proceso”, señaló a la 1020 AM.

Según el doctor Ramalho la denuncias por salud mental y estrés no necesariamente se deben a una violencia intralaboral sino porque “se ven sobrepasados por el proceso mismo de la residencia”.

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“Es por eso que se enmarca este desarrollo dentro lo que sería una carga horaria establecida. Esa carga horaria está acorde a lo que se maneja a nivel regional e internacional”, añadió.

Afirmó que incluso países como EE.UU, Japón, Inglaterra y Brasil tienen una carga horaria mucho mayor. “Nosotros mantenemos un nivel medio que en otros países incluso es menor”, mencionó.

El horario laboral del residente es de 7:00 a 17:00 horas. Posteriormente a eso debe salir de la unidad formadora y volver al día siguiente, salvo que el médico tenga una guardia que abarca de 17:00 a 7:00 horas, según explicó el titular de la Conarem.

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Este domingo, desde la Asociación de Médicos Residentes del Instituto de Previsión Social (IPS), confirmaron la muerte de un joven médico residente del tercer año de imágenes. Los profesionales aseguran que las muertes se dan en el marco de un sistema de residencia muy exigente, donde se produce el agotamiento extremo y la falta de protección hacia los nuevos médicos.

Según el comunicado emitido por la asociación, se reportó el fallecimiento del doctor Kevin Chen y se suma a la larga lista de profesionales que partieron en su afán de lograr la especialización. Sus compañeros denuncian que las condiciones son inhumanas en la que se dan jornadas extenuantes y sin apoyo emocional para los médicos residentes.

“La Asociación de Médicos Residentes del IPS lamenta profundamente el fallecimiento del Dr. Kevin Chen, residente del tercer año de Imágenes del Hospital Central. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia y amigos del médico. Su partida deja un gran vacío en nuestra comunidad médica de residentes y para toda la sociedad”, expresaron.

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La psicóloga Jessica Ferreira, que fue docente del médico fallecido lamentó la muerte del profesional e indicó que es momento del cambio, de mejores condiciones laborales, con una formación más humana y de calidad. Exigen que los médicos residentes tengan una asistencia de salud como se merece el paraguayo y que sea de calidad.

“Perdón por ser parte de un sistema que es tan difícil de cambiar. Perdón porque lo que hacemos no alcanza, no tenemos los recursos, no tenemos poder, no tenemos influencias políticas y no tenemos dinero. Lo único que tenemos es la disposición y el corazón para hacer bien nuestro trabajo. Pero eso no basta”, expresó en sus redes sociales.

El pasado 1 de mayo, día del trabajador, se reportó el fallecimiento del médico residente Marcelo Estaban Barrios Espínola, de 26 años, quien chocó camino a su guardia en el Hospital de Trauma. Así también recordaron a los residentes Fernando González Ferreira y Larissa Moura, que también partieron.

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La sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechazó in limine la acción de inconstitucionalidad presentada por la odontóloga Lilia Graciela Espinoza de Rodríguez, quien debe enfrentar un nuevo juicio oral y público por la muerte de la joven Sol Chávez, ocurrida en abril del 2021.

La acción fue promovida contra una resolución del tribunal de apelación en lo penal, que había anulado el fallo de primera instancia donde un colegiado condenó a penas irrisorias a dos acusadas.

El próximo 30 de abril a las 12:00 se fijó el inicio del juicio oral y público para la odontóloga Lilia Graciela Espinoza y la química farmacéutica Sandra Hermosa, acusada por el fallecimiento de la joven Sol Chávez (22) quien murió por intoxicación por flúor.

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En diciembre del año pasado, el tribunal de Apelación, integrado por Delio Vera Navarro, Bibiana Benítez y José Agustín Fernández, anuló la leve condena de 2 años de cárcel para la odontóloga Lilia Graciela Espinoza y la bioquímica Sandra Hermosa, acusadas por el fallecimiento de la joven María Sol Chávez Franco, de 22 años, quien murió el 9 de abril de 2021.

Los jueces señalaron que la sentencia cuestionada “denota claras contradicciones y falta de fundamentación por parte del tribunal de Sentencia en relación con el artículo 65 del Código Penal en cuanto a los fundamentos esgrimidos para llegar a la decisión adoptada, habiendo incurrido la sentencia en vicios consistentes en una fundamentación insuficiente y contradictoria”.

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