La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), puso en marcha el primer Plan de Mejora de Cumplimiento bajo un enfoque de gestión de riesgos, centrado específicamente en la detección de facturas duplicadas.

Esta modalidad de control consiste en una comunicación simultánea dirigida a un gran número de usuarios para informarles sobre inconsistencias detectadas por la Gerencia General de Impuestos Internos y solicitar las rectificaciones correspondientes.

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Además la DNIT anunció la mejora de sus capacidades de auditoría a través del programa “Inspectores Fiscales Sin Fronteras” (IFSF), impulsado por la OCDE y el PNUD.

Esta cooperación internacional permitirá a la institución acceder a una mayor optimización en la selección estratégica de casos para auditorías; sumado al acceso a estándares internacionales para el manejo de información y prevención de riesgos fiscales y finalmente el fortalecimiento en sectores clave como precios de transferencia y cooperación tributaria global. Desde la DNIT indican que estas acciones buscan dotar a la institución de herramientas precisas para garantizar un sistema tributario más eficiente.

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Los ingresos tributarios presentaron una satisfactoria recuperación en el mes de marzo y se espera una similar situación en el cierre de abril, confirmó el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera. Recordó que en los meses de enero y febrero las alarmas se encendieron debido al desplome del dólar, factor que impactó directamente en la recaudación.

“Complicados los últimos meses, en donde los ingresos tributarios se vieron disminuidos por una situación coyuntural que fue el tipo de cambio, la caída. Los ingresos provenientes de lo que es la gerencia aduanera se vieron comprometidos, donde se vio primero una ralentización y luego ya una caída en el mes de febrero. Condicionó un poco los márgenes que tiene el Tesoro para poder responder a todas las demandas”, explicó el secretario de Estado en conversación con la 650 AM.

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Según la explicación del ministro, en febrero 2025 una “liquidación de una factura aduanera de USD 100 estaba siendo liquidada a G. 780.000 y sobre eso se aplicaba el impuesto y eso al mes de febrero de 2026 ya se estaba liquidando a G. 650.000, misma factura, pero ingresando menor cantidad de guaraníes para disponibilizar”. En términos de volúmenes, indicó que en las cantidades no hay mayores variaciones entre año y año, indicó.

Al parecer, la situación está controlada, ya que, al decir de Lovera, la recaudación mejoró en el mes de marzo y se auguran buenos números en abril. “Estamos nosotros en un proceso ahora con el mes de marzo, una recuperación de los ingresos; ya tenemos números positivos y estamos haciendo seguimiento del mes de abril, en el día a día también con resultados muy optimistas, que nos pueden decir que vamos a cerrar nuevamente con números positivos este mes”, destacó.

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Tras el anuncio por parte del Ministerio de Economía sobre el inicio del pago de la deuda con constructoras, con un desembolso de USD 150 millones, entre abril y mayo, desde la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) manifestaron su conformidad acerca de la propuesta presentada por la cartera económica.

Paul Sarubbi, titular de Cavialpa, señaló en comunicación con el programa “Tarde de perros”, emitido por Universo 970/Nación Media, que el sector recibió positivamente la iniciativa, destacando la apertura y rapidez en el diálogo con las nuevas autoridades.

Indicó que, tras la asunción del titular del MEF, Óscar Lovera, se mantuvieron reuniones en corto plazo que derivaron en la presentación oficial de una propuesta para atender la deuda del Estado con las empresas constructoras.

Según explicó, el plan prevé un esfuerzo importante para cubrir certificados mensuales y reducir aproximadamente en un 25 % la deuda de capital existente. Además, se trabaja en la reglamentación de una herramienta de cesión de crédito o factoring, que permitirá canalizar recursos a través de entidades financieras para acelerar la disminución de la deuda.

Sarubbi añadió que tanto los pagos mensuales como la cesión de crédito contribuirán a cancelar parte del capital adeudado. En ese contexto, advirtió que la mayoría de las empresas atraviesa una situación económica y financiera delicada, lo que ha afectado el cumplimiento con proveedores y el ritmo de ejecución de obras.

“Por un lado, se va a pagar capital a través de estos pagos mensuales que se van dando desde lo que es el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, y por otro lado, con la cesión de crédito también se va a pagar como para acelerar la disminución de la deuda”, explicó Sarubbi.

Comentó que el atraso ocasiona que tampoco puedan cumplir con sus proveedores de materiales, servicios o colaboradores. Por ello, apuntan a subsanar la coyuntura lo antes posible, entre pagos mensuales y también con la cesión, para que los trabajos vuelvan al 100 % y empiecen a ejecutar todos los contratos acorde a lo que el presupuesto prevé.

En relación con el estado de los proyectos, Paul Sarubbi indicó que no existen obras totalmente paralizadas, aunque sí se registran importantes ralentizaciones debido a la falta de pago a proveedores de insumos clave como combustible y materiales de construcción. Sin embargo, con la regularización se espera una reactivación progresiva y una mejoría en la ejecución de los contratos.

En cuanto a la duplicación de la ruta 1, explicó que el proyecto ya cuenta con contrato firmado y se encuentra en proceso de cierre financiero bajo la modalidad de Alianza Público-Privada (APP), detallando que el financiamiento, proveniente del exterior, podría concretarse hacia finales de año, lo que permitiría iniciar las obras principales, mientras que actualmente se desarrollan tareas de mantenimiento y mejoras en los sistemas de peaje.

La diputada Cristina Villalba presentó un proyecto de ley que busca destinar el 15 % de lo recaudado por el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) a financiar la investigación agraria del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA).

Para ello la proyectista sugiere modificar la Ley n.º 3788/2010 del IPTA y el artículo 30 de la Ley n.° 2426/04, que crea el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa)”. “La propuesta apunta a actualizar una ley que ya tiene más de 15 años, permitiendo que el IPTA reciba recursos de instituciones públicas del ámbito pecuario. Esto permitirá impulsar investigaciones en áreas clave como sanidad animal, alimentación y mejoramiento genético”, comentó la diputada Villalba a La Nación/Nación Media.

Explicó que el objetivo es claro: generar más tecnología para el campo, mejorar la productividad y apoyar especialmente a pequeños y medianos productores, “fortaleciendo así la economía rural y la competitividad del Paraguay”.

“El IPTA es clave para generar tecnología y conocimiento para el campo, pero su ley quedó desactualizada. No contempla recursos del sector pecuario, que es uno de los motores de nuestra economía”, aseveró.

La congresista colorada fundamentó que con esta propuesta se pretende corregir la normativa para fortalecer la investigación y llevar más soluciones a los productores, especialmente a los pequeños y medianos. “Es una inversión en productividad, en desarrollo rural y en el futuro del país”, remarcó.