Después de un difícil camino, Iván Marcelo Sosa (16) necesita la ayuda para continuar con su proceso de recuperación y rehabilitación. Es el joven estudiante que en agosto pasado fue atropellado cuando cruzaba la avenida Sacramento al salir del colegio.

Por ese motivo, invitan a sumarse a la gran comilona solidaria a realizarse el 15 de noviembre desde las 11:00 en el Colegio Técnico Javier, ubicado en el barrio Trinidad de Asunción, donde habrá shows en vivo, atracciones, estands de comida.

Diferentes estands ofertarán variedad de propuestas gastronómicas saladas y dulces. Los platos tendrán un precio de G. 50.000. Muchos famosos se sumaron promocionando la actividad. También varios artistas estarán participando.

Las entradas y adhesiones se pueden adquirir a través de Ticketea. Cada entrada es una oportunidad más para que Iván continúe con su rehabilitación.

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“Nos espera una jornada llena de música, alegría y solidaridad, y estamos felices de contar con su presencia para disfrutar de un show increíble”, anunció Tito Larra, quien acompañará con sus músicas y los presentes puedan disfrutar de su talento. También Sol y Marce.

Detrás de esta comilona hay una familia llena de fe y esperanza que sueña con volver a ver a Iván sonreír y escucharlo hablar. Cada aporte, cada gesto y cada muestra de cariño representan muchísimo para Iván y su familia, que continúan transitando un largo proceso de rehabilitación.

“A Iván no le pasó lo que le pasó por una enfermedad o por su irresponsabilidad, sino por la inconsciencia de otra persona. Ahora, lo importante es ayudar a su recuperación, ayudar a sus padres con los gastos de recuperación”, señaló José Ayala, quien se sumó a esta causa.

A un mes del accidente, la familia inició una campaña solidaria para juntar G. 1.000 millones. Tras salir de la UTI, el joven fue trasladado a una clínica especializada para recibir seis terapias diarias que lo ayuden a despertar.

“Quiero aclarar que este monto es el dinero que se necesitaría para usar en un año. El costo de la clínica por día es de G. 3 millones, en un mes ya alcanza los G. 90 millones”, señalaron familiares.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

A convocatoria de la Diócesis de Ciudad del Este de la Iglesia Católica, se conformó el Consejo de la Comunidad en Ejecución Penal, con el objetivo de promover la rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad (PPL). Fue el 30 de octubre en el auditorio del obispado de la capital de Alto Paraná.

Se trata de “un organismo auxiliar de la ejecución penal que buscará fortalecer los vínculos entre la sociedad y las personas privadas de libertad de la Penitenciaría Regional (Centro de Prevenidos) de Ciudad del Este y del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Minga Guazú”, refiere la Diócesis Católica.

Participaron el obispo Pedro Collar Noguera, representantes de la Iglesia, de la Universidad Católica – Campus Alto Paraná, de la Universidad Nacional del Este (UNE), del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Defensoría Pública. También representantes de organizaciones de la sociedad civil, docentes, abogados y voluntarios de la Pastoral Penitenciaria.

“La idea es la humanización y resocialización del sistema penitenciario y luego acompañar las gestiones de trabajo externo, promover la vinculación con empresas que ofrezcan trabajo a internos y egresados del Penal, es decir, aquellos que obtengan la libertad o que hayan compurgado su condena”, sostuvo la fiscal de ejecución penal Lilian Denice Duarte.

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La misma representó al Ministerio Público en la conformación del Consejo de Comunidad. El presidente del Consejo de Comunidad es el abogado Carlos Bordón.

La fiscal explicó que la Pastoral Penitenciaria ya viene trabajando en el Centro de Prevenidos de Ciudad del Este y, con la creación del Consejo de Comunidad, se buscará la inserción laboral en primera instancia.

Indicó además que la gestión será para conseguir que aquellas PPL que ya están insertas en las industrias que operan dentro de las instituciones penitenciarias sigan con empleo, después de recuperar su libertad, y también para la obtención de puestos laborales nuevos con la adhesión de más empresas y alianzas.

La fiscal Lilian Denice contó que, desde noviembre del año 2025, vienen reuniéndose con la participación del monseñor Pedro Collar Noguera y los representantes de las instituciones mencionadas hasta que, finalmente, el viernes último se llevó a cabo la asamblea.

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El proyecto, liderado por el doctor Juan Martens del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a través de PROCIENCIA, cuenta con una inversión de G. 2.200 millones y se desarrolla en tres penitenciarías.

La iniciativa integra salud física, salud mental y criminología para generar evidencia que contribuya a mejorar la gestión penitenciaria y los procesos de reintegración social.

La investigación se desarrollará en las penitenciarías de Tacumbú, Emboscada y Coronel Oviedo, establecimientos que concentran el 39 % de la población penitenciaria del país. La propuesta busca generar información útil para orientar decisiones institucionales, mejorar los servicios sanitarios y fortalecer los procesos de rehabilitación y reintegración social.

Para ello, articula tres componentes: salud física, salud mental y criminología.

En el área de salud física, el proyecto contempla acciones de detección temprana y manejo de enfermedades crónicas no transmisibles, como diabetes, hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares. También prevé evaluaciones nutricionales, elaboración de menús equilibrados y medidas de prevención de enfermedades infectocontagiosas, además de acciones vinculadas al Programa Ampliado de Inmunización (PAI).

Durante la presentación, el D.Sc. Benjamín Barán, ministro presidente del Conacyt, señaló que los proyectos multicéntricos representan una oportunidad para poner el conocimiento científico al servicio de la ciudadanía y responder a desafíos concretos del país.

Así también, destacó que la inversión en ciencia, tecnología e innovación contribuye a formar investigadores, fortalecer las instituciones y producir conocimiento sobre la realidad paraguaya. Asimismo, señaló que los proyectos estratégicos de mayor duración y con recursos específicos amplían las oportunidades para desarrollar investigaciones con capacidad de incidir en distintos ámbitos de la sociedad.

El doctor Víctor Ríos Ojeda, ministro de la Corte Suprema de Justicia y consejero del Conacyt por las Universidades Públicas, expresó la disposición institucional de acompañar esta iniciativa y otras propuestas científicas que involucren a investigadores, universidades y magistrados.

A su vez, el doctor Alberto Joaquín Martínez Simón, presidente de la Corte Suprema de Justicia, expresó el interés institucional en acompañar el desarrollo de la investigación científica.

Por su parte, el doctor Roque Orrego, presidente del INECIP, destacó la importancia de que la investigación y el fortalecimiento institucional cuenten con financiamiento público nacional. El apoyo estatal, en este caso, permite desarrollar un trabajo conjunto orientado a mejorar las capacidades de las instituciones paraguayas.

El proyecto se alinea con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030 y plantea la generación de evidencia como un recurso para fortalecer las políticas públicas. Su alcance no se limita a la atención de necesidades inmediatas, sino que también busca dejar capacidades instaladas en los equipos e instituciones que participan en su ejecución.

La iniciativa incorpora igualmente la salud de los funcionarios penitenciarios. Según explicó el doctor Juan Martens, líder de la investigación, ya se iniciaron evaluaciones integrales de salud al personal en la penitenciaría de Coronel Oviedo.

Otro de los ejes del proyecto es la adecuación e implementación del Sistema de Información Hospitalaria (HIS) en el ámbito penitenciario. La herramienta permitirá organizar la información sanitaria de manera segura y actualizada, además de facilitar la articulación con los sistemas de salud pública del Paraguay.

Durante la presentación, el doctor Juan Martens señaló que uno de los objetivos es avanzar hacia un sistema que permita consultar el historial de las personas privadas de libertad, incluida su trayectoria sanitaria, por parte de los actores autorizados. Contar con información organizada puede facilitar el seguimiento de los casos y aportar elementos para la toma de decisiones.

La incorporación de tecnología se complementa con el fortalecimiento de los procedimientos institucionales. De esta manera, la investigación busca que los datos generados puedan utilizarse para mejorar la atención y la coordinación entre los servicios involucrados.

El proyecto es ejecutado por el INECIP y reúne a instituciones académicas y organismos públicos con experiencia en salud, educación en contextos de encierro, epidemiología, políticas alimentarias y gestión penitenciaria.

Participan la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA), la Universidad Nacional de Pilar (UNP), la Universidad Sudamericana, el Ministerio de Justicia y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP).

La articulación entre estas instituciones permite reunir conocimientos de distintas disciplinas para abordar un problema que no depende de un solo organismo.

La investigación busca, además, aprovechar la experiencia acumulada de los equipos académicos y ponerla al servicio de las necesidades del sistema penitenciario.

La iniciativa busca contribuir al desistimiento criminal, entendido como el proceso mediante el cual una persona se aleja de la actividad delictiva, a través de mejores herramientas de evaluación, atención sanitaria y gestión penitenciaria.

La jueza Lici Sánchez fijó para el mediodía de este martes 8 de setiembre la audiencia de imposición de medidas para el fisioterapeuta Santiago Luis Guillermo Capello, de 42 años, quien se presentó ayer alrededor de las 10:45 en compañía de sus abogados ante la Comisaría 4.ª de Lambaré, donde fue detenido, tras dictarse orden de su captura en la imputación por presunto abuso sexual en niños con discapacidad.

“Se apersonó hasta la oficina de guardia poniéndose a disposición. Al verificar su cédula de identidad, nos salta que el mismo cuenta con dos órdenes de detención, una de la Unidad Fiscal y otra del Juzgado Penal”, comentó la comisaria Alicia Fernández a NPY. Entre las supuestas víctimas del acusado se hallan tres menores de 10, 7 y 5 años, de acuerdo a la denuncia presentada ante la Fiscalía.

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Sobre el acusado pesaban dos órdenes vigentes: una detención dictada por el Ministerio Público a fines de julio y una declaración de rebeldía emitida la semana pasada por el Juzgado Penal de Garantías. El 4 de septiembre, el Juzgado Penal de Garantías n.° 5 había resuelto no hacer lugar a la impugnación presentada por su defensa, confirmó la rebeldía y orden de captura en contra del hombre de 42 años.

Los presuntos abusos habrían ocurrido dentro de una clínica privada de Asunción durante sesiones de rehabilitación, aprovechándose de la indefensión de sus víctimas. A la par, desde el Ministerio de Salud confirmaron que la clínica donde prestaba servicios fue verificada y que los responsables iniciaron los trámites para desvincular al profesional de la institución.

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