Fernando Fernández le puso fin a su novela con Guaraní. El goleador del fútbol paraguayo no aceptó la propuesta de reducción salarial que le ofrece la entidad aborigen y el paso que sigue es la rescisión de contrato de común acuerdo. De esta forma, “La Fiera” recalaría en Cerro Porteño, ya que es un futbolista que agrada tanto al entrenador Francisco Arce como al presidente Juan José Zapag.
El popular “Queso” registró 22 goles en 44 encuentros disputados en la temporada pasada, entre el Apertura, Clausura y Copa Libertadores.
Por su parte, otro de los que podrían sumarse al cuadro comandado por Francisco Arce sería el extremo “Marcelito” González, quien quedó libre de Guaraní. “Sí, finalizó mi contrato. Creo que continuaré en el plano local, no sé sinceramente nada sobre eso (interés de Cerro). Tengo el pase en mano, así es más fácil cualquier negociación”, expresó. “Me gustaría, sería un desafío grande (ir a Cerro)”, agregó.
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Intendencia de Asunción rechaza parcialmente presupuesto municipal 2027
La nueva administración municipal de Asunción rechazó parcialmente el presupuesto correspondiente a 2027, aprobado por la Junta Municipal.
El anunció fue realizado por la intendenta Soledad Núñez, quien dijo que la medida responde a las modificaciones introducidas por el Legislativo comunal, que contemplan un esquema de administración financiera y presupuestaria independiente del Ejecutivo Municipal.
Durante una conferencia de prensa, la jefa comunal explicó que la decisión fue adoptada tras un análisis jurídico, administrativo y financiero realizado por su equipo, considerando las disposiciones de la Constitución Nacional, la Ley Orgánica Municipal y la Ley de Administración Financiera del Estado.
Núñez señaló que el proyecto presupuestario había sido remitido inicialmente por el Ejecutivo Municipal del ex intendente Luis Bello a la Junta, donde fue objeto de modificaciones. Una vez devuelto, el Ejecutivo debía optar entre su aprobación con modificaciones o el veto, sin posibilidad de introducir nuevas modificaciones en esta instancia referente a las partidas presupuestarias.
Fundamentos del veto parcial
La intendenta explicó que el principal cuestionamiento se refiere a la intención de la Junta Municipal de administrar de manera independiente recursos presupuestarios, mediante un mecanismo que obligaría al Ejecutivo a realizar transferencias mensuales.
Según indicó, esta disposición entra en conflicto legal con las atribuciones que la Ley Orgánica Municipal confiere al exclusivamente al Ejecutivo Municipal para administrar y ejecutar el presupuesto de la Municipalidad.
La jefa comunal sostuvo que la decisión busca resguardar la correcta administración de los recursos públicos y el cumplimiento de las responsabilidades institucionales.
Adicionalmente, el asesor de la intendenta, el exsenador Stephan Rasmussen, indicó que hay un antecedente respecto a este punto.
En el año 2020, la Contraloría General de la República elevó un Reporte de Indicios de Hechos Punibles a la Fiscalía General del Estado donde señalaba expresamente que la Junta Municipal de la Ciudad de Asunción oficia de ordenador de gastos, constituyéndose en una entidad administrativa autónoma a la Administración Municipal, fuera de las atribuciones constitucionales y de la Ley N 3966/10 Orgánica Municipal; por lo que queda claro que dicha atribución es ilegal y podría ser un delito.
Comunicación a la Junta Municipal
La intendenta de Asunción informó que la decisión fue comunicada a los nueve concejales que acompañan su gestión, quienes expresaron su respaldo al veto parcial.
Asimismo, señaló que el presidente de la Junta Municipal, el concejal colorado Gerardo Benítez, fue informado de la decisión del Ejecutivo en una reunión llevada a cabo en la fecha en el despacho de la Intendenta.
La jefa comunal manifestó su expectativa de que el veto reciba el acompañamiento de todos los integrantes del Legislativo Municipal.
Finalmente, recordó que este viernes vencía el plazo para pronunciarse sobre el presupuesto aprobado por la Junta, motivo por el cual la decisión debía adoptarse sin demora. El Legislativo Municipal tiene diez días corridos para tomar una decisión con relación al veto remitido por el Ejecutivo Municipal.
El presupuesto municipal 2027 constituye el instrumento que permitirá planificar y ejecutar las obras, así como financiar los servicios que la Municipalidad presta a la ciudadanía asuncena durante el próximo ejercicio fiscal.
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Diputados rechaza juicio político contra Pedro Alliana
Diputados rechazó el pedido de juicio político contra el vicepresidente de la República, Pedro Alliana. Con 48 votos en contra y 30 a favor, quedó rechazada la formulación de la acusación y el proyecto pasa a archivo.
Anterior a esto, la Cámara Baja pasó a cuarto intermedio la sesión extraordinaria convocada para tratar el pedido de juicio político contra el ahora expresidente, Santiago Peña y dio paso a una segunda sesión extraordinaria, en la que se trató el libelo acusatorio contra el vicepresidente.
Esto se dio luego de Peña anunciara su renuncia a la Presidencia de la República, en medio de la crisis desatada por el caso ueno bank, que provocó una fuerte presión política y cuestionamientos a las principales autoridades del Poder Ejecutivo. Sin embargo, la iniciativa no prosperó.
La sesión extraordinaria solo duró unos minutos, donde los diputados colorados expusieron su postura en contra del juicio político para el segundo del Ejecutivo. Las bancadas del Partido Colorado, A y B, anunciaron previamente que estaban a favor del juicio a Peña, pero no para Alliana.
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Cámara de Apelación revoca y rechaza amparo promovido por jubilados navieros del IPS
La Cámara de Apelación Segunda Sala de la Capital —integrada por Juan Carlos Paredes, Stella Maris Zárate y Antonia López de Gómez— rechazó el amparo de pronto despacho promovido por un grupo de jubilados navieros del Instituto de Previsión Social (IPS), quienes accionaron contra el ente previsional para obtener la devolución y reajuste de sus aportes jubilatorios.
Los magistrados mencionaron en su resolución judicial que “no puede prosperar una acción de amparo, si existe un litigio judicial pendiente de resolución entre las partes cuyo objeto tenga conexidad con la petición en el amparo, porque de admitirse ello, se estaría violando una disposición judicial”.
Por las razones expuestas, se votó por hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el representante del IPS y, en consecuencia, revocar íntegramente la sentencia apelada, rechazando en su lugar la presente acción de amparo de pronto despacho, refiere el argumento del tribunal de alzada.
El abogado Raúl Mongelós, en representación de más de veinte jubilados del IPS, promovió una acción de amparo constitucional de pronto despacho contra el IPS, alegando que sus representados han cumplido con la presentación de los recaudos necesarios ante la institución para obtener lo que corresponde a cada uno.
Ante la no contestación del IPS, los jubilados recurrieron a la justicia, donde un juez de primera instancia hizo lugar al amparo, pero en segunda instancia se revocó y se rechazó la citada garantía constitucional.
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Los jubilados sostienen que el IPS no se ha pronunciado respecto de su petición de establecer los montos referidos a la liquidación de sus haberes con base en lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia en los autos “Lino Asciano Acosta Amarilla y otros contra la Ley Nº 98/92”.
En dicho proceso, la Corte Suprema de Justicia dictó el Acuerdo y Sentencia (A. y S.) Nº 1917/2016, mediante el cual hizo lugar a la acción de inconstitucionalidad y declaró la inaplicabilidad de los artículos 3 y 4 de la Ley Nº 98/92 en relación con todos los accionantes. La decisión fue posteriormente objeto de aclaratoria mediante el A. y S. Nº 1197/2017, manteniéndose el alcance de la decisión respecto de todos los accionantes.
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Diputados rechaza proyecto que regulariza tenencia de tierras expropiadas en Antebi Cué
Durante la sesión ordinaria, los diputados rechazaron este martes el proyecto de ley que regulariza la tenencia y ocupación de las tierras expropiadas en Antebi Cué, departamento de Concepción.
El documento rechazado buscaba con la regularización brindar una solución definitiva a la situación de los productores que ocupan y explotan estas propiedades desde hace años.
Sobre el punto, el diputado Pastor Vera Bejarano señaló que el referido proyecto cuenta con varios dictámenes en contra, incluso del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
Explicó ante el pleno que en conversación con sus colegas acordaron solicitar el rechazo de esta propuesta para trabajar en un nuevo proyecto “que cumpla con requisitos jurídicos, sociales y económicos”.
Según los antecedentes, en el año 1995, el Congreso Nacional dispuso, a través de una ley, la expropiación de un inmueble de 267.836 hectáreas, propiedad de la Empresa Comercial e Inmobiliaria, ubicado en el departamento de Concepción.
La medida tuvo como finalidad la formación de asentamientos coloniales agropecuarios en esa zona del país.
De acuerdo con los fundamentos, las tierras presentan características agrosilvopastoriles y ganaderas que requieren un tratamiento específico, de manera que su aprovechamiento permita mejorar la productividad y las condiciones de arraigo de las familias ocupantes.
Por estas razones, se planteaba establecer el precio de las parcelas para facilitar su regularización y posterior pago, generando ingresos para el Indert.
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