Fernando Fernández le puso fin a su novela con Guaraní. El goleador del fútbol paraguayo no aceptó la propuesta de reducción salarial que le ofrece la entidad aborigen y el paso que sigue es la rescisión de contrato de común acuerdo. De esta forma, “La Fiera” recalaría en Cerro Porteño, ya que es un futbolista que agrada tanto al entrenador Francisco Arce como al presidente Juan José Zapag.
El popular “Queso” registró 22 goles en 44 encuentros disputados en la temporada pasada, entre el Apertura, Clausura y Copa Libertadores.
Por su parte, otro de los que podrían sumarse al cuadro comandado por Francisco Arce sería el extremo “Marcelito” González, quien quedó libre de Guaraní. “Sí, finalizó mi contrato. Creo que continuaré en el plano local, no sé sinceramente nada sobre eso (interés de Cerro). Tengo el pase en mano, así es más fácil cualquier negociación”, expresó. “Me gustaría, sería un desafío grande (ir a Cerro)”, agregó.
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Plantearán el rechazo del proyecto de Ley de Devolución Premiada
El senador colorado Derlis Maidana señaló que no está de acuerdo en acompañar la propuesta de Ley de devolución premiada, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. Indicó que ya está trabajando en conjunto con su colega senador Basilio Núñez, con quien estarán presentando un dictamen por el rechazo de la propuesta legislativa, en la comisión de Legislación.
El legislador explicó que tanto él como su colega, que es líder de la bancada de Honor Colorado, ya habían manifestado anteriormente, que no estaban de acuerdo con este proyecto, en comunicación con radio 1020AM.
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Al respecto, explicó que esta iniciativa ignora el principio del artículo 46 de la Constitución Nacional que habla sobre el principio de igualdad ante la ley, y que con solamente por ser funcionario público ya reduce la condena al 50% con la devolución de lo sustraído al patrimonio.
Explicó que esta propuesta deberá ser tratada ahora en el mes de mayo, antes de que tenga sanción automática. Indicó además que ya están contempladas tanto en el Código Penal, como en el Procesal Penal, la posibilidad de la devolución de lo sustraído.
“Por estos argumentos estamos absolutamente en contra de este proyecto y vamos, seguramente, en los próximos días sacar un dictamen en contra de la Comisión de Legislación, para que luego sea tratado en el plenario el rechazo del proyecto”, indicó.
Mencionó además, que ya estuvieron analizando, y haciendo las consultas pertinentes, ya que la legislación podría incluso ser vetado por el Ejecutivo por inconstitucional.
“Analizamos todas estas situaciones y vemos que ya está legislado en el Código Penal y Procesal Penal. Además no podemos hacer ningún tipo de discriminación a favor de funcionarios para que sean ciudadanos de primera. No es justo que otros ciudadanos, por haber cometido igual hecho punible, tengan una pena mayor. No consideramos que sea beneficioso”, expuso.
Actualmente, el proyecto se encuentra en la Cámara de Senadores y la sanción ficta se prevé para el 31 de mayo. En caso de no ser tratada en la fecha, su aprobación será automática.
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No habrá paro de transporte, afirma viceministro Fernández
El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, confirmó que no hay conversación alguna sobre un eventual paro del transporte público, desmintiendo por completo los rumores ante supuestas desavenencias con la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión. El funcionario trasmitió tranquilidad a la ciudadanía sobre el punto. No obstante, señaló que sí existen negociaciones con los transportistas, pero ninguna amenaza de paro de transporte público.
En comunicación con el programa “Cuenta final radio”, de Universo 970Am/Nación Media, el viceministro Fernández explicó que está en constante comunicación con todos los transportistas y no hay ninguna conversación de paro.
“Quiero darle esa tranquilidad a la ciudadanía, estamos sí trabajando con los transportistas en muchos temas, que estamos trabajando con mucha fuerza. Pero en absoluto hay algún tipo de conversación sobre paro en esta oficina. No hay ningún documento oficial sobre ese tipo de comunicación”, remarcó.
Indicó que desconoce por completo de dónde salió ese tipo de información, pero para tranquilidad a la ciudadanía aseguró que no existe ninguna intención de llevar adelante alguna huelga de transportista.
El viceministro Fernández que asumió recientemente el cargo, indicó que al día siguiente de ocupar su despacho ya se reunió con los representantes de los tres gremios de transportistas, así como con representantes de la sociedad civil denominados Opama y Colectivo, así como también ya dialogó con las empresas del billetaje electrónico.
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Justicia rechaza demanda impulsada por empresa constructora contra Yacyretá
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del sexto turno de la capital no hizo lugar a una demanda contra Yacyretá, promovida por la firma M&T S.A. por supuesto incumplimiento e indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad contractual.
El caso se remonta a julio del 2018, cuando la mencionada firma comenzó la demanda por un contrato para la construcción de 105 viviendas, infraestructura y servicios en el barrio Santo Domingo, de la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa, en el marco de un convenio entre la binacional y la entonces Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat).
En ese contexto hay que señalar que el 6 de junio del 2018 la entidad binacional decidió rescindir el contrato con la constructora ante sucesivos e innumerables incumplimientos de la misma en la edificación de infraestructura. Esta acción fue confirmada el 4 de julio por el Consejo de Administración.
A su vez, el 19 de junio, el entonces director de la binacional remitió una nota a M&T intimándole al pago, en el plazo de diez días, de los importes correspondientes a las garantías de fiel cumplimiento de contrato en obras públicas o privadas y el anticipo financiero en obras públicas o privadas que fueran otorgadas bajo apercibimiento de iniciar los trámites de ejecución de Pólizas emitidas por la Consolidada S.A. de Seguros.
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De acuerdo a la sentencia, quedó probado que la rescisión del citado contrato “fue por causa única y exclusiva de M&T S.A. por numerosos incumplimientos del pliego de bases y condiciones del contrato n.° 737/14, y además se probó que la firma M&T S.A. no interpuso ningún tipo de recursos contra la Resolución n.° 3.821/18 de fecha 4 de julio del 2018, dictada por el Consejo de Administración de la Entidad Binacional Yaycretá”.
“Luego, no habiendo prosperado la pretensión de resolución de contrato, ya no corresponde estudiar la pretensión de indemnización de daños que, como se ha visto, encuentra sustento en el artículo 725 del Código Civil y deberá ser igualmente rechazada”, indica el documento.
Ante estas consideraciones, el tribunal resolvió: “No hacer lugar, con costas, a la presente demanda de resolución de contrato por incumplimiento e indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad contractual, que promueve la firma M&T S.A. contra la EBY”.
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Segunda imputación contra Miguel Prieto se tramitará en juzgado de Asunción
El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú rechazó el incidente de excepción de incompetencia de la territorialidad presentada por las defensas de los imputados por lesión de confianza Miguel Prieto, Higinio Acuña, Richard Ayala Avalos, Maggi Fariña Almada, Nelson Segovia, Francisco Arrúa Álvarez, procesados por un supuesto perjuicio a la comuna esteña de G. 306 millones.
Con la resolución del citado magistrado, el proceso penal de Prieto y otros se tramitará en Asunción. Ahora la defensa de los procesados tiene la posibilidad de apelar el fallo judicial y en caso de ser así, un tribunal de apelación definirá si corresponde que el caso se siga tramitando en un juzgado de la capital.
Otazú sostuvo que existe una ley que establece que el juzgado a su cargo tiene competencia en toda la República, por lo que no corresponde el planteamiento formulado por la defensa de los imputados.
En el caso están igualmente imputados por lesión de confianza, Buena Ventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Richard Ayala Avalos, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo.
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Los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, presentaron la imputación contra Prieto y demás personas. Los mencionados fiscales imputaron al intendente por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. Los representantes del Ministerio Público sostienen que existe un perjuicio de G. 300 millones en perjuicio a la comuna esteña.
De acuerdo al acta de imputación, Prieto habría encabezado un esquema criminal, creado para supuestamente desviar recursos a través de licitaciones públicas, cuyas contrataciones estarían direccionadas a empresas afines.
Según el Ministerio Público, el intendente siendo ordenador de gastos de la municipalidad, entre marzo y junio del 2020 habría convocado y promovido la licitación para adquirir por vía de la excepción, insumos para panificados que irían destinados a familias de escasos recursos durante la pandemia por el covid-19.
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