Decenas de miles de personas marcharon ayer martes en Argentina para protestar contra los recortes presupuestarios a la educación superior, después de que el gobierno de Javier Milei anunciara nuevos ajustes al sector. Bajo la consigna “Milei cumplí la ley”, una multitud de estudiantes y docentes colmaron la Plaza de Mayo para exigir el financiamiento del sistema universitario.

Portaban pancartas con inscripciones como “los brutos nos quieren brutos”. La marcha federal universitaria, la cuarta desde que asumió Milei en diciembre de 2023, tuvo lugar tras la publicación el lunes de una modificación del presupuesto con nuevos recortes en las áreas de educación y salud en aras de su política de equilibrio fiscal.

“Estoy acá para defender la educación pública”, dijo a la AFP Renata López, una estudiante de Letras de 18 años, frente a la casa de gobierno. Los universitarios reclamaron la aplicación de una ley que obliga al gobierno a garantizar fondos para el sistema universitario y actualizarlos por inflación.

Esa legislación fue aprobada por el Congreso, pero Milei la vetó. Posteriormente los parlamentarios ratificaron la norma, pero el gobierno consideró que va en contra de su política de equilibrio fiscal y pidió la intervención de la Corte Suprema, que no tiene plazos para resolverlo.

Sindicatos docentes denunciaron que en los últimos años los salarios han tenido una caída del 40 % y cientos de profesores han renunciado. “Yo sufrí 30 % de pérdida de mi poder adquisitivo”, contó a la AFP Natalia, una empleada administrativa de la Universidad Nacional de Quilmes que prefirió no dar su apellido por temor a represalias.

La facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) está en huelga desde hace tres meses. Autoridades de los hospitales universitarios denunciaron que se encuentran al borde del colapso.

“La única ley que vamos a cumplir es la del presupuesto”, sostuvo el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, el lunes a la prensa. “Hay una demanda genuina de salarios que nosotros podemos entender, pero por las características que tiene, está fuertemente influenciado por la política”, añadió.

Fuente: AFP.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, derogó ayer martes un impuesto que había fijado a las compras de menos de 50 dólares a través de plataformas de comercio, como las chinas Shein o Temu, un guiño hacia los consumidores a pocos meses de buscar la reelección. En 2024, Lula había decretado una sobretasa del 20 %, conocida como “taxa das blusinhas” (impuesto a las blusas), a dichas transacciones.

La oposición de derecha lo convirtió en munición y acusó al gobierno de recaudar a expensas de los sectores de menores ingresos. Acompañado de varios ministros, Lula derogó el impuesto en un acto oficial. “Lo que usted está haciendo es retirar impuestos federales del consumo popular, del consumo de las personas más pobres”, valoró el ministro de Planeación y Presupuesto, Bruno Moretti, durante el evento.

El tributo fue creado inicialmente como una medida provisional, y se hizo permanente por votación del Senado un par de meses después. Impopular entre los consumidores, el impuesto contaba con respaldo de la industria brasileña, en especial del sector de las confecciones, que alegaba una competencia desleal de los productos baratos importados por medio de plataformas internacionales.

Según el gobierno, la sobretasa fue eficaz para luchar contra el contrabando. “Conseguimos prácticamente eliminarlo, conseguimos combatir el contrabando (...), entonces podemos dar un paso adelante” y derogar el impuesto, afirmó el secretario del Tesoro, Rogério Ceron.

El anuncio llega a menos de cinco meses de los comicios en los que Lula, de 80 años, buscará un cuarto mandato. Se debe enfrentar con el senador Flávio Bolsonaro, de 45 años e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en prisión domiciliaria por golpismo. Ambos aparecen empatados en las últimas encuestas de intención de voto.

Fuente: AFP.

Los cancilleres de Uruguay y Argentina dijeron el martes que avanzan en el diálogo para atender los reparos de Buenos Aires a un millonario proyecto de una planta de hidrógeno verde del lado uruguayo de un río limítrofe. El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin, y su par argentino, Pablo Quirno, se reunieron en Montevideo por segunda vez en seis meses para dialogar sobre el proyecto de la multinacional HIF, que prevé una inversión de más de 5.000 millones de dólares.

"Esta reunión puede tener solamente el signo de más, el signo positivo, el signo de un avance sustancial de un proceso que todavía tiene que dar unos cuantos pasos más para poder concretarse", dijo en rueda de prensa el jefe de la diplomacia uruguaya luego de la reunión.

Uruguay informó a Argentina que evalúa el estudio de impacto ambiental del proyecto. También analiza ubicaciones alternativas para una posible relocalización de la planta, uno de los pedidos de Buenos Aires.

La ubicación inicial proyectada es en el departamento de Paysandú (norte), a pocos kilómetros del río Uruguay, frontera natural de ambos países. El proyecto mantiene en vilo a la ciudad argentina de Colón por el posible impacto en el medioambiente y en el turismo de la zona.

Quirno celebró que Uruguay tomara en cuenta los apuntes a nivel ambiental que hizo Argentina a la hora de estudiar el impacto de la planta.

Además, resaltó que su vecino “tiene todo el derecho de aceptar las inversiones que cumplan con sus requisitos”, pero que su apertura al diálogo sirve para “evitar conflictos”.

Si bien la relocalización de la planta aún no está decidida, lo más probable es que sea trasladada a otra zona del mismo departamento, según medios locales.

Montevideo y Buenos Aires tuvieron roces diplomáticos en el pasado por la instalación de plantas de producción cerca del río Uruguay.

En 2010, ambos países pusieron fin a un conflicto por instalación de una planta de celulosa en Uruguay, cerca del río compartido. El presidente uruguayo en esa época, Tabaré Vázquez (2005-2010), dijo, cuando ya no estaba al frente del gobierno, que incluso consideró la posibilidad de un conflicto armado con el país vecino.

Fuente: AFP.

La Unión Europea publicó el martes una lista de países que respetan sus normas contra el uso abusivo de antibióticos en la ganadería, con un gran ausente, Brasil. La lista, validada por los países europeos, establece cuáles son los terceros países (entre ellos Argentina, Colombia y Paraguay) que podrán continuar exportando su carne a Europa en septiembre próximo, porque respetan las normas sanitarias europeas.

Pero de momento Brasil no figura en ella, porque no ha dado garantías a la UE sobre la no utilización de productos antimicrobianos en la ganadería. La lista podrá, no obstante, actualizarse rápidamente en cuanto las autoridades brasileñas hayan respondido a Bruselas.

La publicación de la lista responde a la voluntad de la Unión Europea de enviar una señal fuerte de su vigilancia, después de haber sido criticada por el sector agrícola y por Francia tras sellar un acuerdo de libre comercio con los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay). El acuerdo entró en vigor el 1 mayo de manera provisional, a la espera de un fallo judicial en Europa sobre su legalidad.

“Nuestros agricultores respetan algunas de las normas sanitarias y antimicrobianas más estrictas del mundo. Es legítimo, por tanto, que los productos importados estén sometidos a los mismos requisitos. La decisión adoptada hoy demuestra que el sistema europeo de controles funciona”, dijo el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen.

El gobierno brasileño dijo el martes haber recibido “con sorpresa” esa exclusión de la lista y señaló que “tomará rápidamente todas las medidas necesarias para revertir esa decisión”, en un comunicado. Un representante brasileño debe reunirse el miércoles con autoridades sanitarias del bloque europeo para tratar el asunto.

“Brasil cumple integralmente todos los requisitos de la Unión Europea, incluso en lo que concierne a los reglamentos sobre antimicrobianos”, indicó por su parte la Asociación brasileña de proteína animal (ABPA), un importante gremio de productores porcinos y avícolas.

Conforme a las normas europeas, está prohibido el uso de antimicrobianos en la ganadería con el fin de favorecer el crecimiento o de aumentar los rendimientos. Tampoco se puede tratar a los animales con antimicrobianos reservados para las infecciones humanas. Estas medidas forman parte de la política europea para luchar contra la resistencia de los microbios a los medicamentos, evitando los antibióticos innecesarios.

Fuente: AFP.