El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y la ministra de Exteriores de Argentina, Diana Mondino, han firmado este viernes pasado un memorando de entendimiento para “restablecer” el diálogo de alto nivel entre ambas naciones y fortalecer la cooperación en materia democrática, económica, científica, tecnológica, cultural, educativa y de Derechos Humanos.

“Vamos a firmar en un par de minutos un marco de entendimiento para restablecer nuestro diálogo de alto nivel. Y esta firma, creo, simboliza realmente la sólida relación que tenemos: el año pasado celebramos 200 años de relaciones diplomáticas. Pero creo que en los últimos meses se ha producido una importante intensificación del trabajo que estamos realizando juntos en prácticamente todos los frentes, ya sea a nivel bilateral, regional o incluso mundial”, ha expresado Blinken durante una rueda de prensa conjunta.

En ese sentido, ha destacado que la firma del memorando no solo tendrá un significado simbólico, sino que conllevará unas “implicaciones prácticas” que les permitirá “hacer más juntos”. Mondino, por su parte, ha asegurado que su país está “promoviendo el desarrollo a través de la democracia y la libertad”, unos valores “compartidos” con Washington.

Lea más: El presidente de Irán está desaparecido tras un “accidente” de helicóptero

“El día de hoy es realmente un reflejo de la profundización de la cooperación, la coordinación y la relación entre Estados Unidos y Argentina. Queremos promover entre nuestros dos países, especialmente en múltiples sectores todo lo que pueda ayudarnos a mejorar la vida de nuestra gente, pero no solo de nuestra gente; creemos que nosotros, en Argentina, podemos ayudar a otros países del mundo con temas muy importantes como la seguridad alimentaria o la transición energética”, ha aseverado.

Tras ello, ha reconocido que su Gobierno aún tiene que hacer “muchos deberes necesarios” y “acciones concretas” para abrir los mercados a las exportaciones argentinas y otro tipo de medidas que permitan prosperar al comercio argentino.

Lea también: Milei provocó una crisis diplomática con España

Fuente: Europa Press.

Allanamientos de casas de líderes vecinales y comedores populares “inexistentes” marcan los últimos capítulos de la contienda entre el Gobierno argentino, del ultraliberal Javier Milei, y las organizaciones sociales, cuyos dirigentes fueron acusados de extorsionar a sus miembros para que asistan a manifestaciones.

La investigación hecha a pedido del Ministerio de Seguridad señala que miembros de las organizaciones extorsionan a beneficiarios de la asistencia social para que concurran a protestas, paguen un monto de dinero para la entidad o que trabajen para la misma bajo amenaza de quitarles las ayudas.

En Argentina existe la asistencia social del Estado desde hace más de 150 años, pero los programas sociales, como se conocen actualmente, nacieron con el expresidente Raúl Alfonsín (1983-1989). Crecieron y mutaron durante décadas y son concebidos como una ayuda extra y no como un único ingreso, aunque a veces funcionen de esta última manera.

Lea más: España: Milei califica al socialismo de “satánico” y “cancerígeno”

El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, aseguró este miércoles pasado al Senado que en las organizaciones sociales examinadas existe un “esquema de esclavitud moderno”. La pesquisa tuvo su génesis en los llamados realizados al 134, un número que el Gobierno de Milei habilitó en diciembre para denunciar ese tipo de irregularidades.

A raíz de esto, la justicia federal ordenó 27 allanamientos el lunes pasado de domicilios de integrantes y establecimientos de las organizaciones Movimiento Barrios de Pie, Frente Organizaciones en Lucha (FOL) y Polo Obrero, que niegan las acusaciones.

“Desmentimos toda esta barbaridad”, dijo a la AFP Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero. Además, señaló que “los allanamientos fueron hechos cuando aún era de noche, cosa que está prohibida en Argentina” y que durante los procedimientos hubo “amenazas” y “actos intimidatorios”.

El Gobierno asegura que busca terminar con los intermediarios de los programas sociales, a quienes Milei llama “gerentes de la pobreza”. Sin embargo, el sociólogo Santiago Poy explicó a la AFP que todas “las asignaciones se dan de manera directa a los beneficiarios”. No obstante, “en el caso de Programa Potenciar Trabajo, lo que estaba intermediado era la certificación de las contraprestaciones”, remarcó el investigador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina.

El plan Potenciar Trabajo, que tenía 1,6 millones de beneficiarios cuando fue eliminado en abril, otorgaba ayuda monetaria a cambio de que el beneficiario prestara un servicio a la comunidad o se formara en alguna actividad. Allí apuntan las denuncias del Gobierno. Las organizaciones sociales no pueden por sí mismas dar de baja o alta una asistencia social, pero podrían no corroborar asistencia a la contraprestación laboral que se exigía para el cobro del Potenciar Trabajo. “Yo en lo personal no escuché nunca estas prácticas de extorsión”, aseguró Poy.

Lea también: FMI prevé que la economía argentina empezará a crecer este año

El Gobierno argentino también realizó una auditoría sobre comedores populares y detalló que la mitad de ellos figuraban con direcciones inexistentes o estaban fuera de actividad. “Casi el 50 % de los comedores no existían”, dijo Posse. Argentina cuenta con una extensa red de comedores populares que cocinan de forma gratuita en barrios pobres del país. La mayor parte de la comida la proporciona el Estado y un pequeño porcentaje llega por donaciones privadas.

El número de “comedores fantasmas” ronda los 1.200, según consignaron medios locales, aunque el informe del organismo que lo realizó, el Ministerio de Capital Humano, aún no se hizo público. Si bien la cantidad de comedores populares en Argentina es incierta, Belliboni estimó que son 45.000 en todo el país: “Solo el Polo Obrero tiene alrededor de 3.000″.

La disputa entre gobiernos, comedores y organizaciones sociales viene desde diciembre cuando este Gobierno detuvo el envío de alimentos. Belliboni estimó que el Estado suministraba 5,5 millones de kilos de comida al mes a los depósitos de las organizaciones sociales, encargadas de distribuir el alimento a los comedores.

Fuente: AFP.

El Fondo Monetario Internacional insiste en que el plan de ajuste de Argentina está dando “resultados mejores de lo esperado” y prevé que la economía “empiece a crecer” en el segundo semestre del año, afirmó este jueves una portavoz de la organización financiera. El FMI está satisfecho con los progresos realizados desde que el presidente ultraliberal Javier Milei asumió el cargo en diciembre con un objetivo: cortar drásticamente el gasto, lo que denominó plan “motosierra”.

“La fuerte implicación y la aplicación decidida por parte de las autoridades de su plan de estabilización están dando resultados mejores de lo esperado”, afirmó Julie Kozack, directora de comunicaciones del Fondo en rueda de prensa en Washington. Citó el primer superávit fiscal trimestral en 16 años, la “rápida recuperación” de las reservas internacionales y una mejora del balance del banco central, así como una rápida reducción de la inflación, que pasó del 25 % en diciembre a en torno al 8,8 % en abril.

Kozack reiteraba así las conclusiones del equipo técnico del FMI que alcanzó esta semana un acuerdo con Argentina sobre la octava revisión del paquete de ayuda que permitirá el desembolso de casi 800 millones de dólares en cuanto obtenga luz verde del directorio. Es la primera revisión “en la que se han cumplido todos los criterios” del programa crediticio de Argentina con el Fondo, en virtud del cual el país sudamericano recibe 44.000 millones de dólares a 30 meses a cambio de que aumente sus reservas internacionales y reduzca el déficit fiscal.

Lea más: El Vaticano advierte contra “fantasías” de milagros y apariciones

“Todos estos son pasos importantes en la dirección correcta y esperamos que la economía comience a crecer nuevamente en la segunda mitad de este año” pero “el camino por recorrer sigue siendo difícil”, recalcó la portavoz. El FMI estima que el gobierno debe atajar la crisis desde tres frentes: fiscal, monetario y la aplicación de reformas para generar empleo formal y atraer la inversión privada.

A nivel fiscal debe mejorar la eficacia del sistema tributario, pero también “seguir garantizando que la asistencia social sea suficiente y esté bien orientada para proteger a los más vulnerables” y asegurarse de que la carga del ajuste “no recaiga desproporcionadamente sobre las familias trabajadoras”.

Lea también: Brasil: construirán ciudades temporales para afectados por las inundaciones

La política monetaria “deberá seguir evolucionando para anclar la inflación” y la cambiaria “deberá volverse más flexible con el tiempo”, declaró Kozack. La portavoz no mencionó el cepo cambiario que Milei quiere levantar, es decir el control de cambios vigente desde 2019 que limita el acceso a dólares en un país en el que la divisa estadounidense oficia de valor refugio para los ahorros.

Pero afirmó que los “cambios de política serán necesarios a medida que los controles cambiarios se relajen gradualmente” y las autoridades “hagan la transición” a un nuevo régimen mediante el cual “el peso y otras monedas como el dólar estadounidense pueden coexistir y ser libremente utilizables”.

Es lo que sucede en Perú y Uruguay, dijo. Tampoco mencionó que el FMI vaya a prestarle a Argentina más dinero que el acordado en el programa crediticio. “Las conversaciones actuales con las autoridades se centran en esta revisión en curso”, dijo la portavoz.

Fuente: AFP.

Policías, expolicías y familiares tomaron ayer viernes la sede del Comando Radioeléctrico I de Posadas, la capital de la provincia argentina de Misiones, para reivindicar un aumento salarial. Manifestantes se concentraron frente a las sede a las 16:30 e irrumpieron en la sede policial y se produjeron quema de neumáticos y la toma de la propia sede.

Autoridades judiciales habían ordenado la intervención de Gendarmería Nacional para vigilar la protesta, informa la emisora Cadena 3. A medida que pasaban las horas iban llegando más manifestantes, incluidos agentes en activo procedentes de la zona centro de la provincia que se sumaron al acuartelamiento.

Leé también: María Estela, una mujer que construyó su carrera ladrillo a ladrillo

La ministra de Seguridad del Gobierno federal, Patricia Bullrich, habría ofrecido efectivos de las fuerzas federales para desalojar el Comando Radioeléctrico I, pero hasta el momento se está a la espera de una orden de la justicia federal al respecto. Mientras, sectores como el de salud y educativo se sumaron a las reivindicaciones salariales de los policías.

El pasado 9 de mayo el presidente de Argentina, Javier Milei, enfrentó la segunda huelga general contra el “ajuste brutal” de su gobierno, que paralizó servicios de transporte por tierra, mar y aire; así como instituciones educativas, financieras y comercios en todo el país.

Convocado por la mayoritaria Confederación General del Trabajo (CGT), el paro de 24 horas no previó una movilización en las calles y tuvo la adhesión de trabajadores estatales, de salud, turismo, tranviarios y del subterráneo de Buenos Aires, entre otros.

La CGT acusa al gobierno del ultraliberal Milei de carecer de “diálogo social” e implementar “un ajuste brutal que sufren especialmente los sectores de menores ingresos, las clases medias asalariadas, jubilados y pensionados”.

Te puede interesar: Suman siete las víctimas por tormenta en el sur de EE. UU.

Fuente: Europa Press - AFP