Con el arranque del invierno, el Circuito Comercial de Encarnación experimenta uno de sus picos de actividad más relevantes del año.

La caída de temperaturas dispara la demanda de indumentaria de abrigo y convierte al turismo de compras en el principal motor económico de la zona, especialmente con la llegada de visitantes desde Argentina y Brasil.

En el centro de este repunte se encuentra una estructura comercial consolidada, liderada por una comunidad de más de 1.500 empresarios libaneses, muchos de ellos establecidos en la región desde hace más de dos décadas.

Su presencia no solo dinamiza el consumo, sino que genera empleo directo para cientos de trabajadores paraguayos en una cadena de valor que opera bajo un modelo familiar, pero con fuerte dependencia de mano de obra local.

Los locales del circuito —muchos de ellos operando bajo esquemas familiares— emplean entre 80 y 100 personas cada uno, lo que convierte al sector en uno de los polos de mayor generación de empleo privado en la región.

La alta rotación de mercadería, los precios competitivos y el volumen de visitantes permiten mantener márgenes saludables incluso en contextos de presión económica regional.

Además de su peso económico, el circuito representa un caso exitoso de integración intercultural. Aunque las empresas tienen raíces libanesas, la operación diaria está liderada por paraguayos, generando un ecosistema laboral mixto que fortalece la cohesión social y eleva los niveles de productividad.

La combinación de ubicación fronteriza, capital extranjero, empleo local y flujo turístico constante, posiciona al Circuito Comercial de Encarnación como un activo económico clave para el sur del país.

Su capacidad de absorción laboral, su dinamismo estacional y su conexión natural con los mercados regionales lo convierten en un modelo replicable dentro de estrategias de desarrollo territorial.

• Buenos Aires, Argentina. AFP.

El presidente argentino, Javier Milei, amplió por decreto ayer martes las facultades de la policía para arrestos, requisas, uso de armas del servicio y vigilancia digital sin orden judicial, antes de una manifestación en apoyo a la expresidenta Cristina Kirchner, condenada por defraudación. El decreto publicado en el boletín oficial entra en vigor un día antes de una manifestación en Buenos Aires en solidaridad con la líder opositora Kirchner, quien cumple en su domicilio una condena de seis años de prisión a partir de este martes.

Con las nuevas atribuciones, la Policía Federal podrá mantener bajo arresto a una persona sin orden judicial por un máximo de diez horas para su identificación en casos de que exista presunción de delito, según el texto firmado por el presidente ultraliberal. También podrá requisar a personas en la vía pública, así como sus efectos personales y vehículos, sin permiso de un juez.

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Además, “el personal con estado policial podrá esgrimir ostensiblemente sus armas para asegurar la defensa oportuna de las personas o derechos de terceros o los propios”, dice el decreto. También autoriza a la policía a vigilar sin autorización judicial “espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas”.

“Vamos a aprender de Estados Unidos, vamos a aprender de Israel”, dijo Milei en la presentación de esta reforma. Para la oenegé Coordinadora contra la Represión Policial (Correpi), implica la “destrucción de las libertades democráticas, derechos y garantías históricas del pueblo argentino”.

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El decreto “faculta a la Policía Federal a recabar información y asegurar pruebas, con el fin de que luego sean presentadas al Ministerio Público o a los jueces (...) O sea, en lugar de investigar hechos o personas a pedido del poder judicial, es la policía la que decide qué elementos reunir, respecto de qué hecho, para luego dar inicio a una causa judicial”, sostuvo Correpi en un comunicado.

Para ello podrán acceder a bases de datos públicas y privadas, así como elaborar sus propias bases de información. “Basta que armen un control rutinario de la circulación para poder requisar a su gusto personas, pertenencias y vehículos”, advirtió. A la protesta del miércoles adhirieron las tres centrales sindicales, partidos de izquierda, organizaciones de derechos humanos, sociales y estudiantiles con delegaciones desde varios puntos del país.

• México. AFP.

Una exabogada del narcotraficante mexicano Joaquín “Chapo” Guzmán logró los votos suficientes para encabezar un juzgado penal de una ciudad mexicana vecina de Estados Unidos, según los resultados de una inédita elección judicial, publicados ayer martes. Con una muy baja participación, los mexicanos eligieron el 1 de junio a todos sus jueces en unos comicios únicos en el mundo que han generado dudas sobre la independencia de la justicia frente a los partidos políticos y el crimen organizado.

Silvia Delgado, quien defendió al fundador del violento cártel de Sinaloa antes de su extradición a Estados Unidos en 2017, donde cumple cadena perpetua, se presentó como candidata para un juzgado del estado de Chihuahua (norte). La tarde de este martes, el Instituto Electoral local concluyó el conteo de votos, en el cual esta abogada quedó segunda en la lista de aspirantes mujeres. De ser validada su elección será una de los cinco miembros que encabezarán uno de los juzgados penales de Chihuahua.

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Delgado se presentó pasa ser jueza de primera instancia en materia penal en Ciudad Juárez, vecina de la estadounidense El Paso, Texas. Su candidatura fue una de las más cuestionadas. Aseguró que su única relación con Guzmán fue profesional, pero fue identificada por la oenegé Defensorxs entre una veintena de candidatos “riesgosos”.

El cártel de Sinaloa es una de las seis mafias mexicanas designadas en febrero como “organización terrorista extranjera” por el gobierno de Estados Unidos, por considerarlo “responsable de una parte significativa del fentanilo ilícito y otras drogas” que entran a ese país. En total, los votantes mexicanos estaban convocados a elegir 881 jueces a nivel federal - incluidos los nueve miembros de la Corte Suprema - y alrededor de 1.800 en 19 de los 32 estados. Se prevén elecciones complementarias en 2027.

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Gran alegría y profundo alivio produjo la información en México de que los cinco integrantes del grupo musical Los Juniors de Monterrey, declarados desaparecidos hace dos días, estaban con vida.

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Así, luego de dos días de incertidumbre, finalmente se confirmó que los miembros de la banda que interpretan música norteña, estaban ilesos. Ellos son Francisco Gabriel Alfaro (18), Luis Neftalí Domínguez y Abraham Ontiveros (23), Oscar Ulises Pérez (24) y Leonardo Rubio (33). El conductor que había desaparecido con ellos es Lorenzo Antonio Martínez (40).

En un país en el que las bandas criminales no perdonan ni a los artistas, la noticia cayó como un bálsamo ya que la última vez que se había tenido noticia de la banda musical fue tras la presentación en un espectáculo por el Día del Padre, el domingo 15 de junio.

“Los cinco miembros del grupo Los Juniors de Monterrey y su chofer fueron encontrados con vida este martes, luego de que sus familiares los hubieran reportado como desaparecidos, en un caso que encendió las alarmas en México por el aumento de casos de artistas que han sido víctimas de amenazas, secuestrados o asesinados por parte de organizaciones del crimen organizado", informó el portal de RT.

A pesar de que las autoridades no brindaron una explicación oficial de los sucedido, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, dijo que “los jóvenes del grupo Los Juniors de Monterrey están bien y con sus familias”. No ofreció más detalles.

El periódico La Jornada publicó que los artistas y el conductor “habían desaparecido la víspera en General Terán, un municipio del estado de Nuevo León, ubicado en el norte de México y fronterizo con EE.UU., mientras viajaban a una presentación”.

Consultados los familiares sobre la situación de los músicos, respondieron que la última vez que tuvieron contacto con los artistas fue a través de mensajes en las redes sociales, donde mencionaron una supuesta falla en el vehículo en el que viajaban.

Según el medio, los representantes de la música regional mexicana enfrentan una serie de presiones que incluyen amenazas del crimen organizado y los asesinatos de sus miembros en un país donde, según datos oficiales, se registran más de 128.000 personas desaparecidas.

“A principios de junio, Julio Eusebio Labra, cantante del grupo Conquistadores de la Sierra, fue asesinado en pleno concierto en una sala del estado de Morelos.

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Unos días antes, las autoridades encontraron los cuerpos de Francisco Vázquez Osorio, Víctor Garza Cervantes, Nemesio Durán Rodríguez y Francisco Morales Martínez, integrantes del Grupo Fugitivo, así como de su representante, Livan Solís de la Rosa.