El senador Natalicio Chase, quien preside la Comisión de Obras Públicas, que actualmente lleva adelante el estudio del proyecto de Ley de Reforma del Transporte Público recordó que este miércoles 27 de agosto fenece el plazo para que se presenten todas las propuestas de modificación al planteamiento presentado por el Poder Ejecutivo.

En comunicación con La Nación/Nación Media, confirmó que, en la fecha, el Ejecutivo remitió las últimas modificaciones al proyecto que presentó a la Cámara de Senadores y serán consensuadas con las diferentes comisiones del Senado, encargadas de dictaminar.

El senador señaló que una vez analizado en los próximos días en las respectivas mesas asesoras, estará listo para que el plenario pueda llevar adelante su tratamiento en la modalidad de “Código”, el próximo miércoles 3 de septiembre, como está contemplado en el cronograma que estableció el plenario de la Cámara Alta.

“Considero que es un proyecto que tiene un gran desafío, porque es la primera vez que se hace una reforma sustancial del Sistema del Transporte Público. Seguramente esto va a tener una implementación gradual y no es que se aplicará de la noche a la mañana, ya que eso será imposible”, comentó.

Enfatizó que la ejecución, aunque inicie de forma gradual, significará una mejora muy importante de todo lo que es el sistema de transporte, en favor de todos sus usuarios.

Respecto a los cuestionamientos que manifestaron un gremio de choferes, sobre algunos planteamientos que contempla el proyecto de ley, Chase confirmó que, hasta la fecha, no acercaron al menos hasta la comisión de Obras que preside, ninguna nota con alguna propuesta o preocupación. Remarcó que tienen en todo caso hasta mañana para presentar cualquier pedido de modificación o cuestionamiento al proyecto.

“Por lo menos en la comisión de Obras Públicas no hemos recibido nada, pudieron haberlo hecho en la comisión de Legislación, pero no hay ningún cambio en el itinerario de tratamiento que tiene este proyecto de ley. Las audiencias públicas ya se han realizado y ellos tienen la potestad de acercar todos los análisis que sean necesario, pero hasta mañana tienen tiempo”, aclaró.

Este proyecto regula y moderniza el Sistema Nacional de Transporte y el Servicio de Transporte Público Metropolitano de Pasajeros, fue presentado al Congreso el pasado 24 de julio del 2025, dentro de su paquete de 10 leyes. La iniciativa busca una reforma integral: nueva gobernanza, licitaciones modernas y estándares de calidad.

La propuesta impulsada por el Viceministerio del Transporte, dependiente de Obras Públicas, contempla como ejes temáticos el fideicomiso que centraliza subsidios, multas y otros ingresos para transparencia y sostenibilidad. Así como la separación de roles: provisión de flota, patios y operación en contratos distintos (competencia “por el mercado”).

Otros ejes tienen que ver con las unidades funcionales: agrupación de rutas/empresas; primera en 2026 y luego dos por año hasta cubrir el sistema. La renovación de flota (diésel de bajas emisiones y eléctricos), con vida útil 10–15 años.

Así como los derechos del usuario, control y calidad; integración tarifaria y descuentos/vales; mantenimiento de beneficios vigentes (estudiantes, adultos mayores, PCD). Como último eje el foco metropolitano Asunción y Central, pero a la vez que permite replicar en otras áreas metropolitanas como Encarnación, Ciudad del Este, entre otros.

Siga informado con: Ministro del Interior confirmó que interventor de Asunción recibió amenazas

La morosidad del sistema bancario paraguayo mostró una leve mejora al cierre del primer semestre, cayendo 0,3 puntos porcentuales (p.p.) de forma interanual para ubicarse en el 2,44 %. A pesar de esta reducción, el indicador se mantiene un poco por encima del promedio del semestre, que fue del 2,41 %.

Estos datos, analizados por la consultora Mentu a partir de cifras del Banco Central del Paraguay (BCP), revelan un panorama mixto en la salud crediticia del país.

El análisis de Mentu señala que la cartera de créditos al consumo sigue siendo la más problemática, con una tasa de mora del 4,69 %, muy por encima del promedio del sistema. Le siguen de cerca los préstamos para la construcción, con una morosidad del 3,76 %, y el comercio al por menor, con 3,72 %.

Leé también: Cotización del dólar está cerca de volver a su “equilibrio”, aseguran

Por otro lado, hay segmentos que mantienen sus carteras de crédito en un estado saludable. Los sectores de intermediación financiera y otros sectores se destacan con las tasas de morosidad más bajas, 0,4 % y 0,92 % respectivamente. También la ganadería (0,94 %) y la industria (0,98 %) exhiben niveles de mora por debajo del promedio.

Sin embargo, a pesar de sus bajos niveles de morosidad, los sectores de “otros sectores” y la intermediación financiera fueron los que mostraron los mayores deterioros interanuales, con aumentos de 0,4 p.p. y 0,2 p.p. respectivamente.

En contraste, la consultora destaca el progreso en la calidad de la cartera de construcción y ganadería, que lograron reducciones significativas en su morosidad, de 1,6 p.p. y 0,8 p.p. respectivamente. Según el informe, esta mejora podría deberse a un aumento en los ingresos de estos sectores.

Te puede interesar: Finalizó primera auditoría del Japón para el complejo cárnico paraguayo

El proyecto de ley de modificación del Código Electoral fue planteado por un grupo de once diputados liberales, con la pretensión de extender el voto preferencial a la lista de suplentes. El documento plantea que el voto preferencial emitido a favor de un candidato titular también compute, automáticamente, para su respectivo suplente.

Se trata del proyecto de ley “que modifica el artículo 1 de la Ley n.° 6918, Que modifica los artículos 170, 246, 247, 248 y 258 de la Ley n.° 834/96, Que establece el Código Electoral Paraguayo y sus modificatorias leyes números 3166/2007 y 6318/2019″, que se fundamenta en el principio jurídico de que “la suerte del principal le sigue al accesorio”, de acuerdo a la exposición de motivos.

Podés leer: MEC defiende proyecto de ley de transporte escolar

Esta iniciativa establece que “el voto preferencial emitido a cualquier candidato titular de una lista se computará también para su suplente, conforme a la propuesta presentada por el partido o movimiento político correspondiente”.

Así también, la normativa extiende el sistema de votación y asignación de bancas a las elecciones internas partidarias para cargos de representación nacional, departamental y municipal, exceptuando únicamente el caso de los senadores.

Los proyectistas mencionan que “el voto preferencial solo beneficia al candidato titular, mientras que el suplente únicamente recibe los votos al lema del partido” y señala que buscan corregir “una inconsistencia en el actual sistema electoral, donde no se aplica, uniformemente, la regla jurídica del vínculo entre titular y suplente al momento del conteo de votos preferenciales”.

Leé también: Convenio entre Paraguay y Finlandia refuerza alianzas por el desarrollo sostenible

La Cámara de Diputados analizará en la próxima sesión ordinaria, el proyecto de ley que introduce importantes modificaciones al régimen actual de financiamiento de las campañas políticas.

El objetivo es mejorar los mecanismos de control y, al mismo tiempo, simplificar los procedimientos para partidos, movimientos internos y candidatos.

Esta iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara Baja, pero fue nuevamente modificada por el Senado y ahora se encuentra en su tercer trámite constitucional, en el cual el plenario deberá definir si se allana a los cambios realizado por el Senado o se ratifica en su sanción inicial.

Le puede interesar: Bancada de HC aguardará pedido formal sobre senadora Cabrera

Este proyecto tiene por acápite “Que modifica los artículos 64 inciso a), 66 y 278 inciso b) de la Ley Nº 834/1996, ‘Que establece el Código Electoral’, modificado por las leyes 4743/2012 y 6167/2018”.

La propuesta de legislación responde a una creciente preocupación por la transparencia en el uso de fondos durante los procesos electorales y a las dificultades operativas que enfrentaron las nucleaciones políticas a raíz de la normativa vigente, según la exposición de motivos.

El documento agrega que, si bien la legislación actual establece controles, estos resultan en muchos casos excesivamente complejos o poco accesibles para las agrupaciones políticas, en especial durante las elecciones internas.

Reconocimiento anticipado de movimientos internos: la actual ley no contempla un proceso previo de reconocimiento de los movimientos internos antes de la inscripción de candidaturas. El proyecto propone formalizar esta etapa, permitiendo a los movimientos gestionar de manera anticipada su identificador tributario y cuenta bancaria.

Digitalización de declaraciones: se propone que tanto la Declaración de Ingresos y Gastos de Campaña (DIGC), como la Declaración de Intereses Económicos Vinculados (DIEV) se presenten únicamente en formato digital ante los organismos de control, reduciendo el uso de papel y facilitando su análisis.

Presentación individual por candidato: a diferencia del esquema actual, en el que los movimientos presentan declaraciones de forma general, la modificación exige que cada candidato presente su propia DIGC y DIEV, incluso detallando su participación en sociedades o inversiones económicas.

Mayor transparencia y fiscalización: el nuevo texto prevé la publicación obligatoria, en un plazo de diez días hábiles, de todas las declaraciones e informes recibidos en el portal del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Además, se establece la conformación de una unidad especializada de fiscalización que verificará la veracidad y autenticidad de los documentos.

Obligaciones bancarias claras: la apertura de cuentas únicas en instituciones financieras, establecidas en el artículo 278, se refuerza en el proyecto con plazos específicos. Las entidades deberán habilitar las cuentas en un máximo de 48 horas y justificar por escrito cualquier negativa. La omisión podrá ser sancionada por la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay.

Sanciones más severas: en caso de comprobarse la falsedad en la declaración de ingresos, el proyecto contempla la suspensión de la participación del candidato por diez años en cualquier tipo de elección, una medida que no figura en la normativa vigente.

Actualización institucional: se sustituye la mención a la Subsecretaría de Estado de Tributación por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), como organismo encargado de emitir el identificador tributario y colaborar en los controles financieros.

De acuerdo a la exposición de motivos aclaran que la iniciativa no busca eliminar los mecanismos de control establecidos por el TSJE, sino más bien adecuarlos a las nuevas necesidades administrativas y tecnológicas, según declaran los proponentes.

Siga informado con: Presidencia de la Conacom queda a cargo de Eduardo Barros