• Lourdes Torres - periodista
• lourdes.torres@nacionmedia.com

Diputados de la bancada oficialista, Rocío Abed y Derlis Rodríguez, coincidieron en que endureciendo las penas no ayudará a reducir la criminalidad, al hablar del proyecto de Ley del diputado Rubén Rubin, quien propone la prisión permanente revisable.

Señalaron que el planteamiento es inconstitucional, pese a que se plantea con un nombre diferente, pues en esencia es una cadena perpetua que va contra la Constitución. La diputada Abed, líder de la bancada oficialista, dijo a La Nación que si bien los casos de crímenes donde fueron víctimas una niña y una adolescente han destrozado a la comunidad y verdaderamente interpela a todos como sociedad, fue porque el sistema falló y no se las pudo proteger.

Esta situación genera un sentimiento colectivo e impulso de tomar justicia por manos propias; lo que corresponde es llevar adelante un pensamiento reflexivo, sobre todo en el ámbito legislativo. Señaló que el proceso de creación de leyes es dinámico, se debe tener mucho cuidado sobre todo en el derecho penal, y tener en cuenta que la norma se debe fundamentar en principios de racionalidad, justicia y estabilidad del sistema legal.

“El proyecto presentado y muy promocionado por el colega, al que le pone el rótulo de la figura de prisión permanente revisable, pero en realidad el contenido del proyecto es totalmente diferente. No tiene los elementos, los principios, ni las características de ese tipo de sanción penal. El proyecto del colega plantea una cadena perpetua, simple y llanamente bajo otro título”, explicó la diputada Abed.

A su turno, el diputado Rodríguez indicó que tuvieron dos audiencias públicas, donde contrariamente al planteamiento de su colega Rubin, justamente están analizando la posibilidad de mantener las penas privativas, e incluso ver la forma de reducir incluso las prisiones preventivas; atendiendo la alta aglomeración de personas privadas de libertad en las cárceles, que están con el doble de su capacidad.

“Limitar la prisión preventiva a un máximo de 2 años busca reducir la sobrepoblación en las penitenciarías, garantizar los derechos fundamentales y mejorar la eficiencia del sistema judicial. La reforma no beneficia a la corrupción ni a delincuentes, sino que busca promover una justicia más justa, rápida y respetuosa de los derechos humanos”, explicó.

Coincidió que aquí lo que se debe trabajar más profundamente son los planes de reinserción de las personas privadas de libertad. “Tenemos situaciones como las que se tuvo recientemente en Caazapá, justamente porque el sistema penitenciario no trabaja en lo que la Constitución y las leyes dicen que es la reinserción social del recluso”, acotó.

Considera también que el planteamiento de su colega Rubin va en contraposición a lo que establecen las leyes. “Debemos recordar que cualquier cambio legislativo debe estar en armonía con los principios fundamentales que rigen nuestra Constitución”, dijo.

Adelantándose a las conclusiones que pudieran surgir de la intervención en la municipalidad de Asunción, varios sectores de la oposición anunciaron esta mañana que lograron consensuar una eventual candidatura para la intendencia capitalina, en la figura de la senadora destituida Kattya González.

Referentes de varios partidos y movimientos de la oposición que se presentan como alianza “Unidos por Asunción”, se congregaron esta mañana en la Plaza de la Democracia, en pleno microcentro de Asunción, para comunicar lo mencionado, durante una conferencia de prensa.

Le puede interesar: Petro vincula a “Junta del Narcotráfico” con orden de Marset de matar a Pecci

Este apresurado anuncio se da sin siquiera aguardar el resultado de la intervención que lleva adelante el economista Carlos Pereira. No obstante, los opositores se adelantan y exigen la renuncia del intendente colorado Óscar “Nenecho” Rodríguez.

A la vez, presentaron a la senadora expulsada, Kattya González, como la candidata para completar el actual mandato, ante la posibilidad que el jefe comunal sea destituido tras la intervención.

El comunicado, anunciado por el actual presidente del Partido Patria Querida, Stephan Rasmussen, menciona que el pedido de destitución va dirigido a la Cámara de Diputados, mientras que al Tribunal Superior de Justicia Electoral exigen que se convoque a elecciones en un plazo de 90 días, tras la destitución.

“Respaldamos la candidatura de Kattya González para la intendencia de Asunción, con el objetivo de completar el mandato en curso hasta finales del 2026″, expresó.

El pronunciamiento también señala que los partidos y movimientos de la oposición trabajarán en un cogobierno con la exlegisladora, en caso de que se logre su elección. También dejaron en claro que las precandidaturas de Johanna Ortega, Agustín Saguier, Soledad Núñez y Álvaro Grau, así como las negociaciones para el 2026, siguen vigentes.

Siga informado con: Intervención en CDE: Prieto firmó contratos millonarios que cuadruplican cifras de años anteriores

La Comisión Técnica y Jurídica presentó a los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) un procedimiento de escrutinio de los boletines de votación. El director de Procesos Electorales, Carlos María Ljubetic, indicó que con este “doble control” se podrán refutar las versiones de los supuestos hackeos que puedan sufrir las máquinas de votación.

“(La propuesta) trata de desvirtuar un poco este corrillo permanente de que todo es hackeable y generan dudas al respecto del escrutinio. Nosotros queremos transmitir tranquilidad a la ciudadanía y a los actores políticos garantizándoles que el conteo es el reflejo de la voluntad popular”, indicó el funcionario, este miércoles, en entrevista para el programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación media.

Ljubetic explicó cómo sería este procedimiento de escrutinio manual, que se realizará previo al escrutinio de las máquinas de votación. Con este nuevo procedimiento, el objetivo principal es demostrar que las máquinas de votación emiten un escrutinio exacto.

Leé también: El oficialismo acompañará los pedidos de intervención

“Planteamos que el ciudadano, como siempre, vote a través de la pantalla de la máquina de votación, la máquina imprime un boletín de voto, ese boletín de voto queda físicamente impreso y también informáticamente, ya que tiene un chip electrónico o un código QR que permite posteriormente su lectura informática. Al elector no le queda la menor duda de que su intención de voto está reflejada en la boleta”, explicó.

Posteriormente, al terminar la votación, una vez que se contabilizó la cantidad de electores y la cantidad de boletines encontrados, se procede a la lectura de los boletines de votos. “Para eso, el presidente de mesa va a mostrar a los presentes, ya sean apoderados, veedores, electores, observadores, el boletín y va a cantar en voz alta el contenido del mismo”, dijo.

Luego, un vocal de la mesa procederá a colocar y separar los boletines, por partido, para el cargo de intendente, se debe realizar el conteo de estos boletines de votos. Posteriormente, se debe llenar una planilla de voto, de conteo manual para intendente. Este mismo proceso se realizará también para la Junta Municipal.

Te puede interesar: Urgen sanción del proyecto por María Fernanda: “Esto ya fue debatido ampliamente”

“Una vez que se tenga el conteo manual, se va a pasar el chip o el código QR por la máquina para que vaya contabilizando y, una vez que finalice el conteo, en la pantalla de la máquina va a aparecer el resultado final que tiene que coincidir exactamente con el conteo que se hizo manual”, detalló Ljubetic.

Finalmente, reafirmó que el objetivo principal es de dar tranquilidad a los electores y los actores políticas. “Estamos desvirtuando completamente de que las máquinas pueda inventar votos para alguien, o sacarle voto a alguien y trasladarle a otro como sostienen algunas personas. Así queremos generar la tranquilidad de que la máquina de votación, en su escrutinio, refleja exactamente el contenido de los boletines que depositaron los ciudadanos”, sentenció.

Con el fin de resguardar el ciberespacio paraguayo, el diputado Federico Franco presentó un proyecto que propone la creación de la Dirección Nacional de Ciberseguridad (DNCI), que estará bajo el control del Ministerio de Defensa Nacional.

Según la exposición de motivos, la propuesta surge para enfrentar las crecientes amenazas cibernéticas que afectan al país. Esta nueva institución tendrá la responsabilidad de elaborar la política nacional de ciberseguridad y coordinar las acciones de diferentes organismos estatales.

Como complemento de esta entidad, se prevé también la creación del Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad (CERT-PY), que funcionará como la unidad operativa encargada de recibir, analizar y responder incidentes cibernéticos que afecten a instituciones públicas y privadas estratégicas.

“Las instituciones públicas, por su rol fundamental en la prestación de servicios esenciales, se convierten en objetivos prioritarios para actores maliciosos”, indica el proyecto.